ANÁLISIS A FONDO. J. Francisco Gómez Maza. MUERTAS INVISIBLES, LA TRAMA DE LA IMPUNIDAD; LAS MUERTAS INVISIBLES; INCAPACIDAD O MALA LECHE

Monumento a Benito Juárez en Ciudad Juárez Chi...

Monumento a Benito Juárez en Ciudad Juárez Chihuahua, México, inaugurado en 1910 con motivo del centenario de la Independencia de México. (Photo credit: Wikipedia)

JUE 17-05-12

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

ANÁLISIS A FONDO: MUERTAS INVISIBLES, LA TRAMA DE LA IMPUNIDAD

  • · Ausencia de escrupulosidad en los procesos
  • · MP y forenses, desidiosos e irresponsables

El análisis del informe sobre el feminicidio de la Cámara de Diputados, presentado por Análisis a Fondo en su entrega de ayer, muestra algunos de los hilos de la trama de impunidad, que cubre a la mayoría de los asesinatos de mujeres en todo el país.

Las generalizadas fallas de las autoridades ministeriales y forenses, encargadas de asentar la información de los certificados de defunción y de la realización de las necropsias, que ocurren de manera generalizada en todo México, son un factor fundamental para que los crímenes, o feminicidios, queden en el limbo de la impunidad.

La falta de escrupulosidad, desidia, en el cumplimiento de la normatividad, por parte de ministerios públicos y peritos forenses, ocasiona que muchos de los aparentes suicidios de mujeres no se investiguen, y que aun en muchos de los asesinatos más obvios se pierda información vital para las indagatorias.

Aportación adicional derivada del análisis estadístico del informe legislativo deriva en un conocimiento cercano, verificable y cuantificable de la manera como se aplican las disposiciones, que norman la actuación de las autoridades ministeriales y forenses, al momento de enfrentarse a los delitos que se cometen en contra de las mujeres.

De acuerdo con la información sobre averiguaciones ministe­riales, proporcionadas por las procuradurías de justicia de 12 estados de la federación mexicana a la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, entre el año 2000 y el 2009, se abrie­ron en dichas entidades 1,594 averiguaciones, lo que cubre sólo la mitad de los casos. En una buena parte de los mismos se desconocía la identidad de las víctimas, o sus datos de filiación estaban incompletos.

Así, los resultados del estudio muestran con claridad la impe­riosa necesidad, no sólo de acelerar el paso para introducir mejoras en los registros administrativos sobre violencia contra las mujeres, disponibles en el país, sino también de incorporar el enfoque de género en la producción de la información, en particular en los ámbitos de procuración e impartición de justicia.

Esto implica que las estadísticas sobre denuncias, averiguaciones previas, delitos, presuntos delincuentes, sentencias y sentenciados prevean variables que permitan valorar y tomar medidas, en el ámbito local, para eliminar los riegos, y garantizar la vida y la libertad de las mujeres.

De manera específica, el estudio evidencia las fallas y debi­lidades de los registros administrativos, y muestra la necesidad de actualizar los formatos de captación “Estadística de presuntos delincuentes” y “Estadística de delincuentes sentenciados”, que hace llegar el INEGI a los juzgados para su llenado, de tal manera que se incorporen en ellos las características de las víctimas –tal vez con las mismas variables empleadas para los presuntos delin­cuentes o los sentenciados-, por supuesto sin omitir la variable de sexo.

De acuerdo con la Comisión legislativa, habría que considerar un campo que permitiese conectar las denuncias (el número de acta, en el ámbito de la procuración de justicia, del Poder Ejecutivo) con los procesos penales (en el ámbito de impartición de justicia, del Judicial).

Ante un acto violento contra una mujer, puede ocurrir que éste no se halle tipificado como delito en el Código Penal, por lo que no se encontrará en los registros de los procesos de procuración e impartición de justicia.

Muchas veces se observa la concurrencia de más de un delito y de más de un agresor. Si bien en tales casos pueden aparecer en la estadística de procuración de justicia, asen­tados en las averiguaciones previas, especificando su concurrencia, el reporte de estos resulta complicado.

En el caso de la estadística de la impartición de justicia, la información se registra para cada uno de los agresores, identificados como pre­suntos responsables y no por delito o víctima, de tal forma que hoy en día se pierde el registro de las víctimas a lo largo de los procesos.

Además, los procesos pueden abarcar varios periodos anuales, lo que complica la medición de la impunidad de los delitos. Para proponer cualquier indicador de esta última, es necesario tomar en consideración todos estos aspectos y, en particular, ligar las diversas etapas de los procesos, de tal manera que se puedan conectar los actos violentos con las denuncias, las averiguaciones previas, los pro­cesos judiciales y las sentencias emitidas, y así poder dimensionar de manera adecuada el grado de impunidad en los actos violentos contra las mujeres.

Mientras, la lucha de un segmento significativo de la comunidad, la informada y por tanto concientizada y comprometida con los derechos humanos,  continúa… A ver de qué cuero salen más correas.

analisisafondo@cablevision.net.mx
Francisco Gómez Maza

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MIE 16-05-12

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

ANÁLISIS A FONDO: LAS MUERTAS  INVISIBLES

  • · Infanticidio, hallazgo dramático
  • · Brutalidad en los asesinatos

“Las Muertas de Juárez” son la punta del iceberg del maremágnum del odio, de la corrupción y la impunidad. Las de Juárez son tan invisibles como las muertas de todo México. Invisibles para los gobernantes.

Análisis a Fondo dispone del más reciente estudio del feminicidio en México (Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009), elaborado bajo el patrocinio de la Comisión Especial de Feminicidios (Cámara de Diputados), con la colaboración de ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Entre el año del gran terremoto que asoló ciudad de México y el 2009 (25 años), lo que los expertos denominan defunciones de mujeres  con presunción de homicidio sumaron 34,176. De éstos, siete mil ocurrieron entre 2005 y 2009. Mil 297 en el primero y 1,858 en el segundo.

De llamar la atención, en las cifras citadas, el “drástico” cambio reciente que se ha dado en la tendencia, tanto en su frecuencia absoluta como de la medida relativa (la tasa). Después de que en 2007 la tasa de “defunciones femeninas con presunción de homicidio” se había reducido a la mitad, respecto a los valores estadísticos de 1985, en los últimos dos años, sobre las cuales la información está disponible, hubo un repunte de 68%; es decir, entre 2008 y 2009 se perdió el avance observado en los 23 años anteriores.

Si bien en 1988 y 1998 se habían dado ligeros repuntes en la tasa,  respecto al año anterior, de 8.8% en el primer caso y de 12.1%, una década después – y otros menores como el de 5.2% de 1992 y el de 6.4% dos años más tarde -, tales incrementos no se observaron en años consecutivos, además de que no son equiparables con los observados en los últimos dos años de la serie.

Pero el asesinato de mujeres, calificado actualmente con el neologismo “feminicidio”, no es exclusivo de Ciudad Juárez, el icono de la violencia criminal que ha recorrido el mundo y más allá, por la atención puesta por el periodismo en la otrora ciudad conocida como “Paso del Norte”.

De acuerdo con el estudio, entregado ayer al escribidor por Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la mencionada comisión, aprovechando la reunión de trabajo de esa instancia legislativa con autoridades del gobierno federal, si se ordenan los estados de la federación de acuerdo con su tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2009, se descubren los siguientes datos duros:

Chihuahua se encuentra en primer lugar con 12.7 homicidios (feminicidios, pues) por cada 100,000 mujeres, seguido por Baja California (9.85)  y Guerrero (9.15). Durango y Sinaloa se ubican en el cuarto y quinto lugares, con tasas de 6.7 y 5.7, respectivamente.

A las entidades enlistadas les siguen Sonora, Tamaulipas, Nayarit y el estado de México (este último, en noveno lugar después de que en 2005 ocupara el primero). Tabasco y el Distrito Federal tuvieron posiciones intermedias (16 y 17, respectivamente) en 2009. Tabasco ocupaba el sitio 28 cuatro años antes, mientras que Campeche, con apenas ocho defunciones, tenía el lugar 20. Al final de la lista se encuentran Zacatecas y Yucatán, con una incidencia de menos de un homicidio por cada 100,000 mujeres.

Como se aprecia en las gráficas del documento, las tasas de presumibles homicidios son más frecuentes en los estados de Chihuahua, Guerrero y Baja California, mientras que en Yucatán, Quintana Roo y Zacatecas se dan los niveles bajos del fenómeno. La región central del país presenta niveles relativamente bajos.

Uno de los hallazgos más tristes y sorprendentes es el alto índice de asesinatos de menores de edad y en particular en de infantes menores de un año, y niñas menores de cinco. El infanticidio es especialmente preocupante entre las mujeres: mientras entre 2005 y 2009, de las defunciones masculinas con presunción de homicidio 0.83% correspondieron a menores de cinco años, este porcentaje ascendió a 5.6% entre las mujeres.

Finalmente, de las defunciones femeninas, 17.2% correspondieron a menores de 18 años; más de una de cada 20 tenía menos de cinco años y 2.4% no alcanzaba el año de edad.

El estudio destaca la brutalidad con que se asesina a mujeres. En el documento se aprecian las diferencias en la forma como son asesinados hombres y mujeres.

Mientras que, entre los primeros, en dos de cada tres casos se trata de agresiones con arma de fuego, entre las mujeres el porcentaje es significativamente menor (41.8%).

En las mujeres es más frecuente el uso de medios más brutales: ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, en 18% de los casos, tres veces más que en los hombres; objetos cortantes, en 14.2; objetos romo o sin filo, 1.4. La proporción de madres envenenadas o quemadas triplica a la de los varones (2.7 y 0.9%). Y en casi 17% de los casos no hay información sobre el medio utilizado para el asesinato.

Hay mucho que leer y compartir del estudio. Pero el espacio es poco…

analisisafondo@cablevision.net.mx
Francisco Gómez Maza

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MAR 15-05-12

FRANCISCO GÓMEZ MAZA

ANÁLISIS A FONDO: INCAPACIDAD O MALA LECHE

  • · Solalinde responsabiliza Ulises Ruiz Ortiz
  • · “Si quieres vivir, toma tus chivas y vete”

El gobierno del presidente Felipe Calderón no quiere o no puede proteger a los defensores de los derechos humanos, y los periodistas que cubren la información de la conflagración armada entre las fuerzas de seguridad y las  bandas del narcotráfico y el crimen organizado, y las otras bandas, las de políticos influyentes “amenazados” por la labor incómoda de activistas y reporteros.

Por ejemplo: la “protección” otorgada a Alejandro Solalinde, el sacerdote católico dedicado a la defensa de los migrantes en el albergue Hermanos el Camino, en el istmo de Tehuantepec, es “recomendarle” salir del país.

Solalinde se irá al exterior el próximo lunes 21 de mayo, por “consejo” recibido de funcionarios de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la organización Amnistía Internacional, las Brigadas Internacionales de Paz y la Conferencia de Obispos católicos, como él mismo lo confió al periodismo.

Y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el tristemente célebre “URO”, a quien Solalinde responsabiliza de cualquier agresión que puedan sufrir tanto él como alguno de los integrantes de su equipo de Hermanos en el Camino, sigue tan campante. Es intocable.

A lo que las autoridades más llegan, pese a disponer de ordenamientos legales puntuales,  es a decirle al padre: “Si quieres seguir vivo, arregla tus valijas y lárgate con tu música a otra parte”. Qué país. Qué autoridades, qué organismos nacionales e internacionales defensores de los defensores de los derechos humanos. Qué obispos.

El padre se va obligado, no porque tema – teme obviamente, es humano el temor – ser ejecutado. Sale del país “por obediencia”, amenazado de muerte “por personas ligadas a políticos influyentes e integrantes del crimen organizado”. (Vuelva a leer URO).

El 20 de abril, cuando el padre iba a retirar dinero de un cajero, una persona se le acercó para avisarle que lo iban a matar y que incluso ya tenían a su sicario.

Dígame si no es o incapacidad o mala leche. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a finales de abril, antes de que clausurara su último periodo de sesiones, el día 30.          Estamos a 16 de mayo. Han pasado dos semanas, y la tal ley no ha sido promulgada por el poder ejecutivo. Qué importante es para Calderón la defensa de la vida.

La ley aprobada por el Congreso de la Unión tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas, mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas de protección.
A ver ahora qué pasa. Aunque estamos seguros de que no ocurrirá nada. Al señor Calderón le entran las cosas por una oreja y le salen por la otra: Cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le han llamado a avanzar en la promulgación rápida de la ley (bueno, rápida ya no fue) y en su aplicación efectiva.

Tanto desde Ginebra, Suiza, como de Washington, DC, los representantes de los organismos internacionales citados le piden al gobierno mexicano: “Los asesinatos y amenazas, repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México, deben detenerse inmediatamente”.

Vamos a esperar a mañana. Pero… Y  todo esto, el sucesor de Calderón, sea quien fuere, ¿estará consciente de que este negocio de la defensa de los defensores de los derechos humanos es muy grave? Veremos y diremos.

analisisafondo@cablevision.net.mx


Francisco Gómez Maza

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