¿Cómo entender el Papado?. (Algunos apuntes de orden histórico). Eduardo HOORNAERT


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vía ¿Cómo entender el Papado?. (Algunos apuntes de orden histórico). Eduardo HOORNAERT.

EL ANTROPOCENO: LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL. Ramón Fernández Durán


(Tomado de la red)

EL ANTROPOCENO:

LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL

La expansión del capitalismo global choca con la Biosfera

Ramón Fernández Durán

Miembro de Ecologistas en Acción

Este texto es parte de un libro en elaboración por el autor sobre la Crisis del Capitalismo Global y el previsible Colapso Civilizatorio, vistos a partir de una amplia perspectiva histórica, en el que se hace una especial reflexión sobre la crisis energética mundial. Este trabajo es una pieza más del análisis del siglo XX, la última, a la que se da una particular relevancia con el fin de resaltar que la crisis ecológica no es un fenómeno reciente, sino que ha estado intensificándose a lo largo de todo el siglo XX, y muy especialmente en su segunda mitad. Esta crisis ecológica está irrumpiendo ya fuertemente en el siglo XXI y es uno de los principales condicionantes de la actual Crisis Global de carácter multidimensional. Pero sobre ello volveremos más adelante. Como este texto tiene contenido en sí mismo, el autor piensa que puede tener interés difundirlo en su actual grado de elaboración. Agradezco a Luis González, Yayo Herrero, Iván Murray, Dough Tompkins, Tom Kucharz, Ana Hernando y Chusa Lamarca sus comentarios, así como el trabajo realizado por esta última de cara al diseño del texto. Doy las gracias también a Ecologistas en Acción y a Virus por la futura edición de este libro, así como a la Fundación Deep Ecology por el apoyo recibido.

Í N D I C E

Introducción (pág. 4) La repercusión global del metabolismo urbano-agro-industrial (pág. 6) El capitalismo global se convierte en el principal agente geomorfológico (pág. 8)

-Residuos y contaminación, el lado oculto del metabolismo urbano-agro-industrial (pág. 13) -El impacto en la Hidrosfera y la conversión del agua en el “oro azul” (pág. 17)

De la incidencia en la atmósfera local, al cambio climático planetario (pág. 22)

-El capitalismo global capaz de alterar el clima mundial (pág. 24)

La perturbación de la Biosfera: Un golpe de Estado biológico (pág. 27)

-Insostenibilidad de la industrialización de la agricultura, explotación de bosques y pesquerías (pág. 27)

-El progresivo colapso de la biodiversidad planetaria (pág. 33)

Desbordamiento de la biocapacidad del planeta y deuda ecológica (pág. 36) Gestión institucional de la crisis ecológica y retórica del poder (pág. 39)

-Hacia el “Desarrollo Sostenible”, giro en los discursos y prácticas del poder (pág. 41) -La Cumbre d ela Tierra de Río, el triunfo del simulacro ambientalista (pág. 43) -El Capital y el FMI, BM y OMC, los verdaderos Masters de la Naturaleza (pág. 45) -Hacer negocio con el deterioro ambiental, y profundizarlo con la tecnología eficiente (pág. 47)

Capitalismo global, Sociedad de la Información y degradación de Gaia (pág. 50)

-La falsa desmaterialización d ela Sociedad de la Imagen y la Información (pág. 52)

“Invisibilidad” de la crisis ecológica mundial al entrar en el siglo XXI (pág. 54)

-Treinta años perdidos, resistencias sociales “ecológicas” y efecto boomerang de Gaia (pág. 57

Bibliografía (pág. 61)

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“El Homo sapiens es tan solo una de las entre 5 y 30 millones de especies que habitan el planeta, y no obstante controla una parte absolutamente desproporcionada de los recursos”

Vitousek, P.; Ehrlich, P.R; Ehrlich, A.H. y Matson, P., “Human appropriation of the products of photosynthesis”

“Lejos de querer que se pare el crecimiento económico (el desarrollo sostenible) reconoce que la pobreza y el subdesarrollo no pueden ser resueltos si no se instaura una nueva era de crecimiento en la que los países desarrollados jueguen un papel importante y recojan también grandes beneficios”

WCED, “Nuestro Futuro en Común” (Informe Brundtland)

“El mundo puede continuar de hecho sin recursos naturales, de manera que el agotamiento de recursos es una de aquellas cosas que pasan, pero que no es una catástrofe”

Solow, R., “Intergenerational equity and exhaustible resources”

“La pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo que roza la estupidez”

Naredo, J. M., “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas”

NOTA DEL AUTOR: este texto está dedicado a la población de El Salto, núcleo de la periferia metropolitana de Guadalajara (México), que sufre diariamente la tremenda contaminación del río Santiago que la atraviesa. Antiguamente, El Salto era una localidad paradisíaca con una cascada natural bellísima en torno a la cual se fue desarrollando este pequeño núcleo urbano. Pero en la actualidad los efluentes sin tratar de la gran urbe, y sobre todo de distintos polígonos industriales, lo han convertido en un lugar infecto en donde sus habitantes malviven y sobreviven a duras penas. Pero a pesar de ello, sus vecinos y vecinas están dando un ejemplo de dignidad y de lucha, rebelándose contra esta situación y reclamando que este tormento diario acabe cuanto antes. El Salto es una muestra concreta local de la crisis ecológica mundial. Y desde aquí me solidarizo con su lucha y envío un recuerdo muy entrañable a Graciela y Enrique, dos de los dirigentes de esa rebelión vecinal con los que tuve la gran suerte de compartir su experiencia y visitar la zona en 2008, gracias a la colaboración de Yessica.

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EL ANTROPOCENO: LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL

La expansión del capitalismo global choca con la Biosfera

Introducción

En el siglo XX pasamos de un mundo “vacío” a un mundo “lleno”, en palabras de Daly (1999), lo que implica una verdadera mutación histórica, haciendo que se hable ya de la entrada en una nueva era geológica: el Antropoceno. El Antropoceno sería una nueva época de la Tierra, consecuencia del despliegue del sistema urbano-agro-industrial a escala global, que se da junto con un incremento poblacional mundial sin parangón histórico. Todo ello ha actuado como una auténtica fuerza geológica con fuertes implicaciones ambientales. La Sociedad Geológica de Londres, la de mayor historia y quizás la más prestigiosa del planeta, así lo ha definido (Davis, 2008). El Holoceno, la etapa histórica que coincide con el inicio de la agricultura y la expansión y evolución de las distintas civilizaciones humanas, es decir, grosso modo los últimos 12.000 años, ha tocado a su fin. El trecho interglacial que define el Holoceno, inusualmente estable en términos de temperatura global, ha terminado, y habríamos entrado en “un intervalo estratigráfico sin precedentes parecidos en los últimos millones de años”. Estaríamos por tanto en una nueva era histórica marcada por la incidencia de la “especie humana” en el planeta Tierra. Pero indudablemente no es toda la especie humana la que así actúa, sino una parte cada vez más importante de la misma que se ve impulsada y condicionada por un sistema, el actual capitalismo global, fuertemente estratificado y con muy diferentes responsabilidades e impactos de sus distintas sociedades e individuos, que ha logrado alterar por primera vez en la Historia el sistema ecológico y geomorfológico global. No sólo el funcionamiento del clima de la Tierra, o la composición y características de sus ríos, mares y océanos, así como la magnitud, diversidad y complejidad de la biodiversidad planetaria, sino hasta el propio paisaje y territorio, convirtiéndose el sistema urbano-agro-industrial ya en la principal fuerza geomorfológica. Una tremenda fuerza de carácter antropogénico, activada y amplificada por un sistema que se basa en el crecimiento y acumulación (dineraria) “sin fin”. Y sus impactos durarán siglos o milenios, y condicionarán cualquier evolución futura.

Indudablemente, el enorme despliegue del capitalismo urbano-agro-industrial a escala global que ha tenido lugar en el siglo XX, así como el incremento hasta ahora imparable de la población, producción y consumo que ha llevado aparejado, no hubieran sido posibles sin ciertas ayudas decisivas. Es más, indispensables. La energía abundante y barata, sobre todo de origen fósil (petróleo, carbón y gas natural), y la disposición también barata y abundante de recursos asismismo claves para su despliegue: agua, minerales (incluido el uranio), alimentos y biomasa, principalmente, que han estado igualmente disponibles por la misma existencia de energía abundante y barata a lo largo de todo el siglo, salvo quizás en los setenta. Y por supuesto, por la oferta en ascenso imparable de fuerza de trabajo asalariada, y asimismo de trabajo doméstico no remunerado (prioritariamente femenino) que hacía viable su reproducción. Son estos factores los que han hecho posible un crecimiento económico mundial sin parangón, a través de un metabolismo urbano-agro-industrial cada día más consumidor de recursos y crecientemente generador de residuos e impactos ambientales y sociales de todo tipo, que han alcanzado definitivamente una dimensión planetaria. Pero, igualmente, todo ello no hubiera sido factible sin un sistema tecnológico, una Megamáquina global, cada día más sofisticada, que ha hecho viable dicho despliegue, y cuyo desarrollo se basa en las mismas premisas. Y, por supuesto, sin la consolidación y profundización de unas

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megaestructuras de poder político, económico y financiero que lo impulsaran, que operan con importantes tensiones y conflictos entre sí, que se ven condicionadas igualmente por la conflictividad político-social, como ya hemos apuntado (Fdez Durán, 2010), y que no serían viables sin los mismos presupuestos. Todo ello forma un Todo, interrelacionado, que en el siglo XXI se empieza poco a poco a agrietar y desmoronar, por sus contradicciones internas y especialmente por chocar con los límites geofísicos y biológicos planetarios.

El siglo XX inaugura pues un momento decisivo, e irrepetible, en la historia no solo de la especie humana, sino del planeta Tierra. El hecho de que a finales del pasado siglo el sistema urbano-agro-industrial mundial derrochara casi 100.000 veces la energía consumida por los seres humanos a principios del neolítico ha sido determinante en el advenimiento de esta tremenda singularidad histórica. Es más, en el siglo XX dicho sistema ha utilizado más energía que en toda la historia anterior de la Humanidad (McNeill, 2003). De esta forma, una sola especie, la especie humana, o mejor dicho, como hemos señalado, un sistema de poder que ha estructurado y condicionado a una gran parte de la misma, ha logrado desviar en su propio beneficio una gran parte de los recursos del planeta. El 40% de la llamada Producción Primaria Neta, es decir, de la biomasa global, como luego veremos. Lo cual ha tenido impactos muy perniciosos en sectores claves para el mantenimiento de la vida: el agua potable, la tierra fértil, las pesquerías oceánicas, los bosques, la diversidad biológica y la atmósfera planetaria. Además, la explotación de pesquerías, bosques y tierras fértiles parece que ha llegado a su máximo histórico, y enfrenta un declive progresivo a resultas de su creciente agotamiento y del cambio climático en marcha. “El siglo XX, por tanto, es un fragmento diminuto, pero la escala de las transformaciones que ha presenciado empequeñece toda la historia humana anterior” (Christian, 2005).

En definitiva, en los siglos XIX y XX se pensaba que la Biosfera era un espacio inagotable, pero bruscamente estamos constatando que hemos superado ya su biocapacidad, al tiempo que degradábamos el entorno ecológico y geofísico de manera brutal. Así, en las dos o tres últimas décadas el sistema urbano-agro-industrial ha actuado por encima de la capacidad de regeneración del planeta Tierra, gracias al incremento de la capacidad de carga y a la intensificación de los procesos productivos (destructivos) que posibilitan los combustibles fósiles. Lo cual tocará muy pronto su límite en este siglo por el inicio inexorable del declive energético. Pero el sistema mundo capitalista, así como las sociedades que lo componen, vivieron hasta hace poco de espaldas a este hecho incontrovertible, y todavía lo siguen haciendo en muy gran medida, auspiciados por la tremenda capacidad de enmascaramiento y ocultación que posibilitan la Sociedad de la Imagen y la Aldea Global. Sin embargo, la crudísima realidad les obliga a no poder soslayar ya los límites biofísicos a su despliegue y funcionamiento, pues éstos son como veremos, más tarde, una de las causas principales de la actual Crisis Global, que ha disparado las contradicciones internas del mismo. La guerra silenciosa, mortífera y en acelerado ascenso contra la Naturaleza llevada a cabo por la expansión a escala planetaria del sistema urbano-agro-industrial ya no se puede ocultar, y está actuando actualmente como un auténtico boomerang contra el mismo. Pero veamos con más detalle la verdadera dimensión de los desequilibrios y conflictos ecológicos y geomorfológicos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, para confirmar las aseveraciones tan contundentes de esta breve introducción; aunque luego, más adelante, analicemos cómo este apabullante paisaje se ha agravado aún más en la primera década del siglo XXI, en paralelo con la explosión de la Crisis Global, y se empeora todavía más día a día a causa también de las falsas vías que se proponen para superarla. Y todo ello al mismo tiempo que se agudizan las diferencias sociales y territoriales, que se ven agravadas a su vez por la crisis medioambiental.

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La repercusión global del metabolismo urbano-agro-industrial mundial

La ideología dominante a lo largo del siglo XX, de fuerte raíz en la llamada economía neoclásica (conformada a finales del siglo XIX), con su fe en el crecimiento continuo y el progreso indefinido, sostiene que la expansión del actual modelo productivo y de acumulación se produce como en una burbuja aislada y autosostenida, desconectada de los procesos históricos, y de la realidad social y ambiental. Pero eso es una tremenda falacia. Y aquí nos centraremos en resaltar las implicaciones ambientales del metabolismo del capitalismo global, el modelo claramente dominante ya a escala mundial, pues las sociales y políticas ya se han comentado en otras partes del análisis del siglo XX; entre ellas, cómo este “mundo ideal” descansa sobre otro “mundo invisible” que es el ámbito de la reproducción doméstica, que opera en general fuera de la lógica del mercado, con una estructura claramente patriarcal, y sin el cual ese “mundo ideal” sería sencillamente inviable (Herrero, 2008). De esta forma, atendiendo al ámbito de lo ambiental, el metabolismo del capitalismo global no se puede entender sin un consumo creciente de recursos de todo tipo (inputs biofísicos), en concreto materiales y energía que son extraídos del medio natural, ocasionando importantes impactos sobre el entorno, para ser posteriormente procesados por un sistema tecnológico y organizativo (por así decir, el capital productivo), con el concurso fundamental del trabajo humano (de índole asalariada o dependiente), generando una producción que en parte es acumulada en forma de stock construido (edificios, infraestructuras, etc.), al tiempo que produce también mercancías de toda índole destinadas al consumo. Pero a su vez, ambos procesos engendran importantes residuos o emisiones de muy diversa naturaleza (los outputs biofísicos) que son vueltos a lanzar al medio natural (Murray, 2005). La economía neoclásica para nada considera la necesidad insoslayable de disponer de dichos inputs biofísicos, pues los da por supuestos, y piensa que estarán ahí disponibles ad eternum para ser utilizados sin freno y sin impacto por parte del carrusel imparable de la producción y el consumo; y por supuesto ni considera, es más desprecia, cualquier repercusión medioambiental de los outputs biofísicos, resultado de los procesos productivos y de consumo. Y lo que es más grave, considera que ninguno de los dos puede afectar a su dinámica de expansión “sin fin”, que se presupone, pues es parte de la fe en el Progreso indefinido. Un Progreso que para nada se puede ver frenado ni condicionado por la Biosfera. La “burbuja”, finita y frágil, en la que opera de forma no inocua el capitalismo global.

Pero el hecho de que la producción industrial mundial se multiplicara por más de 50 a lo largo del siglo XX (Heinberg, 2006), que el grado de urbanización planetaria pasara del 15% de la población a principios de siglo a casi el 50% a finales del mismo, al tiempo que la población mundial se multiplicaba por 4 y el número de metrópolis millonarias por 40, que la agricultura industrializada se globalizara en muy gran medida, partiendo prácticamente de cero en 1900, y que el transporte motorizado se desbocara de forma tremenda a finales del siglo, partiendo también prácticamente de la nada y utilizando una construcción extraordinaria de medios e infraestructuras de transporte, pues todo ello hace que el metabolismo urbanoagro- industrial se disparara de forma descomunal en el pasado siglo. Un metabolismo que fue posible por un flujo energético en constante ascenso, especialmente de carácter no renovable, que se multiplicó casi veinte veces a lo largo del siglo, a pesar de las mejoras alcanzadas en la eficiencia de su uso (McNeill, 2003)(ver figura 1). Y así, los impactos de dicho metabolismo sobre la Biosfera, como resultado de los inputs biofísicos demandados, y los outputs igualmente biofísicos generados, han ido fuertemente in crescendo a lo largo de este periodo histórico, además con efectos acumulativos; pues una de las características principales del metabolismo del sistema urbano-agro-industrial es la apertura de los ciclos de utilización de materiales, separados en “recursos” (los inputs biofísicos) y “residuos” (los outputs

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biofísicos), que en la Naturaleza se cierran en sí mismos. En la Naturaleza no hay “recursos” ni “residuos”, todo funciona como un sistema interrelacionado, activado por la energía externa solar. Lo que es un residuo para un organismo, como resultado de su metabolismo interno, es un recurso para otro, cerrándose los ciclos biofísicos que mantienen, hacen evolucionar y complejizan los ecosistemas y en definitiva la vida.

Este auge perverso del metabolismo urbano-agro-industrial se aceleró aún más en la segunda mitad del siglo XX, en especial en las dos últimas décadas, tras las crisis energéticas de los setenta, cuando el capitalismo alcanza una dimensión y profundidad verdaderamente globales. Y para nada fue ajeno a ello la utilización masiva del petróleo (ver figura 1). Es más, el oro negro fue la energía clave que lo hizo, y lo hace, viable. Sólo el uso de los combustibles derivados del crudo permite comprender cómo el comercio mundial pudo multiplicarse por 50 en la segunda mitad del siglo pasado, dos veces más que la producción industrial (Norberg- Hodge, 2006). La explosión de la movilidad motorizada que lo hizo factible se debió a que el consumo de petróleo se multiplicó por ocho en los últimos cincuenta años del siglo, y que además su consumo se fue dedicando crecientemente a garantizar dicha movilidad (Fdez Durán, 2008). Lo cual permitió que el metabolismo urbano-agro-industrial operara a una escala cada vez más global, mundializando por consiguiente sus impactos. De esta forma, así como en el siglo XIX los impactos del metabolismo del capitalismo industrial estuvieron confinados en los espacios centrales, y fueron relativamente limitados debido a la menor dimensión de los procesos de industrialización-urbanización y transporte motorizado (el mundo “vacío” que comentábamos antes); en el siglo XX dichos impactos se profundizan y mundializan debido a la globalización del sistema urbano-agro-industrial y a la explosión de la movilidad motorizada a escala planetaria (generando el mundo “lleno” ya mencionado).

Pero, además, los impactos ambientales del actual capitalismo global se recrudecen en los espacios periféricos y semiperiféricos, mientras que se contienen en mayor medida en los espacios centrales, como resultado de las relaciones de poder mundial. De esta forma, las repercusiones del metabolismo urbano-agro-industrial se están exportando cada vez más hacia los espacios periféricos y semiperiféricos. Así, el capitalismo global adopta una configuración geográfica de Estados y regiones metropolitanas “ganadoras”, es decir, acumuladoras de capital y atractoras de población, así como sobreconsumidoras de recursos (directos e indirectos) y sobregeneradoras de residuos; mientras que otros Estados y regiones se configuran como espacios “perdedores”, de donde se extraen cada vez más los recursos (con fuertes impactos medioambientales), los capitales y la población, actuando además crecientemente como sumideros de los residuos del sistema urbano-agro-industrial a escala mundial, junto con los mares, los océanos y la atmósfera planetaria. Y ello es así por una división internacional del trabajo y una especialización funcional de los territorios que ha sido impuesta y está gobernada por lo que se ha venido a llamar la Regla del Notario1 (Naredo y Valero, 1999). Así, los territorios centrales se especializan en las actividades de mayor valor añadido, a través de la terciarización creciente de sus economías, mientras que los territorios semiperiféricos y periféricos lo hacen cada vez más en los procesos industriales, sobre todo en aquellos de menor valor añadido, y principalmente en actividades de carácter extractivo. En los territorios centrales predominan pues las funciones mejor remuneradas, más intensivas en tecnología y de menor intensidad material, y por lo tanto de menor impacto ambiental

1 “En la construcción de una casa el mayor consumo energético y de materiales se lo llevan la remoción de tierras, los materiales de construcción, el cemento, el vidrio, y el acero que, sin embargo tienen un reducido precio unitario. Por el contrario, cuando la operación finaliza en la mesa del notario, éste, el promotor, el registrador y el Fisco, consumen en su actividad muy poca energía y materiales y, sin embargo, reciben una buena fracción del precio final de la venta” (Naredo y Valero, 1999).

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relativo; mientras que en los territorios semiperiféricos y periféricos se desarrollan en general las actividades industriales más contaminantes, más intensivas en trabajo humano y en recursos materiales. En definitiva, se da una creciente asimetría entre la valoración monetaria y el trabajo humano (en especial aquél de carácter más penoso) y el coste físico, lo que implica unos impactos sociales y medioambientales claramente diferenciales en unos y en otros territorios.

-El capitalismo global se convierte en el principal agente geomorfológico

El actual sistema urbano-agro-industrial pone en movimiento cada año un tonelaje de materias primas muy superior a cualquier fuerza geológica. Es más, el comercio mundial mueve, por sí solo, un tonelaje mayor que los aluviones que arrastran todos los ríos del planeta en su conjunto. Y lo que es más grave ese proceso se aceleró desde los años 50, y, tras el paréntesis de los 70, aún más intensamente desde los 80 y hasta la llegada de la Crisis Global. Al tiempo que desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) se nos decía que se iba a iniciar un cambio hacia el “Desarrollo Sostenible”. Así, hemos pasado a tener una utilización de 19 Tn de materiales per capita al año en el capitalismo global actual, pero muy desigualmente repartidas a escala mundial2 y por supuesto dentro de cada sociedad. Lo cual contrasta con las 4 Tn per capita de media de las civilizaciones agrarias y con la Tn per capita de las sociedades cazadoras-recolectoras. Si a ello se añade el hecho de que a finales del siglo XX la población mundial se situaba en torno a los 6000 millones de personas, y que el conjunto de civilizaciones agrarias no llegó a superar los 300 millones, claramente nos podemos hacer una idea del salto descomunal en cuanto a movimiento de materiales que se ha producido desde el advenimiento de la Revolución Industrial, y muy especialmente en el siglo

XX. Y sobre todo sus consecuencias geomorfológicas, pues el grueso del movimiento de materiales que se produce actualmente es de recursos físicos, extracción y transporte de rocas y minerales, no de biomasa, como era el caso en las civilizaciones agrarias3. En definitiva, el movimiento de materiales en el actual capitalismo global es más de 1000 veces superior al que las sociedades humanas impulsaban hace unos 500 años a escala planetaria, habiéndose disparado por más de 70 en el siglo XX. Y todo ello con efectos acumulativos. Es por eso por lo que afirmamos taxativamente que el capitalismo urbano-agro-industrial mundial se ha convertido ya en la principal fuerza geomorfológica planetaria (Naredo y Valero, 1999; Murray, 2008; Christian, 2005; Carpintero, 2005; Naredo y Gutierrez, 2005). ¿Pero a qué se debe toda esta desmesura? ¿Y qué es lo que la ha hecho viable? Indudablemente, la desmesura es consecuencia directa de la expansión global del sistema urbano-agro-industrial, pero muy especialmente de la imparable dimensión metropolitana de su expresión territorial, cada vez más amplia y en mancha de aceite, y de la explosión de transporte motorizado que la ha acompañado; tal y como vimos al analizar la evolución de la Segunda Piel (o espacio mundial construido) en el apartado Un Planeta de Metrópolis (Fdez Durán, 2009). Y lo que la hecho principalmente viable todo ello ha sido la utilización masiva del petróleo como energía clave que impulsa el metabolismo del sistema urbano-agro

2 El uso medio de materiales en EEUU es de unos 80 Tn per capita, mientras que en la UE es de unos 45 Tn, siendo la intensidad de uso de materiales per capita en China de 19 Tn, y de unos 7 Tn en los espacios periféricos no emergentes. Lo cual da una idea de la enorme dispersión de la intensidad de usos de materiales, que sería aún mucho más acusada si consideramos que el consumo de manufacturas en los espacios centrales implica un fuerte uso de recursos en los espacios periféricos (Murray et al, 2005; Murray, 2008).

3 El consumo mundial de materiales per capita se distribuye grosso modo de la siguiente forma: 30% combustibles fósiles, 30% materiales metálicos, 30% materiales no metálicos y 10% biomasa (Murray, 2008; Murray, 2009).

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industrial, y que especialmente mueve los requerimientos de materiales que lo sustentan; eso sí, ese metabolismo se ve garantizado también por otros combustibles fósiles, carbón y gas, y en menor medida por otras energías (nuclear, hidroeléctrica y otras renovables) (ver figura 1). Pero el transporte motorizado depende en más de un 95% de los derivados del petróleo (Heingerg, 2006). Veamos pues todo esto con algo más de detalle.

Evolución de la “producción/extracción” energética mundial, 1860-2007 (unidad: milón Tep) 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Carbón Petróleo Gas Natural Hidráulica Nuclear Biomasa Figura 1

Fuente: Iván Murray (2009)

En el siglo XX la población urbana mundial ha pasado, como dijimos, de unos 250 millones de personas en áreas urbanas en 1900, con unas diez metrópolis millonarias, a unos 3000 millones de personas en núcleos urbano-metropolitanos a finales de siglo, en donde la primacía de las metrópolis millonarias, bastante más de 400, era incontestable. Además, unas 80 de ellas tienen ya más de 10 millones de habitantes, y unas 5 superan los 20 millones, articulándose algunas de ellas en gigantescas megalópolis. Es decir, verdaderos monstruos urbano-metropolitanos, con una huella directa cada vez más difusa sobre el territorio (urban sprawl). Todo lo cual hace que los llamados “usos destructivos” del territorio ocupen ya una extensión del 2% del territorio emergido mundial (Murray, 2005). Una cifra verdaderamente impresionante para cuya plasmación (construcción de infraestructuras, edificios, etc.) ha sido preciso un movimiento de materiales sin precedentes. No en vano tres cuartas partes en peso de todo el trasiego mundial de materiales se relacionan con la construcción (Carpintero, 2005). Y la edificación del espacio urbanizado conlleva una fuerte demanda de materiales de alto impacto territorial en sus lugares de extracción y elevado consumo energético en su elaboración (acero, aluminio, cemento, vidrio y plásticos) (González, 2008). Además, la creación del sistema urbano-metropolitano implica también otras importantes afecciones territoriales indirectas (canteras, presas, infraestructuras interurbanas y otras servidumbres), que suponen también una alta demanda de cemento. Quizás la evolución del consumo de cemento en el mundo indique mejor que nada la impresionante actividad constructora que se ha llevado a cabo en los últimos cincuenta años del siglo XX (ver figura 2), cuando además la industrialización de la construcción favorece el abandono de otros materiales autóctonos. Por último, el funcionamiento diario del sistema urbano-metropolitano comporta asimismo una

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bulimia sin freno de recursos energéticos, manufacturados y bióticos (principalmente alimentos), con sus correspondientes huellas ecológicas.

Evolución de la producción de cemento mundial, 1930-1995 (millones Tm) 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 América del Norte América Latina y Caribe África Europa Occidental Europa del Este y es-URSS Oriente Medio Asia Oceanía Figura 2

Fuente: Iván Murray (2009)

Es por todo ello que el transporte motorizado masivo se convierte en un elemento absolutamente central del funcionamiento del sistema urbano-agro-industrial global. Algo que choca frontalmente con el funcionamiento de la Biosfera. Pues Gaia privilegia principalmente el transporte vertical, en vez del horizontal. Dicho transporte vertical es el generado por el intercambio de materia entre el reino vegetal, la atmósfera y el suelo, y por el flujo interno de nutrientes dentro de las propias especies vegetales. El transporte horizontal solo lo realizan los animales, que suponen un porcentaje de biomasa muy reducido en comparación con el reino vegetal (el 1%, aproximadamente). Y, además, los animales en general sólo se desplazan pequeñas distancias, economizando el consumo de energía endosomática. El transporte horizontal a largas distancias, como es el caso de las migraciones de grandes animales terrestres y de aves, es generalmente una rareza en la Naturaleza, y se relaciona también con la búsqueda de la ingesta de biomasa estacional que les proporcione la necesaria energía endosomática para mantener su existencia y reproducción (Estevan y Sanz, 1996; Gonzalez, 2008). Pues bien, el actual sistema urbano-agro-industrial opera de forma absolutamente contraria a este funcionamiento de la Naturaleza. Y para hacer factible ese desplazamiento horizontal masivo de materiales, manufacturas y personas necesita de potentes e impactantes infraestructuras que lo posibiliten (carreteras, autopistas, aparcamientos, áreas logísticas, líneas y estaciones ferroviarias, puertos y aeropuertos; en algunos casos de enormes dimensiones) que invaden, destrozan y trocean el territorio, afectando a la biodiversidad y a su mantenimiento.

Pero, además, ese desplazamiento motorizado exige de una diversidad de vehículos cuya construcción requiere una muy importante demanda de minerales metálicos (de hecho el sector de la automoción es el que más minerales consume), para cuya extracción es preciso

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una gran remoción de materiales no metálicos, de fuerte impacto territorial y que se efectúa con maquinaria activada por derivados del petróleo. Son los llamados flujos ocultos y las “mochilas ecológicas” correspondientes (Carpintero, 2005; Murray, 2005 y 2009). Por otra parte, la propia operación de los vehículos de transporte motorizado (motos, coches, camiones, autobuses, trenes, barcos y aviones) está basada igualmente, como decíamos, de forma casi exclusiva en los derivados del oro negro. Esa fortísima dependencia del petróleo de la movilidad motorizada a finales del siglo XX es un cambio trascendental en 100 años, pues la movilidad motorizada era muy reducida a principios de siglo XX, y estaba basada casi exclusivamente en el carbón (barcos y ferrocarriles de vapor), siendo el resto tracción animal por carretera, transporte marítimo a vela y sobre todo transporte peatonal, y en bastante menor medida en bicicleta. El transporte de personas por medios eléctricos, metro y tranvías, era muy residual, y sólo estaba presente en las principales ciudades centrales.

Sin embargo, la movilidad motorizada explota a lo largo del siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, y muy especialmente en sus dos últimas décadas, tras el parón de los setenta. Es a partir de entonces cuando estalla el comercio internacional de materiales y alimentos. Lo cual implica un crecimiento especialmente intenso en el transporte por carretera, pero también en el marítimo y aéreo, como resultado de la expansión del nuevo capitalismo global; mientras que en el ferrocarril, aunque crece fuertemente en la primera mitad del siglo, se estanca en gran medida desde entonces, tal y como vimos en el apartado Un Planeta de Metrópolis. Y esa explosión de la movilidad motorizada es particularmente aguda en los espacios urbano-metropolitanos, en paralelo a su crecimiento “irrefrenable”. De hecho, tres cuartos de todo el petróleo mundial se consume en dichos territorios (Heinberg, 2006). Y eso que a lo largo del siglo se crearon en muchas metrópolis mundiales importantes, y en algunos casos muy importantes, sistemas de transporte colectivo a tracción eléctrica (trenes, metros y tranvías); al tiempo que se disparaba igualmente en dichos territorios el transporte vertical eléctrico por ascensores. Pero la movilidad motorizada por carretera desbordó con mucho el papel de todos esos medios, incentivada además por la nueva “Ciudad Difusa”, creciendo a un ritmo aproximadamente el doble del PIB (Fdez Durán, 2000).

En definitiva, el transporte motorizado es el que ha permitido el incremento de la capacidad de carga del territorio, junto con una tecnología de extracción de materiales de la corteza y la superficie terrestre cada vez más compleja (Heinberg, 2006). Sin ellas, hubiera sido inviable la tremenda concentración poblacional mundial en los espacios urbanometropolitanos. De hecho, si los espacios urbano-metropolitanos hubiesen tenido que construirse y sobrevivir con los recursos físicos y bióticos (entre ellos los alimentos) de los territorios cercanos, simplemente no lo hubiesen podido hacer, y hubieran visto frenado su crecimiento. Pero el petróleo es el que ha hecho factible este “milagro”, es decir, tanto la capacidad de extracción como el transporte motorizado. Y ha generado islas territoriales de “orden aparente”, mientras que generaba “océanos de desorden” creciente a su alredor, y en territorios cada vez más alejados a escala planetaria. Pues hasta allí llegaban los impactos del crecimiento y funcionamiento de las metrópolis. Los espacio urbano-metropolitanos, en especial en los territorios centrales, no pueden sobrevivir sin el transporte a larga distancia, y es curioso como en éste el peso y volumen principal lo ocupan los combustibles, seguidos de los productos agrícolas, minerales y manufacturas, que ocupan un peso similar (Murray, 2005). Y es preciso recordar que la extracción de minerales (energéticos y no energéticos) implica la remoción de gran cantidad materiales (gangas). De esta forma, el impacto de los espacios urbano-metropolitanos se deja sentir no solo en sus entornos más o menos inmediatos (de donde provienen gran parte de los materiales de construcción), sino en los mundos rurales cercanos, lejanos y muy lejanos (de donde provienen los alimentos), así como

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en muchos territorios mundiales que actúan de minas para satisfacer la sed insaciable de recursos no bióticos de dichos espacios. Lo cual está convirtiendo el Planeta de Metrópolis en una Gran Mina. En el mundo van proliferando cada vez más las extracciones de materiales en yacimientos a cielo abierto, especialmente en los espacios periféricos, que en algunos casos llegan hasta 1,5 kms de profundidad, aparte de que también se perforan minas hasta 3 kms enel interior de la corteza terrestre. Ésta última de unos 40 kms de grosor. Es decir, hasta casi las mismas entrañas de la Tierra llega pues la insaciable demanda de minerales del sistema urbano-agro-industrial, gracias a la utilización de los combustibles fósiles, y a consecuencia también de los mismos (Young, 1992; Naredo y Valero, 1999).

Indudablemente, la extracción de minerales y energía no se lleva a cabo, en general, sin resistencias sociales. Sobre todo si en los territorios donde se realizan están habitados, y más aún si las poblaciones afectadas dependen de los recursos naturales existentes en los mismos; caso de las poblaciones campesinas e indígenas. De hecho, el siglo XX se abre con importantes levantamientos indígenas en Tampico, México, como contestación al inicio de la explotación de petróleo (McNeill, 2003). Y esa tendencia va a estar presente, en mayor o menor medida, a lo largo de todo el siglo conforme se va expandiendo y configurando la actual Gran Mina Global. Sin embargo, estas resistencias, aunque importantes y hasta muy importantes, en ocasiones, no han logrado frenar el avance imparable de la actividad extractiva. Aunque lo han condicionado a veces. Quizás el principal problema que se han encontrado esas resistencias era la falta de apoyos en las poblaciones urbano-metropolitanas, que son incapaces de vislumbrar que sus formas de producción y consumo, en suma sus formas de vida, determinadas por supuesto por el capitalismo global, son las responsables de la destrucción y desarraigo que ocasiona la extracción de los inputs biofísicos necesarios para mantener y expandir la Sociedad Industrial. Los impactos se perciben tan “remotos”, si es que la Aldea Global se digna a hablar de ellos, aunque sea de forma manipulada, que no suscitan la mínima atención. Y así, la derrota de esas resistencias se ha podido llevar a cabo con importantes dosis de represión en muchas ocasiones, pero también dividiendo a las propias comunidades afectadas, y seduciéndolas con pequeñas concesiones (construcción de escuelas, nuevas viviendas, etc.), cuyo desarrollo siempre ha estado relacionado con la resistencia desplegada. A finales del siglo, esas resistencias se intensifican en muchos de los territorios periféricos mundiales, en paralelo al cada vez mayor despliegue en los mismos de la Gran Mina Global. Las resistencias campesinas e indígenas a la extracción de recursos mineros y energéticos han sido (y están siendo) particularmente intensas en América Latina, donde a veces han derribado gobiernos, provocando cambios muy importantes de régimen político (caso, p.e., de Bolivia), o condicionando fuertemente el ejercicio del poder (caso, p.e., de Perú y Ecuador). En África, las resistencias indígenas a la extracción de petróleo en el Delta del Niger (algunas de ellas de carácter armado) han llegado a tener también un tremendo impacto, condicionando las formas de explotación del crudo.

Así pues, la Primera Piel planetaria, su cubierta natural, la Biosfera, no hace sino mermar y degradarse a pasos agigantados, modificándose además profundamente el paisaje originario; pues éste se ve también crecientemente alterado y artificializado, de forma cada vez más industrializada, para satisfacer la demanda en ascenso de productos bióticos (alimentos, madera, etc.), como veremos más tarde. De esta manera, el diálogo de siglos entre los núcleos urbanos preindustiales y sus entornos naturales inmediatos, que había generado en muchos casos paisajes culturales de enorme belleza, diversidad y complejidad, ha sido reemplazado por el Monólogo Metropolitano, profundamente autista y altamente destructivo de sus entornos inmediatos y del mundo entero. Ese es el proceder actual de la Segunda Piel urbanizada, que se expande fuertemente, pero a un ritmo inferior al que retrocede y se degrada

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la Primera Piel natural. La razón es que los sistemas urbano-metropolitanos, en concreto aquellos de los espacios centrales, no solo son gigantescos sumideros de energía y recursos, que provocan profundas huellas ecológicas locales y globales, sino que actúan también de efervescentes volcanes de residuos y emisiones de toda índole, que impactan igualmente sobre la Biosfera (en suelos, recursos hídricos y atmósfera), alterando y desbordando su capacidad de absorción y regeneración. Y lo mismo podríamos decir de los sistemas agroindustriales, fuertemente demandantes y consumidores de energía fósil, y muy impactantes sobre el medio natural a causa de su metabolismo contaminante. Al igual que todo el sistema industrial. Es hora pues de resaltarlo.

– Residuos y contaminación, el lado oculto del metabolismo urbano-agro-industrial El impacto territorial y ambiental de las demandas de materiales y energía que requiere el metabolismo urbano-agro-industrial permanece en muy gran medida oculto en el enfoque económico dominante, en las estadísticas oficiales y sobre todo a los ojos de la ciudadanía que habita en las metrópolis, principal “beneficiaria” de su consumo y a la vez subyugada por la Sociedad de la Imagen y la Aldea Global. Y, por supuesto, porque las poblaciones urbanometropolitanas se encuentran alejadas de los impactos de los inputs biofísicos de su propio metabolismo, pues éstos en general se manifiestan en territorios distantes o muy distantes. Pero las secuelas de residuos y contaminación que genera el otro lado del metabolismo urbano-agro-industrial, es decir, una vez realizado éste, sus outputs biofísicos, permanecen aún más recónditas, pues es algo que se menosprecia y que simplemente no se quiere ver. Esto es, se cierran los ojos ante las crecientes consecuencias indeseables de la degradación ambiental que conllevan y que están afectando ya al mantenimiento de la vida. Sobre todo porque en muchas ocasiones tienen menor visibilidad física (por ejemplo gran parte de las emisiones a la atmósfera, ríos, océanos y suelos) y aquejan principalmente a los territorios más periféricos y empobrecidos, mientras que no por casualidad se manifiestan con menor intensidad en los espacios centrales. Por dos razones, porque cada vez más se exportan las actividades más contaminantes y los residuos a la Periferia, y por ciertas regulaciones y medidas correctoras que se tomaron a lo largo del siglo XX en los espacios centrales que, como veremos más tarde, se presentaron como la panacea para hacer frente a sus efectos. Eran las llamadas “medidas de final de tubería”, que permitían reducir los efectos más nocivos en los entornos más inmediatos de los espacios urbano-industriales del Centro Occidental, fundamentalmente, pero que para nada eliminaban o limitaban la acumulación negativa de los outputs biofísicos del metabolismo urbano-agro-industrial a escala global. Principalmente porque la dimensión de éstos no hacía sino expandirse a nivel mundial.

En suma, el tratamiento de este lado oscuro del metabolismo ha consistido prioritariamente en meter la “basura bajo de la alfombra”, o alejarla lo más posible, para no verla; tan solo se ha resaltado (y no sin tensiones) en el caso de las emisiones de CO2, causantes del efecto invernadero, como más tarde comentaremos. Pero dicha “basura” sencillamente se resiste a desaparecer y a hacerse invisible. Es más, crecen de forma exponencial los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y su carácter en muchos casos contaminante. Sobre todo porque en la segunda mitad del siglo XX, y especialmente en sus últimas décadas, hemos entrado de lleno en una civilización consumista basada en el “usar y tirar”, lo que ha dificultado aún más el cierre de los ciclos de materiales, y ha agravado las consecuencias de la contaminación urbano-agro-industrial. De esta forma, la “basura” sale por la ventana del capitalismo global hacia la Naturaleza, y al ser ésta incapaz de asimilarla y metabolizarla, aquélla está entrando ya, otra vez, con todas las de la ley, por su puerta principal, desbaratando cada vez más la fiesta. Y eso que solo ha llegado de forma firme hasta

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el hall de entrada, y todavía no ha alcanzado plenamente los salones principales donde la fiesta continúa, por ahora, aunque algo más mermada en la actualidad por la llegada de la Crisis Global. O quizás, mejor dicho, porque no ha adquirido la visibilidad necesaria en dichos salones, para hacer conscientes a los que allí todavía disfrutan, de que las consecuencias del metabolismo de su muy desigual jolgorio ya están entre ellos, y no afectan solo a los desheredados o a los territorios lejanos.

La explosión de los residuos sólidos, tanto urbanos (domésticos, industriales y terciarios) como agroindustriales, muchos de ellos de muy difícil reciclaje y de carácter tóxico, se acelera en la segunda mitad del siglo XX. Primero por la intensificación de los procesos de metropolización, pero también por el fuerte incremento de la producción industrial. Los residuos de muchos sectores de la actividad terciaria son indudablemente menores, pero para nada es ésta una actividad inocua a este respecto. De hecho, la importante expansión que experimentó la gran distribución comercial en las últimas décadas del siglo XX, ha contribuido decisivamente a la proliferación de residuos sólidos, debido al sobreembalado y sobreempaquetado de los alimentos preparados industrialmente y transportados a larga distancia. Igualmente, el fuerte crecimiento de la producción y distribución a gran escala, ha hecho inviable (por falta de rentabilidad) la retornabilidad y reutilización de los envases, que anteriormente eran de vidrio, y recorrían distancias cortas, experimentando una evolución espectacular el uso de envases de plástico, no retornables y difícilmente reciclables. Todo lo cual ha comportado ahorros considerables para el productor y el distribuidor, pero ha cargado las cuentas del coste de la recogida de unos residuos urbanos en ascenso imparable sobre los contribuyentes, mientras que grandes actores empresariales hacen negocio con su recolección y tratamiento. Una actividad que antes se realizaba por pequeños actores, que ayudaban al reciclaje y al cierre en gran medida de los ciclos de materiales. Y es más, el hecho de que los kms recorridos por los residuos sean crecientes, debido a la expansión de las metrópolis, es otro factor más que contribuye al encarecimiento de la recogida y tratamiento de los mismos. Los vertederos cercanos se colmatan, o dejan de ser asumibles por la “opinión pública”, mientras que se acometen programas de incineración de residuos con el fin de reducir fuertemente su volumen, y de paso ayudar a su “valorización” energética de los mismos; el nuevo eufemismo que implica además aporte energético fósil para llevarlo a cabo. Lo cual transforma el grueso de esos residuos sólidos en residuos gaseosos, algunos altamente peligrosos (dioxinas, furanos), pero invisibles. En suma, se renuncia en gran medida al reciclaje, al tiempo que se incrementa la contaminación. Incluso la muy “ecológica” UE, que promueve ya descaradamente esta “solución” (González, 2008).

Por otro lado, en los últimos 50 años del siglo XX, asistimos a una expansión verdaderamente impresionante de la industria química, que ha generado, aparte de un estallido de la producción de plásticos (petroquímica), muy difíciles como decimos de tratar y reciclar, una enorme variedad de sustancias sintéticas de carácter tóxico y persistente. En la actualidad podemos decir que circulan libremente por el mundo unas 140.000 sustancias químicas de carácter más o menos nocivo. Sustancias que se han sacado al mercado y se han comercializado sin ninguna, o mínimas, medidas de seguridad. El principio de precaución brilla por su ausencia. De esta forma, se desconoce la peligrosidad de muchas sustancias químicas existentes. Y ello ha provocado que las enfermedades por exposición ambiental a las sustancias químicas se hayan disparado. El cáncer muy especialmente, pero también enfermedades de índole reproductiva (infertilidad, malformaciones, etc.), alteraciones hormonales (diabetes, problemas tiroideos), disfunciones inmunológicas (alergias, dermatitis), y problemas neurológicos (de aprendizaje, autismo, hiperactividad, Alzheimer, Parkinson, etc.). Algunas de ellas han alcanzado ya cifras epidémicas, siendo los niños y las niñas los

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más especialmente vulnerables a la exposición a dichas sustancias tóxicas, sobre todo a este cóctel de miles de sustancias químicas cuyos efectos nocivos vamos conociendo ya desde hace años (Romano, 2009). La primera voz de alarma la dio Rachel Carson, en su libro La Primavera Silenciosa (1962), alertando de los peligros del DDT. Pero esta primera voz que clamaba en el desierto se producía cuando la industria química, y sobre todo la petroquímica, estaba solo en el principio de su despegue a escala global. Y las consecuencias de su actividad se sufrieron al principio en los territorios centrales, donde empezó, y antes de que se llegara a regular algo su funcionamiento en los mismos (el DDT, p.e., se prohibió). Más tarde su impacto alcanzó al mundo entero, aunque su intensidad sea diferencial, siendo cada vez más manifiesta en los territorios de la Periferia, debido a la ausencia de regulación.

Quizás el primer desastre de la industria química que tuvo una repercusión verdaderamente global fue la explosión de la fábrica de Union Carbide en Bhopal (India), en 1984. La nube de gases tóxicos, y muy tóxicos, así como los metales pesados que se generaron, acabaron con la vida de unas 20.000 personas, sus efectos alcanzaron a otras 600.000, y de ellas gravemente a 150.000 (De Grazia, 1985). Una catástrofe química sin paliativos, la mayor de la historia, de la que todavía sus víctimas no han recibido ni un duro de Union Carbide. El gobierno indio ha sido el que se ha hecho cargo mínimamente de las consecuencias de esta devastación, con una “ayuda” absolutamente testimonial de la transnacional, que abandonó la zona dejando miles de toneladas de productos contaminantes, que todavía hoy afectan a sus acuíferos. La lucha internacional para procesar a Union Carbide ha sido imposible de materializar, pues no existe ninguna corte mundial que permita juzgar estas tragedias humanas y ambientales. Y esta lucha se ha vuelto casi imposible una vez que Union Carbide fue absorbida en 2001 por Dow Chemical, la mayor transnacional química del mundo. Pero aunque no se han producido desde entonces desastres químicos de esa magnitud y repercusión internacional, eso para nada quiere decir que no se produzcan de tanto en tanto “mini-bhopales” con graves repercusiones en las localidades donde acotencen, tanto del Centro como especialmente de la Periferia. Aparte de que la contaminación diaria por metales pesados, consecuencia de toda la industrialización del siglo XX, no hace sino diseminarse por el entorno e introducirse crecientemente en la cadena alimentaria (McNeill, 2003).

Pero una nueva y tremenda sacudida del lado más oculto del metabolismo de la Sociedad Industrial fue la explosión de la central nuclear de Chernobil (Ucrania), en 1986, tan solo dos años después. Una explosión que como vimos precipitó el hundimiento de la URSS. El accidente provocó decenas de muertos en los primeros días, implicó el desplazamiento de más de 200.000 personas de sus hogares, las defunciones posteriores por cáncer han alcanzado a miles de personas, y sus consecuencias afectan en mayor o menor medida a centenares de miles. Además, la radiactividad generada por el accidente llegó a afectar con diferente intensidad a casi todo el territorio europeo (IPPNW, 2006). De esta forma, la existencia del llamado “Telón de Acero” fue incapaz de contener el impacto del accidente en el Este, pues acabó afectando también a una parte muy importante del Oeste europeo. La atmósfera no respeta fronteras geopolíticas. Y este accidente nuclear superó con mucho a otro también muy importante, pero de menores dimensiones, que se produjo en la costa Este de EEUU, como resultado de la catástrofe del reactor de Three Mile Island en 1979. Los dos accidentes frenaron en seco la expansión de la industria nuclear, aquejada de fuertes costes y de una gran contestación ciudadana en Occidente. Estos y otros accidentes y peligros de la llamada Sociedad Industrial llevaron a Ulrich Beck (1994) a caracterizarla, sobre todo en su dimensión más contemporánea, como la Sociedad del Riesgo. Sociedad del Riesgo que a finales del siglo XX se ampliaba al planeta entero, como resultado del comercio internacional de residuos peligrosos del Centro hacia la Periferia, en auge creciente desde los años 70 a pesar de su, en

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teoría, prohibición a escala internacional. Residuos que muchas veces se vierten en alta mar de los océanos del Sur, para después acabar en las costas africanas o asiáticas, como ocurrió a consecuencia del Tsunami de 2004 en el océano Índico.

Por otra parte, es importante resaltar la contaminación química, biológica y radiactiva provocada a lo largo del siglo XX por la guerra y la industria militar. El armamento químico y biológico se utilizó de forma importante en la Primera Guerra Mundial, con efectos humanos tremendos. Es por eso por lo que los países occidentales deciden en Ginebra en 1923 no recurrir a este tipo de armas, pero se utilizan ampliamente contra los movimientos de liberación nacional en los territorios bajo su dominio colonial en el periodo entreguerras (incluido España en el Rif). En la Segunda Guerra Mundial su uso fue “contenido”, pues cada bando temía que si lo utilizaba masivamente, el bando contrario respondería de la misma forma. Japón fue quizás el que más recurrió a ello. Pero su producción y almacenamiento siguió yendo a más, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría, y en Vietnam fueron utilizadas por EEUU. Este tipo de armamento fue empleado ampliamente en la Guerra Iraq-Irán en los 80, siendo proporcionado a Saddam Hussein por países occidentales, y no se llegaría a prohibir hasta después de la Caída del Muro de Berlín y el Colapso de la URSS. Es entonces, en 1993, cuando en el marco de NNUU se firma la Convención sobre Armamento Químico y Bacteriológico que prohíbe (en teoría) su producción y almacenamiento, pasando a considerar estas armas como de destrucción masiva. Pero su producción y utilización a lo largo de todo el siglo pasado han tenido importantes impactos ambientales, todavía por determinar con exactitud, pues el secretismo militar lo impide. Lo mismo podemos decir del armamento nuclear y de las múltiples pruebas nucleares realizadas en muchas partes del mundo por las potencias nucleares en las últimas décadas (Nevada, Argelia, Polinesia, Siberia, etc.), tras los bombazos de Hiroshima y Nagasaki que abrieron la carrera nuclear mundial. Pero también conviene subrayar el fuerte impacto radiactivo que las armas con uranio empobrecido han tenido en las actuaciones militares contra Iraq o en la Guerra contra Serbia. Sus impactos humanos cada vez son más conocidos y denunciados, pero sus repercusiones ambientales, reales, permanecen en gran medida ocultas.

Finalmente, decir que las resistencias sociales en relación con los impactos medioambientales y humanos del lado más sombrío e “invisible” del metabolismo urbanoagro- industrial (incluida su dimensión militar), es decir, sus outputs biofísicos, han sido en general menores que las resistencias a los impactos de sus inputs biofísicos, antes mencionados. De todas maneras, las formas de contaminación más intensas no se han producido sin una fuerte contestación social, sobre todo si se producían en el interior o en las cercanías de importantes concentraciones humanas, como apuntaremos más tarde. Y esa contestación propició en muchos casos la toma de medidas para reducir los impactos ambientales y sociales. Sin embargo, el advenimiento a finales del siglo de la llamada Sociedad del Riesgo a escala global, en la que dicho riesgo se intensifica en determinados territorios periféricos, hace que éste pase a ser considerado como una forma más de facilitar la gobernanza política del capitalismo global. La activación del miedo de masas ante presentes o futuros riesgos, y sobre todo el tratamiento mediático de los riesgos que proliferan en la Periferia, hace que la población valore la mayor “normalidad” de los territorios centrales, en donde “esas cosas” que “allí” acontecen “aquí” no pasan, gracias al buen hacer políticoempresarial. Eso sí, para nada se informa y se debate de por qué ocurren “esas cosas”, si “aquí” también se dan, aunque de otras formas, y mucho menos si es posible abordarlas seriamente sin un profundo cambio del sistema urbano-agro-industrial a escala mundial.

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En definitiva, a finales del siglo XX la contaminación se convierte ya en un problema cada vez más global, como el propio capitalismo, cuando al principio del siglo la contaminación aunque grave y hasta muy grave, en algunos casos, era un problema puramente local. De ubicaciones industriales y ciudades concretas, como veremos a continuación cuando analicemos más en detalle los impactos del sistema urbano-agro-industrial en la Hidrosfera, en la Atmósfera y en general en la Biosfera. En este sentido, la Sociedad Industrial capitalista, claramente ya la única existente y de proyección mundial, tras la crisis y el colapso del Socialismo Real, la otra versión de Sociedad Industrial (en este caso de Estado) que sucumbió provocando un ecocidio, está caminando todavía de la mano de Occidente, aunque cada vez más apoyada por sus nuevos y potentes adláteres emergentes, hacia su forma particular de ecocidio (Los Amigos de Ludd, 2007).

El impacto en la Hidrosfera y la conversión del agua en el “oro azul”

En el siglo XX, la repercusión ambiental del capitalismo global no queda circunscrita a las tierras emergidas, donde éste se desarrolla principalmente, sino que salta definitivamente de éstas a los mares y océanos, que cubren casi tres cuartas partes de la superficie planetaria, afectando a gran parte del ciclo hidrológico. Sobre todo a la circulación de éste como agua dulce en su contacto con la geoesfera: ríos, lagos, acuíferos, humedales, glaciares, etc. El agua dulce sólo supone menos del 3% del total de la hidrosfera, pero por supuesto es la que está sometida a mayor demanda y presión; sobre todo un tercio de la misma, pues dos tercios se encuentra en glaciares y casquetes polares. De hecho, las actividades humanas, y muy en concreto las demandas del sistema urbano-agro-industrial, se apropian de más de un 50% del agua dulce líquida del mundo. Eso sí, el consumo mundial de agua dulce es enormemente desigual, está muy relacionado con los niveles de renta, y hay más de 1000 millones de personas que no tienen acceso directo a este recurso básico para la vida. Y eso que la población mundial se ha asentado históricamente allí donde era factible el acceso al líquido elemento. Es por ello por lo que las zonas desérticas, caracterizadas por la ausencia de agua superficial, se encuentran prácticamente deshabitadas. Es decir, nada menos que un tercio de las tierras emergidas del mundo. Además, el agua dulce de ser en general un bien relativamente abundante y libre, en las zonas no desérticas, aunque muy desigualmente repartido geográficamente, va a pasar a convertirse en un recurso progresivamente escaso, y cada vez más mercantilizado y contaminado. La razón es su sobre-explotación y deterioro. Especialmente, porque esa mitad del agua dulce del mundo, que utiliza el presente sistema urbano-agro-industrial global, es luego devuelta al ciclo hidrológico en general contaminada, provocando una degradación aún mayor de este recurso y una mayor dificultad por tanto de acceso al mismo (McNeill, 2003, Naredo, 2002, Diamond, 2007).

Pero el tremendo salto en el consumo mundial de agua en el siglo XX no ha venido determinado por la cuadriplicación de la población planetaria en este periodo. O no principalmente como resultado del consumo humano directo. Sino que ha estado causado por las demandas en ascenso imparable del sistema urbano-agro-industrial global, y por una distribución de las rentas y los consumos hídricos cada vez más desiguales. El consumo de agua se multiplicó diez veces a escala mundial a lo largo del siglo, pero esta multiplicación exponencial del consumo, dos veces y media mayor que el incremento de la población global, se ha debido a la intensificación de los procesos industriales y especialmente a la agricultura industrializada, así como a consumos crecientemente suntuarios de parte de las poblaciones urbano-metropolitanas. Especialmente de aquellas de mayor renta y que habitan en tejidos residenciales suburbanos de baja densidad, sobre todo en los espacios centrales. O en los

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complejos turísticos en países periféricos, donde grandes empresas como Club Mediterranee garantizan consumos de 1400 litros por turista, en Marruecos p.e., mientras que la población local a duras penas accede a 15 litros por persona. Aparte de que las poblaciones del Centro “importan” también agua de la Periferia en forma de mercancías, pues su uso y abuso está presente en la producción de todos los productos manufacturados. Sin embargo, es la agricultura industrializada la que se lleva la parte del león mundial del consumo de agua dulce, y la que es cada vez más responsable de su deterioro. En el siglo XX la superficie regada mundial se multiplicó por cinco, siendo la agricultura industrializada la principal responsable de ese incremento. Y ello fue factible por la energía barata que permitió explotar acuíferos a gran escala mediante el bombeo masivo de agua, sobre todo en la segunda mitad del siglo, gracias al petróleo. Lo cual posibilitó que crecieran las ciudades y que llegaran hasta florecer los desiertos, allí donde el oro negro era abundante (McNeill, 2003).

Sin embargo, la época de la explotación industrializada de los acuíferos será probablemente una época pasajera, excepto en aquellos sitios donde se extraen por debajo de su tasa de reposición. En la actualidad, la minoría de las explotaciones del planeta. El caso más extremo sería el de Arabia Saudita, que cultiva hasta trigo en el desierto para autoalimentarse, al tiempo que exporta parte del mismo. Eso sí, consumiendo agua fósil a un ritmo absolutamente depredador, para los recursos hídricos subterráneos existentes, gracias también a la exuberancia de petróleo de su subsuelo. Pero lo mismo ocurre en otras petro-monarquías de Oriente Medio, o en Libia, con consumos de agua absolutamente irracionales y fastuosos, para el entorno en que se hallan enclavadas. En Dubai hasta para alimentar la mayor pista de esquí cubierta del mundo. Un verdadero despropósito ambiental y energético. Y ante el agotamiento creciente de sus escasos recursos subterráneos, pues es agua fósil histórica, todos ellos recurren cada vez más a costosas técnicas de desalación que se sustentan en el consumo imparable de crudo. Pero también se ha hecho aflorar masivamente el riego en otros territorios donde las aguas superficiales escaseaban, pero la energía era barata, como en el Medio Oeste estadounidense. Allí, el descenso del enorme acuífero de Ogalalla ya es dramático y está empezando a poner en cuestión la productividad agraria del llamado granero del mundo. En otros territorios del planeta el progresivo agotamiento de los recursos hídricos subterráneos también está poniendo en solfa la continuidad de un ritmo de producción agraria que se sustenta en un consumo devastador y contaminador del agua (McNeill, 2003).

La agricultura industrializada es uno de los principales responsables de la creciente contaminación de los recursos hídricos, a la que se suman los efluentes urbanos e industriales. El volumen de nutrientes químicos sintéticos de la agricultura industrializada, junto con la toxicidad de herbicidas y pesticidas, están ocasionando un muy serio deterioro de las aguas superficiales y subterráneas. A ello se suma la ausencia de un tratamiento adecuado de las aguas de los complejos metropolitano-industriales, sobre todo en los territorios periféricos, donde es prácticamente inexistente. La depuración de las aguas residuales es una realidad solo en los territorios urbano-metropolitanos de los espacios centrales. Pero solo una realidad incompleta, pues la eliminación de determinados componentes químicos persistentes es muy difícil y costosa de alcanzar. Lo cual provoca la creciente eutrofización y contaminación de muchos lagos y embalses, además de un impacto en ascenso en los mares interiores y en las zonas litorales con presión urbano-industrial y turística. El Adriático, el Báltico, el Mar Negro son ya mares altamente contaminados, pero también en menor medida el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Mar Amarillo o el Mar de Japón. Y por supuesto el Mediterráneo y el Golfo de México, donde desemboca el Missisipi con toda la carga contaminante de la agricultura industrializada del Mid-West estadounidense. Además, tanto el Mare Nostrum como el Golfo de México son las zonas del mundo de mayor intensidad de tráfico petrolero del mundo, lo

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que contribuye también a su contaminación. No en vano los petroleros suelen limpiar sus tanques en alta mar después de descargar en los puertos. Además, de tanto en tanto asistimos a accidentes y hundimientos de petroleros o buques cisternas que ocasionan verdaderos desastres ambientales (Exxon Valdez, Erika, Prestige, etc.) (McNeill, 2003).

La agricultura industrializada ha contribuido igualmente a la creciente salinización de muchos de los suelos y acuíferos existentes, debido a la sobreexplotación o a la intrusión marina en zonas costeras. Especialmente reseñable es el caso de la cuenca del Indo entre Pakistán e India, donde se ha desarrollado el plan de regadío más importante del mundo, hoy tocado de muerte gran parte de él por la salinización, sobre todo en su parte paquistaní4. La mayor expansión agraria de la historia está a punto de convertirse en el mayor fracaso de la agricultura industrializada y de la ingeniería de regadío. Quizás como el que aconteció en el Mar de Aral por los planes de regadío para cultivo de algodón de la burocracia soviética, que provocó un enorme descalabro ambiental, ocasionando su práctica desaparición. Hoy cientos de barcos yacen varados en la arena, como testigos mudos de un pasado que se evaporó. Nunca mejor dicho. Fue entonces, cuando millones de trabajadores “gratuitos” del Gulag hicieron tentadores los proyectos gigantes, a base de trabajos forzados, con el resultado conocido en este caso de libro.

Pero los megaproyectos de regadío han abundado a lo largo del siglo XX, como parte de la promesa del Desarrollo en los países del Sur, arrastrando tras de sí fuertes impactos ambientales en la gran mayoría de los casos. Y casi todos ellos estuvieron vinculados a megapresas, que se levantaron también en muchas ocasiones para impulsar el desarrollo industrial, a través de la electrificación. Como ya comentamos al hablar del Planeta de Metrópolis, la construcción de grandes presas se disparó en el siglo XX, especialmente una vez más en su segunda mitad, provocando muy serios daños ecológicos. Uno de los primeros ejemplos más relevantes, que no único, fue el de la enorme presa de Asuan, el emblema del nacionalismo árabe de Nasser. Su construcción que supuso una verdadera fortuna, y que contó con el apoyo de la URSS y el BM, acabó reteniendo el 98% del limo que enriquecía las tierras del Nilo. Y debido a ello, la agricultura egipcia tuvo que recurrir a caros fertilizantes químicos. Además, el Delta del Nilo empezó a hundirse, a causa de la retención de los sedimentos, aparte de que la presa se ha ido aterrando, como la mayoría de las grandes presas del mundo. Se destruyeron entonces los bancos de sardinas y gambas del delta, y 5.000 años de un sistema agrario y de riego viable, de gran alcance, se fueron literalmente al garete. Estos desastres ambientales ligados a los grandes proyectos ingenieriles de regulación de los ríos se multiplicaron por todo el planeta, siendo algunos especialmente desmesurados y descabellados en el llamado “mundo en Desarrollo”: Itaipú, entre Brasil y Paraguay; Narmada, en India; Tres Gargantas, en China5; etc. Pero también ocasionaron enormes daños sociales, provocando el desplazamiento de más de 40 millones de personas, tres cuartas partes de ellas en India y China, y en muchos

4 Gran Bretaña inició esa enorme expansión de regadío antes de la independencia de India y Pakistán con fines también políticos. Su objetivo era socavar el apoyo al Congreso Nacional Indio en la parte paquistaní, y conseguir además la participación de sus jóvenes en la Segunda Guerra Mundial como soldados en el ejército británico. De hecho, dicho territorio fue fiel a Gran Bretaña hasta su independencia, en 1947. Más tarde, sería el Banco Mundial el que continuaría impulsando ese proyecto mastodóntico, con el total beneplácito del nuevo Estado paquistaní (McNeill, 2003). 5 Reproducimos aquí como nota un comentario sobre esta presa que hacíamos en el apartado Un Planeta de Metrópolis: “En la megapresa de Las Tres Gargantas, la mayor del mundo, las cifras son de vértigo, pues su construcción ha implicado la desaparición de casi 20 ciudades y más de 300 pueblos, lo que ha supuesto la reubicación, en un primer momento, de unos dos millones de personas (…) Y su construcción ha generado un verdadero desastre ambiental, activando fortísimos derrumbes debido a la topografía de la zona, que han hecho necesario desplazar a otros 4 millones de personas más” (WRR, 2007).

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casos fuertes y hasta feroces resistencias, como en el caso de Narmada (McNeill, 2003). Parecería como si cuanto mayor fuese el Estado, mayor debía ser la represa a ejecutar. Un símbolo más de poder de los nuevos Estados emergentes.

Por otra parte, la proliferación de metrópolis millonarias a escala global, más de cuatrocientas al filo del nuevo milenio, acabó demandando una construcción adicional de grandes presas y obras hidráulicas con el fin de garantizar su abastecimiento de agua. Al tiempo que se canalizaban, y en algunos casos desviaban, los ríos que las atravesaban, creando gigantescos proyectos de fontanería regional. Pero el abastecimiento de algunas inmensas metrópolis ya estaba chocando con sus límites naturales a finales del siglo XX, después de haber arramplado y arrasado gran parte de los recursos hídricos en sus territorios cercanos. Entre ellas resaltan el caso de Pekín o México DF, que habiendo agotado ya las aguas superficiales y subterráneas de las que se abastecían, en amplios territorios a la redonda, plantean ahora megaproyectos aún más desmesurados para seguir creciendo. Mientras tanto, sus terrenos también se hunden, pues están construidas sobre zonas húmedas que se desecaron, o se intentaron desecar, para seguir creciendo. Es más, en el caso de Pekín es toda la llanura Norte de China, donde habitan unos 200 millones de personas en varias metrópolis, la que tiene ya serios problemas de abastecimiento. Y es por ello que se plantean nuevos y gigantescos trasvases Sur-Norte, desde el río Yang-Tse, a cientos de kms, para abastecer de agua a toda la región (Wong, 2007).

Pero en este trasiego de aguas por la superficie terrestre, con magnas y costosas obras de ingeniería, se pierde gran parte de ellas evaporada o filtrada antes de llegar a sus usuarios finales, incluidos los campos de cultivo. Todo ello está provocando la regresión de muchos deltas del mundo, al alterar el curso y el flujo normal de los ríos, y además porque sus sedimentos quedan atrapados en las presas que se aterran. Asimismo se asiste a una importante pérdida de biodiversidad al hormigonar y hasta entubar muchos de los cauces fluviales, pues en paralelo se desecan también lagos y tierras pantanosas, para que se desparrame sin freno la lengua de lava urbano-metropolitana. Quizás uno de los ejemplos más espectaculares de ingeniería hidráulica sea el caso de Holanda, donde la mitad de su población vive ahora bajo el nivel del mar, y se encuentra amenazada por el incremento del nivel del mar en el próximo futuro. Un proceso que empezó limitadamente en el siglo XIX, pero que alcanzó un auge espectacular en la segunda mitad del siglo XX, tras la construcción del llamado Plan Delta (1953). Un plan que unió con un enorme dique las desembocaduras del Rin y el Mosa, permitiendo la colonización humana de nuevos terrenos ganados al mar, lo que convirtió a este país en un ejemplo único de tecnología hidráulica en el mundo.

Sin embargo, ninguno de estos megaproyectos hubiera sido factible sin energía barata, en concreto petróleo, y sin agua abundante. Y ambos parecen que están tocando a su fin, como ya hemos apuntado en parte, y como veremos con más detalle más tarde al hablar de la Crisis Global actual. Pero también no hubieran sido posibles sin un contexto de crecimiento continuo, disponibilidad de recursos financieros (de los Estados, organismos internacionales y mercados financieros), y por lo tanto de endeudamiento creciente. Ese periodo parece que también toca a su fin, como veremos más tarde. Pero, además, dichos megaproyectos han consumido ingentes volúmenes de inversión, pues a lo largo de la realización de los mismos los presupuestos iniciales quedaban ampliamente desbordados. Sin embargo, todo ello iba en beneficio de las grandes constructoras y firmas de ingeniería internacionales, e igualmente de la alta burocracia estatal que solía participar de los beneficios vía corrupción. Es por eso por lo que se impulsaron sin freno, aparte de por el valor simbólico que tenían como iconos del

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poder, y por supuesto porque permitían impulsar el proyecto modernizador urbano-agroindustrial (Naredo, 2009).

Finalmente, deberíamos señalar que a finales del siglo XX el agua se empieza ya a convertir en un recurso enormemente preciado y en un mercado que auguraba importantísimos beneficios futuros, debido a su creciente demanda, escasez y privatización. El Oro Azul, como lo llegó a denominar muy acertadamente Maude Barlow (1999). No en vano los gobiernos de muchos países del mundo estaban procediendo a su mercantilización bajo la presión de las transnacionales del agua, con la ayuda inestimable de la OMC, los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y el apoyo del BM. Dichos gigantes empresariales mundiales se crearon en las últimas décadas en Occidente al calor de los procesos de privatización neoliberal. Lo cual pone en cuestión el carácter universal de este hasta ahora servicio público, hecho que castiga duramente a las poblaciones con menor renta, sobre todo en los países periféricos. Pero también las multinacionales como Nestlé, Danone, Coca Cola o Pepsi irrumpen cada vez más en el mundo del agua embotellada, al tiempo que se apropian fraudulentamente de los manantiales y reservas de este preciado recurso. Un mercado en fuerte expansión en muchos territorios del mundo, ante la degradación de la calidad del agua y su creciente escasez. Además, el agua embotellada, un fenómeno reciente (pues empieza a finales de los ochenta), es un muy suculento negocio, pues no en vano su precio suele ser más de 1000 veces el precio de la que sale por el grifo. Y ello hace que el agua embotellada rivalice ya con el petróleo como la mercancía que genera más dinero; no en vano un litro de agua embotellada “vale” más que uno de gasolina. Esta mercantilización del agua embotellada, impulsada fuertemente por la publicidad, provoca un volumen ingente de residuos y un consumo de energía en ascenso, por la elaboración de los envases y el transporte del producto hasta la población (Elorduy, 2010).

En definitiva, a finales del siglo XX el agua dulce mundial empezaba a escasear, y seriamente ya en muchos territorios, agudizando las tensiones socio-políticas en torno a este recurso (caso, p.e., del conflicto israelo-palestino6) (Martín Barajas, 2002), al tiempo que se convertía en un mercado en expansión imparable. Y los costes de esta dinámica lo soportaban cada vez más las poblaciones más empobrecidas del planeta. En paralelo, la contaminación y degradación de este recurso básico para la vida iba en aumento, provocando enfermedades y hasta muertes, y su creciente uso humano lo imposibilitaba para otras especies, agravando su creciente vulnerabilidad. De hecho, la desecación de humedales del planeta, que afectaba ya a un 20% de los mismos en el crepúsculo del siglo, estaba teniendo un fuerte impacto sobre muchas especies, en especial sobre las aves migratorias que los utilizan como estaciones de paso (McNeill, 2003). Por consiguiente, la domesticación de los ríos y el drenado de tierras húmedas, junto con el deterioro de los recursos hídricos, están entre los mayores impactos ambientales acontecidos en el pasado siglo. Pero también lo ha sido el hecho de que el resto de la Hidrosfera, los mares y océanos del mundo, se haya convertido en el perfecto sumidero global del sistema urbano-agro-industrial. Es el sumidero más barato, extenso y de mayor capacidad (aparente) de ocultación. Pero su supuesta inmensidad no esconde que este sumidero se esté convirtiendo en un basurero que empieza a mostrar ya su cara más oscura en muchos de los mares del mundo, pues muchos ecosistemas marinos están al límite de su capacidad de resistencia. Los plásticos empiezan ya a superar en muchos espacios marinos al fitoplancton y a inundar todas las playas del planeta. Lo que hace que paulatinamente se vaya

6 Israel se viene apropiando de las aguas de los territorios palestinos desde al menos 1967 (sin considerar la expropiación por la fuerza que supuso su creación como Estado en 1947-48), cuando invade Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán, la Península del Sinaí y Jerusalén Este. Pero la apropiación de este preciado recurso se ha venido profundizando en estas últimas décadas en los territorios ocupados.

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degradando el conjunto de aquello que define a nuestro planeta a escala intergaláctica. Ya que no por casualidad lo llamamos el Planeta Azul.

De la incidencia en la atmósfera local, al cambio climático planetario

La atmósfera es una delgada y delicada cubierta gaseosa de unos 100 kms en torno a la Tierra, que permite que se desarrolle la vida. Hasta comienzos del siglo XX, su alteración como resultado de los procesos de industrialización y urbanización había tenido un carácter exclusivamente local, pero a finales del pasado siglo la repercusión del metabolismo urbanoagro- industrial va a alcanzar una dimensión mundial. Es más, llegará hasta modificar el clima, entre otros impactos. Ninguna especie ha tenido jamás esa capacidad de alteración, y las propias sociedades humanas no la empiezan a desarrollar hasta el advenimiento de la Sociedad Industrial. Pero va a ser en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, y muy especialmente en las últimas décadas del mismo, cuando esa convulsión va a quedar más manifiesta. El sistema urbano-agro-industrial no se va a convertir sólo en una fuerza geomorfológica, sino también en el principal responsable de la transformación del clima, como nunca en cientos de millones de años, con consecuencias en todos los órdenes. Este proceso se acentuará por supuesto en el siglo XXI, pero sus bases se establecen definitivamente en el siglo XX, así como el conocimiento de que ese proceso está en marcha. Y la causa fundamental del mismo ha sido la utilización masiva de los combustibles fósiles desde la Revolución Industrial, pero sobre todo en el pasado siglo, llegando hasta el presente (IPCC, 1990 y 2007).

De esta forma, el consumo de carbón empezó a contaminar el aire londinense desde el siglo XVII, como resultado de su creciente uso doméstico. La manufactura industrial también utilizó en gran parte el carbón, pero su impacto se limitaba a los enclaves donde ésta se desarrollaba. Y no es hasta la irrupción de la máquina de vapor, y el inicio del consumo masivo de carbón por la Revolución Industrial y los procesos de urbanización, que se puede hablar de la contaminación de la atmósfera como un grave problema local. Allí donde se desarrollaban los procesos fabriles, o donde se concentraban las poblaciones urbanas, que crecientemente recurrían al mismo para cocinar o para calentarse, y más tarde para desplazarse en ferrocarril y barcos de vapor. De esta forma, la historia de la contaminación va a seguir los pasos de la industrialización, urbanización y motorización. Sin embargo, aunque la contaminación fuera importante y grave en el siglo XIX en torno a las concentraciones industriales, muchas de ellas fuera de las urbes, pues se ubicaban cerca de las minas de carbón, no se va a convertir en general en un serio problema urbano hasta el siglo XX. Además, en el siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, la contaminación se va a considerar un símbolo de progreso, al que no hacía falta prestar atención. Sobre todo por que los que la sufrían eran principalmente las poblaciones más pobres de los distritos industriales. Aún así, se produjeron levantamientos populares importantes como el que tuvo lugar en Río Tinto, Huelva, en 1888. Una de las primeras luchas “ecologistas” que se saldó con más de cuarenta muertos, tras una fuerte represión para aplacar la revuelta (McNeill, 2003).

Pero en el siglo XX la contaminación se va a intensificar, democratizar, regionalizar (primero) y globalizar (después). La primera mitad del siglo va a estar muy marcada, todavía, por el predominio del carbón, y además las concentraciones industriales en ascenso se desarrollan cada vez más en torno a las ciudades, por la extensión y reducción de los costes de transporte motorizado, que aún seguía siendo mayoritariamente por ferrocarril. El número de coches todavía era en general bastante limitado, pues suponía menos de un millón a escala mundial en 1900, y “tan sólo” alcanzó los 100 millones en torno a 1950. Además, los atascos

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urbanos eran incipientes aún, y en todo caso se daban en las ciudades estadounidenses, las más motorizadas entonces; urbes de nueva creación y que se diseñaban, como vimos, para la utilización del automóvil. Los focos de contaminación principal van a ser pues las grandes concentraciones urbano-industriales del “Norte” planetario. Las ciudades industriales de Gran Bretaña, Francia y Alemania, principalmente, y cada vez más las del Este y Centro de EEUU, de la URSS, y de Japón. Una fuerte industrialización muy ligada a la creciente militarización y a las dos guerras mundiales. En la Periferia, tan solo India y China tenía complejos industriales significativos ligados principalmente al textil, controlados desde Europa Occidental, en especial por Gran Bretaña. Eso sí, muy contaminantes (McNeill, 2003).

Por otra parte, el principal combustible doméstico en las ciudades del Norte industrial era el carbón, y eso agudizaba los problemas de contaminación, democratizando su impacto. Londres, la principal ciudad del mundo entonces, se convertiría en el paradigma de la contaminación urbano-industrial, haciéndose famosa por su “smog” (nuevo término acuñado, como resultado de la conjunción del smoke –humo y hollín- con la fog –niebla-). En 1952 se produciría un episodio de fuerte contaminación, que provocaría un gran número de muertos. Estos episodios cada vez más frecuentes, y los conflictos sociales impulsados por las poblaciones más afectadas, sobre todo en Occidente, protagonizados de forma importante por mujeres, propiciaron ciertos cambios considerables. La creciente erradicación del carbón como combustible doméstico, y su sustitución por gas, y en menor medida electricidad, así como la construcción de grandes chimeneas con el fin de lanzar más alto los contaminantes y ayudar a dispersar la contaminación. Este “incentivo” de la lucha social en la reducción de la contaminación no se produjo en la URSS, donde la aguda represión y el control de la información la segaba de cuajo, lo que fue una de las principales causas del tremendo desastre ecológico soviético (McNeill, 2003).

Pero la expansión irrefrenable del tráfico urbano desde la mitad del siglo pasado iba a traer un nuevo tipo de contaminación a unas metrópolis en plena expansión, que se sumaría a la contaminación industrial y doméstica, ligeramente domesticada; sobre todo a partir de los setenta, por las medidas de “final de tubería” y la extensión del gas natural, más limpio, en los países centrales. Los coches y los autobuses empezaron a inundar las metrópolis del Norte, primero, y del mundo entero, después. Hasta llegar a alcanzar los cerca de 800 millones de automóviles a finales de siglo, doblando los existentes en los setenta (Swedetrack, 2008). Uno de los primeros lugares donde irrumpió con fuerza esa nueva contaminación fue en Los Ángeles, en los sesenta. La ciudad del automóvil por excelencia. Ese hecho, y las circunstancias locales (estancamiento atmosférico, sol y calor), hicieron que se provocara un nuevo fenómeno que era el “smog fotoquímico”7. Un tipo de contaminación que en mayor o menor medida se iba a extender por todas las metrópolis del mundo, en paralelo a la propagación de la movilidad motorizada, siendo especialmente intensa en algunas de ellas (México, Santiago de Chile, Atenas, Seúl, Teherán, etc.). La concienciación y denuncia ciudadana propició un cierto cambio en la emisión de contaminantes de los vehículos en los países centrales, mientras que en los países periféricos la ausencia en general de normas ambientales y la edad del parque motorizado, hacía que la emisión de contaminantes fuera (y sea) bastante más aguda, en muchas ocasiones, a pesar de su menor parque automovilístico.

De esta forma, en la segunda mitad del siglo XX, la contaminación acabó con la vida de unos 30 millones de personas (McNeill, 2003). Muchas de ellas en las megaciudades

7 Una concentración de contaminantes y reacción química por combinación entre los mismos: NOx, SO2, Compuestos Orgánicos Volátiles, Ozono troposférico, etc; que se da junto con la presencia de otros contaminantes industriales y partículas en suspensión.

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periféricas, donde la Fábrica Global se afianza a finales del siglo, sobre todo en el Sudeste Asiático. De esta forma, en la primera mitad del siglo la guerra mató sobre todo a jóvenes, muchos de ellos en el campo de batalla, y en la segunda mitad fue la contaminación la que se cebó en los enfermos, viejos y niños, los más vulnerables, especialmente en las ciudades. La contaminación atmosférica se va a convertir pues en uno de los más graves problemas de las metrópolis, desplazándose en las últimas décadas del siglo la intensidad de su incidencia de las metrópolis centrales a las periféricas, del Sur y del Este. En este sentido, es de destacar la fortísima contaminación de las metrópolis chinas, donde se combina un muy intenso crecimiento urbano, un importante auge de la motorización, y sobre todo una descomunal industrialización. No en vano es la Fábrica del Mundo. China también avanza a todo ritmo hacia su propio desastre ecológico.

Mientras tanto, desde mitad del pasado siglo, la imparable industrialización provocó también graves impactos ambientales cada vez a mayor distancia, a través del aire. En Occidente y en el Este empezó a proliferar el fenómeno de la llamada “lluvia ácida”8, con importantes impactos transfronterizos, lo que repercutió gravemente en bosques, tierras, lagos y ciudades. Entre EEUU y Canadá, en el Norte y Centro de Europa, en Japón, en importantes áreas de la URSS, y en Corea del Sur y China. Al mismo tiempo, desde los sesenta, la proliferación de la utilización de gases CFCs (clorofluorocarbonados) en la industria de la refrigeración y de aerosoles, empezó a alterar la composición del Ozono (O3) de la estratosfera. Los CFC´s tienen la capacidad de destruir la fina capa de Ozono que envuelve la Tierra, al reaccionar con dicho gas, lo que provoca graves impactos sociales y medioambientales. La capa de Ozono tiene como función absorber o filtrar los rayos ultravioletas (UV) que llegan del sol, lo cual hace posible la vida sobre la Tierra. Y, por ello, el agotamiento del Ozono en la estratosfera produce niveles más altos de radiación UV sobre la corteza terrestre, poniendo en peligro el fitoplancton marino y las plantas, animales y seres humanos (los rayos UV son uno de los principales causantes del cáncer de piel). La rapidez e intensidad de este fenómeno, especialmente agudo sobre los casquetes polares, creó un profundo debate político-social a escala mundial en los setenta y ochenta, y los CFC´s fueron finalmente prohibidos en muchos países a partir de la firma del Protocolo de Montreal, en 1987. Sin embargo, el hecho de que esos gases se hayan seguido produciendo hasta ahora en muchos Estados periféricos, junto con la larga vida de los CFC´s (unos 100 años), hace que el deterioro de la capa de Ozono continúe agravándose, aunque a menor ritmo, y así seguirá hasta finales del siglo XXI. De hecho la producción todavía persiste, aunque bastante disminuida. En la actualidad han firmado el Protocolo de Montreal todos los países del mundo, y se ha establecido un Fondo para ayudar a los países periféricos a la transformación de su producción hacia otros gases más “amigables” con el entorno.

– El capitalismo global capaz de alterar el clima mundial Pero el mayor problema ambiental que condicionará el futuro del Planeta y de la Humanidad es muy probablemente el llamado Cambio Climático, producido por el metabolismo del sistema urbano-agro-industrial. A finales del siglo XX estaba ya claro que el capitalismo global estaba siendo capaz de modificar el clima planetario. Un “logro” que parecía difícil de alcanzar hace apenas unas décadas. Es más, una “conquista” arduamente ganada en los últimos doscientos años por los principales actores estatales occidentales, liderados claramente por EEUU en el pasado siglo, y a la que se han incorporado últimamente los grandes Estados emergentes, con China a la cabeza. Eso sí, con fuertes diferencias en

8 Resultado de la combinación de los SO2 y NOx con vapor de agua, provocando ácidos sulfúrico y nítrico, que se precipitan junto con la lluvia, diluidos.

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cuanto a la responsabilidad como causantes de este fenómeno dentro de sus propias sociedades. Pues la utilización en última instancia del flujo energético no es por supuesto la misma según las estructuras de poder, las clases sociales, los niveles de consumo, los territorios, etc., y es la intensidad energética fósil la que determina principalmente la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs). La creciente concentración artificial en la atmósfera de los GEIs es la causa del cambio climático en marcha, pues éstos impiden que el calor recibido del sol vuelva al espacio. Si bien hay una tasa natural de GEIs que permite el equilibrio del clima y el desarrollo de la vida.

Los GEIs serían: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido Nitroso (NO2), Ozono (O3) y otros de carácter residual. Indudablemente el más importante en cuanto a su contribución al Cambio Climático es el CO2 (en torno al 60%), que proviene de la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Es decir, del metabolismo base del sistema urbano-agro-industrial (producción industrial, actividad agropecuaria industrializada, transporte, generación de energía eléctrica, calefacción, etc.). Además, el hecho de la fuerte desaparición de bosques desde mediados del siglo XX, como luego veremos, hace que se reduzca de forma muy sensible uno de los principales sumideros de carbono. Y la expansión de la agricultura industrializada contribuye en el mismo sentido, aparte de que es uno de los principales sectores emisores de CO2. Todo ello acentúa la concentración del CO2 en la atmósfera, al alterarse el ciclo del carbono. Igualmente, el otro gran sumidero de carbono que son los mares y océanos está saturándose cada vez más en esta función, debido también a la elevación de temperatura de los mismos (como resultado del cambio climático en marcha), lo que aumenta al mismo tiempo su grado de acidez, con efectos potenciales negativos en la vida marina. Y eso que la subida de temperatura al filo del nuevo milenio era grosso modo de tan solo medio grado; resultado de haber pasado la concentración CO2 de 280 ppm antes de la Revolución Industrial a 360 en 2000, y 380 en la actualidad (IPCC, 1990 y 2007).

Sin embargo, la importante emisión de otros GEIs contribuye también al agravamiento del Cambio Climático. Es más, su efecto potencial como gases de invernadero es bastante o muy superior al del CO29, si bien la cuantía de los mismos en la atmósfera es mucho menor, y por tanto su impacto global más reducido; aparte de que su responsabilidad histórica es también más limitada, al haberse activado su emisión desde la segunda mitad del siglo XX, principalmente. Así, la participación del Metano y de los CFCs es más o menos similar, sumando ambos un tercio del efecto invernadero total. El incremento del Metano proviene fundamentalmente del fuerte aumento del ganado a nivel mundial a lo largo del siglo XX, y muy en concreto en los últimos cincuenta años, como luego veremos; aunque también contribuye al mismo la expansión de los arrozales y la explosión de vertederos, junto con el uso de combustibles fósiles. La emisión de los CFCs se ha concentrado en las últimas décadas del pasado siglo, si bien su efecto potencial como gas de invernadero es el más nocivo de todos (ver nota 8). Por último, el NO2 es responsable de menos del 10% del efecto total de los GEIs a escala mundial, y su emisión corresponde especialmente a la utilización de abonos químicos en la agricultura industrializada (IPCC, 1990 y 2007).

En cualquier caso, el Cambio Climático era un fenómeno tan sólo incipiente en el siglo XX, aunque ya fuera denunciada su existencia en las últimas décadas del mismo, señalándose su origen antrópico y su rápida evolución, en términos históricos. De hecho, la primera conferencia mundial que alertaba sobre el cambio climático se realiza en 1979, en Ginebra, se

9 La eficacia por molécula para generar efecto invernadero es de más de 20 veces en el caso del Metano, respecto del CO2, más de 200 veces en el NO2, y de 14.000 veces en los CFCs (IPCC, 1990).

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retoma el tema en el Informe Brundtland (“Nuestro Futuro Común”), en 1987, y el primer informe oficial del IPCC, el organismo de NNUU que se creo para abordar este tema, es de 1990 (Murray, 2009). Por citar tan solo los principales hitos antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), uno de cuyos resultados fue abrir el proceso que daría lugar, en 1997, al Protocolo de Kioto; que no se conseguiría aprobar hasta 2004, por la oposición de EEUU y otros países “desarrollados”. Un Protocolo que tan sólo obligaba a los países signatarios a “reducir” tímidamente sus emisiones, al tiempo que promocionaba soluciones basadas en la expansión del mercado (comercio de emisiones, “mecanismos de desarrollo limpio”, etc.), como (falsa e injusta) vía para atajar el Cambio Climático en marcha10.

Por otro lado, las tesis negacionistas del Cambio Climático estaban en pleno auge a finales del pasado siglo, impulsadas sobre todo por la industria petrolera, los sectores republicanos de EEUU, y los principales países extractores de recursos petrolíferos (con Arabia Saudí a la cabeza). Pero los problemas ecológicos fundamentales, entonces, se desarrollaban por así decir a ras del suelo, principalmente, y estaban relacionados solo tangencialmente con el Cambio Climático. Esto es, el progresivo agotamiento de recursos (sobre todo no renovables) y la alteración y contaminación de los ecosistemas, como seguiremos viendo a continuación. La atmosfera mundial estaba cambiando lentamente, pero no se “veía” y no se “sentía”. O no de forma palpable, todavía. Si bien, tal y como analizaremos al tratar el siglo XXI, el Cambio Climático promete ser un gravísimo problema, generado por el metabolismo del capitalismo global, que sí incidirá en el futuro de forma muy seria en la propia base de recursos, en los ecosistemas y, por supuesto, en las sociedades humanas. De hecho, lo está haciendo ya (sequías extremas, lluvias torrenciales, regresión de glaciares y casquetes polares, y subida paralela del nivel del mar, incremento de la desertización, afección a los ecosistemas y biodiversidad, etc.), repercutiendo más gravemente en los países del Sur Global, a pesar de que su origen principal está en el Norte del planeta. Pero todo esto lo desarrollaremos más tarde con mayor profundidad, como decimos, al hablar de la Crisis Global actual. Aquí, pues, tan solo apuntar que esta profunda transformación ambiental ya estaba en marcha en el pasado siglo, y que el conocimiento respecto a este proceso ya se empezó a dar en la segunda mitad del mismo.

10 Hemos entrecomillado los objetivos de reducción (de tan solo el 5% en teoría en 2012 respecto a 1990), porque no se establecían medidas obligatorias para lograrlo, y porque los instrumentos que se apuntaban, basados como señalamos en mecanismos de mercado, incentivaban el dar derechos de emisión a los mayores contaminantes, privatizando por así decir la atmósfera. Igualmente se intentaba crear un mercado artificial: el mercado de carbono, sometiéndolo a la lógica financiera, al tiempo que se dejaban importantes sectores fuera de los objetivos de reducción (como el transporte y la agricultura industrializada, entre otros), y se promovía la aplicación de falsas medidas (los “Mecanismos de Desarrollo Limpio” –MDLs-) para intentar compensar en los países periféricos (no signatarios del Protocolo), reducciones que se deberían llevar a cabo dentro de los Estados centrales. Y, además, estos MDLs se inscribían en la lógica de funcionamiento del actual capitalismo global (financiarizado), y posibilitaban a los principales actores empresariales y financieros beneficiarse de esta falsa reducción, propiciando la apropiación de recursos naturales y territorios, y provocando importantes impactos sociales. Todo ello ayudado por la extrema dependencia que manifiestan los Estados periféricos de los capitales exteriores en divisas fuertes, dentro del actual orden mundial y en un contexto de fuerte endeudamiento del Sur. Finalmente, la firma de los países del Este del Protocolo de Kioto, fue la que hizo factible su aprobación en 2004, pues se necesitaba un número mínimo de Estados para que entrara finalmente en funcionamiento. El anzuelo que se les puso fue también de índole económica, una vez que estos pasaron a depender de la lógica del capitalismo global. Al haberse contraído bruscamente su PIB como resultado del colapso de la URSS y de la profunda crisis de toda su área de influencia, dichos Estados disponían del llamado “Aire Caliente” (emisiones que habían dejado de realizar como resultado de su quiebra industrial) que podían vender en el mercado de emisiones, consiguiendo divisas externas en un momento de fuerte dependencia de los capitales externos occidentales.

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En suma, la historia de la producción industrial y la combustión fósil del siglo XX ha determinado ya en gran parte las condiciones de la atmósfera para los próximos siglos. Es más, en el pasado siglo empieza también, otra vez en su segunda mitad, y especialmente ensus últimas décadas, la progresiva colonización de la propia atmósfera. Ésta se halla cada vez más saturada de satélites circunvalando la Tierra, puestos en órbita por las distintas potencias en su ánimo de dominar el espacio, con fines políticos-económicos y sobre todo militares. Pero esta proliferación de objetos aéreos, y sobre todo el fin de su vida útil, así como la existencia de propulsión nuclear en muchos de ellos, esta generando una basura espacial crecientemente peligrosa y tóxica. Dichos desechos espaciales equivaldrían a unas 100.000 minas antipersonas, lo cual está creando poco a poco una “cárcel” de la que puede llegar a ser difícil salir en un momento determinado (Herrero, 2009).

La perturbación de la Biosfera: Un golpe de Estado biológico

Muchos de los impactos en la Biosfera del sistema urbano-agro-industrial en el siglo XX ya han sido mencionados antes, en especial los de índole físico-química, pero ahora apuntaremos la repercusión más directa de los mismos sobre la vida. Sobre los ecosistemas y las propias especies, en definitiva sobre la Biosfera como suma de todos los hábitats donde se desarrolla la vida. Hasta el siglo XX el desarrollo de la vida estuvo marcado por la evolución genética, con importantes convulsiones históricas en ocasiones, grandes extinciones de especies, como resultado de cambios cósmicos, impactos de meteoritos y causas endógenas de la transformación de la propia Biosfera (supervolcanes, grandes glaciaciones, etc.). Hasta ahora ha habido cinco extinciones masivas, la última la del Cretácico, hace 65 millones de años, cuando desaparecen los dinosaurios, entre otros muchos millones de especies, y ahoraestaríamos entrando en la sexta. Ésta última, la actual, como veremos, ha sido denominada la del Holoceno, o periodo geológico de la evolución hasta el presente. Pero ya hay declaraciones científicas y autores que la relacionan, como decíamos al principio, con la entrada en una nueva era geológica: el Antropoceno. Y en esta nueva era la causa principal de la extinción masiva no es el cosmos, los meteoritos, los volcanes o las grandes glaciaciones, sino simplemente el presente capitalismo global y la Sociedad Industrial. Pero no es el conjunto del Homo sapiens como especie el que la provoca, sino un determinado sistema, eso sí, una construcción humana, que ha ido involucrando a una parte cada vez mayor de la especie en su dinámica infernal, y que tiene ya una repercusión biosférica. Es más, actividades humanas que hasta el siglo XX habían sido en mayor o menor medida sostenibles (agricultura, pesca, gestión de los bosques), es decir, renovables, dejaron de serlo como resultado del triunfo planetario de la presente Megamáquina Global, de origen antrópico.

-Insostenibilidad de la industrialización de la agricultura, explotación de bosques y pesquerías

La intensificación de la utilización de recursos en teoría renovables, mediante la industrialización masiva, va a convertirse en el pasado siglo en una actividad cada vez más insostenible, aunque aún continúe manifestándose. Su funcionamiento bajo la lógica del mercado, basada en el imperativo del crecimiento continuo y la aplicación de tecnologías que serían impensables sin el consumo masivo de combustibles fósiles, han sido la causa de ello. Siendo muy especialmente el petróleo, como veremos, el que lo hace en última instancia factible. Lo cual va a tener una tremenda importancia de cara al funcionamiento de los ecosistemas locales y al devenir de Gaia en su conjunto. A continuación, pues, haremos un rápido repaso de los tremendos cambios producidos en el siglo XX en estos ámbitos claves para el funcionamiento y mantenimiento del sistema urbano-agro-industrial global, antes de

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pasar a analizar su impacto en la pérdida de biodiversidad. Y, en definitiva, en la capacidad de la Biosfera para poder mantener este ritmo mucho tiempo, pues como veremos se ha desbordado ya hace décadas su biocapacidad.

-La Revolución Verde, un gigante depredador y tóxico con pies de barro

En relación con la globalización de la agricultura industrializada, su evolución e impactos ya fueron abordados anteriormente en el libro, por lo que aquí tan solo realizaremos algunas consideraciones sumarias para el objetivo que buscamos en esta pieza del análisis del siglo

XX: resaltar su impacto ambiental. En primer lugar, cabe destacar que el balance energético de la agricultura industrializada es absolutamente deficitario, es decir, consume bastante más energía que la que produce, en contraste con la agricultura tradicional (Naredo, 1979; Carpintero y Naredo, 2006); y su gran incremento de productividad y “éxito” es causa de un enorme consumo energía fósil, especialmente de oro negro (fertilizantes químicos, mecanización, bombeo de agua, transporte). Es eso lo que ha hecho factible que en el pasado siglo a pesar del fuerte crecimiento poblacional mundial en dicho periodo (cuadriplicación del número de habitantes y ampliación importante de la esperanza de vida), la extensión de la superficie agrícola mundial “tan sólo” se duplicara. Es más, en 1900 la agricultura que se practicaba en el mundo era una agricultura no industrializada, que seguía en general las técnicas de hace mil años11; dedicando del orden de una cuarta parte de la tierra a mantener el ganado, que proporcionaba además gran parte de los nutrientes necesarios. Y a finales de siglo, la agricultura industrializada se extendía ya por gran parte del planeta, haciendo posible la alimentación de una población mundial altamente urbanizada (grosso modo el 50% de la misma), y el mantenimiento de una enorme cabaña ganadera destinada principalmente a abastecer de carne a las clases medias y altas del mundo, en especial en los países centrales. Este Agrobusiness estaba organizado en centros y periferias claramente diferenciados, siendo éstas últimas las que proporcionaban los insumos principales al sistema agropecuario y alimentario de los primeros, comprometiendo a su vez gravemente su soberanía alimentaria. Al tiempo que los grandes agroexportadores centrales erosionaban gravemente la viabilidad de las agriculturas autóctonas periféricas (poco o nada industrializadas) en base a un comercio mundial totalmente asimétrico. Pero esta Revolución Verde, como se la ha denominado, ha estado basada, y ha provocado, crecientes impactos ecológicos. Por un lado, los ocasionados por la extensión de la “frontera agraria”, lo que ha alterado ya más del 10% de la tierras emergidas mundiales (cinco veces la extensión del espacio construido mundial) (Murray et al, 2005), sobre todo aquellas más llanas y, en principio, más fértiles; al tiempo que ha presionado muchas veces para desplazar a la llamada agricultura de subsistencia (y el pastoreo) hacia tierras más marginales y con orografía más accidentada, acentuando el impacto ambiental. Por otro lado, están los impactos derivados del metabolismo agrario sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres: la eutrofización de recursos hídricos subterráneos y superficiales (ya mencionada, y a la que contribuye activamente); la degradación de los suelos, como resultado de la intensificación de sus ritmos naturales, al igual que la salinización creciente del mismo; y el fuerte incremento de la tasa de erosión y, en definitiva, la pérdida de suelo fértil en muchas ocasiones. De hecho, la agricultura industrializada ha incrementado entre dos y tres veces los ritmos naturales de erosión, acentuando los problemas de desertificación que afectan, como

11 La mecanización agraria se iniciaría tímidamente antes de mediados del siglo XIX en Gran Bretaña y EEUU, con trilladoras y segadoras tiradas por caballos. Y después de 1850 por máquinas impulsadas por vapor, si bien su coste y peso hicieron muy cara y compleja su extensión. La industrialización mediante tractores no empezaría hasta los años 20 del siglo pasado en EEUU (McNeill, 2003).

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dijimos, a un tercio de las tierras emergidas del mundo; y, además, ha degradado una cuarta parte de la superficie cultivada mundial. Igualmente, la agricultura industrializada ha fomentado los monocultivos, es más, es impensable sin recurrir a los mismos, lo que ha provocado una importante pérdida de biodiversidad. Todo ello ha generado auténticos “desiertos verdes”, donde no se escuchan los sonidos de la primavera (como nos señala “La Primavera Silenciosa”), y ha agravado la proliferación de plagas, al alterar los equilibrios ecológicos; haciendo necesario un cada vez mayor aporte químico (pesticidas y herbicidas) para mantener la productividad, y ampliando el impacto tóxico sobre los ecosistemas agrarios. Esta deriva se ha agudizado, como apuntamos, por la introducción de la agricultura transgénica, creando la posibilidad de mutaciones incontrolables. Potenciales Frankensteins jugando con la biodiversidad (McNeill, 2003).

En cualquier caso, conviene afirmar que estos impactos globales no son homogéneos, sino que indudablemente se concentran allí donde la agricultura industrializada se ha extendido más y lleva más años de existencia. Sobre todo en EEUU y UE, pero también en los grandes agroexportadores mundiales (Australia, Brasil, Argentina, Paraguay, Indonesia, Colombia, etc.). Además, la producción en gran escala existente en los mismos está dominada por los conglomerados del Agrobusiness, que controlan también la producción de semillas. Sin embargo, todavía casi la mitad de la producción agrícola mundial se realiza al margen de este modelo, y en gran parte al margen del mercado, con muy bajo consumo energético fósil y bajo impacto ambiental, en general, en base a conocimientos locales ancestrales, y trabajo humano y animal. Pero su misma existencia está amenazada por la expansión irrefrenable, hasta ahora, de la agricultura industrializada global. Sin embargo, a finales del siglo XX, la destrucción ambiental promovida por la expansión de la agricultura estaba ya empezando a pasar factura. Los altos rendimientos de productividad alcanzados en los últimos cincuenta años del siglo XX, cuando casi se triplica la producción mundial agraria, excediendo el crecimiento poblacional global, se empiezan a erosionar, haciendo cada vez más necesarios aportes químicos crecientes, y la producción mundial se estanca (Hines et al; 2006; Bermejo, 2007). Al tiempo que se empiezan a percibir los primeros síntomas del impacto del Cambio Climático sobre la productividad agraria.

-La explotación industrializada amenaza los bosques del mundo

Más de la mitad de los bosques originarios del mundo han sido ya talados o han sufrido un deterioro irreversible. Este proceso se ha llevado a cabo desde hace unos 8000 años, pero indudablemente se intensificó y aceleró desde la Revolución Industrial, sobre todo en el Hemisferio Norte12, y explosionó especialmente en el siglo XX. Principalmente por las posibilidades que brindó la explotación mecanizada e industrializada de las masas forestales, en concreto en la segunda mitad del pasado siglo, con la ayuda inestimable e imprescindible del petróleo. Hasta entonces, el enorme requerimiento de mano de obra había frenado la tala rápida y masiva, sobre todo en el Sur del Planeta. Sin embargo, la aparición de la motosierra y la maquinaria pesada eliminó cualquier tipo de traba a la explotación forestal intensiva. De esta forma, desde 1950 la deforestación se plasmó de forma prioritaria en el Hemisferio Sur, en especial en sus selvas tropicales, verdaderos paraísos de biodiversidad. Mientras que, en general, la destrucción arbórea en el Hemisferio Norte remitió en gran medida (salvo en las zonas boreales, donde se intensificó), debido a presiones socio-políticas, a consideraciones estratégicas, y a políticas de reforestación (y explotación) con “ejércitos de árboles”. Así pues, más de un cuarto de la superficie emergida mundial tiene todavía cubierta forestal, si bien tan

12 Debido a la industrialización, el crecimiento urbano, la extensión de la frontera agraria y el desarrollo del ferrocarril. Los ferrocarriles europeos y norteamericanos echaron por tierra bosques enteros.

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sólo la mitad aproximadamente es bosque originario. Y sobre todo ello planea un creciente deterioro de los bosques en general (McNeill, 2003; Murray et al, 2005; Diamond, 2007).

Las causas de todo este proceso son múltiples. La tala y destrucción de bosques viene determinada sobre todo por: la expansión de la frontera agraria, más intensa en la segunda mitad del siglo XX en el Hemisferio Sur; la paralela explotación industrializada de las selvas tropicales, en América Latina (en especial el Amazonas), África Subsahariana (principalmente en la cuenca del Congo) y Asia Oriental y Pacífico (Indonesia, Filipinas, etc.); la explosión del crecimiento urbano-metropolitano, y la consiguiente construcción de infraestructuras de conexión; la gran expansión de la minería y las graveras; la apertura a la explotación de las bosques boreales en Canadá y Rusia; la creciente presión del Norte sobre los recursos forestales del Sur, con el fin de conservar sus propios bosques; y el consumo humano de leña, sobre todo en el Sur, debido también a la presión poblacional. Todas estas dinámicas se aceleraron en las últimas décadas del pasado siglo, como ya hemos indicado, llegando a alcanzar cifras espectaculares al final del milenio. Más de 200.000 km2 al año de deforestación; es decir, la mitad de la superficie de España. Por otro lado, la reforestación, y en general su posterior explotación, se debe principalmente al fomento de la industria papelera, como resultado del incremento exponencial de la demanda mundial de papel. La reforestación no solo se produce en el Hemisferio Norte, sino que se intensifica también cada vez más en el Hemisferio Sur, como parte de la explotación industrializada de los bosques. Finalmente, el creciente deterioro de las masas arbóreas viene determinado por el incremento de la contaminación (en especial las lluvias ácidas), la expansión de plagas (que se acelera en los monocultivos forestales), las estrategias de lucha militar para “desemboscar” al enemigo (p.e., defoliantes químicos como el agente naranja en Vietnam) y el incipiente cambio climático (auge de incendios, sequías, etc.) (McNeill, 2003; Diamond, 2007).

Las consecuencias de esta pérdida de masa forestal mundial, y del deterioro de la misma, son dramáticas. En primer lugar, por la pérdida de biodiversidad que conlleva (de microorganismos, vegetales y plantas), sobre todo en las selvas tropicales donde se hallan los grandes almacenes de la biodiversidad planetaria. Más de la mitad de la existente en todo el mundo. Pero también esta pérdida de biodiversidad se da en los bosques secos y montes bajos tropicales, los más afectados por la presión agraria, el sobre-pastoreo, la expansión urbanometropolitana y la búsqueda humana de leña. El combustible de prácticamente la mitad de la Humanidad, los pobres del mundo. Igualmente, la pérdida de bosques también conlleva otros procesos que acentúan indirectamente estas dinámicas. La pérdida de pluviosidad y de suelo fértil, así como el incremento de la sequedad del suelo y la erosión. Además, asistimos a un creciente troceamiento del territorio forestado, debido al auge de construcción de infraestructuras, que empobrece adicionalmente la biodiversidad y daña los ecosistemas forestales, al no alcanzar la masa crítica suficiente para su mantenimiento. Por último, la sustitución del bosque originario por “ejércitos de árboles” reforestados, muchas veces no adaptados a la vocación de los suelos (p.e., plantaciones de eucaliptos, una especie no autóctona de crecimiento rápido), conlleva una fuerte degradación de los ecosistemas donde se desarrolla. Degradación que implica una caída abrupta de la biodiversidad previa y una aguda degradación del suelo, sobre todo por el manejo mecanizado que supone la explotación industrializada.

Toda esta destrucción no se ha llevado a cabo sin fuertes resistencias sociales, que en ocasiones han conseguido frenar o revertir, en parte, los procesos. El movimiento Chipko de las mujeres del Himalaya es quizás el más conocido a escala mundial como principal exponente de estas luchas, y testigo también de sus éxitos limitados. Así, las mujeres de la

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región Uttar Pradesh, en el Norte de India, se abrazaban a los árboles (de ahí el nombre Chipko que significa abrazar en hindi) como forma de defensa no violenta activa de sus recursos comunales y vitales. Otro ejemplo es el movimiento Cinturón Verde en Kenia, también protagonizado por mujeres (entre ellas, la Premio Nobel Wangari Maathai). Estas son muestras del llamado Ecologismo de los Pobres, que se desarrolla en muchas partes del mundo ante la agresión de la Sociedad Industrial sobre los recursos naturales de los que dependen la vida de comunidades enteras (Martínez-Alier, 2005). Pero, por supuesto, no son los únicos ejemplos de defensa de los árboles, o de denuncia de las políticas de reforestación no autóctona, que poco a poco van proliferando por el mundo.

-La pesca industrializada arrasa con las pesquerías mundiales

El pescado es la principal fuente de proteínas para unos 1000 millones de personas, menos de la sexta parte de la población mundial, y para la mitad de la Humanidad es un importante complemento dietético. Pero esta importante fuente de proteínas, y verdadero placer culinario, está gravemente amenazada. Desde principios de la década de los noventa del siglo XX, las capturas mundiales de pesca han iniciado una tendencia a la baja, después de crecer fuertemente en el periodo 1950-73, y sobre todo en los ochenta. Esto es, coincidiendo con los periodos de energía barata, y en concreto petróleo barato. Pero también con la creciente industrialización y capacidad de depredación de las artes pesqueras, como veremos a continuación. El “pico” mundial de capturas de pescado se situó pues en algo más de 90 millones de tns en los primeros años noventa del pasado siglo; cuando en 1950 fueron menos de 20 millones. Y es preciso recordar que cerca de un 30% de las capturas se destinan a uso no humano, convirtiéndolas en pienso para engordar ganado. Sin embargo, desde entonces la tendencia de la pesca marina es declinante, aunque con altibajos. La razón es que grosso modo el 80% de las poblaciones mundiales de peces se encuentran sobreexplotadas (el 50%) o ya plenamente explotadas y colapsadas (el 30% restante, con caídas del 90% de su tasa máxima de extracción). Desde entonces, las capturas están creciendo principalmente en el 20% remanente, todavía sin sobreexplotar, y a costa de ir bajando en la esquilmación de la cadena trófica, pero sin que estas dinámicas logren revertir la tendencia general a la baja, que ya es clara y definitiva al día de hoy; a pesar de las políticas paliativas de restricción de capturas en las aguas de la UE. Y las previsiones son que al ritmo actual de explotación todas las especies marinas de peces estén colapsadas para mediados del siglo XXI. Además, la creciente captura de los niveles tróficos inferiores pueden provocar una brusca fractura en los ecosistemas marinos, de carácter irreversible (McNeill, 2003; FAO, 2008; Pauly et al, 2002).

La próxima generación, pues, puede ser la última que pueda comer peces en estado salvaje. Eso sí, solo una parte muy reducida de ella, porque la oferta será muy limitada y los precios probablemente se pondrán por las nubes. El resto de la población mundial, o los que puedan y quieran de entre ella, se verá obligado a comer peces “cultivados”, una modalidad en fuerte expansión desde los años ochenta del siglo XX. Ya en la actualidad la mitad del pescado que se consume en el mundo proviene de piscifactorías. De esta forma, podemos decir que a finales del siglo XX se estaba produciendo una transición en los mares equivalente a la del Neolítico, con el desarrollo de la acuicultura. ¿Pero cómo se ha llegado a este estado deplorable de las pesquerías mundiales?¿Dónde se encuentran más agotadas las especies capturadas?¿Y quiénes se han beneficiado (y se benefician) principalmente de esta sinrazón? Pues algo así no se había producido nunca en los 200.000 años que lleva el Homo sapiens sobre la corteza terrestre, comiendo peces y crustáceos de sus ríos y costas, y en los miles de años que lleva cruzando los mares y abasteciéndose de ellos. Y todo ello tuvo lugar especialmente en la segunda mitad del siglo XX, es decir, en tan solo 50 años, aunque la

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“fiesta” (para algunos) continúe a duras penas hasta el presente. Eso sí, con tremendas consecuencias también para los ecosistemas marinos (McNeill, 2003; FAO, 2008).

La razón principal de haber llegado hasta aquí es la intensificación sin precedentes de las capturas que permite la pesca industrializada, impulsada especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Nuevas técnicas altamente depredadoras (pesca de arrastre, con mortalidad de otras especies por los descartes) y barcos cada vez más grandes que las aplican, sobre todo en alta mar, una vez agotados los recursos pesqueros de las plataformas costeras. Los nuevos gigantes del mar equivalen a más de 1000 barcos de pesca artesanal. Estos Goliaths pesqueros exigen una compleja tecnología (basada además en la congelación) y consumo energético, que requiere una gran inversión de capital, y necesita funcionar non-stop, 24 horas al día, para rentabilizarse. Los poseedores de estas flotas altamente tecnologizadas son grandes empresas de los países centrales (Japón, UE, EEUU y Canadá), y son ellas las que más están arramplando con los recursos pesqueros mundiales; aunque cada vez más se suman rápidamente grandes actores emergentes. Especialmente China, el principal país pesquero del mundo, hasta hace poco con una flota escasamente tecnologizada, pero desde hace años ya en proceso de fortísima industrialización pesquera, junto con Corea del Sur; aunque también lo hacen Perú, Chile y México en América Latina y Caribe. Las flotas altamente tecnologizadas de los países centrales, y poco a poco de los nuevos actores emergentes, han ido desplazando paulatinamente a la pesca artesanal, primero en los mares y océanos que bordeaban los territorios centrales, y más tarde en los del mundo entero. Aún así, la gran mayoría de la pesca artesanal mundial está todavía en Asia y Pacífico (India, Indonesia, Vietnam, Filipinas, etc.), y en bastante menor medida en America Latina, Caribe y África (FAO, 2008). La destrucción de empleo en este sector está siendo salvaje. Es más, es toda una forma de vida más en consonancia con los límites ambientales y los ritmos naturales la que se viene abajo, afectando a comunidades enteras.

Los caladeros más esquilmados son pues los del Atlántico Norte, parte del Océano Indico y el Pacífico Noroccidental (en torno a Japón, China y Corea del Sur), caminando cada vezmás en la misma dirección los caladeros de América Latina, Caribe y África (FAO, 2008). No en vano el consumo principal de pescado se da en Japón, UE, EEUU-Canadá, China y Corea del Sur, y cada día más estos actores los extraen de los segundos. Chile y Perú son importantes consumidores de pescado también, pero hasta ahora tienen abundantes recursos propios. Y fue Perú el que exigió (y consiguió) la creación a partir de los 70 del pasado siglo de las llamadas Zonas Económicas Excluyentes, de doscientos kms, que asignan el control de las plataformas marinas continentales a los Estados ribereños. En el momento histórico en que las flotas del Norte ampliaban su radio de pesca al mundo entero. Sin embargo, este acto de soberanía es un arma de doble filo, pues hace que los países periféricos, ante su asfixia económica, vendan por un “plato de lentejas” el acceso a sus caladeros. Es una de las maneras de intentar reducir su endeudamiento exterior, al tiempo que sus elites se aprovechan de esta situación. El caso más dramático es el de muchos países africanos que venden por lo que pueda costar un piso amplio en el Barrio de Salamanca en Madrid (en torno al millón de euros), el acceso irrestricto a sus recursos pesqueros (Babiker, 2009). Sin embargo, la tremenda situación creada por la quiebra de sus flotas artesanales, ante la esquilmación creciente de recursos, y el propio colapso inducido de sus Estados, está propiciando la proliferación de la piratería que aborda las flotas occidentales para exigir rescates millonarios. Sobre todo en el Índico. Es su nueva fuente de recursos, una vez desaparecida la pesca para ellos. Y las flotas de la Unión Europea se ven obligadas a armarse hasta los dientes, apoyadas por barcos de guerra de la OTAN y la UE, para ejercer su actividad. En otros países del África

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Occidental sus antiguas embarcaciones (cayucos y pateras) se utilizan para intentar llegar a las costas de la Unión Europea por una población desesperada.

Así pues, la actividad pesquera mundial se ve obligada a orientarse cada vez más hacia la acuicultura, ante el creciente desfondamiento de las especies marinas salvajes. Lo cual supone un fuerte deterioro de la calidad y salubridad del pescado obtenido. Esta actividad ya se desarrollaba limitadamente en aguas continentales en la primera mitad del pasado siglo, pero es a partir de 1950 cuando se va a intensificar, experimentando un fuerte desarrollo desde los ochenta, sobre todo por el creciente deterioro ambiental de los ríos del planeta. Sin embargo, la pesca en aguas continentales es tan sólo el 10% del total mundial, siendo el 90% marina. Y va a ser sobre todo en aguas marinas, en los bordes costeros, donde se va desarrollar la cría en cautividad de especies cada vez más escasas. El desarrollo de esta modalidad ha sido verdaderamente espectacular en los últimos años, significando en la actualidad la mitad de la oferta mundial de pescado, como decíamos. La acuicultura en el mundo está liderada por los países de Asia y Pacífico (dos terceras partes del total mundial), y muy especialmente cada vez más por China; tanto en sus propias aguas como en aguas de territorios periféricos cercanos (Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia) (FAO, 2008). Otros importantes actores en esta actividad son Noruega y Chile, con la cría en cautividad del salmón. Pero la que ha experimentado un crecimiento impresionante en las últimos años ha sido la cría en cautividad de camarones (gambas y langostinos), actividad que se da sustituyendo manglares para establecer estas granjas marinas. Es un fenómeno que afecta a muchos países del mundo, pero que una vez más es especialmente intenso en el Sudeste Asiático y Pacífico. El impacto ecológico de esta actividad es muy alto, pues normalmente estas granjas se abandonan a los pocos años ante el agotamiento nutritivo del medio. Y es preciso recordar que los manglares son espacios de una altísima biodiversidad, con gran capacidad para absorber carbono y con un importante valor como “colchón” protector en la interfaz tierra-mar. De hecho, su desaparición en muchos lugares del sudeste asiático agravó las consecuencias del Tsunami que barrió esta región a finales de 2005.

– El progresivo colapso de la biodiversidad planetaria La creciente insostenibilidad de la agricultura y la pesca industrializada, así como de la gestión asimismo industrializada de los bosques, junto con la expansión física del modelo urbano-industrial, y el impacto negativo de su metabolismo, son las causas de la acelerada pérdida y degradación de la biodiversidad planetaria. Es por eso que decimos que estamos asistiendo a un verdadero Golpe de Estado biológico por parte del sistema urbano-agroindustrial mundial, que se desencadena sobre todo en el siglo XX. Pero, además, a ello se suma que en el pasado siglo el trasiego de especies ha adquirido una dimensión nunca vista hasta ahora a lo largo de la Historia de la Humanidad. Un trasiego en parte activado por la propia expansión y funcionamiento de la Sociedad Industrial, pero también consecuencia (no buscada) de las dinámicas comerciales del capitalismo global. Tras la aceleración de las invasiones biológicas ocasionadas por el imperialismo europeo, a partir de la circunnavegación de África, y sobre todo de la llamada Conquista de América, ya comentados en otra parte del libro, el pasado siglo va a presenciar una verdadera vorágine en términos históricos de las bioinvasiones de especies foráneas. El sistema urbano-agro-industrial ha actuado pues como un verdadero aprendiz de brujo, desatando dinámicas biológicas cuyos impactos en los ecosistemas no puede controlar. Lo cual está generando una creciente homegeneización y simplificación intercontinental e interoceánica de la flora y la fauna, de graves consecuencias sobre la biosfera.

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Los ejemplos de bioinvasiones son multitud, y aquí tan solo citaremos algunos de los más conocidos. Uno de los más relevantes es el de la introducción británica del conejo en el continente australiano, que ha desencadenado un verdadero desastre ecológico. El conejo procedente de Europa (en concreto de España) se multiplicó como una verdadera plaga, pues no tenía depredadores, generando una fuerte degradación ambiental. Además, el conejo consume la mitad del pasto que podría ir a las ovejas o al vacuno, creando también un muy serio problema socio-económico. Por otro lado, la penetración del conejo en la Patagonia ha tenido también impactos muy negativos. La grafiosis del olmo sería otro de los ejemplos de libro. La grafiosis es una enfermedad fúngica que afecta al olmo, y proviene de Asia, donde las especies de olmos son más resistentes. La enfermedad llegó a Europa durante la Primera Guerra Mundial, generando una alta mortandad de olmos. De Europa saltó luego a EEUU, provocando también un fuerte impacto en las poblaciones de olmo. Y de allí parece que brincó otra vez a la Península Ibérica, donde prácticamente ha arrasado con los olmos existentes. La introducción de la llamada Perca del Nilo en el lago Victoria sería también un ejemplo de desastre biológico, pues implicó la desaparición de más de doscientas especies locales que habían sustentado la pesca tradicional durante miles de años. Además, la Perca orientada a la exportación acabó con la forma de vida de la población local, intensificando la pobreza. Por último, resaltaríamos asimismo el caso del mejillón cebra y su tremenda capacidad invasora. El mejillón cebra procede del Caspio y el Mar Negro, donde habita en equilibrio biológico. A finales del siglo XIX se extendió por Europa oriental a través de la navegación de los ríos en esa región. Pero en el siglo XX empezó a invadir América del Norte y Europa Occidental, debido al transporte marítimo de mercancías. Y en la actualidad se sigue extendiendo por gran parte del mundo, colonizando ríos, lagos y embalses, provocando importantes daños ecológicos y socio-económicos (McNeill, 2003; Sauper, 2004; Diamond 2007).

Además, la propia actividad humana ha hecho progresar un puñado de especies “elegidas” (ratas, cucarachas, palomas, gaviotas, etc.), especialmente en las grandes áreas urbanometropolitanas. Y sobre todo unas 40 especies de animales y unas 100 de plantas que han aumentando de forma exponencial sus poblaciones planetarias, y que han ascendido de rango gracias a la domesticación, ocupando y demandando cada vez más espacio ambiental global. El vacuno se multiplicó por cuatro en el siglo XX, lo mismo que el caprino y el lanar (como la población humana mundial), los cerdos por diez, y las aves de corral nada menos que veinte veces. Es decir, estos últimos mucho más deprisa que los seres humanos. Lo cual está haciendo que la Biosfera esté cada vez más condicionada por el sistema urbano-agroindustrial creado por el Homo sapiens. En definitiva, esta manipulación de biodiversidad por parte de la Sociedad Industrial, junto con las bioinvasiones provocadas por ésta, y el comercio de formas exóticas de vida (monos, primates, loros, tortugas, reptiles, peces ornamentales, corales, cactus, etc.), que se ha convertido en un negocio de primer orden, a pesar de estar en teoría prohibido, están provocando una de las grandes convulsiones históricas de la flora y la fauna mundiales, que corre paralela a la gravísima pérdida de biodiversidad planetaria. Y a todo ello se suma la capacidad de alteración de la biodiversidad que tienen los Organismos Genéticamente Modificados que se están difundiendo por la industria biogenética desde hace unos años en la Naturaleza. Sobre todo en EEUU y en muchos de los grandes agroexportadoras del Sur Global (Argentina, Brasil, etc.), y en bastante menor medida en la UE, hasta ahora, debido a la moratoria de cultivos establecida; España resalta dentro de la Unión por su permisividad respecto a los cultivos transgénicos (McNeill, 2003; Diamond, 2007).

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– La Sexta Extinción ya está en marcha… y sus posibles consecuencias De vez en cuando se nos alerta desde los medios de comunicación acerca de la posible extinción del tigre siberiano, del oso polar o hasta de las ballenas. Las especies más emblemáticas y con mayor capacidad de interpelación mediática. Pero poco, o nada, se dice de la desaparición continua de cientos y miles de especies de microorganismos, vegetales y animales. Sobre todo en las selvas tropicales, allí donde se alberga más de la mitad biodiversidad mundial remanente, debido a su imparable destrucción. Además, muchas poblaciones de plantas y animales que todavía subsisten han disminuido su número y extensión, lo que las coloca a muchas de ellas al borde del de la desaparición. El ritmo de desaparición de especies está siendo unas 100 veces más rápido que su velocidad natural. Y este ritmo se ha intensificado en las últimas décadas. No en vano se ha constatado que entre 1970 y 2005 la biodiversidad planetaria ha caído en un 30% (WWF, 2008; EeA, 2006). Una cifra espectacular. Aunque si consideramos los millones de especies que todavía existen en el mundo, entre unos 5 y 30 millones (Vitousek et al, 1986), pues no se sabe realmente, pudiéramos llegar a pensar que queda mucho camino para una extinción catastrófica de especies. Sin embargo, es preciso recordar que en las cinco grandes extinciones anteriores, la perdida absoluta de biodiversidad se situó en torno al 50% de las especies existentes en cada periodo, y que además ese proceso duró centenares o miles de años, y condicionó de forma decisiva la evolución biológica. De hecho, la quinta extinción, hace unos 65 millones de años, abrió el camino para los mamíferos. Así pues, podemos decir sin riesgo a equivocarnos que estamos acercándonos a toda máquina al umbral de una gran extinción, de hecho hay científicos que ya la certifican. Y sobre todo resalta la velocidad y la inconsciencia colectiva con la que nos acercamos al colapso biológico. Pues para nada existe un debate político-social de la trascendencia para nuestro futuro, y el de la propia especie, de lo que está ocurriendo, ya que nuestros ojos parece que no lo ven y nuestros corazones y mentes no lo sienten. Por ahora.

Sin embargo, la biodiversidad es la mismísima base de la vida en la Tierra, y el principal sustento de nuestra existencia, pues sin ella nuestra propia vida no sería factible. Y, además, es la clave para el funcionamiento diario, resaltamos diario, del sistema urbano-agroindustrial. En suma, del capitalismo global. Sin ella éste sencillamente no sería viable. Pero esto permanece oculto, invisible, a la lógica del sistema, que funciona ciegamente, pues hasta ahora su contracción y degradación no ha afectado de lleno a la dinámica de crecimiento y acumulación constante. Al igual que permanece también invisible el trabajo de miles de millones de mujeres, oculto fuera del mercado, en el ámbito doméstico, que es el otro pilar clave junto con el de la biodiversidad del sustento y funcionamiento diario del propio sistema (Herrero, 2008). Además, no hay reemplazo posible y a nuestro alcance, para reconstruir artificialmente la biodiversidad, y su pérdida está afectando ya como hemos visto a ciclos vitales clave (del agua, del carbono, etc.), y viceversa. Esta dinámica se acentuará sin duda en el próximo futuro por dos razones. Por la aceleración que está experimentando la pérdida de biodiversidad planetaria debido a la expansión del sistema urbano-agro-industrial, y por los efectos del cambio climático sobre la misma, que induce también esa expansión, y que hasta ahora han sido limitados. Todo lo cual alterará profundamente el funcionamiento de los llamados “servicios ambientales” claves para el funcionamiento de la Sociedad Industrial y la propia vida, de los que hasta ahora se ha podido disponer gratuitamente, sin darles el valor per se que se merecían.

¿Pero qué entendemos por “servicios ambientales”? No nos gusta el nombre, pues tiene un fuerte enfoque antropocéntrico, pero a falta de otro mejor lo utilizaremos (aunque quizás

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cabría mejor hablar de interacciones en equilibrio ambiental). Los “servicios ambientales” son aquellos procesos ambientales indispensables para la vida y la salud física y mental (fotosíntesis, regulación natural del clima, depuración del agua y del aire, polinización de plantas, edafogénesis –creación de suelo-, control natural de la erosión, belleza y equilibrio del entorno, etc.). Pero también estos “servicios ambientales” son claves, como decimos, para el funcionamiento del propio sistema urbano-agro-industrial: abastecimiento de recursos naturales: madera, agua dulce, alimentos, etc.; y hasta de recursos minerales (escasos), pues son también “servicios ambientales” que la Naturaleza proporciona gratuitamente (Lomas, 2009; Oberhuber, 2009). La pérdida de biodiversidad y la consiguiente degradación de los ecosistemas, así como el progresivo agotamiento de los recursos minerales, pondrá en cuestión este abastecimiento hasta ahora gratuito y que se daba por supuesto, pues la Naturaleza estaba y está ahí para ser explotada sin límite, de acuerdo con el pensamiento dominante. Un ejemplo de ello es el fuerte caída de las poblaciones de abejas en el mundo, debido a la contaminación agroquímica, que puede poner en peligro la polinización de las especies vegetales, un “servicio ambiental” clave de cara a nuestra alimentación, y hasta ahora ofrecido a coste cero por la Madre Naturaleza.

Hasta el presente los sectores sociales con más poder y más favorecidos por el sistema urbano-agro-industrial han podido solucionar la limitada capacidad de carga y degradación de sus territorios recurriendo a la importación de biodiversidad y “servicios ambientales” de otras zonas del mundo poco degradadas y con abundancia de recursos. Pero esto está dejando ya de ser así, sobre todo para las poblaciones más empobrecidas del mundo que llevan ya décadas sufriendo esta guerra ambiental encubierta. Ellos son los verdaderos paganos de esta guerra silenciosa contra la Naturaleza, que hasta ahora no ha afectado abiertamente a la lógica imparable del sistema ni a la minoría humana del mundo que se beneficia en mayor o menor medida del mismo. Pero las propias estructuras de poder son conscientes de ello, es decir, que esto no puede durar así mucho más tiempo, y empiezan a buscar desesperadamente alguna forma de hacer frente a los futuros escenarios de crisis de biodiversidad y degradación ecosistémica, y a su efecto boomerang consiguiente. Eso sí, dentro de la lógica del modelo de crecimiento y acumulación constante, con mecanismos de mercado, como veremos más adelante al hablar sobre la gestión institucional de la crisis ambiental. Algo por supuesto imposible, de forma mínimamente duradera, pero que a pesar de todo se está gestando.

Desbordamiento de la biocapacidad del planeta y deuda ecológica

Todo lo que hemos apuntado parece indicarnos que probablemente estaríamos desbordando ya la capacidad de sustento de la Biosfera. Pero hasta ahora, a pesar de eso, el Business as Usual ha podido funcionar sin grandes sobresaltos. Sobre todo hasta finales del siglo XX, el periodo que estamos analizando. Sin embargo, quizás valga la pena intentar rescatar algunos análisis que nos indiquen si estábamos superando o no la bio-capacidad planetaria a finales del siglo pasado, a pesar de la sensación de bonanza que nos trasmitía la Aldea Global en los noventa, la década de la Globalización Feliz. En pleno auge también de los mercados financieros y de la Sociedad de la Imagen y la Información. Así, al final del siglo XX la especie humana, pero muy especialmente el sistema urbano-agro-industrial mundial, estaba apropiándose ya, grosso modo, del 40% de la biomasa planetaria (la llamada Producción Primaria Neta) (Carpintero, 2005). Es decir, el Homo sapiens de la Sociedad Industrial estaba ocupando y apropiándose de un “espacio ambiental” sin precedentes, lo que suponía una enorme merma para el resto de las especies, cuyo número y territorios vitales se veían influidos por ello, como hemos visto. Pero, indudablemente, este consumo de biomasa

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planetaria ni es homogéneo entre los diferentes Estados del mundo, ni por supuesto dentro de sus sociedades. Es más, sus consumos son profundamente diferenciados, y quizás un concepto más apropiado para poder captar en su verdadera la magnitud y desigualdad del impacto ambiental de los sistemas urbano-agro-industriales sea el de la “Huella Ecológica” de los mismos (Rees y Wackernagel, 1994). La Huella Ecológica nos indicaría los requerimientos territoriales totales del metabolismo socio-económico de los sistemas urbano-agro-industriales mundiales (esto es, tanto de sus inputs como de sus outputs )13.

Huella Ecológica 1961-2001 (planetas equivalentes) (Loh, 2004) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 19611964196719701973197619791982198519881991199419972000 nº planetas¡Se superan los límites del planeta! Figura 3

Fuente: Murray, 2005

De esta forma, si la Huella Ecológica de un sistema urbano-agro-industrial determinado es superior a la biocapacidad de su territorio, estaríamos en un caso de déficit ecológico, que es preciso solventar de alguna forma con el fin de garantizar su funcionamiento. Lo cual se realiza sobreexplotando sus propios recursos o, principalmente, importando “sostenibilidad” (biocapacidad) del resto del mundo. A escala global, los cálculos que existen permiten afirmar que la Huella Ecológica a finales del siglo XX del sistema urbano-agro-industrial mundial estaba ya claramente por encima de la biocapacidad planetaria: en torno a un 20% por encima de la misma14 (ver figura 3). Esto es, la Sociedad Industrial global estaría en una situación de translimitación (overshoot) de los bienes y servicios que ofrece la Naturaleza. O lo que es lo mismo, a la biosfera le costaría 1,2 años regenerar aquello que la “Humanidad” consume en uno (en la actualidad estaríamos en una cifra superior a 1,3). Una muestra clarísima de la crisis ecológica en la que el capitalismo global está inmerso, aunque intente ocultarlo. Y esta

13 Es decir, la Huella Ecológica analiza por un lado la capacidad ecológica de las diferentes cubiertas de suelo y su capacidad biológicamente productiva; y, por otro lado, intenta medir los flujos de materiales y energía consumidos por una población y actividad económica determinada, así como los residuos que genera, para posteriormente traducirlos también a su expresión territorial. Es decir, en la superficie de tierra y mar necesarios para producir dichos recursos y absorber sus residuos (Murray, 2005).

14 El sistema urbano-agro-industrial global tendría una huella ecológica de unos 2,2 has per cápita, lo que significa que habría un déficit de 0,53 has per cápita, o lo que es lo mismo una translimitación o overshoot de 0,53 has per cápita, al ser la biocapacidad del planeta de 1,67 has de las diferentes coberturas de suelo, de acuerdo con la población mundial existente (Loh, 2004; Murray et al, 2005).

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superación de la biocapacidad planetaria se da ya desde finales de los 80, cuando se publica “Nuestro Futuro Común” (1987) (Loh, 2004; Murray, 2005 y 2009; Murray et al, 2005; Monfreda, 2004).

Pero ¿cómo es esto posible? La razón es que este déficit ecológico a escala global se compensa mediante la sobreexplotación de los recursos naturales existentes; esto es, consumiéndolos a una velocidad mayor que su capacidad de regeneración, mediante la capacidad de apropiación y metabolización que proporcionan los combustibles fósiles. Ya que no es posible importar biocapacidad del exterior. La biosfera es un ecosistema cerrado en términos de materiales (salvo algún meteorito que nos llega de vez en cuando), aunque abierto en términos energéticos, pues disponemos de la energía del sol que nos llega diariamente. La que permite la vida sobre la Tierra. Es decir, el sistema urbano-agro-industrial global estaría creciendo (temporalmente) por encima de la biocapacidad planetaria, agotando cada vez más intensamente la base de recursos sobre la que sustenta. Dicho en pocas palabras, el capital dinero se estaría expandiendo a costa del llamado “capital natural” (y no nos gusta utilizar este término, pero si recurrimos a él es para demostrar lo absurdo de lo que está ocurriendo). El gran problema, como a nadie se le escapa, es saber durante cuánto tiempo más será esto posible. Recurriendo a una imagen más gráfica, estaríamos ya en una situación parecida a la de los “Hermanos Marx en el Oeste”, cuando cabalgaban alegremente a toda máquina en la locomotora de vapor por las praderas del Mid-West, alimentándola con la madera de los propios vagones, mientras éstos se iban quedando en el chasis.

Pero como decíamos no todos los territorios ni los sectores sociales consumen la misma biocapacidad. Los espacios centrales, en concreto sus núcleos urbano-metropolitanos, y sobre todo sus clases medias y especialmente sus elites, son los que más absorben y derrochan biocapacidad, y normalmente la importan (cada vez más) del resto del mundo. Y utilizan éste cada día más como sumidero de sus residuos. Pero no es algo nuevo, aunque este último e importante aspecto sí. Así, lo primero, lleva sucediendo cientos de años, sobre todo desde el inicio de la expansión del capitalismo a escala global, y especialmente desde el comienzo de la Revolución Industrial. Pero este proceso de importación de sostenibilidad por los espacios centrales se ha intensificado hasta límites increíbles en el siglo XX, por las posibilidades brindadas por la Megamáquina tecnológica (incluido el transporte motorizado) que funciona en base a combustibles fósiles. Ya lo denunció Gandhi a mediados del pasado siglo, planteando que si India consumiera la misma cantidad de recursos per capita que engullía Gran Bretaña se necesitarían del orden de tres planetas. Quizás exageró algo, entonces, con su metáfora, pero acertó de lleno al desvelar el fondo del asunto. Sin embargo, al filo del nuevo milenio, si esa tremenda entelequia que es el “ciudadano(a) medio mundial” consumiera lo mismo que “uno o una” similar de EEUU, se estarían consumiendo del orden de seis planetas. Algo por supuesto absolutamente imposible. Y si fuera como un “habitante medio” de la UE, la cifra superaría algo los 2,5 planetas. Dos veces la media mundial. Parecido al caso de Japón (Murray et al, 2005; González, 2008).

Todo ello nos obliga a resaltar el hecho de que el “Norte” del Planeta ha venido adquiriendo una enorme deuda ecológica con los espacios del “Sur” del mundo, sin la cual es imposible entender el “desarrollo” de los espacios centrales del capitalismo global. Una deuda acumulada a lo largo de siglos de expolio de recursos, daños ambientales no reparados, ocupación gratuita o mal pagada de espacio ambiental para depositar residuos, pérdida de soberanía alimentaria, vertido de contaminantes, y hasta impacto del cambio climático en marcha, cuyos principales responsables están también en el “Norte” (González, 2008). De hecho, se habla ya también de deuda climática. Sin embargo, poco a poco irrumpen también,

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con fuerza, nuevos actores emergentes que empiezan actuar como subcentros capitalistas, algunos ya con la potencia suficiente para ir reclamando y obteniendo espacio ambiental global, pues han desbordado ya la biocapacidad de sus propios territorios. El caso de China es el más significado, y es por ello que recurre a importar “sostenibilidad” de otros espacios del“Sur Global” (América Latina, África y Asia). Hasta hace no demasiado los herederos del antiguo Imperio del Centro, siempre se abastecieron de la biocapacidad existente dentro de sus fronteras. Pero desde hace ya algunas décadas se ven obligados a traspasar éstas, mediante mecanismos inversores y comerciales, aunque todavía no directamente militares, para obtener

o comprar biocapacidad planetaria. Lo mismo cabría decir de otros subcentros capitalistas emergentes. Todo lo cual permite afirmar que a escala global se crean centros (sobre todo urbano-metropolitanos) de un aparente orden, importando “sostenibilidad”, a costa de generar un creciente desorden o entropía mundial. Islas de orden ficticio, en un océano mundial de desorden ecológico de origen entrópico, que empieza a hacerse cada vez más patente. Pues tan sólo el 10% de las áreas naturales emergidas del planeta quedarían “intocadas”, y un 50% estarían transformadas por las actividades humanas, en especial por el sistema urbano-agroindustrial (Murray, 2005; Murray et al, 2005). Gestión institucional de la crisis ecológica y retórica del poder

En la primera mitad del siglo XX la crisis ecológica mundial, todavía muy incipiente, está fuera del enfoque institucional y más aún de la oratoria de las estructuras de poder. Aún así, surgen las primeras organizaciones en defensa del medio ambiente en los Estados centrales, de carácter elitista, romántico y conservacionista, que impulsan la necesidad de protección de la Naturaleza. El primer espacio protegido mundial se crearía a finales del siglo XIX, el Parque de Yellowstone (1872), en EEUU, y en la primera mitad del siglo se establecerían también otros, tanto allí como en algunos países centrales, preservando áreas de gran valor natural y poco alteradas. Todo ello acontece en un contexto de fuerte industrialización y militarización. Esta dinámica se reactivaría más claramente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación en 1948 de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), impulsada por la UNESCO, tras la fundación de NNUU. Su objetivo era ayudar a preservar los principales espacios naturales, y alertar sobre las especies de la fauna y flora más amenazadas, buscando su protección. Pero serían los Estados miembros (más de 100 ahora) los encargados de establecer las medidas de salvaguarda respectivas, empujados asimismo por las organizaciones medioambientales, igualmente miembros de la UICN, que empiezan a proliferar en los “Treinta Gloriosos” en los países centrales (1945-1975). Todavía no podemos hablar de movimiento ecologista propiamente dicho, que no se desarrollaría con fuerza hasta finales de los sesenta y los años setenta. Además, es entonces cuando los resultados de la guerra silenciosa contra la Naturaleza van a manifestarse más abiertamente, tras tres décadas de fuerte crecimiento y “Desarrollo”.

Pero en esas tres décadas de intenso crecimiento mundial, tanto en el Norte (en el Oeste y en el Este) como en el Sur Global, auspiciado por el petróleo y la energía barata, van a empezar a surgir reflexiones desde la comunidad científica que alertaban de la crisis ecológica en marcha. En 1955, el congreso: “El Papel del ‘Hombre’ en la Transformación de la Superficie Terrestre”, en Princeton, apuntaba claramente esa tremenda capacidad del sistema urbano-agro-industrial de alterar el funcionamiento de la Biosfera. Lo mismo que otras publicaciones, como “La Primavera Silenciosa” de Raquel Carson (1962), que sería una de las más significadas. Sin embargo, el hecho de que se entronizara en esos años el PIB (Producto Interior Bruto) como el indicador estrella al que había que rendir culto universal, hacía que fuera impensable que se pudieran poner en cuestión los “tremendos” logros del crecimiento, a

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pesar de sus cada día más patentes efectos colaterales ambientales. Todo se quería y se debía medir en términos monetarios, y no cabía para nada tener en cuenta la alteración y deterioro de las variables biofísicas. Además, la degradación ambiental incrementaba las propias cifras del PIB (tala indiscriminada de bosques, sobreexplotación de pesquerías, expansión de la agricultura industrializada, urbanización salvaje, tratamiento de vertidos, etc.), ocultando aún más los aspectos negativos que su expansión implicaba. Así pues, todo el aparato estadístico y conceptual se puso al servicio exclusivo del crecimiento cuantitativo de los agregados monetarios, pues no cabían otras consideraciones sobre cómo su expansión afectaba a la complejidad de la biosfera. En todo caso, desde las esferas del poder occidental se alertaba sobre “La Bomba Poblacional” (Ehrlich, 1968). Es decir, sobre los problemas socio-políticos y ambientales derivados de la explosión de la población en el Sur Global, pero no de las pautas insostenibles de producción y consumo del “Norte” y sus impactos de todo tipo (Murray, 2009).

De cualquier forma, la aparición cada día más evidente de fuertes disfunciones ambientales como resultado de la expansión de la Sociedad Industrial, hizo que empezaran a proliferar también los primeros intentos institucionales de creación de organismos y regulaciones para enfrentarlos, con medidas de “final de tubería”. Sobre todo en los temas de abastecimiento del agua y calidad del aire en los espacios urbano-metropolitanos. Lo que daría lugar a la aprobación entre otras de la Clean Air Act (Ley del Aire Limpio) en EEUU, en 1963, al establecimiento en 1970 de la EPA (Agencia de Protección Ambiental federal, en sus siglas en inglés), y al desarrollo de estudios de impacto ambiental. En Europa Occidental y Japón asistimos también a procesos similares. En los sesenta se empezarían a hacer palpables asimismo los conflictos medioambientales interestatales, debido a la contaminación de ríos y a la lluvia ácida, y se comenzaron a buscar vías institucionales para poder abordarlos. Todo ello, junto con una concienciación ecologista in crescendo, de carácter fundamentalmente juvenil, al calor del 68, y sobre todo de sus efectos posteriores, van a sentar las bases para una creciente preocupación en los espacios centrales occidentales por la crisis ambiental. No en vano era en dichos territorios donde la crisis se manifestaba con más intensidad, aparte de por supuesto en los países del Este, donde el debate en torno a los mismos se yugulaba por la burocracia estatal y la ausencia de libertades. Todo lo cual crearía el caldo de cultivo que daría lugar a la convocatoria de la primera conferencia internacional sobre la problemática ambiental. La conferencia de NNUU en Estocolmo, en 1972, bajo el título “Medio Ambiente Humano”.

La conferencia de Estocolmo tiene lugar en un contexto de importantes tensiones Centro- Periferia, así como en pleno conflicto de la Guerra Fría. Es por eso que el discurso que sale del encuentro está marcado por ambos hechos. La batalla en torno al Desarrollo del Sur Global estaba en pleno apogeo, e Indira Gandhi, primera ministra de India, plantea abiertamente que la pobreza del Sur Global era más negativa que la contaminación (por supuesto, todavía no había ocurrido el desastre de Bhopal). Y así la declaración final de la conferencia establece que el combate contra la pobreza (en el que en teoría estaban “empeñados” tanto Occidente como el Este, y por supuesto las nuevas elites del Sur Global), era imprescindible para proteger el medio ambiente. Y este combate tenía que hacerse con más “Desarrollo”, que no era otra cosa que más crecimiento de las cifras del PIB. De todas formas, la conferencia va a resaltar los problemas de erosión, desertificación, degradación de humedales y gestión de bosques tropicales, entre otros problemas ambientales. Estocolmo daría lugar a la creación del PNUMA (Programa de NNUU sobre el Medio Ambiente) con sede en Nairobi, en 1974, y abriría la vía para el desarrollo de principios como “quien contamina paga”, que pasa a ser defendido “fervientemente” por la OCDE en los setenta.

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Todo ello iba a dar lugar al desarrollo de una creciente burocracia internacional, así como estatal y privada (ecocracia, se la ha llegado a denominar), dedicada al tratamiento de la problemática ambiental, dentro por supuesto de la lógica del modelo de crecimiento y acumulación constante, afianzándose aún más las medidas y regulaciones de “final de tubería”.

Sin embargo, en los setenta, la crisis ambiental cada vez más manifiesta se va a cruzar de lleno con las crisis energéticas y de materias primas, y las crisis político-sociales en el Centro y la intensificación de la Rebelión del Sur Global, lo cual va a alterar profundamente las reflexiones, discursos y prioridades institucionales. Al menos durante esa década. La publicación de “Los Límites del Crecimiento” (Meadows et al, 1972), por el Club de Roma, va a marcar quizás un antes y un después en las reflexiones. El texto pone sobre la mesa la imposibilidad del crecimiento infinito en un ecosistema finito como la Biosfera, generando un considerable debate. Debate que se intensifica sobre todo por el impacto ulterior que van a ocasionar las fuertes alzas de los precios del petróleo (1973 y 1979-80), así como de las materias primas, lo que va a afectar de lleno al crecimiento mundial, y muy en concreto al de los países centrales. Igualmente, una diversidad de publicaciones abunda en la temática de la finitud de los recursos y el impacto ecológico del modelo urbano-agro-industrial en consolidación, pero también en fuerte crisis15. Todo ello se da junto con un importante auge del movimiento ecologista en los países centrales, que marcaría asimismo el debate y la agenda política en temas ambientales. La retórica para abordar la problemática ambiental se convierte en un campo de batalla internacional, y el secretario de Estado de EEUU, Kissinger, llegaría a vetar p.e. la acuñación del término “ecodesarrollo” por parte del PNUMA. Sin embargo, al final de la década, el Informe Carter: “Global 2000” (1979), enlazando en parte con el del Club de Roma, volvía a apuntar que para finales de siglo eran previsibles fuertes tensiones socio-políticas debido a la sobrepoblación, escasez de recursos e impactos ambientales crecientes (Murray, 2009). Y toda la década va a estar salpicada por la aprobación de convenios y conferencias internacionales de protección ambiental (Ramsar, de humedales, 1971; CITES, contra el comercio de especies protegidas o en peligro de extinción, 1973; “Man and Biosphere”, para preservar las reservas de la biosfera, 1977; de lucha contra la desertificación, 1977).

-Hacia el “Desarrollo Sostenible”, giro en los discursos y prácticas del poder

En plena debacle de los setenta se crean Thinks Tanks conservadores en EEUU que van a cumplir un importante papel en la batalla ideológica, sobre todo de cara al giro hacia al capitalismo (financiero) globalizado y neoliberal a partir de los ochenta. The Heritage Foundation va a ser uno de ellos. Esta fundación va a estar detrás de la publicación “The Resourceful Earth” (“La Tierra repleta de recursos”) (Simon y Kahn, 1984), que pretende ser una respuesta al “Global 2000”, de la administración demócrata. El libro plantea una visión cornucopiana de una Naturaleza desbordante de recursos naturales, con una aproximación tecnooptimista respecto al uso de los mismos, negando la existencia de límites biofísicos a la

15 “Environment, Power and Society” (Odum, 1971); “Blueprint for Survival” (Goldsmith, 1972); “Only One Earth” (Ward y Dubos, 1972); “Closing Circle” (Commoner, 1972); “Lo Pequeño es Hermoso” (Schumacher, 1973), “Energía y Equidad” (Illich, 1974); (1975). “Energy, Ecotechnology, and Ecology.” (Bookchin, 1975); “Ecología Política” (Gorz, 1975). “La Ley de la Entropía y el Proceso Económico” (Georgescu-Roegen, 1976): “Ecodinamics. The New Theory of Societal Evolution” (Boulding, 1978).

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expansión del crecimiento económico y el progreso. En los mismos años, la administración Reagan va a iniciar una paulatina liberalización de la regulación ambiental desarrollada en los sesenta y setenta, como parte de su agenda privatizadora y des-reguladora en todos los campos, y como forma de auspiciar y no entorpecer el crecimiento. El péndulo del intervencionismo estatal en este terreno se empieza a mover hacia atrás en EEUU, mientras que en Europa occidental todavía sigue reforzándose a escala comunitaria y en los países nórdicos. Al mismo tiempo los precios del petróleo, y de la energía en general, así como de las materias primas, una vez doblegada la OPEP, empiezan a caer abruptamente, como hemos visto (Fdez Durán, 2008). El crecimiento se pone otra vez en marcha, eso sí, generando unas crecientes desigualdades sociales y territoriales, a escala estatal e internacional, e intensificándose los impactos medioambientales. Es la década del estallido del “problema de la deuda externa” del Sur Global. La “década perdida” para el Desarrollo, como se definiría. En 1986 estalla Chernóbil, cerrando el debate nuclear, pues la construcción de centrales se paraliza. Y en esos momentos estaba en gestación el llamado Informe Brundtland: “Nuestro Futuro Común” (CMMAD, 1987), fruto del trabajo de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de NNUU, preparatorio de la Cumbre de Río (1992) y que va a impulsar el término Desarrollo Sostenible. Un concepto que iba a tener un muy importante impacto futuro, pero que como decimos es importante reseñar en qué contexto surge16.

El informe Brundtland no consideraba para nada la previsible escasez de petróleo en el futuro (Bermejo, 2008), y tras resaltar algunos de los principales problemas ecológicos, se centraba en subrayar que “lo que necesitamos es una era de crecimiento, un crecimiento vigoroso y, al mismo tiempo, social y ambientalmente sostenible”. Las preocupaciones como señala Naredo (2006) pasaron pues de la posible escasez de recursos, a la contaminación y los residuos, que afectaban sobre todo a los países centrales, y que ocultaban los problemas relacionados con los inputs del metabolismo urbano-agro-industrial. Sólo el impacto de los outputs parecía estar en el debate institucional. De hecho, en 1987, también, se aprueba el llamado Protocolo de Montreal para prohibir la producción de CFCs que estaban destruyendo la Capa de Ozono. Protocolo que no es firmado ni por China ni India, los grandes del Sur Global. Por otro lado, los recursos se estaban obteniendo cada vez más de los espacios periféricos, y no se veían problemas en el horizonte previsible. El Desarrollo Sostenible, que se apunta como el abracadabra que iba a solucionar todos los problemas, era un término que pretendía tender un puente entre los planteamientos desarrollistas y los conservacionistas, intentando contentar ambos extremos. Pero era un oxímoron; es decir, una contradicción in terminis. Además, el sustantivo, “desarrollo” (o mejor dicho, crecimiento), se imponía claramente sobre el calificativo, “sostenible”. Sin embargo, el término era lo suficientemente ambiguo como para contentar a todo el mundo. De ahí su gran éxito posterior (Murray, 2009).

El Desarrollo Sostenible se definía como “el desarrollo que permitía satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (CMMAD, 1987). Y, además, ese desarrollo iba a permitir al mismo tiempo combatir la pobreza y la crisis ecológica. Pero una vez más se ocultaba el distinto carácter de las “necesidades” de las generaciones presentes, entre los países centrales y periféricos, y dentro de cada territorio, y se decantaba por responsabilizar sutilmente al Sur Global, y en concreto a la superpoblación del mismo, de la crisis ambiental. Es decir, para nada se planteaba la necesaria solidaridad y justicia social y ambiental entre las gentes de la misma generación a escala global y estatal, sino que éstas se planteaban en unos términos muy difusos de cara a un futuro distante. Y es más, se vinculaba directamente el deterioro

16 La primera que se utiliza ese concepto es en 1980 en el informe de la UICN “World Conservation Strategy”, pero no sería hasta 1987 con “Nuestro Futuro Común” que cobraría relieve (Murray, 2009).

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ambiental a la pobreza, al tiempo que se resaltaba que el “desarrollo” en el Norte estaba permitiendo resolver mejor los problemas ambientales (la llamada Curva Ambiental de Kuznets)17, animando al Sur Global a seguir por la misma senda. Es por eso por lo que se proponía que no se podía resolver la pobreza y el subdesarrollo sin una “nueva era de crecimiento” en beneficio de todos (el Norte y el Sur), tal y como se recoge en la cita de inicio de esta texto (CMMAD, 1987). Eso sí, “sostenible”, para lograr el equilibrio con la Naturaleza. La cuadratura del círculo (Murray, 2009).

– La Cumbre de la Tierra de Río, el triunfo del simulacro ambientalista En la Cumbre de la Tierra (1992) se corona definitivamente el Desarrollo Sostenible, principal leitmotiv del encuentro mundial. La cita de Río tiene lugar poco después de la primera Guerra del Golfo y la implosión de la URSS, ambas en 1991, y en el momento en que EEUU se afianzaba como la única superpotencia en un mundo ya unipolar. Eran también los años del triunfo de la Sociedad de la Imagen, el Espectáculo y la Información. El momento de auge de las ONGs, que habían irrumpido con fuerza en los 80, y la época en que se afianzaba un capitalismo cada mía más globalizado controlado por grandes corporaciones transnacionales. Todo ello confluye en la Cumbre de la Tierra. La mayor de la historia. Más de ciento-veinte jefes de Estado y de gobierno acuden a Río de Janeiro. Pero George Bush, padre, presidente entonces de EEUU, deja claro desde el primer momento que la superpotencia no está dispuesta a poner en cuestión el American Way of Life. Su estilo de vida era innegociable. En los preparativos de la cumbre participan también activamente muchas de las principales transnacionales del mundo a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entre ellas, algunas de las empresas más contaminantes del mundo. La Industria se presenta como un nuevo Ciudadano Global que pretende ayudar a NNUU en la consecución de sus objetivos medioambientales. Y la cumbre oficial se ve acompañada por un gran Foro paralelo de ONG´s, estableciéndose pasarelas entre ambos, con la ayuda de NNUU. Una nueva era parecía abrirse en la década de la Globalización Feliz. Todo parecía posible, una vez colapsado el Imperio del Mal.

En Río se va a aprobar una Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como una Agenda 21, en la que el espíritu del Desarrollo Sostenible empapaba toda su retórica, pero en donde se dejaba claro, también, que éste sólo se conseguiría liberalizando y profundizando el comercio mundial, entre otras medidas de corte neoliberal. El Desarrollo Sostenible era la forma de acabar con la pobreza y resolver la crisis ambiental a través del crecimiento. Dos en uno, otra vez. La Agenda 21 era una guía política atractiva (por su carácter “verde”) para gobiernos, y autoridades locales y regionales, pero era de carácter voluntario, sin compromisos obligatorios y se movía en general dentro de la lógica del modelo urbano-agroindustrial. Pero en la Cumbre de la Tierra también se abordan tres nuevas convenciones. Una sobre cambio climático, tras la aparición en 1990 del primer informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC), tal y como hemos apuntado. De ahí, surgiría más tarde tras arduas negociaciones el Protocolo de Kioto, en 1997, apoyado por la administración demócrata de Clinton, pero rechazado posteriormente por el Congreso de EEUU, dominado por los republicanos, y más tarde sepultado definitivamente por Bush hijo. Protocolo que no sería ratificado internacionalmente hasta 2004, como veremos más tarde. Curiosamente, el

17 La Curva Ambiental de Kuznets propone que el impacto ambiental de una sociedad determinada tiene la forma de una U invertida, siendo aquél más fuerte en las primeras etapas del “desarrollo” para ir descendiendo posteriormente conforme la sociedad va creciendo en renta per capita. La curva en cuestión es un ejercicio de mistificación y cinismo, pues no considera que los impactos ambientales de las “sociedades desarrolladas” se exportan hacia el resto del mundo, tal y como hemos estado analizando.

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Protocolo de Kioto llevaba la impronta de los EEUU de Clinton (mecanismos de mercado, comercio de emisiones, etc.). Es más, la administración Clinton participó directamente en su diseño (Lohman, 2001 y 2006), trasladando los intereses del mundo de las finanzas, que en gran parte le apoyaba, junto con las empresas de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y biogenética. En realidad, era imposible pensar que prosperara una iniciativa internacional sin el visto bueno del gobierno de la superpotencia. Sin embargo, la complejidad de los intereses económicos estadounidenses, en concreto los de las empresas petroleras, del automóvil y otros grandes consumidores de energía, impidieron su ratificación por EEUU.

Pero en Río van a abordarse también otras dos nuevas convenciones, como decimos. Una, la de biodiversidad, que saldrá adelante con enormes tensiones por los intereses en juego. No en vano el Norte occidental tenía la tecnología para explotar la biodiversidad, y la voluntad de apropiársela, pero carecía en muy gran medida de ella. Mientras que el Sur Global era, y es, la principal reserva de la biodiversidad planetaria, pero no disponía la tecnología para explotarla, aparte de que albergaba comunidades indígenas y campesinas que, en principio, se oponen a su aprovechamiento comercial. En 1994 se aprobaría el Convenio de Biodiversidad, ampliamente ratificado, siendo EEUU uno de los pocos países del mundo que al día de hoy no lo ha firmado. La razón es que no consiguió todo lo que pretendía, e intenta conseguir sus objetivos por otras vías, como la OMC, como veremos. El convenio bajo la apariencia de pretender la conservación de la biodiversidad planetaria, lo que hace es abrir la vía al acceso comercial a los recursos de la biodiversidad. Eso sí, estableciendo una participación “equitativa”, no irrestricta, en los beneficios que se deriven de la explotación de los recursos genéticos. Esta fue la zanahoria que se dio a los Estados del Sur para que permitieran el acceso a sus territorios a las empresas occidentales que buscaban la explotación comercial de la biodiversidad (biogenéticas, farmacéuticas, etc.). Eso sí, a las poblaciones locales (indígenas y campesinas), que hasta entonces habían conservado la biodiversidad, se las dejaba de lado; o en todo caso, se las intentaba comprar también mediante su participación residual en los beneficios de su explotación, para desactivar su potencial oposición (Shiva, 2002).

La otra convención fue la de la Lucha contra la Desertificación, cuyos resultados se ratificaron como convenio internacional en 1994. Sin embargo, este convenio ha tenido hasta ahora poco recorrido, pocos medios y pocos resultados concretos, mientras sigue avanzando la erosión y la desertificación. Un fenómeno que afecta a un 40% de la masa terrestre de nuestro planeta, pero que indudablemente incide en las partes más empobrecidas del mundo, y muy especialmente en África, aunque incluya también a ciertas partes del Sur de Europa. Son más de 1000 millones de personas la población afectada, de unos 100 países, en los que la sequía creciente avanza, azuzada también por el cambio climático (Holz, 2003). Pero es quizás por la marginación en general de estos territorios, la pobreza de sus suelos y su escasa biodiversidad, por lo que hasta ahora se les ha prestado tan reducida atención. Hay poca riqueza que repartirse (salvo por supuesto en Oriente Medio), y además a los países centrales del Norte les afecta bastante poco la desertificación. Finalmente, en Río, los bosques del mundo, y muy especialmente los tropicales, los más sometidos a la presión de su explotación industrializada, merecieron tan sólo una Declaración de Principios sobre su Gestión, pues no hubo acuerdo para frenar su aprovechamiento comercial. Grandes intereses tanto del Sur como del Norte lo impidieron. En los países del Sur, porque una de sus principales fuentes de divisas es la explotación de sus masas forestales, para los que las poseen, sobre todo los tropicales. Y en los del Norte, porque las empresas que los explotan tienen ahí su sede, aparte de que de esa forma pueden proteger sus propios bosques, al tiempo que realizan también importantes reforestaciones industrializadas.

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En definitiva, lo acontecido en Río de Janeiro se puede considerar como un gran simulacro, que trasmitió al mundo que a partir de entonces nos encaminaríamos poco a poco hacia del Desarrollo Sostenible, mediante las medidas adoptadas en la Cumbre de la Tierra. Ese mensaje duró prácticamente toda la década, y hasta más allá de la misma, pues perduró en parte durante los primeros años del nuevo milenio. Mientras que continuaba la bonanza económica en los espacios centrales, antes de la llegada de la Crisis Global actual. La capacidad de persuasión al respecto de la Aldea Global, y de la Ecocracia mundial, era manifiesta. A partir de Río todo se hacía en nombre del Desarrollo Sostenible, o legitimado por su potencia de seducción, en sociedades de consumo adormecidas por los mass media, que les parecía estupendo que se caminara hacia la sostenibilidad sin modificar sus pautas de vida. Es más, ahondando aún más en ellas. Y tanto en el Sur Global como en el Este se aspiraba a caminar en la misma dirección, a pesar de su creciente industrialización, y de que los desmanes del mercado les enseñaran brutalmente, de vez en cuando, cuál era el lugar periférico o superperiférico que en general se les asignaba. Y eso que los nuevos sistemas de información geográfica (SIGs), basados en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, permitían conocer casi en tiempo real la tremenda degradación de la cubierta de la biosfera. Pero las preocupaciones institucionales y sociales (mediáticamente inducidas) se habían desplazado ya definitivamente hacia la forma en que, en todo caso, se podían llegar a manejar los impactos de los outputs del metabolismo urbano-agro-industrial a través de mecanismos de mercado. Para que éste siguiera prosperando sin fin. Sobre todo en relación con el cambio climático, un enorme fallo del mercado, como diría el Informe Stern (2006). Pero que se quería tratar con más mercado. El mercado iba a ser el gran triunfador en la sombra de lo acontecido en Río en 1992, no en vano la década de la Globalización Feliz iban a ser los años dorados del capitalismo financiero globalizado, también en el campo ambiental.

– El Capital y el FMI, BM y OMC, los verdaderos Masters de la Naturaleza Mientras que el mundo asistía embelesado a lo que sucedía en la Cumbre de la Tierra, un capitalismo crecientemente globalizado se iba desembarazando de las regulaciones estatales que le habían amordazado desde los años treinta (a partir del New Deal) hasta el final de los setenta. En todos los campos, pero muy especialmente en el dominio de lo financiero, que va a imponer su lógica aún más perversa. Wall Street por así decir se imponía otra vez definitivamente sobre Washington (Arrighi, 1999), y a escala global también el capital financiero y las grandes corporaciones van a reinar cada vez con menos cortapisas políticas, sociales y, por supuesto, ambientales, a pesar del Desarrollo Sostenible que se nos prometió en Río. No podía ser de otro modo en unos años en que las políticas globalizadoras y neoliberales se imponen en el mundo entero, como hemos visto al analizar el siglo XX. De hecho, la dinámica de profundización en la mundialización de los mercados hacía que el Norte occidental tuviera que acometer poco a poco una creciente desregulación ambiental, pues era cada vez más incapaz de competir con un Sur Global que basaba su competitividad en muy bajos costes laborales y sociales, y asimismo en una ausencia prácticamente absoluta de regulación ambiental. Incluso en la muy “ambientalista” UE, y a pesar de que en el preámbulo de su Tratado constitutivo (el de Maastricht) se resaltara su compromiso con el Desarrollo Sostenible. La normativa ambiental de la Unión se empieza a flexibilizar, y los estudios de impacto a agilizar, sobre todo de cara a que las políticas de protección del entorno no entorpecieran la necesaria construcción de infraestructuras, promoción del transporte motorizado y creciente urbanización que un cada vez más amplio y globalizado Mercado Único y el futuro Euro requerían. Sobre todo de cara a la ambiciosa expansión de la UE al Este. De esta forma, hasta la Red Natura 2000, los lugares de máximo valor y protección

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ambiental, delimitados a partir de la directiva Hábitat de 1992, serán sistemáticamente violados, si es preciso.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional va a tener un intenso protagonismo en el Sur Global en los 90. Primero porque va a continuar imponiendo los Programas de AjusteEstructural a los países periféricos de América Latina y África, especialmente, promoviendo una creciente orientación de sus economías hacia la exportación, en especial de materias primas, para que pudieran acceder a las divisas necesarias para pagar su abultada deuda externa. Por lo que no cabían protecciones ambientales posibles a unas actividades depredadoras que les proporcionaban cash para enfrentar su endeudamiento. Lo mismo que las políticas de industrialización salvaje de sus territorios, y muy en concreto de sus Zonas Francas. Era preciso promover un crecimiento a ultranza, sin remilgos medioambientales, para satisfacer a los tenedores de deuda. Pero, eso sí, había que hacerlo de forma “sostenible”,

o bajo esa glamurosa etiqueta, si era preciso. O si lo exigían las circunstancias de la “opinión pública” internacional. Y en eso era un maestro su compañero de ubicación en Washington, el Banco Mundial (BM), un verdadero experto en el manejo de la retórica “ambientalista”, junto con la de la “lucha contra la pobreza”. Pero cuyos planes de financiación impulsaban una intensa construcción de infraestructuras en el Sur Global (autopistas, grandes puertos, presas gigantes, oleoductos, etc.), junto con el apoyo a los proyectos más agresivos (mineroextractivos, industriales, de energía fósil –incluso a favor del carbón-, etc.). Y es a este santo defensor del “ambientalismo” al que se le va a asignar en Río la gestión del nuevo Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Eso sí, bajo la presión de los países centrales, cuyas empresas serían las grandes beneficiarias del mismo. El BM, un organismo fuertemente contestado a escala mundial, va a desarrollar en los noventa un abanico de iniciativas de “marketing verde” para simular que tenía en cuenta las críticas18, mientras que seguía con su Bussiness as Usual. El “Consenso de Washington” de las instituciones de Bretton Woods llegaría tal vez a su paroxismo con ocasión de las crisis monetario-financieras que afectarían a todo el Sudeste Asiático en 1997-98. El espacio periférico del planeta que hasta entonces había logrado escapar más a su dictado, por estar menos endeudado que los territorios de América Latina y África y tener un fuerte desarrollo industrial. Pero los ataques especulativos que se lanzan desde las principales plazas financieras mundiales (Wall Street y la City de Londres), y que provocan un fuerte colapso de sus monedas y economías, les va a poner en manos del FMI y el BM. Y éstos les van a proporcionar abundantes créditos para hacer frente a la debacle, con el fin de salvar los intereses de los especuladores internacionales, lo cual va a ahondar muy gravemente su endeudamiento. Y es así como les van a imponer unas políticas de ajuste que en el caso del Sudeste Asiático adquirieron una enorme gravedad. Pero centrándonos en su repercusión ambiental, este agudo endeudamiento externo incentivó una mayor “reprimarización” de sus economías, fomentando intensamente las actividades extractivas de todo tipo y la tala de sus bosques con el fin de obtener cash en dólares para pagar una ingente deuda externa. Es a partir de entonces, p.e., cuando Indonesia recrudece la tala de sus bosques tropicales (los más importantes del mundo junto con los de Brasil y Congo), vendiendo su madera en los mercados internacionales, y fomentando la expansión sin freno de plantaciones de palma aceitera, igualmente destinada al mercado mundial. Sobre todo a satisfacer la demanda de los países centrales. El impacto ambiental fue (y está siendo) mayúsculo, con una enorme pérdida de biodiversidad (incluido los orangutanes allí presentes), lo mismo que en otros países de la región.

18 En relación con la construcción de grandes presas, las industrias extractivas, la construcción de oleoductos, etc.

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En cuanto a la OMC (Organización Mundial del Comercio), ésta se crea en 1995, tras la Ronda Uruguay del GATT (la tercera pata de Bretton Woods, que había quedado poco desarrollada y sin estatus jurídico internacional). A partir de entonces su actividad va a reforzar las dinámicas del capitalismo global mediante la mundialización del comercio y la inversión, a través de la creciente eliminación de trabas estatales a su expansión. Y parte de esas trabas eran las de carácter ambiental. Es por eso por lo que ha sido muy denunciado cómo la OMC torpedea los tratados y convenios medioambientales internacionales, firmados por los Estados, pues sus políticas chocan frontalmente muchas veces con los acuerdos de los tratados. Además, las políticas de la OMC son de obligado cumplimento para sus Estados miembros, y ésta puede establecer sanciones económicas si se incumplen; mientras que los tratados internacionales en el marco de NNUU son mucho más difíciles de instrumentar, debido a la “sacrosanta” soberanía estatal. Aparte de la falta de voluntad de los Estados para cumplirlos, incluso aquellos firmantes de los tratados. De esta forma, muchas de las políticas ambientales proteccionistas en materia de pesca, o de limitación y regulación de explotación de recursos han sido recurridas ante la OMC. Además, la OMC encumbra la Propiedad Intelectual, en su tratado TRIPS de protección de patentes, lo que abre la vía para desarrollar las patentes sobre la vida. Un aspecto ampliamente denunciado por muchos países del Sur Global, así como por organizaciones sociales y ecologistas del mundo entero. La OMC fomenta pues la Biopiratería, aparte del libre comercio de transgénicos. Es por eso por lo que EEUU no firmó el Convenio de Biodiversidad, pues esperaba alcanzar el acceso a los recursos de la vida con menos restricciones, así como satisfacer los intereses de su industria biotecnológica, a través de las normas e instrumentos de la OMC. Además, la industria biogenética rechaza frontalmente el llamado Principio de Precaución, recogido en la Agenda 21 de Río, y que pone en cuestión el marco normativo de la OMC19. Pero lo mismo podríamos decir sobre los Tratados de Libre Comercio, de los países centrales con los espacios periféricos, que fomentan políticas y dinámicas parecidas, y que se están activando especialmente en estos años del siglo XXI (Bertrand y Kalafatides, 2002; Shiva, 2002; Murray, 2009; Kucharz y Vargas, 2010).

-Hacer negocio con el deterioro ambiental, y profundizarlo con la tecnología eficiente

Por otro lado, y ya desde los ochenta, empieza un debate sobre la llamada “Tragedia de los Bienes Comunes”, reactualizando, magnificando y manipulando un debate que había empezado tímidamente en los sesenta (Hardin, 1968)20. En los sesenta el debate no prosperó pues el capitalismo de la época y el marco regulatorio estatal e internacional era renuente a desarrollarlo. Sin embargo, el advenimiento del nuevo capitalismo financiarizado y globalizado, así como las políticas neoliberales que lo acompañan, van a rescatar y replantear este debate, enlazándolo además con aspectos de la crisis ambiental. El nuevo planteamiento es que los bienes comunes globales: el agua, la tierra, las pesquerías, la biodiversidad, etc. (los Global Commons, como se les ha llegado a definir), son sobreexplotados porque no hay una propiedad privada de los mismos que cuide de ellos. Y es el hecho de la inexistencia de una

19 El Principio de Precaución permite establecer restricciones en procesos que se desarrollan en marcos de ignorancia o incertidumbre, cuando estos puedan acarrear daños catastróficos para los seres vivos y los ecosistemas, aunque no haya evidencia científica absoluta. Mientras que la OMC exige la evidencia científica absoluta, muy difícil si no imposible de establecer, para restringir cualquier actividad comercial, aparte de que deberá ser decidida por un tribunal nominado al efecto por la OMC. Más difícil todavía.

20 Hardin (1968), tan sólo planteó que el acceso irrestricto y des-regulado a los bienes comunes conlleva su paulatina destrucción. Pero no abogaba por su privatización.

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propiedad clara de dichos recursos lo que favorece su esquilmación y deterioro, lo que no ocurriría en caso contrario. Sin embargo, este planteamiento es absolutamente falso y además engañoso, y lo que va buscando es la privatización de los últimos ámbitos de los bienes comunes planetarios. Hacer de ellos un campo más de apropiación, acumulación y hasta especulación del capital. Y todo ello con la excusa de la crisis ambiental. Como ha demostrado la premio Nobel de Economía de 2009, Elinor Ostrom, las comunidades locales han preservado en multitud de casos durante siglos ecosistemas a través de una gestión comunal de una explotación que respetaba los ciclos y las tasas de reposición natural. Y ha sido la explotación industrializada e indiscriminada de los mismos la que está acabando con ellos y degradando su calidad.

Además, como decía Polanyi (1989), hay determinados bienes a los que es muy difícil, y en algunos casos imposible, poner precio de mercado. Son las llamadas mercancías ficticias. Y la Naturaleza y toda la diversidad de la vida son, por supuesto, ámbitos de enorme complejidad que entran de lleno en esa consideración. ¿Cómo se puede asignar derechos de propiedad a las pesquerías del mundo? ¿Cómo se puede privatizar la Capa de Ozono del Planeta?¿Cómo se puede poner precio a una tonelada de carbono?¿Cómo se puede privatizar la biodiversidad del mundo o la Amazonía? Pues sí, se pretende poner precio a gran parte de ello, sobre todo a partir de su creciente escasez y progresivo deterioro, o mediante su progresiva apropiación. La degradación de los llamados “servicios ambientales” de la Naturaleza, hasta ahora gratuitos, hace que se abra un campo enorme de potencial mercantilización de éstos, con el fin de permitir su acceso y disfrute sólo a aquella población

o actividades industriales y de servicios decididas a pagar por ellos. Es decir, con el suficiente poder adquisitivo para poder abonarlos y disponer de los mismos, o directamente comprarlos. Y, en paralelo, aquellas poblaciones o actividades que no tengan la renta monetaria suficiente se verán inexorablemente excluidas de su aprovechamiento y goce. El caso del agua, como hemos visto, es el ejemplo más claro de ello. Y la OMC pretende ampliarlo en ese ámbito ambiental y en muchos otros más (dentro del acuerdo del AGCS21), lo mismo que los TLCs. Y todo ello se hace bajo la excusa de que es la forma más eficiente de conservar lo que queda de Naturaleza, pues se evitará su destrucción cuando conservar sea más rentable que destruir (Murray, 2009; TNI, 2009; Lomas, 2009; Kucharz y Vargas, 2010). Pero al capital privado no le gusta ir solo en este terreno tan resbaladizo, pues la crisis de legitimidad ante una actividad en este campo abiertamente privatizadora puede ser grave. Es por eso por lo que busca la compañía de los Estados y de las ONGs, y hasta de la UICN, para hacer más vendibles ante la “opinión pública” su práctica depredadora. De esta forma, desde los noventa empiezan a proliferar los partenariados publico-privados, en muchos campos como ya vimos, pero muy en particular en este. Además, se intenta cada vez más incorporar a grandes ONGs ambientalistas (WWF, especialmente) a las nuevas estrategias de privatización, gestión y apropiación de los recursos naturales. Esa estrategia va a quedar consagrada en el décimo aniversario de Río, la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Johanesburgo (2002). En ella se pone el acento en este tipo de tratados, llamados tipo “Dos”, de carácter voluntario, es decir, sin compromisos de ningún tipo y sin supervisión internacional. Los tratados tipo “Uno” serían aquellos en los que sólo se involucran los Estados, los únicos actores, y que tienen carácter en teoría vinculante, de acuerdo con el marco de NNUU. Y todo ello con una propaganda mediática que refuerza la imagen de Responsabilidad Social y Ambiental corporativa. Además, esta era una vía más de sustraer al control de los Estados los acuerdos de protección ambiental, y debilitar aún más lo aprobado

21 Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, donde se quieren incluir los “servicios ambientales”.

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en Río. Eso sí, la Cumbre de Johanesburgo se llama abiertamente del Desarrollo Sostenible, aunque abría un gran boquete hacia una mucho mayor insosteniblidad. Esta Cumbre cabe situarla también en el mundo post-11-S, y en un contexto en que la administración Bush estaba quebrando el marco multilateral de NNUU y promoviendo un capitalismo global cada día más salvaje. Y todo ello mientras que se preparaba para lanzar conjuntamente con Gran Bretaña, y el apoyo de la Coalition of the Willing, una guerra contra Irak con el fin de intentar apropiarse directamente de sus recursos petrolíferos. Pero sobre ello volveremos más adelante al hablar de la Crisis Global. Aquí tan solo apuntar este cambio profundo de “gobernanza medioambiental” (Murray, 2009).

En consonancia con todo ello, se da una tendencia creciente a medir todo monetariamente, incluidos los recursos y los servicios ambientales, en un intento de proyectar el simulacro de que lo ambiental forma parte del aparato estadístico, cuando lo que abre es la perspectiva de una mayor penetración de la lógica de mercado en este ámbito hasta hace poco ajeno a ella. Y es curioso que ello ocurre cuando por otro lado se empiezan a medir las transformaciones biogeofísicas a través de determinados indicadores, como ya hemos visto. Pero esta visión de los impactos biogeofísicos permanece convenientemente alejada de las políticas estatales y privadas de gestión ambiental, y sin práctica incidencia en las mismas. Prima pues un enfoque de la “sostenibilidad débil”, de monetarización de las externalidades ambientales, en consonancia con la lógica del mercado, como ha sido denunciado. Mientras que permanecen marginados del enfoque ambiental institucional los planteamientos de “sostenibilidad fuerte”, relacionados muchos de ellos con la llamada Economía Ecológica, que se niegan a aceptar la reducción de los impactos a una única variable cuantitativa, la monetaria, y que plantean la necesidad de recurrir a una multiplicidad de valoraciones biogeofísicas y cualitativas para hacer frente a la gestión ambiental (Naredo, 2006; Murray, 2009). Sobre todo cuando muchos flujos biogeofísicos permanecen totalmente ocultos al aparato estadístico convencional pues no experimentan ninguna “valoración” real en el mercado realmente existente. Valga la redundancia.

Finalmente, en estos últimos treinta años, tras la crisis de los setenta, hemos asistido a un muy importante desarrollo tecnológico, de la mano principalmente de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Lo cual ha permitido el desarrollo de tecnologías más eficientes, por un lado, pero por otra parte este avance en la eficacia ha provocado un mayor uso de los recursos, de acuerdo a la famosa Paradoja de Jevons (1865)22. En concreto, en el caso de la energía la paradoja implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética puede, a la postre, aumentar el consumo total de energía. En la actualidad se conoce también como el “efecto rebote”, pues el logro de un menor consumo por unidad producida, o km recorrido, no implica que no se incremente el consumo energético como resultado del incremento de la producción y consumo total, o en el caso del transporte del número de coches circulando y la distancia recorrida por los mismos, así como del aumento de su potencia o cilindrada. Con lo que el pretendido incremento de la eficiencia se ve absolutamente rebasado por el auge imparable del consumo. Sobre todo en un sistema basado en la necesidad del crecimiento y acumulación constante, y en el que las desigualdades sociales y la capacidad de consumo de una parte importante de la Humanidad ha aumentado de manera manifiesta. Y muy especialmente la de las elites. Eso es lo que ha sucedido desde los años ochenta hasta la llegada de la Crisis Global. Y, además, la expansión de las energías renovables no ha contribuido a reducir el consumo energético fósil, sino que al contrario ha

22 En 1865, Jevons llegó a plantear en un informe al Parlamento Británico que la mejora en la eficiencia de las máquinas de vapor no conllevaba un menor consumo de carbón, sino que al contrario propiciaba una mayor expansión de la industrialización y del consumo del mismo.

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ayudado a incrementar aún más el consumo energético total, pues su progresión se ha sumado a un importante avance del consumo fósil (y nuclear), en lugar de sustituirlo (Murray, 2009; Fdez Durán, 2008).

Capitalismo global, Sociedad de la Información y degradación de Gaia

El nuevo capitalismo global tiene una renovada y cada vez más desmesurada dimensión monetario-financiera, con implicaciones medioambientales cada día más evidentes y graves, que se añaden a los impactos del sistema urbano-agro-industrial que lo sustenta. El sistema financiero de los países centrales contribuye a ampliar su capacidad de compra sobre el resto del mundo, mucho más allá de lo que les permitiría su propio balance comercial. Esta capacidad de compra se ve aún más reforzada por la posesión de divisas fuertes de alcance mundial (dólar, euro, libra esterlina, yen, etc.). Este hecho ha sido por supuesto claramente manifiesto en el caso del billete verde, por ser la moneda hegemónica mundial, pero también en el caso de la libra esterlina, y ha permitido tanto a EEUU como a Gran Bretaña solventar sus crecientes déficits exteriores, en el plano de lo financiero; al igual que en el caso de España, en esta ocasión debido a su pertenencia al euro. Esa dinámica se ha ido acentuando progresivamente desde los años ochenta del pasado siglo hasta la llegada de la actual Crisis Global, y aún hoy en día sigue estando plenamente vigente, condicionando la evolución y la propia “salida” de la crisis. Pero aquí queremos resaltar cómo dicha dinámica ha sido una fuente adicional de deterioro ecológico, aparte de haber sido la causa principal de la concentración de la riqueza y la polarización social a escala planetaria.

Muchos de los procesos de degradación ambiental auspiciados por el nuevo capitalismo global ya han sido analizados, pero hasta ahora no hemos mencionado directamente los derivados de la explosión del turismo internacional, sobre todo de carácter intercontinental. En el estallido de ese turismo intercontinental de larga distancia cumple un papel clave el importante incremento de la capacidad de compra de las clases medias y altas de los países centrales, provocado por la revalorización de sus divisas respecto de las de los países periféricos desde los años ochenta, como resultado de los planes de ajuste estructural del FMI y el BM. Hecho que se acentúa aún más en los noventa, como consecuencia de las crisis monetario-financieras de los países periféricos, causadas por ataques especulativos. Esta revalorización, junto con la paralela caída del precio de la energía, y sobre todo el abaratamiento del transporte aéreo, creó las condiciones para la expansión del turismo de larga distancia. De esta forma, se pasó de una primera mitad del siglo XX, en la que el turismo internacional fue un fenómeno exclusivamente de elites, con una dimensión limitada; a los Treinta Gloriosos, cuando el turismo de masas despega con fuerza en los países centrales, con una dimensión estatal y como mucho continental (Europa Occidental y Mediterráneo, Norteamérica y Caribe, Japón y Lejano Oriente), pero muy poca proyección intercontinental. Y el volumen de turistas internacionales pasa de 30 millones anuales en 1950 a unos 300 millones en 1980. Pero no es hasta los años ochenta que se dispara el turismo de intercontinental de masas, como resultado de la participación en el mismo de las clases medias de los países centrales. Las cifras de turismo internacional saltan de los 300 millones en 1980 a unos 700 millones en el 2000, alcanzando su máximo histórico cercano a 900 millones en el 2007. Todo ello auspiciado por la expansión de los vuelos Low Cost y la irrupción asimismo del turismo continental desde países emergentes. Desde entonces, el volumen mundial de turismo se ha contraído como resultado de la Crisis Global (WTO, 2010), y muy probablemente ese máximo mundial, como veremos, no será rebasado ya nunca

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más. Permanecerá pues como loco testigo de una época excepcional en la historia de la Humanidad.

Una gran parte de este turismo internacional tiene un carácter de Sol y Playa (Mediterráneo, Caribe, Canarias, Sudeste Asiático, etc.), pero también de visita a espacios de gran valor natural y exotismo cultural (Riviera Maya, Amazonía, Indonesia -Bali-, Polinesia, etc.). Todo ello supone una presión adicional, en algunos casos muy considerable, sobre muchos territorios frágiles y de alto valor ecológico. Es más, la propaganda resalta en sus reclamos la belleza y el carácter idílico de los destinos turísticos, como forma de atraer un mayor volumen de visitantes. Por otro lado, la llegada masiva de turistas no solo tiene un impacto directo sobre el territorio y sus hábitats, que quedan bruscamente alterados, sino asimismo sobre las poblaciones y culturas que habitan dichos espacios, que hasta entonces vivían en mayor equilibrio con el entorno. A menudo, los Parques Naturales periféricos se reservan para el turismo de elite (Sudáfrica, Kenia, etc.), llegando hasta expulsar a las poblaciones autóctonas. La mercantilización de los destinos turísticos y la monetarización de las formas de vida de sus poblaciones, así como su dependencia de la actividad turística, supone supeditar la gestión de sus ecosistemas a esta actividad en general depredadora de los mismos. Igualmente, la brusca modernización subordinada de los patrones de vida de las comunidades locales implica una pérdida de autonomía y autoestima de las mismas. Todo lo cual provoca una mayor dependencia del mercado y de la economía monetaria, así como un incremento de los flujos de energía y materiales y de la generación de residuos. Sobre todo por parte de la población turística que acude a esos destinos, como ya hemos apuntado en el caso del agua.

De esta forma, el metabolismo turístico tiene un fuerte impacto directo en los hábitats donde se desarrolla, aparte de una creciente repercusión global, como resultado de la explosión del transporte aéreo internacional. Así, los espacios sacrificados a escala mundial a la “producción turística” ocupaban a finales del siglo XX una superficie similar a la del Estado español (medio millón de km2), y los requerimientos energéticos de la industria turística se elevaban a un consumo energético fósil equivalente al de Alemania y España juntos. Y si a ello se suma que una parte notable de las emisiones de CO2 del transporte relacionadas con el turismo tiene lugar en las capas altas de la atmósfera, a consecuencia de la aviación, y que tienen carácter muy perjudicial para el efecto invernadero, el turismo global lejos de ser una actividad que alimenta la “Alianza de Culturas”, se acaba convirtiendo en una de las actividades más letales para la Biosfera (Gössling, 2002; Buades, 2009)

Por otro lado, la tremenda concentración de riqueza que auspicia este capitalismo crecientemente globalizado y financiarizado, en especial por parte de sus principales actores empresariales y financieros, así como grandes fortunas de los espacios centrales, pero también por las elites de la periferia, hace que estos actores hayan adquirido en estos últimos treinta años una tremenda capacidad de compra sobre el suelo y los recursos naturales del mundo entero. Todo ello se ha visto asimismo facilitado por la progresiva mercantilización de la tierra y sus recursos, incluso en los países del Este, hasta hace poco al margen de esta vorágine. Así pues, en estos años hemos asistido a la compra de inmensas extensiones de terreno en muchos lugares del planeta, incentivadas además por la depreciación de las divisas periféricas, lo que ha devaluado sus bienes y recursos propiciando su adquisición. Esta progresiva concentración de la riqueza natural mundial, aparte de incentivar la expulsión de las poblaciones que ocupaban dichos espacios, para nada está derivando en una mejor conservación de las áreas de gran valor natural. Es más, dicha dinámica está intensificando en general los procesos de apropiación y explotación de recursos naturales progresivamente

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escasos (agua, biodiversidad, recursos energéticos y minerales, etc.). Por otro lado, las poblaciones expulsadas y privadas de los recursos básicos para su subsistencia están presionando en ocasiones sobre nuevos hábitats de valor más marginal sobre los que se asientan, lo que ahonda el deterioro ecológico; o acaban engrosando los barrios marginales de la Megaciudades Miseria del Sur Global. En el siglo XXI esta dinámica se ha intensificado aún más, al intervenir en los procesos de adquisición de tierra grandes actores estatales para garantizar el abastecimiento alimentario de sus poblaciones, o el acceso a nuevos combustibles (agrocarburantes, p.e.). Pero sobre ello volveremos más adelante al hablar de la presente Crisis Global.

– La falsa desmaterialización de la Sociedad de la Imagen y la Información En las últimas décadas del siglo XX, en paralelo con la imparable expansión de la Sociedad de la Imagen y la Información, proliferó el mensaje de la progresiva desmaterialización de la nueva Sociedad Postindustrial que acompañaba a estos procesos. Sobre todo en los países centrales. Pero como ya hemos ido viendo a lo largo de este texto nada más lejos de la realidad acontecía. Sin embargo, nos centraremos ahora en resaltar brevemente el impacto medioambiental de la propia Sociedad de la Imagen y la Información, que se nos han presentado casi como inocuas. Como ya alertamos al hablar del espectacular desarrollo de la Infoesfera, cada ordenador que utilizamos supone extraer y procesar unas 1000 veces su peso en materiales, con el transporte de productos que ello implica y los impactos ecológicos que su producción supone (Carpintero 2003 y 2005). Hace tan solo 30 años, a principios de los 80, apenas existían ordenadores en el mundo, pues estaba surgiendo entonces el PC, y hoy su número ronda casi los dos mil millones. Algo similar podríamos decir respecto a los televisores que pueblan el planeta, cuya cifra supone varios miles de millones, pues alcanzan a más del 80% de la población mundial. En cuanto a los teléfonos móviles su número supera los cuatro mil millones en el mundo.

No debería ser difícil imaginar la cantidad de materiales, sobre todo de carácter estratégico, que estos artefactos y toda la cacharrería electrónica demanda (ipods, MP3, cámaras electrónicas, playstations, ipads, kindles, etc.), aunque normalmente se oculte este lado oscuro de dichas tecnologías. Además, la cacharrería electrónica es sistemáticamente infrautilizada y cada día más obsolescente, requiriendo en general de pilas altamente contaminantes para su funcionamiento, cuya producción y reciclaje genera también serios problemas ambientales. Y todos ellos conllevan un importante consumo de agua en su fabricación, aparte de una compleja división del trabajo internacional que requiere un considerable transporte de materiales, dispositivos electrónicos y productos manufacturados. Algo en principio tan “simple” como un teléfono móvil, precisa de una enorme sofisticación de redes de diseño, extracción de minerales estratégicos (el preciado y disputado Coltán, causante de sangrientos conflictos en Congo), producción descentralizada de componentes y comercialización del producto final (Fdez Durán, 2010).

Además, el funcionamiento del ciberespacio y la Sociedad de la Información demanda una muy considerable cantidad de energía eléctrica. Del orden del 15% de la energía eléctrica que se consume en EEUU corresponde al funcionamiento directo del mundo informático (Carpintero, 2003 y 2005). Actividades que consideramos “amigables con el medio ambiente”: la lectura de un periódico on line, el envío de gran cantidad de información vía email, o colgar vídeos en Youtube, tienen también su coste energético y medioambiental,

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aparte de económico23. Algunas de estas actividades se suponían que iban a ahorrar por ejemplo consumo de papel, pero el derroche de papel a escala global no ha hecho sino aumentar de forma imparable en la era de la Sociedad de la Información. En suma, los impactos ambientales de Internet y de la llamada Nueva Economía se dan tanto en la fabricación de las infraestructuras (cables, satélites, antenas, etc.) y productos de las NTIC, como en los “efectos rebotes” generados por los mismos, que transforman la eficiencia y el ahorro, que en teoría promueven algunos de ellos, en un mayor consumo posterior de recursos, autocancelando la llamada eficiencia y generando huellas ecológicas para nada despreciables (Murray, 2009). Este hecho choca con la cultura del “gratis total” que promueve Internet, y que muchos manipulan y magnifican, pues no hay ninguna actividad humana que sea “gratis” en términos energéticos y ambientales.

De esta forma, la Sociedad de la Imagen y la Información ayuda a ocultar aún más la gravísima crisis ecológica que enfrentamos. Sobre todo porque incentiva el desplazamiento de la atención de la Bioesfera a la Infoesfera (ciberespacio, realidad virtual), invisibilizando todavía más el deterioro de la Primera Piel, de la Madre Naturaleza. Así pues, no es sólo la expansión de la Segunda Piel, es decir, el espacio construido o alterado por el sistema urbanoagro- industrial, el que supone una agresión directa a la Biosfera; sino que la Tercera Piel, o Infoesfera, contribuye también de forma importante al deterioro ecológico del Planeta, y especialmente a su enmascaramiento, por la tremenda capacidad de seducción y atontamiento de la Sociedad de la Imagen. Además, la Sociedad de la Información parece que puede procesar una enorme cantidad de información, pero este es un volumen bastante limitado si lo comparamos con el que puede procesar Gaia, capaz de retener la energía del sol, impulsar la vida sobre el Planeta y regular los ciclos de materiales de forma sostenible. Y por lo tanto generar orden en contraposición a la tremenda capacidad de generar desorden ecológico (entropía) del sistema urbano-agro-industrial. “La invisibilización de la información que se pierde, tanto genética como cultural, ayuda a mantener la idea de mejora. Y mientras se degrada la información en la biosfera, aumenta el conocimiento (artificial) centralizado y esto ha llevado a pensar que aumenta la información (…) Pero los mejores almacenes de información de la sostenibilidad que residen en los códigos genéticos de las especies en interacción (…) están desapareciendo bajo el asfalto, la urbanización y el monocultivo de la Sociedad Industrial” (Cembranos, 2009).

El sistema urbano-agro-industrial sabe extraer materiales, es más no sabe vivir sin hacerlo, pero no sabe ni puede cerrar los ciclos vitales convirtiendo en recursos los residuos, como Gaia. Tiene capacidad para alterar los factores de equilibrio de la Biosfera, pero no tiene ni el talento ni la facultad para reequilibrarla (véase el Cambio Climático). Además, la fuerte concentración de poder reduce aún más la capacidad de regular y cerrar los ciclos de materiales y energía. Por otro lado, cuando se alejan en el espacio (y en el tiempo) las consecuencias de las decisiones aumentan las conductas irresponsables y antiecológicas, ya que es más que probable que no se reciba la retroinformación adecuada. La distancia de las estructuras de poder de los problemas locales, y la lógica del mercado mundial, suelen proporcionar una pérdida de la información sistémica y compleja. “Si se decide en Bruselas lo que se siembra en Galicia, aumentan las posibilidades de producir desorden biológico y social” (Cembranos, 2009). Además, la mayoría de las decisiones con mayores impactos

23 Se ha llegado a valorar, p.e., que la lectura de un periódico on-line utiliza 10 veces más energía fósil y dos veces más residuos que un periódico tradicional, si bien estas evaluaciones siempre dependen de cómo se defina el llamado Análisis de Ciclo de Vida y de los elementos que lo componen (Carpintero, 2003, 2005). Por otro lado, para poder enviar información digitalizada (texto, audio, video), es preciso que toda una complejísima y costosa infraestructura esté en funcionamiento, si no, no sería factible.

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ambientales se toman en base a consideraciones puramente monetarias. Y así, al reducirse toda la complejidad a una única dimensión, difícilmente pueden tenerse en consideración las dimensiones biofísicas relevantes para el sustento de la Biosfera.

“Invisibilidad” de la crisis ecológica mundial al entrar en el siglo XXI

A pesar de que en el siglo XX los problemas ambientales pasaron de ser limitados y locales a tener un alcance planetario, la percepción de que estábamos entrando desde hace ya algunas décadas en una crisis ecológica mundial era absolutamente residual a finales del siglo pasado. Y eso que los desequilibrios biológicos y los impactos geofísicos habían llegado a ser más profundos que en toda la Historia de la Humanidad, alcanzando una magnitud tal que ha hecho que se denomine ya a este nuevo periodo el Antropoceno. Diversas razones explican esta paradójica situación. En primer lugar, la sensación de “bonanza”, sobre todo en los espacios centrales, por el crecimiento sin freno (aparente) de la Economía Mundo capitalista en el tránsito al nuevo milenio; crecimiento impulsado en muy gran medida en base a la expansión indiscriminada del crédito, la globalización industrial y la irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, pero sobre todo garantizado por los bajos precios de los combustibles fósiles y materias primas en general. Los más bajos en términos relativos en más de doscientos años de Revolución Industrial (Fdez Durán, 2008). Este escenario fue favorecido asimismo por la existencia de “servicios ambientales” gratuitos, especialmente en cuanto al acceso al agua dulce, y la utilización sin coste económico alguno de la Biosfera como sumidero de los desechos del metabolismo urbano-agro-industrial. Pero sobre todo fue la tremenda capacidad de ocultación de la Aldea Global, y el hecho de que el mensaje institucional y corporativo fuera que a pesar de todo caminábamos hacia la “sostenibilidad ambiental”, lo que instaló al nuevo capitalismo global en una complacencia inusitada, lubricada además por la capacidad de consumo de las clases medias, en especial de los países centrales, y sobre todo de las elites planetarias. Es más, los patrones de vida y consumo de las mismas eran los que servían de reclamo a la población mundial, activados por la industria publicitaria que los proyectaba al mundo entero. En este contexto, ¿quién era capaz de decir que todo esto era un puro espejismo que no podía continuar mucho tiempo? ¿desde dónde lo podría afirmar y quién le iba a atender? Pero, aún así, diversas voces minoritarias lo anunciaban, aunque estas Casandras “aguafiestas” fueron mantenidas a raya y marginadas por la Espiral del Silencio de la Aldea Global.

De esta forma, la capacidad de crear una realidad virtual separada de su sustrato material, ocultaba el carácter cada día más extractivista del actual sistema urbano-agro-industrial, sus crecientes impactos, y la absoluta imposibilidad del crecimiento económico ilimitado en un planeta finito. La Sociedad de la Imagen encubría que el actual capitalismo global se separaba cada vez más del funcionamiento de la Biosfera, pues abandonaba el menor uso de materiales y los mecanismos de recuperación y reciclaje que habían caracterizado a otras sociedades humanas en el pasado, disparando la producción de residuos, al tiempo que hacía estallar como nunca en la Historia el transporte (motorizado) mundial. Los bajos precios de los combustibles fósiles y materias primas, así como la libre disponibilidad de “servicios ambientales” esenciales y de los sumideros planetarios, como decimos, lo permitían. Pero sobre todo fue la disponibilidad de energía abundante y barata la que hizo todo esto posible en última instancia. En suma, fue la energía fósil, y muy en concreto el petróleo, lo que permitió que funcionara todo este espejismo. Incluida la expansión “imparable” de la dimensión financiera del capitalismo global, que no hubiera sido posible sin dicha base material. Además, la propia “economía real” crecía también en base al tratamiento de los crecientes

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desequilibrios sociales y medioambientales. Y todo ello mientras se conmemoraba el Fin de la Historia (Fukuyama, 1992), y el progresivo triunfo planetario del mercado y la democracia liberal, al tiempo que el Estado parecía que pasaba a un segundo plano y se le despojaba de su dimensión social. Lo que posibilitaba un mayor crecimiento y concentración de la riqueza, mientras que aumentaba la precarización, la pobreza y la exclusión planetaria. Un círculo virtuoso “perfecto”, pues no aparecía ninguna fuerza social o natural con capacidad suficiente para frenarlo.

Figura 4

Fuente: ASPO (Association for the Study of Peak Oil)

Pero todo ello era un puro espejismo, enormemente embaucador, pues el sustrato material biofísico sobre el que se asentaba todo este castillo de naipes se estaba en realidad agotando, aunque “nadie” lo percibiera. Al igual que la conflictividad político-social iba en ascenso, al menos en el tránsito hacia el nuevo milenio (Fdez Durán, 2010). Pero centrémonos por el momento en la problemática de los inputs y los outputs del imparable metabolismo urbanoagro- industrial. La creciente disponibilidad de combustibles fósiles abundantes y baratos se acercaba a su fin a finales del siglo XX, y muy en concreto el petróleo (Heinberg, 2006), sin que los mecanismos de mercado, los precios, lo avisaran; un fallo tremendo de todo el andamiaje teórico de la economía neoclásica que declaraba justo lo contrario. El llamado petróleo convencional alcanzaba su pico a principios del siglo XXI (ver figura 4), si bien el creciente flujo de petróleo no convencional pudo mantener el consumo en aumento, eso sí, con un precio al alza. Sobre ello volveremos al analizar más adelante la actual Crisis Global. Pero igual podríamos decir de algunos de los minerales claves de cara a una mayor expansión del actual sistema urbano-agro-industrial (cobre, fosfatos, etc.), que empezaban a mostrar ya los primeros signos de futura escasez, sin que los mecanismos de mercado lo anunciaran, al menos en esos años. Y la razón era una vez más los bajos precios de la energía, que permitían seguir extrayéndolos “sin problemas”. En cualquier caso, se estaban agotando los mejores yacimientos y minas. Y lo mismo podríamos afirmar acerca de los “servicios ambientales” y

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de los sumideros planetarios, pues su creciente uso y abuso los deterioraba sin freno, pero la factura económica de todo ello era todavía muy residual. Y en cualquier caso, el capital dinero seguía expandiéndose “sin fin”, mientras el “capital natural” mermaba y se deterioraba. ¿Por qué preocuparse pues? ¿A quién le importaba? A la Ley de Hierro del crecimiento y la acumulación dineraria constante y “sin fin”, para nada

Es más, hasta los mismos que habían apuntado los “Límites del Crecimiento” en los setenta (Meadows et al, 1972), nos señalaban en los noventa que quizás se podría entrar en una nueva etapa “Más Allá de los Límites del Crecimiento” (Meadows et al, 1992), en base al desarrollo tecnológico y a un mejor aprovechamiento de los recursos, así como a partir de una progresiva “desmaterialización” de la economía (Murray, 2009). Sin embargo, en su último informe, realizado treinta años después del primero, volverían a incidir sobre sus tesis iniciales, en torno a las distintas translimitaciones (overshoots) que está alcanzando ya la Sociedad Industrial (Meadows et al, 2002). Pero, en fin, desde la Nueva Derecha los negacionistas de todo tipo y hasta los nuevos conversos, como Bjorn Lomborg autor de “El Ecologista Escéptico” (1998)24, nos animaban, con fuerte apoyo mediático, a olvidarnos absolutamente de los límites biofísicos y los problemas derivados de los outputs del metabolismo urbano-agro-industrial, señalando su falsedad e irrelevancia, y que su “innecesario” abordaje iba a generar más pobreza que la que se pudiera derivar en todo caso de los mismos. Y que, además, el crecimiento económico posibilitaría, de acuerdo con la Curva de Kuznets, y con la tecnología adecuada, ir caminando de forma lenta pero segura hacia una mayor sostenibilidad medioambiental, al tiempo que se acabaría con la pobreza en el mundo. Otra vez se nos señalaba el crecimiento económico no como una amenaza, sino como la verdadera solución a todos los problemas. Sobre todo a los dos centrales: pobreza y medio ambiente. Y se seguía cargando en la sobrepoblación mundial, en especial del Sur Global, gran parte de la problemática medioambiental, en una especie de nuevo maltusianismo. Al tiempo que se magnificaba, una vez más, la fe en la tecnología como salvadora del Planeta y la Humanidad

Pero a esta “invisibilidad” de la problemática ambiental ha contribuido también decisivamente la expansión del Planeta de Metrópolis, debido a la aguda y creciente concentración de la población mundial en “ciudades” (en torno al 50%), y al predominio global de los valores urbano-metropolitanos y su proyección sobre los mundos rurales del planeta a través de la Aldea Global. No en vano la población urbana se multiplicó por 12, y el número de metrópolis millonarias por 40, a lo largo del siglo XX. Las metrópolis postmodernas, las Ciudades Globales centrales, en pleno auge y con sus edificaciones grandiosas y deslumbrantes, ayudaban también a ocultar el océano de desorden ecológico mundial que la creación de estas islas de orden aparente estaba impulsando. Pero también la explosión de las Megaciudades Miseria periféricas contribuye a la profundización del desorden ecológico global, aunque en este caso las islas de orden aparente, y su imagen fulgurante, sean tan solo una parte escueta de las mismas, pues el propio desorden social y ambiental las inunda. Y así, la expansión sin freno de la lengua de lava urbano-metropolitana de la Segunda Piel antrópica ha permitido enmascarar en gran medida el encogimiento, deterioro, desgarro y envenenamiento de la Naturaleza, o Primera Piel, pues los problemas medioambientales no se perciben desde los espacios urbanos, y menos todavía desde las metrópolis. Sobre todo cuando en unos y en otros, y en muchos de los mundos rurales, en

24 Este individuo se presenta como antiguo socio de Greenpeace Dinamarca, y se ha convertido en uno de los máximos exponentes del discurso de la Nueva Derecha en materia ambiental. Pero sus controvertidas tesis negacionistas y cornucopianas han sido denunciadas como verdaderos fraudes científicos en revistas como Scientific American y Nature, generando una enorme polémica (Valdivielso, 2006).

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especial en los más modernizados, el contacto con la realidad es a través de la Tercera Piel, dominada por el simulacro y el espectáculo a través de la fuerza diabólica de la imagen electrónica. Además, el “Progreso” tiene forzosamente este carácter urbano-metropolitano, y a él hay que sacrificar cuanto demande su expansión obligada e ineludible. De esta forma, la Segunda y la Tercera Piel se han conjugado para luchar sin descanso contra la Primera, la Madre Naturaleza, mercantilizándola y artificializándola.

Finalmente, un aspecto muy importante que explica esta invisibilidad de la crisis ecológica es la propia aproximación a la Naturaleza por parte del pensamiento occidental dominante, un pensamiento que como hemos visto se globaliza en el siglo XX, aunque adoptando la forma de múltiples modernidades al final del mismo (Fdez Durán, 2009). Un pensamiento basado en la idea de Progreso constante, y en los mitos de la producción y crecimiento, que finalmente se acaban imponiendo en el mundo entero. Pero este pensamiento está basado también en fuertes dualismos jerarquizados: Cultura-Naturaleza, Mente-Cuerpo, Razón-Emoción, Conocimiento Científico-Saber Tradicional, Público-Privado, Hombre- Mujer, etc. Y en estas dicotomías el predominio es claramente del primer polo de la relación, y el segundo queda claramente supeditado al mismo (Herrero, 2008; Novo, 2006). Es por eso por lo que el pensamiento moderno occidental está absolutamente incapacitado para ver, comprender y sentir el deterioro de la Pacha Mama, sobre todo cuando desde sus inicios, como ya vimos, se construye y se desarrolla para dominarla. Si a ello le sumamos el enfoque analítico-parcelario que domina el saber científico moderno, y la ausencia y minusvaloración de las reflexiones más holísticas y cualitativas, fácilmente podremos constatar que a pesar de disponer de un conocimiento técnico cada día más sofisticado para medir lo que acontece en la realidad, ésta no haga sino deteriorarse a velocidad de vértigo, debido a los fortísimos intereses económico-financieros que conducen la lógica ciega del capital. Que no ve lo que no quiere ni puede ver, pues iría contra su propia esencia.

-Treinta años perdidos, resistencias sociales “ecológicas” y efecto boomerang de Gaia

Las tres décadas pasadas desde las crisis energéticas de los setenta han sido un tiempo precioso perdido para llevar a cabo una transición hacia un mundo más justo y sustentable, en paz con el planeta. Además, hoy en día es mucho más difícil hacer dicha transición, pues el sistema urbano-agro-industrial es mucho más injusto, rígido e insostenible que entonces, y tenemos por tanto una menor capacidad de reacción. En este periodo, el carrusel de la producción y el consumo industrializados se activó y mundializó como nunca en la Historia, pareciendo que entrábamos en la dinámica del mito del movimiento perpetuo y el crecimiento ilimitado. De hecho, el PIB mundial casi se cuadriplicó en esos años, y el mundo financiero creció a un ritmo doble que el PIB mundial (sin incluir los productos “derivados”, que crecieron todavía mucho más) (Naredo, 2009). Pero este crecimiento capitalista se estaba sustentando en el progresivo saqueo e integración de las sociedades humanas no capitalistas, la intensificación y globalización de la explotación de las ya existentes, la mercantilización de más ámbitos de nuestra existencia, y la profundización de la guerra silenciosa contra la Biosfera. De esta forma, el metabolismo del sistema urbano-agro-industrial mundial no ha hecho sino ocupar y demandar un mayor espacio ambiental, en detrimento cada vez más de la vida misma sobre el planeta.

La demanda creciente de inputs del metabolismo urbano-agro-industrial pudo ser satisfecha a costa del progresivo colapso y deterioro de los recursos renovables, trascendiendo su capacidad de regeneración, y el agotamiento progresivo de los recursos no renovables.

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Tanto los de carácter reciclable, los minerales, que nunca se podrán reciclar en su totalidad, como los que se agotan irreversiblemente una vez utilizados: los combustibles fósiles (Murray, 2009). Aún así, se pudo mantener siempre un flujo en ascenso de unos y otros hasta ahora, eso sí, gracias a un flujo energético en constante ascenso y al deterioro imparable de la Madre Tierra. Y hasta las principales potencias empezaron a explorar secretamente las profundidades marinas, los fondos abismales (a más de 6000 metros bajo el nivel del mar), con un optimismo tecnológico y energético desbordante, para intentar “continuar” en el siglo XXI con una nueva “fiebre del oro” de los minerales; pues ya se preveía que empezaran a escasear en la corteza terrestre, aunque este hecho no trascendiera públicamente. Pero también los outputs de dicho metabolismo no hicieron sino alcanzar una dimensión cada vez más descontrolada y amenazante, que empezaba a poner en cuestión el normal funcionamiento de la propia Biosfera, y su capacidad para desempeñar sin traumas el papel de sumidero planetario del capitalismo global. Las consecuencias implacables del metabolismo urbanoagro- industrial ya afectan a unas dos terceras partes de los ecosistemas planetarios (Reid, 2005) y están alterando gravemente el clima planetario. A pesar de todo, el Business as Usual continuó imparable, aunque con altibajos locales y globales, hasta la llegada de la Crisis Global.

El capitalismo global no es como un ecosistema que crece hasta alcanzar la madurez y después evoluciona y se complejiza en un proceso de equilibrio inestable (Bermejo, 2008). O como el ser humano que crece desde su niñez hasta la juventud, para desarrollarse luego cualitativamente en su edad adulta. El sistema urbano-agro-industrial mundial es incapaz de alcanzar la madurez, pues no puede dejar de crecer, ya que si no colapsa. De las dos fuerzas que operan en la Biosfera: cooperación y competencia, en la Naturaleza predomina la primera sobre la segunda. Pues si en la Naturaleza imperara la competición se produciría una fuerte dinámica de reducción de especies y se evolucionaría hacia ecosistemas cada vez más simples y especializados, degradándose progresivamente la complejidad de la vida. Pero en la expansión del capitalismo global es la competencia la que se impone de forma cada vez más decisiva para garantizar su crecimiento “sin fin”. El modelo predador-presa dentro de la propia especie. Sin embargo, es imprescindible recordar que no puede funcionar sin la cooperación, aunque ésta permanezca en un ámbito invisible, en el espacio doméstico, y la propia expansión y competencia degraden cada vez más también este espacio vital de la reproducción humana, que se mantiene en base al trabajo no remunerado realizado muy mayoritariamente por las mujeres. De esta forma, la expansión capitalista depende de dos ámbitos imprescindibles para seguir creciendo: la Naturaleza y el espacio doméstico, ambos hasta ahora gratuitos y ambos en gran medida al límite de su capacidad de sustentación al filo del nuevo milenio. Uno, por la crisis ecológica en marcha y, el otro, por la crisis imparable de las tareas de cuidado y reproducción. Y los dos imprescindibles para el mantenimiento de la vida humana y no humana. Además, todos los seres humanos son interdependientes y ecodependientes, pues el Homo economicus competitivo e independiente es una absoluta ficción (Herrero, 2008; Charkiewicz, 2009).

Pero, igualmente, en esa loca huida hacia adelante las diferencias sociales y territoriales planetarias no hicieron sino acentuarse, profundizándose aún más como resultado de la crisis ecológica mundial. Es más, las estructuras de poder empresarial, financiero y estatal se han reforzado enormemente en estos treinta años, sobre todo las centrales, y recientemente también las emergentes, pues son las que se han beneficiado y benefician del nuevo capitalismo global. Además, el poder, desde el punto de vista ecológico, como lo define Sachs (2001), es la capacidad de internalizar las ventajas ambientales y externalizar los costes ambientales. Y es la población más empobrecida y los más débiles los que más sufren los

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impactos ecológicos. De esta forma, los espacios centrales, y ahora en parte los emergentes, han podido, y pueden, aumentar su “nivel de vida” en base a incrementar la capacidad de carga de sus territorios, importando sostenibilidad, o biocapacidad, del resto del mundo. Pero esta lucha despiadada por la apropiación de la biocapacidad planetaria está llegando ya a sus límites, como veremos posteriormente al hablar de la Crisis Global actual. Límites no solo ecológicos sino asimismo socio-políticos. Sobre todo porque todavía subsisten mundos campesinos e indígenas, que mantienen una relación más equilibrada con el entorno, y un menor consumo de energía, y que se resisten a sucumbir a la lógica de expansión (y destrucción) del capital. Mundos para nada despreciables, es más muy considerables todavía: unos 2000 millones de personas en los mundos campesinos autóctonos o poco modernizados, y unos 400 millones en los mundos indígenas (Mander, 2007). Muchos de ellos en las franjas intertropicales, donde existe también una mayor diversidad de lenguas y de culturas comunitarias. Las fronteras principales a la expansión del actual sistema urbano-agroindustrial están pues allí donde hay mundos campesinos e indígenas que tienen unas formas de vida que defender. Y es curioso que sea allí precisamente donde están las principales reservas de la biodiversidad planetaria y los últimos recursos no renovables (minerales y combustibles) por explotar.

En definitiva, tanto los recursos como los amortiguadores sociales y ecológicos planetarios a la expansión del capitalismo global están desapareciendo, y ya sabemos lo que sucedió en otras civilizaciones cuando agotaron las bases materiales y tensionaron las estructuras socio-políticas en las que basaban su funcionamiento: sucumbieron o colapsaron, aunque fueron procesos que implicaron décadas y hasta siglos. En el caso que ahora nos ocupa, el análisis de los aspectos biofísicos, estamos empezando a asistir a la venganza de Gaia. A finales del siglo XX, el periodo analizado, esta venganza era todavía incipiente, pero estaba ya en marcha, pues el sistema urbano-agro-industrial mundial estaba empezando a chocar ya con los límites biofísicos, y la crisis ecológica global era ya un hecho para quien que quisiera verla, aunque permaneciera en gran medida “invisible”. Pero en el siglo XXI lo “invisible” se hará claramente visible, con una luminosidad que nos deslumbrará. Lo está siendo ya, pues los límites biofísicos fueron determinantes para entender el estallido de la actual Crisis Global, después de un breve pero intenso periodo de expansión del capitalismo mundial como resultado de la explosión del endeudamiento a todos los niveles, lo que profundizó aún más la crisis ecológica planetaria. Sobre todo por la expansión inusitada que experimentó el desarrollo urbano-metropolitano como resultado de una burbuja inmobiliaria en gran medida mundial. Además, las vías que se están adoptando para “salir” de la Crisis Global van a agudizar aún más la crisis de recursos y ecológica. Y como ha demandado el nuevo movimiento por la justicia ambiental y climática en la reciente cumbre fallida de Copenhague (diciembre, 2009) no hay Planeta B para continuar con el Business as Usual. Además, la crisis financiera se ha podido “arreglar” temporalmente con una inyección descomunal de dinero público, que ha endeudado hasta las cejas a los Estados, lo que está implicando ahora recortes sociales de todo tipo, pero el colapso de la Biosfera es irreversible, al menos a escala del tiempo humano.

La expansión del capitalismo global está chocando ya con la Biosfera, aparte de con todo un conjunto de límites sociopolíticos, lo que le conducirá a un profundo colapso en el siglo XXI que tendrá repercusiones civilizatorias. Pero el análisis de esos procesos y probables teatros futuros serán tareas del trabajo aún por desarrollar al abordar la actual Crisis Global, y los escenarios posibles que se abren en el corto, medio y largo plazo. Escenarios que dependerán de múltiples factores, entre ellos de la capacidad de resistencia y transformación social de las distintas sociedades humanas, frente a unas estructuras de poder que sucumbirán

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muy probablemente también en el medio y largo plazo como parte de una civilización que se agota. Procesos que pueden adoptar múltiples variantes, incluidos quizás escenarios de barbarie y regresión social sin precedentes. Pero, a la postre, deberán alumbrar nuevas construcciones sociopolíticas y culturales, que deberán establecer forzosamente nuevas relaciones con el entorno, y en el interior de sí mismas, si es que pretenden subsistir. Y en esos procesos de forzosa transformación, los mundos que están mejor preparados para transitar por los escenarios de profunda crisis que nos esperan serán los mundos menos modernizados y urbanizados. Las fronteras ante las que hoy en día choca la expansión del capitalismo global y su sistema urbano-agro-industrial. Y los “dinosaurios” peor adaptados para subsistir serán las metrópolis mundiales, que hoy nos deslumbran con su poderío y fulgor.

Madrid-Pelegrina, abril, 2010

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LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS. Rodolfo Stavenhagen


(Libros UNESCO)
Rodolfo Stavenhagen

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS DERECHOS

Informes Temáticos del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

Oficina en México de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Luis Manuel Tiburcio, Director y Representante
Citlalin Castañeda, Oficial de Derechos Humanos
Alberto Cerezo, Asistente de Programa
Abigail Domínguez, Asistente de Programa
Adriana, Novelo, Consultora

Los pueblos indígenas y sus derechos
Autor: Rodolfo Stavenhagen

ISBN 978-92-95068-00-1

Oficina de la UNESCO en México
Avenida Presidente Masaryk No. 526, Piso 3
Colonia Polanco, México, D.F. C.P.11560
Tel/Fax: (52) 555093 1650 / 5093 1652
E-mail: mexico@unesco.org
http://www.unescomexico.org

Rodolfo Stavenhagen

INDICE

Presentación ……………………………………………………………………………………………….

Introducción …………………………………………………………………………………………………

I. Primer informe: La situación de los pueblos indígenas (2002) …………………………
1. Antecedentes
2. Instrumentos indígenas jurídicamente vinculantes relativos a los pueblos indígenas
3. Proyectos de Declaración
4. Otras declaraciones internacionales
5. Declaraciones y directrices de diversos órganos internacionales
6. Legislación y reformas a nivel nacional
7. Principales problemas de derechos humanos que aquejan a los pueblos indígenas
8. La cuestión de las definiciones
9. Preocupaciones concretas en relación con los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas
10. Futuras actividades del Relator Especial
II. Segundo informe: Los proyectos de desarrollo y los derechos de los
pueblos indígenas (2003) ……………………………………………………………………………….
1. Las consecuencias de los proyectos de desarrollo en gran escala o grandes proyectos
de desarrollo
2. Estudios de caso seleccionados
3. Presas, desarrollo y derechos humanos
4. Conclusiones y recomendaciones
III. Tercer informe: La justicia y los derechos indígenas (2004) ………………………….
1. Administración de justicia, pueblos indígenas y derechos humanos
Los tribunales y los derechos de los pueblos indígenas
La discriminación y el sistema de justicia
La criminalización de las actividades de protesta de los indígenas
El derecho y la cultura indígenas y la resolución alternativa de controversias
2. Conclusiones
IV. Cuarto informe: La educación indígena (2005) ……………………………………………
1. Los pueblos indígenas y la educación: desafíos en el campo de los derechos humanos
Derecho a la educación y pueblos indígenas: marco jurídico internacional
y desarrollo conceptual
9
11
15

49

75

97

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Factores que dificultan el acceso de los indígenas a la educación:
discriminación y falta de acceso igualitario
Educación indígena de calidad y culturalmente apropiada
Participación activa, educación superior y establecimiento de sistemas
educativos propios
La labor de las Naciones Unidas y otras instancias a favor de la
educación indígena

2. Conclusiones y recomendaciones
V. Quinto informe: La brecha de la implementación (2006) ………………………………………..
1. Panorama general de la legislación existente en materia de promoción y protección
de los derechos humanos de los pueblos indígenas
2. Análisis de la implementación de la legislación existente: avances y obstáculos
3. La protección ofrecida por el sistema internacional
4. Conclusiones y recomendaciones
VI. Sexto informe: Tendencias y desafíos (2007) ……………………………………………………..
1. La nueva normatividad y la brecha de implementación
La pérdida continuada de los territorios indígenas
Los pueblos de los bosques
Los pueblos pastores
Los pueblos en aislamiento
El impacto ambiental
Conflictos sociales y derechos indígenas
Derechos de la propiedad intelectual
Pobreza indígena, niveles de vida y políticas sociales
Derechos de las mujeres indígenas
La infancia indígena
2. El futuro de la protección internacional de los derechos indígenas
3. Conclusiones y recomendaciones
VII. Séptimo informe: Por un desarrollo basado en los derechos humanos (2007) ………
1. Pueblos indígenas y políticas de desarrollo: la otra brecha de la implementación
2. Los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo
3. El enfoque de derechos humanos y los pueblos indígenas
4. Principios de derechos humanos en el desarrollo indígena
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
Anexo ……………………………………………………………………………………………………………..

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)

115

137

157

Rodolfo Stavenhagen

Presentación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
reconocido que las culturas indígenas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada de manera unánime por
los Estados Miembros de la UNESCO, afirma, en su artículo 4, que la protección y defensa de esa
diversidad es “un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”.
De acuerdo con esta Declaración, el fomento de la diversidad cultural supone “el compromiso de
respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas”.

A lo largo de los años la UNESCO ha contribuido al fortalecimiento de las bases jurídicas
para la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, adoptando
diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada en el año 2001; la Convención Internacional para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en 2003; la Recomendación sobre la
Promoción y el Uso del Plurilingüismo y Acceso Universal al Ciberespacio, adoptada en el 2003
y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada en el año 2005.

Aunado al desarrollo normativo, la UNESCO ha impulsado y participado en la celebración
de reuniones y encuentros internacionales sobre cuestiones indígenas, como el Seminario
Internacional sobre Etnocidio y Desarrollo Étnico en América Latina (1981); la Reunión del Grupo
Interinstitucional de apoyo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre “Cómo mejorar
la colaboración y la coordinación de las actividades relativas a la promoción del saber indígena”
(2005) y el encuentro organizado por la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas sobre “Metodologías referentes al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos
indígenas” (2005).

Asimismo, la UNESCO, como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas,
participa activamente en la implementación de los Decenios Internacionales de las Poblaciones
Indígenas del Mundo; así como en las actividades del Foro Permanente de las Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas y del Grupo Interinstitucional de apoyo a dicho Foro. De igual
manera, la UNESCO ha establecido firmes relaciones de colaboración con el Relator Especial sobre
la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas,
especialmente a propósito de los derechos culturales y del derecho a la educación de las y los
indígenas.

La adopción en septiembre del 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
constituye un importante mensaje a la comunidad internacional respecto de las aspiraciones
indígenas. A las Naciones Unidas y especialmente a la UNESCO, como organismo especializado
en la cultura, la educación y la comunicación, incumbe la responsabilidad de garantizar que dicho
mensaje goce de amplia difusión e irradie la puesta en marcha del Segundo Decenio Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) que gira en torno al lema “Alianza para la acción
y la dignidad”.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

En este contexto, la Oficina de la UNESCO en México busca contribuir a la difusión del
saber en torno a los derechos humanos de los pueblos indígenas, a través de la presente publicación;
la cual recoge, en un lenguaje de fácil comprensión para un público amplio, los siete informes
temáticos anuales del Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a quien
le expresamos nuestro más alto agradecimiento por el tiempo que dedicó a la preparación de este
libro.

Luis Manuel Tiburcio
Director y Representante de la Oficina de la UNESCO en México

Rodolfo Stavenhagen

Introducción

Este libro contiene los siete informes temáticos anuales que en mi calidad de Relator Especial para
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas he presentado al Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2002 y 2007.1

El mandato de Relator Especial fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos
mediante la resolución 2001/57, en la cual decidió nombrar, por un período de tres años, un Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas con el siguiente mandato: a) recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y
comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas,
sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades
fundamentales; b) formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas
para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas; y c) trabajar en estrecha relación con otros relatores especiales, representantes
especiales, grupos de trabajo y expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos y
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. El mandato fue renovado
en 2004 y en 2007.

Los informes anuales constan de varias partes, incluyendo el texto principal con un
enfoque temático, los informes de las visitas oficiales realizadas a distintos países durante el
periodo reseñado (dos visitas al año generalmente), un resumen de las comunicaciones entre el
Relator Especial y diversos gobiernos sobre situaciones específicas de los derechos humanos de
los pueblos indígenas, y en ocasiones otros documentos relevantes. Durante mi mandato realicé
once misiones oficiales, de las cuales informé al Consejo: a Guatemala y Filipinas (2002), México
y Chile (2003), Canadá y Colombia (2004), Sudáfrica y Nueva Zelanda (2005), Ecuador y Kenya
(2006) y Bolivia (2007).2

La temática de los derechos humanos de los pueblos indígenas es una preocupación
relativamente reciente que se fue abriendo camino paulatinamente en el sistema internacional.
En la década de los cincuenta del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo publicó
un amplio estudio sobre la situación de los pueblos indígenas y en 1957 su Conferencia General
adoptó el Convenio 107 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Treinta años
después la OIT procedió a una revisión de este convenio y adoptó en 1989 el Convenio 169 con
el mismo título, que constituye hasta ahora el único instrumento jurídico internacional vinculante
sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Durante la década de los setenta, la Subcomisión de Protección de las Minorías y la
Prevención de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU realizó otro
estudio sobre la situación de los pueblos indígenas, el cual dio lugar a la creación de un Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI), que inició sus labores a principios de los ochenta. La
gran innovación de este Grupo fue que invitó a las organizaciones indígenas del mundo a hacerse
presentes en sus sesiones anuales y aportar sus puntos de vista. La presencia cada vez más
numerosa de representantes indígenas en la ONU contribuyó a crear mayor conciencia entre

1 Antes de 2006 se llamaba Comisión de Derechos Humanos.
2 Toda esta documentación está disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

los Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos de los pueblos indígenas. A petición de las organizaciones indígenas, el Grupo de Trabajo
se propuso elaborar una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, tarea que tardó
casi veinte años, durante los cuales fue negociado cada uno de sus artículos. Finalmente, la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la Asamblea General
de la ONU, el 13 de septiembre de 2007, por una amplia mayoría de 143 Estados miembros. Sólo
cuatro Estados votaron en contra: Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

La Declaración recoge las aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo y establece
los parámetros que deben seguirse de ahora en adelante para la protección de los derechos
humanos de las personas y las comunidades indígenas. Sus 46 artículos cubren toda la gama
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ya se encuentran en otros
instrumentos internacionales de derechos humanos y los colocan en el contexto específico de los
pueblos indígenas.

Aunque no sea vinculante jurídicamente (porque no se trata de un tratado firmado y
ratificado por las instancias legislativas de los Estados parte), la Declaración –como otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos—expresa un amplio consenso de la
comunidad internacional y obliga moral y políticamente a todos los países miembros a obrar por
su plena implementación con buena voluntad y en apego a sus compromisos con la Organización
de las Naciones Unidas.

Los derechos por los que han luchado tanto tiempo los pueblos indígenas en distintas
partes del mundo, se derivan de las circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales
en las que estos derechos les fueron sustraídos y negados. Se trata en primer lugar, de los
procesos de conquista y colonización que emprendieron los diversos imperios que el mundo ha
conocido, sobre todo los imperios europeos a partir de la llamada Era de los Descubrimientos.
La colonización de tierras lejanas condujo con frecuencia a la destrucción de los pueblos
originarios que en ellas habitaban; el despojo de sus riquezas y recursos; el sometimiento de sus
poblaciones a la explotación económica (esclavitud, servidumbre, encomiendas, tributos etc.); el
desmantelamiento de sus formas propias de gobierno y su subordinación a las del conquistador.
Estos procesos continuaron en muchas partes después de la disolución de los imperios coloniales
y la construcción de los Estados Nacionales, en los cuales con frecuencia fueron prohibidas las
lenguas indígenas, despreciadas sus culturas y formas de vida y acelerada su asimilación por
medio de políticas educativas, lingüísticas y culturales. Continuó también, salvo raras excepciones
y hasta la actualidad, el despojo de sus tierras y recursos, así como la discriminación contra sus
culturas, religiones e identidades.

La lista de agravios que han sufrido los pueblos indígenas durante muchas generaciones a
manos de los imperios coloniales, los Estados Nacionales, los evangelizadores religiosos, así como
los grandes intereses económicos, es larga y lamentable. Frente a esta historia, los pueblos indígenas
se fueron organizando y han luchado en sus países y en el ámbito internacional por el reconocimiento
de sus derechos, el respeto a su dignidad individual y colectiva. Felizmente, en años recientes sus
demandas han sido escuchadas por algunos gobiernos, y en numerosos Estados ha sido adoptada la
legislación correspondiente. Sin embargo, los indígenas siguen siendo víctimas de discriminaciones

Rodolfo Stavenhagen

diversas, sobre todo las mujeres y los niños indígenas. Por lo demás, aunque las leyes existan, no
siempre son aplicadas, por lo que es posible hablar de una brecha de la implementación.

Es por estas razones que la Declaración adoptada por la ONU adquiere particular
importancia para la protección internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Su efectiva implementación requiere en muchos casos que los Estados adopten nuevas leyes o
modifiquen otras, lleven a cabo políticas y programas sociales y económicos con vistas al pleno
goce de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y que estos, a
su vez, puedan abrirse espacios para una más amplia participación democrática en el conjunto de
las instituciones del país.

Los informes temáticos que presenté al Consejo de Derechos Humanos, entre 2002 y
2007, aparecen como capítulos en el presente libro. He hecho ligeros cambios editoriales para
facilitar su lectura y reducir el andamiaje formal de un texto destinado originalmente a una
instancia de las Naciones Unidas, con el objeto de que pueda alcanzar un público más amplio. Los
anexos a estos informes referidos a mis visitas oficiales a distintos países, y demás actividades
realizadas por el Relator Especial, no están incluidos en esta publicación; pueden ser consultados
en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACDH).3

Deseo agradecer el apoyo que he recibido de la OACDH, especialmente de la Alta
Comisionada, Louise Arbour, quien se ha interesado especialmente en los derechos de los pueblos
indígenas, así como de Julian Burger, Director de la Unidad para las Minorías y los Pueblos
Indígenas en la OACDH en Ginebra, y su eficiente equipo de colaboradores. Agradezco la estrecha
colaboración que me prestaron Pablo Espiniella y Luis Rodríguez Piñero para el buen desempeño de
mi mandato. Muchas gracias también al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
(IWGIA) por haber apoyado y facilitado la amplia participación de organizaciones indígenas durante
mis visitas a distintos países, y a Cultural Survival (Cambridge, USA) y Rights and Democracy
(Canadá) por su interés y colaboración. Agradezco al Colegio de México, la institución académica
a la que pertenezco desde hace más de cuarenta años, el haber facilitado con entusiasmo el
desempeño de este mandato de Relator Especial. También agradezco a Diego Iturralde y al Instituto
Interamericano de Derechos Humanos su apoyo durante mis visitas a varios países latinoamericanos.
Muy especialmente deseo expresar mi agradecimiento a los pueblos y comunidades indígenas
que me dieron su amistad y confianza, me proporcionaron valiosa información y me permitieron
compartir sus dolores y sus anhelos. Finalmente, agradezco a la Oficina de la UNESCO en México
la posibilidad de publicar este texto bajo su patrocinio.

Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
de los Pueblos Indígenas

3 Véase nota 2.

Rodolfo Stavenhagen

I. Primer informe: La situación de los pueblos indígenas
(2002)
“La trágica situación de los indígenas que persiste en muchas partes del mundo es una
afrenta a nuestra humanidad común.” 4

El 24 de abril de 2001, en su 57º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó
la resolución 2001/57 en la cual decidió nombrar, por un período de tres años, un Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas con
el siguiente mandato: a) recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones
de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades
y organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales; b)
formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas para prevenir y
remediar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas;
y c) trabajar en estrecha relación con otros Relatores Especiales, representantes especiales, grupos
de trabajo y expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

El primer informe5 a la Comisión ofrece un panorama de las principales cuestiones
de derechos humanos que se plantean a los indígenas en la actualidad, examina las formas
apropiadas de tratar las preocupaciones en materia de derechos humanos para evitar una “brecha
de protección” en la tramitación de las quejas sobre derechos humanos, así como establecer un
marco y un programa para futuras actividades.

1. Antecedentes
Las actividades oficiales de las Naciones Unidas en relación con las cuestiones indígenas
comenzaron en 1970, con la recomendación formulada por la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías,6 en el sentido de que se emprendiera un estudio
completo del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas y se nombrara a un
Relator Especial para preparar el estudio. A esto siguió la creación del Grupo de Trabajo sobre
las Poblaciones Indígenas que debía examinar los acontecimientos relativos a la promoción y
protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, prestando atención especial a la
evolución de las normas relativas a sus derechos. El Grupo de Trabajo celebró su primer período
de sesiones anual en 1982.

El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas se ha reunido anualmente a partir
de 1982 para examinar la evolución de la situación de las poblaciones indígenas y ha recomendado
normas para la protección y promoción de sus derechos humanos. A lo largo de los años, el Grupo
de Trabajo ha constituido un foro abierto a la participación de los indígenas y ha dedicado sus

4 Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales, Indigenous Peoples: A Global Quest for Justice, 1987.
5 Documento oficial de Naciones Unidas: E/CN.4/2002/97
6 Después llamada Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

debates a muchos temas relativos a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como la
cuestión de la tierra, el derecho al desarrollo, el patrimonio cultural y la propiedad intelectual, la salud
y la educación. Sus reportes anuales a la Subcomisión contienen muchas informaciones sobre la
situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y un gran número de comunicaciones
e intervenciones de las asociaciones de indígenas y otras organizaciones no gubernamentales, que
constituyen un amplio panorama de las preocupaciones actuales. Debe reconocerse en especial la
labor de la Sra. Erica-Irene Daes, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas
durante casi 20 años, bajo cuya orientación el Grupo de Trabajo preparó el proyecto de declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que actualmente examina la
Comisión.7

La proclamación del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
(resolución 45/164 de la Asamblea General), seguida por la proclamación del Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (resolución 48/163 de la Asamblea General), expresó el
creciente interés de la comunidad internacional por la suerte de los pueblos indígenas y reflejó
el hecho de que la cuestión “indígena” se ha vuelto un problema fundamental en el programa
internacional de derechos humanos. Otras señales del constante interés de las Naciones Unidas
por la problemática de los pueblos indígenas son la creación por el Consejo Económico y Social del
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2001), y el nombramiento por la Comisión de un
Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de
los Indígenas (2001). La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros órganos
de las Naciones Unidas han organizado asimismo muchas consultas, talleres y otras reuniones
sobre el tema. En 1993, la Asamblea General pidió a las instituciones financieras, a los programas
operacionales y a los organismos especializados de las Naciones Unidas que asignaran mayor
prioridad y nuevos recursos a mejorar las condiciones de los indígenas.

En esta introducción se reseñarán brevemente los principales textos relativos a los pueblos
indígenas producidos por el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales,
sobre todo a fin de esbozar las principales normas internacionales de derechos humanos que se
refieren concretamente a los derechos de los pueblos indígenas y que son, a su vez, la base del
mandato del Relator Especial.

2. Instrumentos jurídicamente vinculantes relativos a los pueblos indígenas
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se interesa desde hace tiempo por la situación de
los indígenas. En 1957, la OIT adoptó el Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribales
en países independientes. Unos 30 años más tarde, reconociendo que el entorno internacional de
los pueblos indígenas había cambiado, la OIT revisó el Convenio Nº 107 y, en 1989, la Conferencia
General adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, más conocido como el “Convenio
Nº 169”, que entró en vigor en 1991. El Convenio Nº 169 ha sido ratificado hasta ahora por 14

7 La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en
2006 y por la Asamblea General de la ONU en 2007. En este capítulo se hace referencia al “proyecto de declaración” que existía en el momento de su
redacción en 2002.

16

Rodolfo Stavenhagen

países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras,
México, Noruega, Países Bajos, Paraguay y Perú.8

El Convenio Nº 169 se refiere, entre otras cosas, al derecho a la posesión de las tierras
que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus valores sociales y
religiosos, el derecho consuetudinario, el derecho a los servicios de salud y el derecho a beneficiarse
de la igualdad de las condiciones de empleo. Los procedimientos de queja son tramitados por la
Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y por una
comisión tripartita, a la cual las personas indígenas y sus organizaciones tienen acceso indirecto
mediante la estructura tripartita de la OIT. Dos temas relacionados entre sí se han planteado
repetidamente, tanto en las observaciones del Comité de Expertos como en los informes de las
comisiones tripartitas creadas para examinar las reclamaciones presentadas contra los Estados,
conforme al artículo 24 de la Constitución de la OIT. Se trata del deber de los Estados de consultar
con los pueblos indígenas y tribales cuando se examinan medidas legislativas o administrativas
que los afectan, y del mismo deber de consultar antes de proceder a la exploración o explotación de
los recursos naturales en las tierras que los indígenas ocupan o utilizan. En su informe presentado
a la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999, la Comisión de Expertos de la OIT observó que
el Convenio Nº 169 es el instrumento de derecho internacional más comprehensivo para proteger,
en la legislación y en la práctica, los derechos de los pueblos indígenas y tribales para que éstos
puedan conservar usos y costumbres autóctonos frente a los de la sociedad nacional en la que
habitan9. El Convenio sigue siendo, y probablemente lo seguirá siendo durante cierto tiempo, el
único instrumento jurídico internacional ahora en vigor y abierto para la ratificación que se refiere
específicamente a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Desde su adopción en 1989,
ha tenido considerable influencia a nivel nacional, regional e internacional.

Programa 21, capítulo 26 (1992)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD),
celebrada en Río de Janeiro en 1992, aprobó el Programa 21, cuyo capítulo 26 otorga una posición
central a las poblaciones indígenas en tanto que agentes importantes que deben figurar en el
programa sobre el medio ambiente. En el capítulo 26 se recomienda protección a las tierras
indígenas contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población
considere improcedentes desde los puntos de vista social y cultural. Los pueblos indígenas pueden
requerir mayor control sobre sus tierras y sobre la ordenación de sus recursos. Los Estados deben
adoptar asimismo leyes y políticas encaminadas a preservar las prácticas consuetudinarias y a
proteger la propiedad indígena, en particular las ideas y los conocimientos. Debe permitirse que
los pueblos indígenas participen activamente en la formulación de las leyes y políticas nacionales
relacionadas con la ordenación de los recursos y otros procesos del desarrollo que pudieran
afectarles. Desde entonces se han preparado una serie de instrumentos jurídicos de interés para
los pueblos indígenas, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, la Convención de Lucha contra la Desertificación y el establecimiento del Foro de las
Naciones Unidas sobre los Bosques.

8 En 2007 ya eran 20 países. Veinte Estados mantienen todavía su adhesión al Convenio Nº 107.
9 Informe III (1A), Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª reunión, Ginebra, 1999.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Convención sobre la Diversidad Biológica (1992)

La Convención sobre la Diversidad Biológica, aprobada en Nairobi en 1992, ha sido firmada por 141
países. El párrafo j) del artículo 8 de la Convención se refiere a los conocimientos, las innovaciones
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. El artículo
expresa el reconocimiento de la contribución que pueden hacer los conocimientos tradicionales
tanto a la conservación como al uso sostenible de la biodiversidad.

3. Proyectos de Declaración
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

El “proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”,
preparado por el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, con la activa participación
durante años de muchas organizaciones de indígenas de todo el mundo, es indudablemente
el documento de derechos humanos más importante para las poblaciones indígenas y debe
ser adoptado antes de que termine el Decenio Internacional. Aunque semejante en muchos
aspectos al Convenio Nº 169, existen algunas diferencias. En vista de que los derechos de los
pueblos indígenas constituyen una esfera en evolución en el campo de los derechos humanos en
general, así como un paso importante en la consolidación de la Carta Internacional de Derechos
Humanos, no hay duda de que el proyecto de declaración debe basarse en el logro que representa
el Convenio Nº 169 e ir más allá y, ciertamente, no debe rebajar las normas de derechos humanos
que ya se han establecido en dicho Convenio.

Es importante observar que, si bien el Convenio Nº 169 sólo ha sido objeto hasta ahora
de un número limitado de rectificaciones, se está convirtiendo rápidamente en un instrumento
importante utilizado tanto por los Estados como por las organizaciones indígenas. El procedimiento
de reclamaciones de la OIT ha dado acceso a las preocupaciones por los derechos humanos de los
indígenas y es utilizado cada vez más por las partes interesadas. De manera semejante, aunque
sólo se trata de un proyecto, las organizaciones indígenas invocan cada vez más el proyecto en
sus luchas por los derechos humanos y en sus negociaciones con los Estados y otros agentes.
Tanto el Convenio como el proyecto de declaración se han convertido en normas morales muy
respetadas de derechos humanos, otra razón por la cual no debe permitirse que la declaración
decepcione las grandes expectativas que ha despertado.

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

En el continente americano, desde el primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
1940, existe una preocupación regional por lo que se ha denominado el “problema indígena”. A
comienzos del decenio de 1990, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que preparase un proyecto de declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas, que actualmente está siendo examinado y se espera será
oficialmente adoptado por la OEA antes de que termine el Decenio Internacional.10 El proyecto de

10 En 2007 la declaración americana aún no había sido adoptada.

Rodolfo Stavenhagen

declaración americana es de alcance muy semejante a la declaración de las Naciones Unidas, pero
difiere de esta última en algunos aspectos esenciales; su adopción también es objeto de algunas
dificultades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado durante años de
las cuestiones indígenas, aprobando resoluciones y recomendaciones especiales a los Estados,
y preparando informes sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas
en determinados países de la región. Más recientemente ha iniciado un juicio, en defensa de
las comunidades indígenas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase más
adelante).

4. Otras declaraciones internacionales
Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos aprobó en 1993 la Declaración y Programa de
Acción de Viena. En el párrafo 20 de la parte I de ese documento, que trata de las poblaciones
indígenas, se pone de relieve la importancia de cuestiones tales como la participación y la
incomparable contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al pluralismo de la sociedad,
y se recomienda: “[…] los Estados deben tomar medidas positivas concertadas, acordes con el
derecho internacional, a fin de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, y
reconocer el valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y sistemas de organización
social”.

Declaración y Programa de Acción de Durban (2001)

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 2001, trató de los
derechos de los pueblos indígenas en el marco del racismo y la discriminación racial. La Declaración
y Programa de Acción se refieren extensamente a los pueblos indígenas, reafirmando sus derechos.
Ello puede considerarse como un resultado positivo. Los autores de la Declaración de Durban
reconocen “que los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación durante siglos y […]
que son libres e iguales en dignidad y derechos y no deberían sufrir ningún tipo de discriminación,
particularmente por su origen e identidad indígenas, y […] la necesidad de tomar constantemente
medidas para luchar contra la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia que los afectan” (párr. 39). Insisten también “en que para que
los pueblos indígenas puedan expresar libremente su propia identidad y ejercer sus derechos, no
deben ser objeto de ningún tipo de discriminación, lo que necesariamente implica el respeto de sus
derechos humanos y libertades fundamentales” (párr. 42).

Con todo, aun cuando varios párrafos de la Declaración de Durban se refieren
específicamente a los pueblos indígenas, el texto ha sido duramente criticado por los representantes
indígenas, que afirman que es discriminatorio. En la medida en que en la Declaración la expresión
“pueblos indígenas” “[…] se utiliza en el contexto de negociaciones internacionales en curso
sobre textos que tratan específicamente de esta cuestión, y sin prejuzgar el resultado de esas

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

negociaciones […]” (párr. 24), los representantes indígenas expresaron su consternación por lo
que consideraban una denegación de su derecho humano de ser considerados como “pueblos”
igual que los demás pueblos del mundo. Otra formulación problemática es el párrafo 43, que
trata de sus derechos sobre la tierra (véase supra). Los representantes indígenas consideran que
la Declaración y el Programa de Acción de Durban no satisfacen enteramente las expectativas
acerca de los derechos indígenas y, en realidad, podían considerarse como un paso atrás en lo que
concierne a las normas de derechos humanos.

5. Declaraciones y directrices de diversos órganos internacionales
Órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados

Destaca la jurisprudencia que están creando los órganos creados en virtud de tratados, en particular
el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, todos los cuales han formulado
recomendaciones concretas sobre los pueblos indígenas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

Durante el decenio de 1990, la UNESCO organizó varios seminarios internacionales y aprobó
resoluciones y recomendaciones sobre los derechos y políticas relativos a los pueblos indígenas
dentro de sus esferas de competencia, que son principalmente la educación, la cultura, la ciencia y
las comunicaciones, con una atención especial a la educación bilingüe, los derechos relacionados
con el idioma, los conocimientos de los pueblos indígenas y la utilización de los medios de
información para proteger y fomentar las culturas indígenas. La UNESCO ha contribuido a
desarrollar varios instrumentos jurídicos, en particular la Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural, aprobada en noviembre de 2001. El artículo 4 de la Declaración subraya especialmente
que la conservación de la diversidad cultural será una condición ética previa para la promoción
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular las de las minorías y los
pueblos indígenas.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS se ha ocupado de cuestiones que tratan específicamente de la salud de los pueblos
indígenas. En 1999, la Reunión Consultiva Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas
aprobó la Declaración de Ginebra sobre la Salud y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas,
en la que se reconocía que la salud y el bienestar de los pueblos indígenas se ven fuertemente
afectados por factores ajenos a la propia esfera de la salud, como son los elementos determinantes
sociales, económicos, ambientales y culturales. En materia de salud de los pueblos indígenas,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha desempeñado también un papel activo a lo
largo de los años.

Rodolfo Stavenhagen

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

En 1995, el PNUD preparó un proyecto de directrices para la prestación de apoyo a las poblaciones
indígenas, en las que se identifican cuatro esferas de actividad: revitalización cultural, mejora de
los niveles de vida, preservación de los recursos naturales, y desarrollo económico y tecnológico.
Muchas pequeñas contribuciones del PNUD a los programas regionales y nacionales se han
destinado a las comunidades indígenas. La política de compromiso del PNUD, aprobada en 2001,
pone de relieve los principios fundamentales que rigen la relación con los pueblos indígenas, y
distingue cinco esferas de apoyo a los mismos: participación; libre determinación; prevención de
conflictos y consolidación de la paz; medio ambiente y desarrollo sostenible, y los efectos de la
globalización.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La OMPI consagra a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas (por ejemplo, a su patrimonio
cultural) algunas de sus actividades como la información sobre las prácticas, las creencias y la filosofía
que son exclusivas de cada cultura indígena. Además, ha organizado junto con organizaciones
indígenas: seminarios, grupos de trabajo, misiones de verificación de hechos y estudios sobre
cuestiones relacionadas con los efectos de los intereses de las sociedades comerciales en los
conocimientos y el patrimonio de los pueblos indígenas, y está preparando directrices para la
protección de los derechos de propiedad intelectual de los indígenas. Actualmente, se están
celebrando conversaciones intergubernamentales sobre cómo pueden protegerse en la legislación
nacional los derechos de los pueblos indígenas a los conocimientos tradicionales, el folclore y
los recursos genéticos. El segundo período de sesiones de la comisión creada para tratar tales
cuestiones, se celebró en Ginebra del 10 al 14 de diciembre de 2001.

Instituciones financieras internacionales

El Banco Mundial aumentó su interés por la situación de los pueblos indígenas como resultado de
la labor de cabildeo de las organizaciones indígenas, de derechos humanos y de ecologistas, que
se hallaban preocupados por el impacto de los proyectos financiados por el Banco Mundial en el
bienestar, estilos de vida y supervivencia de los pueblos indígenas. Las directrices operacionales
del Banco en relación con los pueblos indígenas, contenidas en la Directriz Operacional 4.20
(1991), proporcionan orientación a los funcionarios y personal del Banco para la aplicación de sus
políticas sobre las poblaciones indígenas. El objetivo de la política es velar porque el proceso de
desarrollo promueva plenamente el respeto de la dignidad, los derechos humanos y la singularidad
cultural de los pueblos indígenas, y porque durante ese proceso los pueblos indígenas no sufran
consecuencias negativas, en particular de los proyectos financiados por el Banco, y obtengan
beneficios sociales y económicos compatibles con su cultura. En consulta con las organizaciones
indígenas, el Banco está revisando actualmente la Directriz Operacional 4.20, para convertirla en
una política operacional obligatoria para todos sus proyectos de desarrollo que guardan relación
con los pueblos indígenas.

En esa misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se preocupa por el
desarrollo de los pueblos indígenas en las Américas. Apoya proyectos de desarrollo en zonas
indígenas y proporciona cooperación técnica y financiera al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Indígenas de América Latina y el Caribe, que fue creado por la Cumbre Iberoamericana de 1992.
En 1994, los directores del BID catalogaron a los pueblos indígenas como uno de los grupos que
debían recibir asistencia del Banco.

En 1998 el Banco Asiático de Desarrollo aprobó su política sobre pueblos indígenas.
Reconociendo la vulnerabilidad real y potencial de los pueblos indígenas en los procesos de
desarrollo, esa política exige que las intervenciones del Banco en apoyo o asistencia al desarrollo
no afecten negativamente la situación de los pueblos indígenas, y que, en caso necesario, se dé
una compensación suficiente y apropiada.

6. Legislación y reformas a nivel nacional
Muchos Estados han adoptado una legislación en relación con los pueblos indígenas; tal es el caso
de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Los indios y los inuit del Canadá, los aborígenes de
Australia y los maoríes de Nueva Zelanda, se consideran “primeras naciones” o pueblos aborígenes
con derechos reconocidos en el derecho internacional.11 Esos pueblos, a los que los colonizadores
arrebataron sus tierras apoyándose en la doctrina de terra nullius, ahora desacreditada, reclaman
sus territorios basándose en el principio del título aborigen. Este concepto se ha desarrollado
ahora en el derecho internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas.12

En América Latina, donde durante mucho tiempo no se reconoció a los pueblos indígenas
como segmentos diferenciados de la población, en los decenios de 1980 y 1990 se produjeron
numerosas reformas constitucionales y se dictaron legislaciones especiales en relación con
los derechos de los indígenas, en particular en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Esas reformas legislativas abarcan
numerosas cuestiones, como son los derechos a la propiedad de la tierra y el territorio, el derecho
consuetudinario, el derecho al idioma, a la educación y a la cultura y, en algunos casos, a la
autonomía y el gobierno propio. En general exigen a los gobiernos que presten especial atención a
las políticas destinadas a promover el desarrollo de las comunidades indígenas.13 Incluso, dentro
de este nuevo marco jurídico, a menudo se informa de numerosas supuestas violaciones de los
derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre los Estados del sudeste asiático, sólo Filipinas,
Malasia y más recientemente Camboya, tienen legislaciones específicas sobre los pueblos
indígenas.

En los países escandinavos el pueblo sami está legalmente reconocido como culturalmente
diferente y con derechos especiales. Por ejemplo, una ley aprobada en 2000 en Suecia concede
a las personas el derecho a utilizar el idioma sami en sus relaciones con la administración y los
tribunales. Suecia y Finlandia están todavía considerando si ratifican el Convenio Nº 169, ya que
existen ambigüedades respecto de los derechos a la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas
en la legislación nacional de esos países. Suecia considera a los sami en el marco de su enfoque
frente a las minorías nacionales, pero en Noruega los sami están reconocidos como un pueblo
indígena.14 Existe un Parlamento Sami con poderes para negociar cuestiones de interés común

11 En virtud del Tratado de Waitangi, desde 1975 las reclamaciones de los maoríes las trata el Tribunal de Waitangi de Nueva Zelanda.
12 Véase S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Oxford University Press, 1996.
13 Véase Cletus Gregor Barié, Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama, México, Instituto Indigenista
Interamericano, 2000; Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América, México, siglo XXI, 1994; Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas. Legislación en América Latina, México, CNDH, 1999.

22

Rodolfo Stavenhagen

con los gobiernos de que se trate. En un nivel diferente, el carácter autónomo de Groenlandia
frente a Dinamarca, es un ejemplo de una relación constructiva entre un pueblo indígena y una
antigua potencia colonial. En la Federación de Rusia, los “pequeños pueblos del norte” están
amparados por la Ley Federal sobre Garantías de los Derechos de los Pequeños Pueblos Indígenas
de la Federación de Rusia, aprobada recientemente en 1999, que es el primer paso hacia el
reconocimiento de los pueblos indígenas en ese país. Esta ley brinda una protección judicial de
los derechos de los pequeños pueblos indígenas (art. 14) y protege el medio ambiente indígena,
el estilo de vida y la economía tradicionales, el servicio militar alternativo y las culturas e idiomas
tradicionales. Una reciente ley de abril de 2001, se refiere a los territorios administrados de forma
tradicional por los pueblos indígenas.

Sólo unos cuantos Estados africanos reconocen realmente la existencia de pueblos
indígenas en su territorio. La Constitución de Etiopía habla del derecho incondicional a la libre
determinación de cada nación, nacionalidad y pueblo en Etiopía. La Constitución del Camerún
protege los derechos de las minorías y defiende los derechos de los indígenas. La Constitución
de Uganda de 1996 protege los derechos de los grupos marginalizados y se compromete a
adoptar políticas de acción afirmativa a favor suyo. La Constitución de Argelia de 1996 reconoce
la dimensión amazigh de la cultura argelina, y la Constitución de Namibia reconoce el idioma
nama. El Gobierno democrático de Sudáfrica reconoce los derechos de los san, generalmente
reconocidos como los sudafricanos aborígenes. La Constitución promueve la protección de los
idiomas khoi, nama y san. Pese a que está cambiando el entorno legal, se siguen recibiendo
informes de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

7. Principales problemas de derechos humanos que aquejan a los pueblos indígenas
En 1953, la OIT publicó un excelente estudio sobre las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos
autóctonos de los países independientes, en el cual llegó a la siguiente conclusión: “En general,
el nivel de vida de las poblaciones aborígenes en los países independientes es extremadamente
bajo y en la gran mayoría de los casos es considerablemente inferior al de las capas menesterosas
de la población no aborigen”.15 Treinta años después, José Martínez Cobo, Relator Especial de
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, observó que en
muchos países se encuentran en lo más bajo de la escala socioeconómica.16

Más recientemente, el Banco Mundial llevó a cabo un estudio empírico comparativo
sobre los pueblos indígenas y la pobreza en América Latina, según el cual la pobreza entre la
población indígena latinoamericana es aguda y está generalizada y las condiciones de vida de
la población indígena son pésimas, en particular si se las compara con las de la población no
indígena.17

14 Noruega fue el primer país que ratificó el Convenio de la OIT Nº 169.
15 Oficina Internacional del Trabajo. Poblaciones indígenas. Condiciones de vida y de trabajo de los pueblos autóctonos de los países independientes.
Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1953, pág. 93.
16 José R. Martínez Cobo. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.1 a 4). La adición 4
que contiene las conclusiones, propuestas y recomendaciones del Relator Especial, apareció como Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta

E.86.XIV.3.
17 Pueblos indígenas y pobreza en América Latina. George Psacharopoulos y Harry Anthony Patrinos, Washington, D.C., Banco Mundial, 1994.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Esas conclusiones concuerdan con las de otros muchos estudios sobre la situación de
los pueblos indígenas en todo el mundo; tienden a mostrar no sólo que las condiciones de vida
de los indígenas son, en general, deplorables, sino también que su situación está estrechamente
relacionada con la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos de los que son
víctimas los pueblos indígenas. Pese a los esfuerzos por mejorar sus condiciones, los pueblos
indígenas están todavía desaventajados a causa de su bajo nivel de vida y tropiezan con numerosos
obstáculos en sus intentos por superar su situación.

Aunque se han logrado algunos progresos en los dos últimos decenios, en particular
por lo que respecta a la legislación internacional y nacional relativa a los derechos humanos de
los pueblos indígenas (véase la Introducción), su situación general sigue siendo causa de gran
preocupación. Si nos fijamos en los diferentes indicadores que muestran el logro de los derechos
sociales, económicos y culturales, los indígenas se sitúan sistemáticamente en un nivel inferior al
del resto de la población.

Estudios comparativos y un cuidadoso examen de las declaraciones y comunicaciones
presentadas por las organizaciones indígenas y de derechos humanos, en conjunto con los informes
preparados por los gobiernos, las organizaciones internacionales y fuentes independientes,
nos permiten agrupar los principales problemas con que se enfrentan actualmente los pueblos
indígenas en diversas categorías, a saber: los derechos a la propiedad de la tierra y al territorio;
la educación y la cultura; la organización social y los sistemas de derecho consuetudinario; la
pobreza, los niveles de vida y el desarrollo sostenible; la representación política, la autonomía y la
libre determinación.

Derechos a la propiedad de la tierra

Nos referiremos en primer lugar a las cuestiones relativas a los derechos a la propiedad de la tierra,
que constituyen un problema de primer orden para las comunidades indígenas y se han estudiado
ampliamente a lo largo de los años. Desde tiempo inmemorial los indígenas han mantenido una
relación especial con la tierra, que es su medio de vida, de sustento y la base de su existencia
misma como comunidades territoriales identificables. El derecho a poseer, ocupar y utilizar la
tierra es inherente a la idea que tienen los pueblos indígenas de sí mismos y, en general, es a
la comunidad local, la tribu, la nación o el grupo indígena a quien se confiere ese derecho. Con
fines económicamente productivos esa tierra puede ser parcelada y utilizada en forma individual

o familiar; sin embargo, el uso de gran parte de ella está generalmente limitado a la comunidad
(bosques, tierras de pastos, pesquerías, etc.), y la propiedad social y moral pertenece a la
comunidad.
Ello se ha reconocido a menudo en el sistema jurídico nacional, pero con la misma
frecuencia ciertas clases de intereses económicos han intentado, como sucede frecuentemente,
convertir la posesión comunal en una posesión privada individual, proceso que se inició durante
el período colonial en muchos países y se intensificó en épocas poscoloniales. Por ejemplo, en
México el desmembramiento de las comunidades agrarias indígenas que tuvo lugar en el siglo XIX,
fue una de las razones de la revolución mexicana de 1910. A las comunidades mapuche, del sur
de Chile, se las obligó a aceptar la desintegración de sus territorios comunales durante la dictadura
militar de los años setenta.

Rodolfo Stavenhagen

El Sr. Martínez Cobo informó de que en algunos países existían disposiciones jurídicas
para la protección de las tierras indígenas, pero también señaló a comienzos del decenio de 1980
que “se está ahora propugnando la abolición de ellas y la concesión a los indígenas de la propiedad
privada individualizada e irrestricta de la tierra”.18 Además, en muchos países los indígenas han sido
desposeídos de sus tierras y grandes empresas económicas privadas o sociedades han podido,
con la ayuda del Estado o sin ella, apropiarse de tierras que pertenecían a comunidades indígenas.
Desde entonces no ha habido muchos cambios. Aunque se han dictado con mayor frecuencia
medidas jurídicas de protección, la pérdida y desposesión de las tierras indígenas han continuado
implacablemente, en algunos países más rápidamente que en otros, y las consecuencias de este
proceso han sido, en general, bastante nefastas para la situación de los derechos humanos de los
indígenas.

Erica-Irene Daes observa en su estudio sobre las poblaciones indígenas y su relación con
la tierra que “es difícil separar el concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios
y recursos del concepto de sus diferencias y valores culturales. La relación con la tierra y con todo
ser viviente es fundamental para las sociedades indígenas”.19 En algunos países el concepto de
título aborigen es fundamental para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así sucede
en partes de la Commonwealth británica, donde el uso y la ocupación exclusivos de tierras desde
tiempo inmemorial dio lugar a un título aborigen. Cuando se reconoce ese título, los pueblos
indígenas tienen por lo menos algún derecho legal que se puede afirmar en el ordenamiento jurídico
interno.20 Otros países han decidido demarcar las tierras indígenas, pero, como señala la Sra.
Daes, habida cuenta de la frecuencia e importancia de las quejas, el mayor y único problema que
tienen hoy día los pueblos indígenas es que los Estados no demarcan las tierras indígenas. La
Sra. Daes concluye que: “Las sociedades indígenas de varios países se hallan en una situación
de rápido deterioro y cambio debido en gran parte a que se les ha denegado sus derechos a las
tierras, los territorios y los recursos […] El hecho de que los Estados no apliquen, ni hagan cumplir
la legislación existente que protege las tierras y los recursos indígenas, constituye también un
problema muy extendido”.21

En América Latina la cuestión de los derechos a las tierras indígenas y de los derechos
humanos relativos a los problemas agrarios es particularmente grave. Un informe preparado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), llega a la conclusión de
que las reformas agrarias durante el siglo XX benefician a los pueblos indígenas permitiéndoles
recuperar una parte de las tierras que reclaman; pero los programas no reconocen su especificidad
étnica y cultural de forma que los indígenas están considerados simplemente como agricultores.
La conveniencia de introducir reformas legales que otorgarían a los indígenas un mayor grado
de autonomía y participación en la gestión de los procesos económicos, sociales, políticos y
culturales de sus tierras y territorios es una reivindicación esencial de los pueblos indígenas, de
sus organizaciones en el momento actual y los Estados no deberían ignorarlo.22

Las cuestiones de los derechos a la propiedad de la tierra afectan también a las
comunidades indígenas en otras partes del mundo. Un ejemplo es el de los orang asli de Malasia
18 E/CN.4/Sub.2.1986/7/Add.4, párr. 194.
19 Erica-Irene A. Daes, Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra (E/CN.4/Sub.2/2001/21), párr. 13.
20 Ibíd., párr. 38.
21 Ibíd., párrs. 123 y 130.
22 José Aylwin O., El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Latina. Un estudio de casos, Santiago, CEPAL,
marzo de 2001 (manuscrito).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

donde, como afirma un especialista, la mayor amenaza que existe hoy día para la cultura y la
identidad de los orang asli es ser desposeídos de sus tierras originales tradicionales.23 En Camboya
una novedad importante es la reciente ley agraria, aprobada en agosto de 2001, cuyo artículo 26
estipula que la propiedad de la tierra la concede el Estado a las comunidades indígenas como una
propiedad colectiva. Esta propiedad colectiva incluye todos los derechos y protecciones de la
propiedad de que disfrutan los propietarios privados. La ley agraria prevé también la demarcación
de las tierras indígenas de acuerdo con la situación de hecho comprobada por las comunidades de
acuerdo con sus vecinos (véase la adición).

Las comunidades indígenas y las organizaciones de derechos humanos trabajan juntas
para proteger las tierras que reclaman de acuerdo con las normas jurídicas internacionales y
nacionales. Un caso que marca un hito en esta dirección, es la decisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en favor de la comunidad indígena awas tingni de Nicaragua. Después de
un largo proceso la Corte decidió en agosto de 2001, que el Estado había violado el derecho a la
protección judicial y el derecho a la propiedad consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en perjuicio de los miembros de la comunidad awas tingni, y decidió que: “el
Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro
carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y
titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario,
los valores, usos y costumbres de éstas”, y que “el Estado deberá delimitar, demarcar y titular
las tierras que corresponden a los miembros de la comunidad mayagna (Sumo) Awas Tingni y
abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa delimitación, demarcación y titulación, actos
que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia

o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la
zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la comunidad mayagna
(Sumo) Awas Tingni”.24
Se sabe que los tribunales han dictado también sentencias semejantes en otros
Estados, lo que demuestra que los derechos a la tierra de los indígenas pueden estar, y de hecho
están, protegidos en algunos casos por medidas legales y judiciales favorables. Pero esos son
casos excepcionales, porque generalmente las comunidades indígenas no tienen fácil acceso al
sistema judicial y en algunos países los indígenas no disponen en absoluto de esos recursos.
Por consiguiente, parece ser que en el futuro deben realizarse esfuerzos por mejorar el acceso al
sistema judicial de las comunidades indígenas, y por reformar los sistemas jurídicos allí donde se
niega a los pueblos indígenas el acceso a un recurso legal.

Pero, incluso cuando se dispone en principio de leyes para los indígenas, no siempre
se aplican en beneficio suyo. Muchos Estados informan que desde hace poco tiempo existe una
actividad legislativa mediante la cual, al parecer, se protegen los derechos de los indígenas,
pero las organizaciones indígenas informan también que su aplicación deja mucho que desear.
Tan importante es para los derechos de los indígenas el cómo aplicar de forma eficaz la legislación

23 Colin Nicholas, “Orang Asli and human righs”, Subang Jaya, Malasia, Center for Orang Asli Concerns, 2001. Los pueblos indígenas de Sabah y
Sarawak están regulados por una legislación diferente, y su situación es algo distinta de la de los Orang Asli, pero se enfrentan con muchos de los
mismos problemas.
24 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. la República de Nicaragua. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 31
de agosto de 2001.

26

Rodolfo Stavenhagen

existente, como adoptar dicha legislación. Además, no toda la legislación que regula la propiedad,
el uso y el acceso a la tierra y a otros recursos naturales es favorable a la protección de los
derechos indígenas. En algunos países la legislación recientemente promulgada menoscaba
las propiedades comunales o tribales y posibilita su desposesión por terceros u otros intereses
privados o empresariales.

Erica-Irene Daes escribe que “… el título aborigen está a menudo sometido al supuesto
ilegítimo de que el Estado está facultado para extinguirlo, en contraste con la protección jurídica
y los derechos que en la mayoría de los países protegen las tierras y los bienes de los ciudadanos
no indígenas, otras personas y las empresas […] Este hecho basta probablemente para explicar la
abrumadora mayoría de problemas de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas”.
Además, “La expropiación de las tierras y recursos indígenas en aras del desarrollo nacional es un
grave problema que va en aumento. Los proyectos de desarrollo frecuentemente se ejecutan en
tierras y territorios indígenas, sin el consentimiento de los indígenas o incluso sin consultarlos”.25
En varios países las violaciones de los derechos a las tierras indígenas en el marco de los programas
nacionales de desarrollo constituyen una importante causa de tensiones sociales y merecen un
examen más detenido en el futuro.26

Tierras y territorios de origen

A veces se considera que el problema de la tierra está relacionado básicamente con la disponibilidad
de la tierra con fines productivos (agricultura, silvicultura, pastoreo, ganadería) para los miembros
de las comunidades indígenas. Aun cuando, ciertamente, ello tiene la mayor importancia porque
la falta de acceso a la tierra productiva condena a las familias indígenas rurales a la pobreza e
impele a sus miembros emigrar en busca de trabajo, no siempre con éxito, existen otros factores
que influyen también.27 Las comunidades indígenas mantienen vínculos históricos y espirituales
con sus tierras de origen, territorios geográficos en los que florece la sociedad y la cultura; por
lo tanto, constituyen el espacio social en el que una cultura puede transmitirse de generación
en generación. Con demasiada frecuencia las personas no indígenas no comprenden bien la
necesidad de este vínculo espiritual que une a las comunidades indígenas a sus tierras de origen y
a menudo se ignora en la legislación existente sobre la tierra.

El Comité de Derechos Humanos ha examinado esta cuestión y ha adoptado el
siguiente comentario general sobre el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos:

“[…] en algunos de sus aspectos los derechos de las personas amparadas en virtud de
este artículo -por ejemplo, el disfrute de una determinada cultura- pueden guardar relación
con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al uso de sus recursos. Esto
podría ser particularmente cierto en el caso de los miembros de comunidades indígenas
que constituyen una minoría […] Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales

25 Daes, op. cit., párrs. 38 y 132.
26 Véase el Informe del Seminario de Expertos sobre las Experiencias Prácticas en Materia de Derechos y Reivindicaciones sobre Tierras Indígenas,
celebrado en Whitehorse (Canadá), en 1996 (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/6).
27 Esta sección trata únicamente de las poblaciones indígenas rurales. Las poblaciones indígenas urbanas tienen problemas diferentes que serán
tratados en otro contexto.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

protegidos por el artículo 27, el Comité observa que la cultura se manifiesta de muchas
formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres,
especialmente en el caso de los pueblos indígenas.”28

Algunos expertos arguyen que el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas
es necesario para la plena protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas; mientras que otros parecen temer que ese reconocimiento pueda menoscabar
la unidad y la integridad de los Estados existentes. Con todo, en varios Estados esos derechos se
han incluido en la legislación y la experiencia muestra que la unidad nacional no está amenazada
por esos cambios.

Después de una lucha, que ha durado decenios, para lograr una reparación jurídica en
relación con los antiguos derechos a la tierra y al título aborigen, el pueblo inuit del norte del
Canadá, que había relacionado sus reclamaciones a la tierra con la autonomía territorial, negoció
un acuerdo político con el Gobierno mediante el cual lograban la creación, en 1999, del territorio
autónomo de Nunavut. En lugar de debilitar la unidad nacional, este acuerdo ha fortalecido la
estructura federal del Canadá y satisfecho las reclamaciones y aspiraciones del pueblo inuit.29

En Panamá siete pueblos indígenas: ngöbe, kuna, emberá, wounaan, buglé, naso y
bribri, que representan juntos el 8,3% de la población nacional, están concentrados principalmente
en cinco comarcas territoriales legalmente constituidas, que forman casi el 20% de la superficie
total del territorio del país. Esas comarcas son regiones semiautónomas gobernadas por consejos
locales y caciques tradicionales.30

¿Cómo pueden y cómo deben coexistir los actuales Estados con la noción de territorios
indígenas?. ¿Son esas nociones incompatibles?. ¿En qué medida es la idea de tierras de origen
indígenas legalmente reconocidas un ingrediente necesario para el pleno disfrute de todos los
derechos humanos por los pueblos indígenas? Son preguntas controvertidas que todavía no
han hallado respuesta, y ésta variará según las regiones y el país. Aun cuando se han realizado
varias experiencias prácticas que ilustran los problemas que se plantean, es necesario realizar
más estudios para abordar las cuestiones particulares, que en el discurso público son a menudo
objeto de controversia. ¿Cómo pueden hallarse acuerdos constructivos para conciliar la legítima
preocupación de los Estados por su integridad territorial y unidad nacional con la preocupación,
igualmente legítima, de los pueblos indígenas por su supervivencia colectiva como pueblos
vinculados a la tierra en innumerables formas, dentro de un sistema internacional formado por
Estados soberanos? El Relator Especial tiene la intención de seguir ocupándose de esas preguntas
en el futuro, inspirándose en las investigaciones y experiencia existentes, consultando con los
especialistas competentes y visitando determinadas zonas donde se están resolviendo esas
cuestiones.

28 Comité de Derechos Humanos, comentario general Nº 23 al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/21/Rev.1/
Add.5) aprobado en su 1314ª sesión (50º período de sesiones), 6 de abril de 1994.
29 El sitio en la web de Nunavut es http://www.nunavut.com.
30 Congresos y organizaciones indígenas de Panamá, Informe de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Panamá, Panamá,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 6 de junio de 2001.

Rodolfo Stavenhagen

La cuestión de los derechos a la tierra no puede disociarse de la cuestión del acceso a
los recursos naturales y su utilización por parte de las comunidades indígenas. Esos derechos
están reconocidos en el artículo 15 del Convenio Nº 169 y en los artículos 28 y 30 del proyecto de
declaración.31 El proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas
está redactado en términos similares.32

Las organizaciones indígenas han pedido con insistencia que se preste atención a esos
derechos, puesto que el acceso a los recursos naturales presentes en su hábitat es esencial para
su desarrollo económico y social. Con demasiada frecuencia, esos recursos se están extrayendo o
aprovechando en beneficio de otros intereses (petróleo, minería, explotación maderera, piscicultura,
etc.), con poco o ningún provecho para las comunidades indígenas que ocupan la tierra. Aunque
el Banco Mundial ha elaborado directrices operacionales para sus propias actividades en relación
con esos temas (véase la Introducción) y en algunas legislaciones nacionales se protegen
específicamente los intereses de las comunidades indígenas a ese respecto, en muchos casos se
pasan por alto los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas, lo que hace que éste sea
uno de los principales problemas de derechos humanos con que se han enfrentado en los últimos
decenios.

A la vista de las pruebas, y coincidiendo con la Sra. Daes, el Relator Especial considera
que el conjunto formado por la tierra, el territorio y los recursos constituye una cuestión de
derechos humanos esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas, y propone que se
siga estudiando la cuestión analizando con más detalle la experiencia que podría adquirirse con el
estudio de casos particulares en distintas partes del mundo.

Educación y cultura

La extensa bibliografía producida en los últimos decenios acerca de la situación de los indígenas de
todo el mundo muestra que mantienen, en general, unas peculiaridades culturales que los distinguen
claramente de los demás grupos de la sociedad y de los sectores a los que habitualmente se hace
referencia con el concepto de “cultura nacional”. Son muchos los rasgos asociados con esa
peculiaridad cultural, y en el presente informe el Relator Especial desea subrayar tan sólo algunos
que afectan directamente al disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los pueblos indígenas.

Idioma

Es necesario mencionar en primer lugar la importancia que reviste el idioma en lo que se refiere a
aportar una peculiaridad cultural esencial a cualquier pueblo. El idioma, como han demostrado los
especialistas, no es tan sólo un medio de comunicación, sino también un elemento esencial para

31 El párrafo 1 del artículo 15 del Convenio de la OIT Nº 169 dice lo siguiente: “Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos”. El artículo 18 del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
poblaciones indígenas establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, reconstitución y protección del medio ambiente total y de
la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos”. El artículo 30 establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos”.
32 El párrafo 4 del artículo 18 dice lo siguiente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a un marco legal efectivo de protección de sus derechos
sobre recursos naturales en sus tierras, inclusive sobre la capacidad para usar, administrar y conservar dichos recursos, y con respecto a los usos
tradicionales de sus tierras, y sus intereses en tierras y recursos, como los de subsistencia”.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

la estructuración de los procesos mentales y la aportación de significado al entorno natural y social
de cualquier persona. Una comunidad idiomática es también una comunidad epistemológica, es
decir, vincula a las personas mediante su participación en un medio común y en unos conocimientos
compartidos. Las comunidades que poseen un idioma indígena proporcionan a sus miembros toda
la gama de significados culturales que conlleva el uso de un idioma común. La mayoría de los
idiomas indígenas son muy antiguos y, aunque han sufrido cambios -al igual que cualquier otro
idioma- se transmiten de generación en generación y ayudan a preservar la continuidad de una
comunidad lingüística y su cultura.

Los derechos relacionados con el idioma son un elemento esencial de los derechos
culturales que todas las personas disfrutan en virtud de las normas internacionales de derechos
humanos. El sujeto del derecho al propio idioma no son sólo los individuos, sino también las
comunidades, las naciones y los pueblos. Si se niega a una comunidad lingüística el uso colectivo
y público de su idioma (por ejemplo, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los
tribunales, en la administración) se coarta gravemente el derecho de cualquier individuo a utilizar
ese idioma. Así pues, actualmente se da a los derechos relacionados con el idioma el carácter
de derechos humanos, lo que entraña su respeto, protección y promoción por parte de los demás,
y especialmente por parte de las autoridades del Estado. Numerosos Estados han promulgado
ya legislación relativa a la protección de los idiomas regionales, minoritarios o indígenas. En
Nueva Zelanda, por ejemplo, se ha enmendado la ley de educación de 1989 para recoger en ella
la financiación de los centros preescolares, las escuelas primarias, las escuelas secundarias y las
universidades maoríes. El impulso necesario llegó de la insistencia de las madres maoríes en que
ese pueblo recuperase la educación de sus hijos desde el nacimiento hasta la vida adulta.

Desde una perspectiva histórica, sin embargo, en las políticas de los Estados no se han
reconocido o protegido siempre los idiomas hablados por los pueblos indígenas o las minorías
lingüísticas. Por el contrario, la intención de las políticas lingüísticas, educativas y culturales
oficiales ha sido a menudo la asimilación de esos grupos en la corriente principal del país, con la
consiguiente pérdida de idioma y cultura. Ha sido únicamente en los últimos años cuando se ha
percibido que con esos procesos se vulneraban los derechos humanos de los miembros de esas
comunidades lingüísticas, y a veces se han considerado como una forma de etnocidio.33

Hoy día, en algunos países se reconocen los idiomas indígenas como idiomas nacionales,
al menos en las regiones en que su utilización está muy extendida, y a veces se les ha otorgado,
de una u otra forma, la condición de idioma oficial. En otros casos, su uso ya no se reprime, pero
únicamente se toleran como un medio de comunicación privado y no se les reconoce ninguna
condición oficial. En numerosas comunidades lingüísticas indígenas de todo el mundo, es corriente
encontrar a miembros de la generación más anciana que mantienen su idioma, mientras que los
jóvenes y los niños son más proclives a perderlo, especialmente cuando se llevan a cabo políticas
de asimilación. El artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño no deja lugar a dudas:
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o personas de origen
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías, o que sea indígena, el derecho
que le corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

33 El etnocidio es un proceso de modificación y destrucción cultural resultado de políticas específicas que socavan la capacidad de autopreservación
de una comunidad cultural.

Rodolfo Stavenhagen

La negación del derecho a practicar la cultura, la religión o el idioma propios puede
adoptar muchas formas. A menudo, cuando el entorno social e institucional no es propicio a la
preservación y el desarrollo de las culturas y los idiomas indígenas, ese derecho se niega en la
práctica, incluso cuando no existe una prohibición o restricción oficial.

Educación

El uso de la lengua materna en la educación y las comunicaciones públicas es una cuestión
importante en la definición de los derechos humanos de los indígenas. En contraste con la idea
extendida y dominante en el pasado de la escolarización oficial como instrumento de asimilación y
aculturación, mediante el cual los niños indígenas aprenden a hablar el idioma nacional y a utilizarlo
en lugar de su lengua materna, el pensamiento actual tiende más a ir en dirección contraria.
La educación bilingüe e intercultural se ha convertido en política educativa para las comunidades
indígenas en muchas partes del mundo. Los especialistas en educación concuerdan en que la
escolarización temprana, tanto en la lengua materna nativa como en el idioma oficial del Estado,
supone un gran beneficio para los niños indígenas, que pueden dominar el idioma vehicular, es
decir, de la sociedad más amplia sin perder su lengua vernácula.

No obstante, a pesar de las mejores intenciones, la enseñanza de las lenguas nativas
en las escuelas tiene sus dificultades. En primer lugar, muchos idiomas indígenas no tienen un
alfabeto propio ni cuentan con una tradición escrita. En segundo lugar, la enseñanza oficial de la
lengua vernácula y del idioma vehicular como segunda lengua, requiere una capacitación y unas
dotes pedagógicas especiales de las que a menudo carecen los maestros indígenas. En México,
por ejemplo, donde se ha venido impartiendo una educación oficial bilingüe en las zonas indígenas
durante muchos decenios, el rendimiento de los estudiantes en las escuelas bilingües sigue siendo
inferior al promedio nacional. Además, la preparación de libros de texto y materiales docentes
en idiomas indígenas, suele dejar que desear en las zonas donde se enseña de forma exclusiva
el idioma nacional u oficial. En muchos países, las administraciones de las escuelas (públicas o
privadas) no están preparadas para hacerse cargo eficazmente de la educación indígena bilingüe.
En la medida en que tiene lugar lo anteriormente expuesto, el derecho de los indígenas a recibir
educación en su propio idioma no se aplica suficientemente y requerirá una atención especial en
el futuro.

La idea de la educación multicultural o intercultural es aun más problemática, afecta no
sólo a las escuelas locales, sino también a los sistemas escolares de nivel regional, nacional y a
la filosofía educativa de cualquier país donde haya pueblos indígenas. La noción de la educación
multicultural e intercultural conduce a una completa revisión de contenidos y métodos educativos
en los países en que se aplica. Básicamente, significa que la diversidad cultural del país se refleja
en los planes de estudio, en tanto que la preservación y la promoción de la diversidad cultural se
convierte en un objetivo compatible con la gobernanza democrática y el disfrute de los derechos
humanos por todos. En algunos casos, ese enfoque requerirá la revisión de ideas tradicionales
sobre identidad y cultura nacional de los grupos culturales mayoritarios o dominantes. A menudo,
las organizaciones indígenas tienen que recordar al mundo que sus propias peculiaridades
culturales son también una contribución a la cultura universal, y no meras reliquias de un pasado
que se desvanece. Entre los derechos de los pueblos indígenas a la cultura y a la educación (de

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

hecho toda la gama de derechos culturales), figura el derecho al disfrute y a la protección de su
propia cultura en un mundo multicultural, más amplio.

Multiculturalismo

La preservación de las culturas indígenas (incluidos los elementos tangibles y los intangibles, las
artes y los objetos artesanales, las tradiciones, los sistemas de conocimiento, los derechos de
propiedad intelectual, la ordenación de los ecosistemas, la espiritualidad, etc.), es un componente
esencial de un conjunto global de derechos humanos de los indígenas. Esto puede parecer obvio para
cualquiera que dé por sentados los derechos culturales, según figuran en la Carta Internacional de
Derechos Humanos. Sin embargo, la preservación de las culturas indígenas no es en modo alguno
un proceso natural. Es más probable que sea a la inversa, puesto que, como se ha documentado
en la bibliografía especializada sobre el tema, frecuentemente se han elaborado políticas públicas
para eliminar y transformar las culturas indígenas porque su existencia se ha considerado como
nociva para la idea del desarrollo y la integración nacional. Muchos países adoptaron políticas
específicas para “asimilar” a los pueblos indígenas en la cultura “nacional” más amplia en el marco
de una modernización cultural y social. Aunque esas ideas no cuentan ya con el apoyo que solían
tener y cada vez son más los Estados que adoptan posturas favorables al multiculturalismo, todavía
hay numerosos casos en que las culturas de los pueblos indígenas se enfrentan a fuertes presiones
externas para que cambien, cuando no se encuentran verdaderamente al borde de la extinción.

La idea del multiculturalismo no entraña la preservación artificial de las culturas indígenas
(o tribales) en algún tipo de museo, sino únicamente el derecho de toda comunidad humana a vivir
con arreglo a las normas y visiones de su propia cultura. Algunas culturas cambian a lo largo
del tiempo, pero sólo el tiempo dirá si alguna vez existirá una cultura universal o varias culturas
locales, regionales, étnicas y nacionales interrelacionadas. Desde una perspectiva de derechos
humanos, es evidente que el sujeto de los derechos culturales es el individuo, aunque esos
derechos únicamente pueden disfrutarse plenamente por todas las personas en comunidad con
otros miembros del grupo. Así pues, los indígenas piden garantías de que sus culturas recibirán
el respeto y la consideración de que gozan otros grupos de la sociedad, y de que disfrutarán de
libertad para desarrollar su creatividad cultural en comunión con otros miembros de su grupo.
En el plano internacional, la UNESCO y la OMPI han abordado esas cuestiones en relación con el
patrimonio cultural y la propiedad intelectual de los pueblos indígenas (véase la Introducción).

Los derechos culturales de los pueblos indígenas se contemplan también en varias
legislaciones nacionales, aunque no siempre con la clara intención de promoverlos y fomentarlos.
En Filipinas, por ejemplo, la Constitución contiene varias disposiciones relativas a los derechos de
las “comunidades culturales” y en el artículo IV se establece que “el Estado reconocerá, respetará
y protegerá los derechos de las comunidades culturales indígenas de preservar y desarrollar sus
culturas, tradiciones e instituciones”.

Más arriba se ha señalado que las culturas indígenas están estrechamente vinculadas con
el concepto de los derechos sobre la tierra, la ocupación y posesión de territorios ancestrales. Una
pregunta que frecuentemente se plantea a los pueblos indígenas es si su identidad cultural puede
sobrevivir en un medio desterritorializado, es decir, en asentamientos dispersos y centros urbanos
donde los migrantes indígenas viven mezclados con poblaciones que no lo son. La respuesta a

Rodolfo Stavenhagen

esa pregunta depende de las circunstancias particulares y de la definición concreta de la identidad
indígena que se adopta en cada caso (véase más abajo). Puede decirse que en la medida en que
los derechos culturales son universales, no están sujetos a ninguna clase de restricción territorial.
El derecho de cualquier persona o grupo de personas a preservar, practicar y desarrollar su propia
cultura no depende de la territorialidad, sino que está relacionado con la propia identificación.

Cómo se protegen -o no- los derechos culturales, educativos y lingüísticos de los pueblos
indígenas en distintas circunstancias es una cuestión empírica que precisa además investigación
comparativa. La UNESCO ha recomendado que los Estados adopten medidas especiales para velar
por la protección y promoción de las culturas indígenas. La Comisión Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos ha establecido directrices en las que se pide a los Estados que adopten
medidas concretas encaminadas a la promoción de la identidad cultural y la “conciencia y disfrute
del patrimonio cultural de las minorías y los grupos étnicos nacionales y de los sectores indígenas
de las poblaciones”.34 La Comisión ha establecido un grupo de trabajo sobre los derechos de las
comunidades y poblaciones indígenas y alienta también a los pueblos indígenas de África a que,
entre otras cosas, soliciten la condición de observadores en la Comisión Africana, le presenten
comunicaciones para su examen, ejerzan influencia sobre los miembros de la Comisión que
procedan de zonas donde existan pueblos indígenas, e insten a que se nombre un Relator Especial
de la Comisión Africana sobre cuestiones indígenas en África.35 A ese respecto, la situación
especialmente sensible de las niñas indígenas reviste una importancia fundamental, por cuanto
son a menudo las víctimas más vulnerables de la discriminación, la exclusión y la marginación.

Organización social, gobierno local, derecho consuetudinario

Las identidades culturales, no sólo se sostienen por una lista discreta de elementos que cada
miembro de un grupo cultural lleva consigo en su devenir por la vida. De hecho, esos elementos
pueden variar de un individuo a otro y pueden, como frecuentemente lo hacen, cambiar con
el tiempo. Así pues, no es el contenido de una cultura lo que define la identidad de un grupo.
Las identidades se forjan y mantienen más bien en el terreno de la organización social. En la
medida en que un sistema de relaciones sociales define la identidad de cada uno de sus miembros
y su vinculación con el conjunto del grupo, las instituciones sociales y las relaciones características
de una comunidad determinada constituyen el marco de referencia necesario para que una cultura
prospere. Las comunidades indígenas lo saben bien, puesto que cuando reclaman el derecho a
mantener su organización social frente a la presión que ejerce la sociedad general, lo que están
pidiendo en realidad es la preservación de su cultura.

Con demasiada frecuencia, la sociedad más amplia ha adoptado la postura de que
las instituciones sociales indígenas son contrarias al interés nacional o, lo que es aún peor,
moralmente reprensibles. Esa es la postura que adoptaron durante mucho tiempo las instituciones
dominantes en los imperios coloniales. Con frecuencia, se debate la cuestión de si el respeto de
las instituciones comunales indígenas puede conducir en ciertas circunstancias a la vulneración de
los derechos humanos individuales (por ejemplo, los derechos de las mujeres y las niñas).

34 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, “Directrices generales sobre la forma y el contenido de los informes que deben presentar
los Estados miembros acerca del significado, el ámbito y el peso de los “derechos de los pueblos” reconocidos en el párrafo 2 del artículo 17 y en los
artículos 19 y 20 de la Carta”, págs. 417 y 418.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

A menudo, la organización de una comunidad local se mantiene mediante la adhesión
a un sistema generalmente aceptado de hábitos y costumbres, o derecho consuetudinario, que
en numerosos países no cuenta con ninguna forma de reconocimiento oficial y puede además
percibirse como antagónico del sistema jurídico oficial del Estado. ¿Supone una violación del
sistema jurídico de un país el que los miembros de una comunidad acepten las normas del derecho
consuetudinario no escrito? ¿Supone una violación de las normas jurídicas de ámbito nacional la
aplicación del derecho consuetudinario? De ser así, ¿qué sucede cuando la aplicación del derecho
positivo entraña una violación de las normas y costumbres comunitarias? ¿No podría eso constituir
también una violación de los derechos humanos?

Diferentes Estados (y diferentes estudiosos) abordan esas cuestiones de distinta manera
y las diversas soluciones van desde alguna forma de pluralismo jurídico aceptado, hasta el absoluto
rechazo por parte del sistema jurídico oficial de cualquier forma de derecho consuetudinario
indígena, con varias posibilidades intermedias. ¿En qué circunstancias puede la aplicación de
los sistemas jurídicos indígenas (derecho consuetudinario) ser una amenaza para las normas
internacionalmente aceptadas de derechos humanos individuales? Y, del mismo modo, ¿en qué
circunstancias podría la limitación o supresión del derecho consuetudinario indígena vulnerar
los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas? Se trata de cuestiones
complejas en torno a las cuales hay un intenso debate y poco consenso, el cual es necesario
abordar de una forma objetiva y sin prejuicios.

Desde tiempo inmemorial, las comunidades locales han desarrollado alguna forma de
gobierno local, en el marco de un sistema político más amplio en el que han quedado integradas,
como resultado de los acontecimientos históricos. Las comunidades indígenas no son una
excepción. A lo largo de la historia, las comunidades locales han luchado por defender su autonomía
frente a las influencias externas, a veces con éxito y a veces sin él. Al tiempo que los pueblos
indígenas se iban incorporando en estructuras estatales, que ellos no habían elegido, durante las
etapas de colonización o de expansión de los modernos Estados-Nación, sus formas locales de
gobierno se modificaron o adaptaron para ajustarlas a los intereses y necesidades del Estado, con
lo que se crearon tensiones que han desembocado a menudo en conflictos y violencia.

Las organizaciones indígenas tratan de preservar o recuperar el derecho al gobierno propio
local (y a veces regional); consideran que ese derecho es parte de las libertades fundamentales
que el derecho internacional reconoce a todos los pueblos. En muchos casos, los indígenas,
mediante negociaciones y tratados, reformas constitucionales o legislación especial, han podido
establecer acuerdos con los Estados acerca de ese derecho a un gobierno propio. En otros casos,
sin embargo, eso no ha sido posible y unas dependencias gubernamentales de ámbito nacional

o regional se ocupan todavía de la administración de los asuntos de las comunidades indígenas.
A menudo, hay oficinas, departamentos o ministerios de asuntos indígenas con mandatos
concretos en esa esfera y los gobiernos indígenas locales tienen que tratar con esas instituciones
en lugar de hacerlo con las del sistema político o administrativo nacional. Las organizaciones
indígenas pueden considerarlo una forma de discriminación, en tanto que los gobiernos opinan que
esos arreglos tienen por objeto la protección de los pueblos indígenas, en su propio interés (según
lo define el Estado).

Rodolfo Stavenhagen

Reconociendo esos problemas, en el artículo 33 del proyecto de declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se establece que: “Los pueblos
indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus
costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas característicos, de conformidad con
las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas”.

¿Qué relación guardan los diversos arreglos relativos al gobierno propio a nivel local entre
los pueblos indígenas con el ejercicio de sus derechos civiles y políticos? ¿Cómo ha afectado la
legislación reciente a la protección y el disfrute de esos derechos? Cuando el gobierno propio
de los indígenas difiere de las estructuras constitucionales de gobierno municipal, ¿cómo queda
afectada la situación de las comunidades indígenas en lo que se refiere a los derechos humanos?
Sobre este tema, al igual que sobre los que se han mencionado anteriormente, la bibliografía es,
en el mejor de los casos, fragmentaria y hay pocas pruebas que apoyen ninguna conclusión de
gran alcance. El Relator Especial propone abordar esta cuestión en un marco comparativo desde
la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza democrática y volverá a informar a la
Comisión en el futuro.

Pobreza, nivel de vida, desarrollo sostenible

Como ya se ha señalado, los indígenas se encuentran muy a menudo entre los estratos más
pobres de la sociedad, se estima que su nivel de vida es inferior al promedio en muchos aspectos.
Algunos estudios han mostrado altos niveles de mortalidad infantil, niveles nutricionales inferiores
al promedio, falta de servicios públicos, dificultades para acceder a las instituciones de bienestar
social, prestación de servicios de una calidad inferior al promedio por parte de esas instituciones,
condiciones de vivienda y alojamiento inadecuadas y, generalmente, un nivel bajo de los indicadores
asociados con la idea del desarrollo humano.

Muchos Estados han reconocido esos problemas y promueven políticas y medidas
especiales encaminadas a mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas. En otras zonas, las
políticas públicas no tienen esa orientación y las necesidades de las poblaciones indígenas no
se han tenido en cuenta. Numerosas declaraciones formuladas en el Grupo de Trabajo sobre las
Poblaciones Indígenas por los representantes de esos pueblos, y otras informaciones recogidas por
órganos de investigación independientes, confirman esa tendencia. Por ejemplo, el Comité sobre
la Salud de los Indígenas del Grupo Oficioso de los Pueblos Indígenas expresó en el 19º período de
sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas su preocupación porque, pese a
todos los esfuerzos de los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, la brecha entre
la salud de los pueblos indígenas y la del resto de la sociedad se abre cada vez más. Le preocupan
también los efectos que pueda tener en los pueblos indígenas el Fondo Mundial para la Salud
recientemente establecido por el Grupo de los Ocho.36

¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se puede hacer? Durante muchos decenios,
los gobiernos nacionales, los organismos multilaterales de financiación, las organizaciones no
gubernamentales y las empresas privadas han elaborado y puesto en práctica proyectos de

36 Declaración del comité sobre la salud de los indígenas en el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, julio de 2001.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

desarrollo en los ámbitos local y regional encaminados a promover el desarrollo económico y
social de las comunidades indígenas. Aunque en el párrafo 1 del artículo 7 (Convenio Nº 169) se
establece que: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones, bienestar espiritual, a las tierras que utilizan de alguna manera; de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico social y cultural”, desafortunadamente, por
una multitud de razones, eso no siempre sucede.

La experiencia reciente ha demostrado que para que los resultados sean eficaces y
supongan una diferencia en la vida de las personas y las comunidades, el crecimiento económico
debe ir de la mano con las preocupaciones sociales. Un nuevo enfoque parece estar afirmándose
en el debate internacional: el desarrollo sostenible centrado en los derechos humanos, que significa
que, a menos que pueda demostrarse que el desarrollo sirve para mejorar las condiciones de vida
de las personas dentro del marco del respeto de los derechos humanos, no producirá los resultados
deseados. Ese enfoque puede revestir una especial importancia en el caso de los pueblos indígenas
cuyos derechos humanos frecuentemente se han pasado por alto, cuando no se han obstaculizado
directamente, en virtud de los enfoques tradicionales del desarrollo económico.

El debate internacional sobre esas cuestiones es intenso, y resulta útil situar las
preocupaciones relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese marco de
referencia. En relación con este tema viene especialmente al caso el informe del 19º período de
sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas celebrado en julio de 2001 (E/CN.4/
Sub.2/2001/17), que se dedicó a un debate sobre el derecho al desarrollo y sus consecuencias
para los pueblos indígenas. El examen de las numerosas declaraciones formuladas por delegados
gubernamentales y representantes de poblaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales
en ese período de sesiones apunta hacia la honda preocupación que se expresó acerca de las
cuestiones de derechos humanos en el proceso de desarrollo.37 El Relator Especial pretende
analizar en mayor detalle varios proyectos de desarrollo para evaluar en qué medida, y de qué
manera se tienen en cuenta y se respetan los derechos humanos de las comunidades indígenas en
las estrategias de desarrollo.38

Representación política, autonomía, libre determinación

La organización propia de los indígenas ha avanzado considerablemente a lo largo de los años.
Desde el nivel local, a los niveles regional, nacional e internacional, las asociaciones de pueblos
indígenas se han convertido en agentes políticos y sociales de pleno derecho, de lo que da
testimonio su continua participación en los períodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo
sobre las Poblaciones Indígenas. Esas asociaciones hablan con muchas voces, pero cuando se
trata de las cuestiones fundamentales de sus derechos humanos, sus objetivos y sus aspiraciones
muestran habitualmente un destacado nivel de coincidencia. En algunos países se les reconoce
ya como asociados legítimos e interlocutores de los gobiernos y otros sectores sociales en el
plano nacional. En otros países, el camino ha sido más difícil, puede que sus organizaciones no
gocen del reconocimiento oficial y que su derecho de libre asociación no se respete plenamente.

37 Véase E/CN.4/Sub.2/2001/17. El 20º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas se dedicará a continuar el debate
sobre ese tema.
38 Véase el capítulo 2.

36

Rodolfo Stavenhagen

En la medida en que los derechos de los propios indígenas a veces se descuidan, y se pasan por
alto dentro de las estructuras de poder existentes, sus organizaciones y otras asociaciones de
defensa de los derechos humanos que adoptan su causa pueden también convertirse en víctimas
de abusos y verse privadas de una protección jurídica adecuada. En los últimos años se han
dirigido muchas comunicaciones a este efecto, entre otras entidades, al ACNUDH, la Comisión de
Expertos de la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además del respeto de sus derechos humanos, las organizaciones indígenas reclaman
también el derecho a la representación política en calidad de pueblos indígenas a nivel nacional,
cuestión que puede o no armonizar con las estructuras políticas existentes. Se ha insistido más
en la reclamación de alguna forma de autonomía, cosa que se ha logrado en algunos países, en
tanto que en otros no se contempla en las disposiciones jurídicas vigentes. A título de ejemplo
puede citarse la Constitución de Filipinas, en la que se reconoce el derecho de los musulmanes y
del pueblo de la Cordillera a la libre determinación en la forma de autonomía, pero estos últimos
todavía están esperando la creación de su región autónoma.39

Uno de los temas más polémicos en relación con los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos indígenas tiene que ver con el tan debatido derecho de los pueblos
a la libre determinación. En sus declaraciones ante los foros internacionales, los representantes
indígenas exigen el reconocimiento de su derecho a la libre determinación en calidad de pueblos.
Con la misma insistencia, algunos Estados alegan que no debe aplicarse ese derecho a los
indígenas. El concepto de libre determinación está estrechamente vinculado con el empleo del
término “pueblos”. No existe, según parece, una definición clara e inequívoca de este término en
ninguno de los múltiples instrumentos jurídicos internacionales aprobados en el último medio siglo
o, para el caso, en ninguna legislación nacional. Sin una definición clara que sea objeto de amplio
consenso, no es evidente de qué trata realmente el debate. En ciencias políticas y en los textos
jurídicos, se suele vincular el término a todos los ciudadanos de determinado Estado, mientras
que en los textos sociológicos la noción de “pueblo” se refiere a ciertas características comunes,
identidades e identificaciones compartidas.

El principio del derecho de los pueblos a la libre determinación ha estado presente en
los debates internacionales durante casi un siglo, y las reivindicaciones de este derecho por las
organizaciones indígenas no es más que el último ejemplo de su uso en el debate cada vez más
amplio sobre los derechos humanos. Si bien en algunas constituciones nacionales se hace de hecho
referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas (por ejemplo, la reforma
constitucional de México de agosto de 2001), en otras legislaciones se evita, y la controversia
tiene que ver con el significado que se atribuye al término en el derecho internacional o el derecho
nacional. África ofrece otro ejemplo de dificultades conceptuales. En 1981, la Organización de la
Unidad Africana aprobó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y, no obstante,
en ninguna parte se define el término “pueblos”. Los especialistas siguen debatiendo si debe
aplicarse el término únicamente a todos los ciudadanos de determinado Estado, o si tiene otras
aplicaciones (como los pueblos indígenas).

39 David A. Daoas, “The rights of the cultural communities in the Philippines”, “…Vines that won’t Bind…”, Actas de una Conferencia celebrada en
Chiang Mai (Tailandia) en 1995, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Documento 80, 97-107, 102-103.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

El Relator Especial reconoce que el uso del concepto de libre determinación ha
evolucionado con el tiempo y, por lo que se refiere a los pueblos indígenas, ha generado mucha
controversia y polarización en foros como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993,
y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia en 2001, y ha generado asimismo lamentables dilaciones en la adopción del
proyecto de declaración de las Naciones Unidas por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

En la Declaración y Programa de Acción de Viena no se enuncian derechos concretos
de los pueblos indígenas, pero se declara que: “Considerando la importancia de las actividades
de promoción y protección de los derechos de las poblaciones indígenas y la contribución de
esas actividades a la estabilidad política y social de los Estados en los que viven esos pueblos,
los Estados deben tomar medidas positivas concertadas, acordes con el derecho internacional,
a fin de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, y reconocer el
valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y sistemas de organización social”
(parte I, párr. 20).

En la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, hubo difíciles debates sobre este concepto entre representantes
indígenas y delegaciones gubernamentales, y el tenor de la declaración final no satisfizo a
ninguna de las partes (véase la Introducción). En el artículo 3 del proyecto de declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobado por el Grupo de Trabajo
sobre las Poblaciones Indígenas, se establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a
la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política
y presiden libremente su desarrollo económico, social y cultural.” El Relator Especial cree que
sería conveniente revisar los debates actuales sobre el tema y sugerir maneras constructivas de
solucionar un problema conceptual de importancia primordial tanto para los Estados como para los
pueblos indígenas.

8. La cuestión de las definiciones
Uno de los temas más debatidos en relación con el carácter y el alcance de los derechos humanos
de los pueblos indígenas, así como con las esferas concretas en las que la acción del Estado puede
garantizar su protección, es la ambigüedad del término “indígenas”. No existe una definición
internacionalmente convenida de pueblos indígenas. Los diferentes Estados adoptan diferentes
definiciones en función de sus contextos y circunstancias propios. El término indígena se suele
intercambiar con otros términos como “aborigen”, “nativo”, “oriundo”, “primeras naciones” o
“tribal” u otros conceptos análogos. En algunos Estados pueden ser de uso común términos
locales de difícil traducción. En otros países no existe designación oficial alguna, aunque puede
haber consenso de que esas poblaciones viven de hecho en determinadas regiones del país. Y en
otros países, se niega en absoluto la existencia de grupos indígenas, con lo que la definición se hace
todavía mas problemática. Pero la falta de una definición internacional no debe impedir la acción
constructiva de promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

En los últimos decenios se han hecho más comunes las definiciones oficiales en las
legislaciones nacionales en materia de derechos y cuestiones de los pueblos indígenas, mientras
que en otros casos existe esa legislación, pero sin una definición oficial. Otro problema, más allá
de la cuestión de una definición jurídica u oficial, tiene que ver con los criterios de pertenencia a un
grupo, nación o comunidad indígenas.

Aunque los pueblos indígenas del mundo tienen mucho en común, también es necesario
reconocer la existencia de situaciones diferentes. Por ejemplo, en Norteamérica, hasta bien entrado
el siglo XIX, los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá consideraban a las naciones indígenas
como soberanas y distintas. Las relaciones entre esos pueblos y el Estado se basaban en tratados,
que con el tiempo fueron abrogados unilateralmente por los Estados de que se trataba, proceso
denominado “retrogresión” por Miguel Alfonso Martínez, Relator Especial de la Subcomisión en su
estudio sobre los tratados.40 En estos países, la situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas responde en buena parte a estos tratados y sus consecuencias.

Reviste especial interés la situación en África. En su informe a la Subcomisión, hace
más de un decenio, el Relator Especial Martínez Cobo escribió que: “siempre ha considerado
que ciertos grupos de población de países o regiones africanos deberían ser considerados como
indígenas…”, pero en su informe no se refiere a los países africanos porque a la sazón era difícil
obtener información.41

En el Seminario de Arusha sobre multiculturalismo en África, los participantes
“… recomendaron que los Estados africanos reconocieran a todas las poblaciones indígenas y
minorías. Ello debería incluir el reconocimiento constitucional de la dignidad y diversidad de los
pueblos dentro del Estado. El reconocimiento de la identidad de los indígenas o de las minorías
era un primer paso en la protección de los derechos de esas poblaciones”.42 Al mismo tiempo,
los participantes tomaron nota de que algunos Estados africanos rechazaban la noción de “pueblo
indígena”, porque podría conducir a un resurgimiento del “tribalismo” y poner en peligro la unidad
del Estado. En una conferencia internacional anterior sobre los pueblos indígenas en África oriental,
central y meridional, celebrada también en Arusha en 1999, se abordaron: el derecho a la tierra,
a la educación, a los recursos naturales y los derechos de las mujeres indígenas.43 En octubre de
2000, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su 28º período de sesiones,
celebrado en Banjul, aprobó una resolución que establecía un grupo de trabajo de expertos sobre
los derechos de las comunidades indígenas o étnicas en África, encargado de examinar el concepto
de pueblos y comunidades indígenas en ese continente, de estudiar las consecuencias de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para el bienestar de las comunidades indígenas, y
sugerir recomendaciones apropiadas en relación con la protección de sus de derechos.44 El grupo
de trabajo opina que hay pueblos indígenas en África, sobre la base del principio de la conciencia
de la propia identidad expresado en el Convenio Nº 169.45

40 Miguel Alfonso Martínez, Relator Especial de la Subcomisión, Estudios sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados
y las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/1999/20). Otros Estados también han firmado tratados con naciones aborígenes, en especial Chile y Nueva
Zelanda.
41 E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, párr. 20.

42

Informe sobre el Seminario sobre “Multiculturalismo en África: soluciones pacíficas y constructivas para las situaciones de las minorías y las
poblaciones indígenas” (Arusha, 13 a 15 de mayo de 2000) (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.3, párr. 31).
43 Jensen y Dahl, Editorial en Indigenous Affairs, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Nº 2/1999, pág. 2.
44 Decimoquinto informe anual sobre las actividades de la Comisión Africana, Banjul (Gambia), octubre de 2001.
45 La estrategia regional del proyecto encaminado a promover la política de la OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales seleccionó a siete países
africanos en los que funcionará. Estos son el Camerún, Etiopía, Kenya, Marruecos, la República Centroafricana, la República Unida de Tanzania y
Sudáfrica.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Los Estados de Asia también presentan diferentes enfoques. Algunos estudiosos
consideran las diversas categorías “tribales” usadas en algunos países, como equivalentes al
concepto de pueblos indígenas, en tanto que otros observadores rechazan esta identificación.
A juzgar por su asistencia a las reuniones anuales del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones
Indígenas, es evidente que muchos pueblos tribales se identifican como indígenas, y que así los
consideran otras organizaciones indígenas. En cambio, no se presentan problemas de definición
de esa índole en relación con los pueblos indígenas en Australia, Nueva Zelanda, Escandinavia o la
Federación de Rusia, donde una antigua tradición jurídica establece directrices claras respecto de
la definición de los distintos grupos y los criterios de pertenencia a ellos.

Por ejemplo, en 1987 el Gobierno del Japón reconoció a los ainu como minoría, y en
su tercer informe periódico al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991
(CCPR/C/70/Add.1 y Corr.1 y 2) afirmó que “puede denominarse minoría” al pueblo ainu. Esto
se ha interpretado como una política de “minorización” progresiva de los ainu, que debe abordarse
en el marco del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la
Dieta japonesa de mayo de 1997, aprobó la Ley sobre la cultura ainu, en la que se reconoce a los
ainu como un “pueblo indígena de número reducido”. También en 1997, el tribunal de distrito de
Sapporo, en una causa decisiva en la que algunos ainu habían entablado una reclamación contra
el Gobierno en relación con la construcción de una represa en sus tierras, reconoció la identidad
indígena de los ainu. Además, se ha observado la presencia de delegaciones ainu en los períodos
anuales de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, en los que han pedido
que se les reconozca como pueblo indígena.46

En sus actividades permanentes en relación con las cuestiones indígenas, el sistema
de las Naciones Unidas está contribuyendo a aclarar la cuestión de la definición de pueblos
indígenas. En el informe de Martínez Cobo se sugiere una definición, que ha sido usada y citada
ampliamente.47 En el Convenio Nº 169 se han usado algunos de esos elementos para definir a los
pueblos a los que se aplica y, en el párrafo 2 del artículo 1 se añade que: “La conciencia de su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”48 El proyecto de declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas no contiene una definición, pero
afirma el derecho a pertenecer a una comunidad indígena.49 En 1995, el Grupo de Trabajo sobre
las Poblaciones Indígenas adoptó cuatro principios que debían tenerse en cuenta en toda posible
definición de pueblos indígenas: a) la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y
el uso de determinado territorio; b) la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede

46 Takemasa Teshima, “ICCPR Article 27 and the Ainu People”, 1998, en el Informe crítico de las organizaciones no gubernamentales sobre la
discriminación en el Japón desde la perspectiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Tokio, Buraku Liberation and Human Rights
Research Institute, 1998, págs. 74 a 83. Véase también, Ainu Association of RERA, comunicación presentada al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones
Indígenas de las Naciones Unidas en julio de 2001.
47 “Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos
territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir
a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus
propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales” (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, párr. 379).
48 El Convenio Nº 169 se aplica a “los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”.
49 “Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones
y costumbres de la comunidad o nación de que se trate” (art. 9) y “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar su propia
ciudadanía conforme a sus costumbres y tradiciones” (art. 32).

40

Rodolfo Stavenhagen

incluir los aspectos del idioma, la organización social, la religión y los valores espirituales, los
modos de producción, las leyes e instituciones; c) la conciencia de la propia identidad, así como
su reconocimiento por otro grupos, o por las autoridades estatales, como una colectividad distinta;
y d) una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación,
independientemente de que estas condiciones persistan o no.50

Por lo que respecta a la pertenencia individual, las comunidades indígenas suelen aplicar
sus propios criterios y, si bien algunos Estados reglamentan la pertenencia individual, se acepta
cada vez más que el derecho a decidir quién es o no es indígena pertenece exclusivamente a los
propios indígenas. Sin embargo, debe reconocerse que la pertenencia a una comunidad indígena
entraña no sólo derechos y obligaciones de la persona respecto de su grupo, sino que también puede
tener consecuencias jurídicas con respecto del Estado. En la elaboración y aplicación de políticas
relativas a los pueblos indígenas los Estados deben respetar el derecho a la propia definición y a
la conciencia de la propia identidad de los pueblos indígenas. El Relator Especial, aprovechando
los ingentes conocimientos acumulados por los propios pueblos indígenas, los gobiernos y las
instituciones académicas, espera seguir informando sobre este debate a nivel internacional.

9. Preocupaciones concretas en relación con los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas
Todavía en esta fase inicial de su mandato, el Relator Especial no pretende ofrecer un panorama
completo de la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en
todo el mundo. Pero, sobre la base de la información existente, básicamente las comunicaciones y
declaraciones dirigidas recientemente al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial y otros órganos, así como de las comunicaciones
y quejas recibidas directamente desde que asumió su mandato, es posible identificar algunas de
las principales preocupaciones actuales de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.
Esto se analiza más a fondo en la adición al presente informe.

Al examinar muchos de estos motivos de preocupación, se hace patente que la falta de
protección de la legislación en materia de derechos humanos en vigor, con respecto a situaciones
que enfrentan los indígenas, tiene gran importancia y constituye una gran dificultad para los
mecanismos internacionales de protección efectiva de esos derechos. El Relator Especial aún no
ha tenido la oportunidad de investigar a fondo algunos de los casos que le han sido presentados
y, por tanto, se abstiene de sacar ninguna conclusión con respecto a esas comunicaciones.
No obstante, está convencido de que dadas las situaciones a que hace referencia la documentación
en su poder, no cumpliría su mandato si no señalase a la Comisión esos motivos de preocupación
y sus consecuencias en la plena y efectiva protección de los derechos humanos de los indígenas.

La cuestión de los derechos a la tierra es de extrema importancia en varios casos
examinados, como indican las comunicaciones relativas a los chiquitanos en las tierras bajas de
Sudamérica, varias tribus indígenas en la región del Amazonas, los mapuches en la parte meridional
de Sudamérica, los secwepemc en la costa noroccidental de Norteamérica, los bosquimanos en

50 Véase E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2. El Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC) aplica un criterio similar. Véase IPACC, Annual
Report (noviembre de 1998 a octubre de 1999), apéndice, pág. 22.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

África meridional y los orang asli y otros grupos indígenas en Asia sudoriental. Un elemento
preocupante en varios casos es el desplazamiento o el reasentamiento forzoso de comunidades
indígenas a consecuencia de grandes proyectos (como presas para generar energía hidroeléctrica)
que los Estados realizan con financiación internacional para desarrollar el país. En África oriental,
los cazadores-recolectores hadzabe y los masai, dedicados al pastoreo, hacen frente a una política
gubernamental de sedentarización que afecta a varios de sus derechos económicos, sociales y
culturales; los bagyeli en el África central y los twa en la región de los Grandes Lagos enfrentan
una situación parecida.

La vulnerabilidad de los derechos a la tierra también es un problema para las pequeñas
poblaciones en las regiones árticas de Asia, cuestión que ya ha sido tratada en el Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial.51 En estas regiones, los niños indígenas tropiezan con
discriminaciones y otros problemas graves. En 1999, el Comité de los Derechos del Niño manifestó
su preocupación por las condiciones de vida de los indígenas en el norte de la Federación de Rusia
y su acceso a la salud, la educación y otros servicios de bienestar social. El Comité se refirió a los
casos cada vez más frecuentes de discriminación social de los niños de minorías étnicas, entre
ellos los indígenas, y pidió que el Gobierno tomase todas las medidas apropiadas para mejorar
la situación.52 A pesar de los extensos derechos de los sami en los países escandinavos, se
sigue discriminando a las mujeres y los niños sami. En 2001, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación por la discriminación de las mujeres
sami.53

Las poblaciones indígenas en el Asia sudoriental están perdiendo el control de sus
tierras y recursos por la falta de reconocimiento de los derechos consuetudinarios a la tierra.
En la mayoría de los Estados del Asia sudoriental, no hay una normativa jurídica que conceda
a los indígenas el derecho a su tierra y muchos de ellos se ven amenazados por la explotación
forestal y minera u otros tipos de explotación, o por los programas nacionales de construcción
de infraestructura (presas, caminos). En la resolución 55/95 sobre la situación de los derechos
humanos en Camboya, a la vez que observaba con agrado las medidas adoptadas por el Gobierno
para superar la explotación forestal ilícita, la Asamblea General señaló que esas actividades han
“constituido una grave amenaza para el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales de muchos camboyanos, incluidos los indígenas.”54

La OIT tramita las exposiciones de los indígenas con respecto a las pretendidas violaciones
de los Convenios Nos. 107 y 169. Una comisión tripartita especial de la OIT recientemente
dictaminó que, habida cuenta de la importancia de la propiedad colectiva de las tierras de ciertos
pueblos indígenas y tribales, es preciso tomar medidas legislativas o administrativas que puedan
afectar a la propiedad de la tierra en consulta con esos pueblos. Cuando las tierras indígenas de
tenencia común se dividen o asignan a particulares o terceros, suele debilitarse el ejercicio de
los derechos de las comunidades indígenas y pueden acabar perdiendo todas las tierras o gran

51 CERD/C/SR.1246, de 5 de marzo de 1998; véanse también las intervenciones de organizaciones no gubernamentales rusas en el Grupo de Trabajo
sobre las Poblaciones Indígenas en julio de 2001.
52 CRC/C/15/Add.110, de 10 de noviembre de 1999, párr. 65.
53 A/56/38, párrs. 319 a 360, de 31 de julio de 2001, en particular el párrafo 356.
54 Véase la resolución 55/95 de la Asamblea General, de 28 de febrero de 2001; véase también la resolución 2000/79 de la Comisión, de 27 de abril
de 2000.

42

Rodolfo Stavenhagen

parte de ellas.55 También se han celebrado consultas en el contexto de varias situaciones de
desplazamiento con objeto de realizar proyectos de desarrollo, en particular en varios países de
América Latina y en Asia. En cada caso, uno de los principales motivos de preocupación tanto
de la comisión tripartita, como de la Comisión de Expertos de la OIT, ha sido la falta manifiesta de
consultas con los indígenas afectados por esos proyectos y la falta de protección de la población
desplazada. La Comisión expresó la preocupación de que la carga de esos proyectos no debían
soportarla en forma desproporcionada los pueblos tribales que viven en la región correspondiente.
Habría que tomar medidas para asegurar que sean bien protegidos.

La ambigüedad con respecto a la situación jurídica de las poblaciones y comunidades
indígenas es un motivo de especial preocupación para los indígenas en varios países de América
Latina como la Argentina y México.56 Los amazigh, que viven en varios países de África septentrional,
exigen el reconocimiento por ley y el respeto de sus derechos culturales y sociales en calidad de
población indígena. En Filipinas, la Ley de derechos de los indígenas al parecer se contradice con
otras medidas legislativas que las autoridades del país también tienen por importantes. En el marco
de la reforma constitucional, los ogiek, una población de cazadores-recolectores de Kenya, exigen
el reconocimiento de su calidad de minoría indígena. Se considera que los pastores masai son una
minoría indígena en varios países de África oriental, cuyo reconocimiento por ley varía de un país
a otro. Existe una legislación especial aplicable a los orang asli de Malasia, en virtud de la cual el
Estado conserva la facultad de decisión sobre algunos derechos de esa población. El Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial ha manifestado su preocupación por la condición jurídica
de los indígenas de Camboya, en particular con respecto a sus derechos, su cultura y sus tierras
tradicionales.57 La falta de documentos de ciudadanía afecta en particular a las mujeres y los niños,
puesto que sin ellos es más fácil que sean explotados. Las mujeres indígenas sufren terriblemente
por la violencia en muchas zonas indígenas. Se ha documentado una y otra vez que la humillación
de las mujeres y la violencia contra ellas se utilizan para aterrorizar a las comunidades indígenas
en varios países del Asia sudoriental.58 En 1999, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer manifestó su preocupación por las mujeres y niñas de las tribus de montaña en
Tailandia, “cuyos derechos tal vez no estén eficazmente protegidos por las leyes nacionales”,59 un
motivo de preocupación expresado también por el Comité de los Derechos del Niño.60 Las niñas de
las tribus de montaña que se prostituyen son especialmente vulnerables a la explotación en esta
región.61

En algunos países, los indígenas han sido víctimas de conflictos intestinos, que tuvieron
como protagonistas la guerra de guerrillas, los paramilitares, la represión militar y otras formas de
violencia directa e indirecta que ha dado lugar a asesinatos, desapariciones forzadas, reubicación
obligatoria, corrientes de refugiados, detención sin garantías procesales, destrucción de aldeas y
comunidades enteras, etc. La situación de derechos humanos de los indígenas en el marco de los
55 Informe aprobado por el Consejo de Administración en su 271ª reunión con respecto a la reclamación presentada por la Confederación General de
Trabajadores del Perú en el sentido de que en el Perú no tenía cumplimiento el Convenio Nº 169. Véase también el informe aprobado por el Consejo
de Administración en su 271ª reunión con respecto a la reclamación hecha por la Central Obrera Boliviana acerca del incumplimiento del Convenio Nº
169 en Bolivia.
56 Comunicaciones dirigidas directamente al Relator Especial entre julio y octubre de 2001.
57 Véase CERD/C/304/Add.54.
58 Véase Debbie Stothard, “Atrocities against indigenous women in Burma”, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Indigenous Affairs,
Nº 3/2000, págs. 28 a 33.
59 A/54/38, párr. 239.
60 CRC/C/15/Add.97.
61 Charyan Vaddhanuphuti, “The present situation of indigenous peoples in Thailand”, “… Vines that won’t Bind…”, actas de una conferencia celebrada
en Chiang Mai (Tailandia) en 1995, op. cit., págs. 79 a 88.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

conflictos intestinos anteriores o presentes se ha documentado ampliamente, pero la protección
de sus derechos humanos entraña cuestiones complejas y difíciles en la actualidad. En algunos
países fueron creadas “comisiones de la verdad” para poner en claro los hechos, mientras que
en otros se están llevando a cabo esfuerzos especiales de reconstrucción y reconciliación tras
el conflicto. Los mayas y los miskitos de Centroamérica, los hmong en el Asia suroriental, la
gente de Timor Oriental, los hmberá y los huaorani en Sudamérica, los twa en África oriental, en
algún momento u otro, han tenido la desgracia de ser víctimas de actos de violencia y conflictos
intestinos o internacionales, y forzosamente se debe aplicar el mandato de derechos humanos de
las Naciones Unidas a la situación de sus derechos humanos.

Como muestran los casos mencionados en los párrafos precedentes, hay un cuadro
recurrente de presuntas violaciones de los derechos humanos de los indígenas en todas partes.
La expropiación de tierras, la discriminación y la violencia particular y colectiva contra los
indígenas, la reubicación y la falta de servicios sociales (salud y educación, entre otros) son
temas recurrentes en las comunicaciones y declaraciones de los representantes indígenas en
tribunas internacionales. Entre las situaciones que han denunciado representantes indígenas y
organizaciones no gubernamentales interesadas cabe mencionar: la explotación minera y forestal
que afecta el sustento de los indígenas, la inundación de territorios ancestrales indígenas a causa
de proyectos con múltiples finalidades, la destrucción medioambiental a consecuencia de la
construcción de oleoductos y la violencia contra dirigentes indígenas que luchan por los derechos
de su comunidad. La discriminación de los indígenas suele reflejarse en la falta de fondos o
inversiones para el crecimiento económico, la falta de recursos para prestar servicios sociales
y culturales y la prioridad que cada país asigna a cosas distintas del desarrollo indígena. La
Comisión de Expertos de la OIT ha señalado la discriminación de las poblaciones indígenas y
tribales, las mujeres inclusive, en la esfera del empleo, que comprende el trabajo forzoso en la
forma de servidumbre por deudas, y las condiciones infrahumanas de trabajo que afectan a un
gran número de trabajadores de determinadas tribus.

Son muchas las comunicaciones y denuncias de violación de los derechos humanos de
los indígenas en las circunstancias más diversas. A lo largo de los años, los representantes de los
indígenas han facilitado una extensa documentación a este respecto a los períodos de sesiones del
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Asimismo, se exponen pretendidas violaciones
ante otros órganos internacionales como la Comisión de Expertos de la OIT (con respecto a los
Convenios Nos. 107 y 169), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de
Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como
ante organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además
de estas comunicaciones oficiales, numerosas organizaciones no gubernamentales y grupos
de defensa de los derechos humanos reúnen información, se mantienen vigilantes, verifican y
documentan denuncias y reclamaciones concretas y difunden los resultados a través de redes
mundiales de ciudadanos interesados. Cuando fuentes independientes verifican esas denuncias,
con el apoyo de instituciones reputadas (como organizaciones de derechos humanos reconocidas

o centros de investigación universitaria), entonces es probable que su fondo merezca que el Relator
Especial y la Comisión de Derechos Humanos las tomen en serio.
En algunos casos, el tema de una comunicación sobre una pretendida violación de los
derechos humanos, tal vez corresponda al mandato de otros Relatores Especiales también y

Rodolfo Stavenhagen

entonces será propicio elaborar mecanismos de cooperación y coordinación con ellos (como indica
la resolución 2001/57), para tratar esos casos de forma constructiva y eficiente. Si bien muchas
comunicaciones se refieren a la violación de los derechos humanos de indígenas particulares,
en realidad en ellas se hace referencia constantemente a la situación de comunidades, grupos
específicos o poblaciones enteras, y pueden referirse a uno o varios derechos humanos establecidos
en los pactos internacionales de derechos humanos. En algunos casos, por supuesto, tal vez se
trate de violaciones manifiestas de los derechos humanos en gran escala, de que son víctima los
indígenas por ningún otro motivo que el hecho de ser indígenas.

Para tramitar como es debido la información puesta en su conocimiento, el Relator Especial
seguirá las directrices y los procedimientos establecidos en los mecanismos para la protección
de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En especial, quiere pedir a los gobiernos que
le brinden toda su cooperación para que se pongan en claro las pretendidas violaciones de los
derechos humanos de carácter tanto individual como colectivo.

10. Futuras actividades del Relator Especial
Teniendo en cuenta las principales cuestiones de derechos humanos expuestas, dentro del
mandato que la Comisión de Derechos Humanos ha establecido, el Relator Especial determinará
los temas que merecen especial atención, tras consultar con las organizaciones indígenas, los
gobiernos, los expertos del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas u otros especialistas.
Entre esos temas podrían figurar:

a)
Las consecuencias de los proyectos de desarrollo en los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las comunidades indígenas;

b)
La evaluación del cumplimiento nacional de la legislación reciente por lo que
pertenece a los derechos de los indígenas;

c)
Las cuestiones de derechos humanos de los indígenas en el ámbito de la
administración de justicia, que comprende, si cabe, la relación entre el ordenamiento
jurídico positivo y consuetudinario (no escrito);

d)
Los derechos culturales de los indígenas como se reflejan en la educación bilingüe
e intercultural, así como la conservación y el desarrollo de su patrimonio cultural;

e)
Las cuestiones de derechos humanos -en particular, los derechos económicos
y sociales- con relación a la niñez indígena, en especial las niñas, en distintas
situaciones como migraciones, la trata de mujeres y muchachas, los conflictos
violentos, la economía no estructurada, etc.;

f)
La participación de los indígenas en los procesos de adopción de decisiones, arreglos
autonómicos, gobernanza y elaboración de políticas, con relación en particular al
pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

g)
Formas antiguas y modernas de discriminación de los indígenas, dentro de una
perspectiva de género, a la luz de la Declaración y del Programa de Acción de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las Formas Conexas de Intolerancia, así como medidas y recursos para combatir la
discriminación y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas.

Se hará un esbozo de cada estudio temático tras un examen preliminar del tema basado
en la documentación existente. Luego se realizará el estudio en base a diversas aportaciones y
fuentes, como material publicado e informes elaborados por gobiernos, instituciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones docentes y periodistas investigadores.
Las aportaciones elaboradas por asociaciones e instituciones indígenas serán de gran importancia.
En particular, sería de gran ayuda que cada tema se pudiese tratar organizando un seminario
internacional de alto nivel, cuyas conclusiones serían una aportación crucial para los estudios y los
futuros informes del Relator Especial.

El Relator Especial tiene la intención de elaborar y difundir cuestionarios y listas sobre
estos temas especiales, con el fin de obtener información actualizada segura de diversas fuentes,
sobre todo gobiernos y organizaciones indígenas. Habida cuenta de las ofertas generosas hechas
durante sus conversaciones iniciales, el Relator Especial espera poder contar con la cooperación de
numerosas instituciones y particulares de muchos países para preparar esos estudios temáticos.

Las visitas al terreno serán un elemento crítico para el buen éxito del mandato del Relator
Especial. Como el tiempo y los recursos son limitados, habrá que tener mucho cuidado al preparar
esas visitas para obtener los mejores resultados. La OACDH prestará asistencia y asesorará al
Relator Especial en la preparación y organización de las visitas a diversos países, a invitación de
los gobiernos interesados y a petición de organizaciones indígenas.

El mandato del Relator Especial no se cumplirá a menos que pueda mantener una
comunicación fluida con las organizaciones indígenas y recibir comunicaciones de particulares
e instituciones con relación a sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Él ya ha
iniciado contactos con ese fin y espera que en 2002 esa comunicación sea satisfactoria. En
este aspecto, nuevamente, será de crucial importancia el apoyo de la OACDH para tramitar las
comunicaciones y denuncias que se hagan llegar al Relator Especial.

Si no varían los temas mencionados más arriba, el Relator Especial tiene la intención de
tratar de avanzar en un tema al año, sin olvidar totalmente los otros aspectos. Con la asistencia de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otras instituciones,
espera elaborar bases de datos computarizados de las comunicaciones recibidas sobre presuntas
violaciones de los derechos humanos de los indígenas. En la base de datos a la larga se incluirán
también las noticias de distintas fuentes sobre la situación de los derechos humanos de los
indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

II. Segundo informe: Los proyectos de desarrollo y los
derechos de los pueblos indígenas (2003)
El presente informe62 se centrará desde un punto de vista temático en algo que inquieta
particularmente a los pueblos indígenas: las consecuencias de los grandes proyectos de desarrollo
en los derechos humanos y las libertades fundamentales de las comunidades indígenas. Cabe
recordar que las numerosas declaraciones presentadas a lo largo de los años por los representantes
indígenas ante el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas hacen referencia a las implicaciones
que tienen dichos proyectos para los derechos humanos. Pueden consultarse muchos trabajos
de investigación académica, numerosos estudios sobre el terreno y evaluaciones realizadas por
instituciones nacionales e internacionales, y cada vez existe más literatura especializada sobre el
tema. En el primer período de sesiones del Foro Permanente, la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos (ACNUDH) organizó, junto con el Banco Mundial, una mesa redonda sobre
esta cuestión. Otros organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y los bancos regionales de desarrollo han reunido información al respecto. En
algunos países se han llevado a cabo estudios sobre las consecuencias a largo plazo que aportan
datos útiles sobre los cambios registrados con el tiempo.

1. Las consecuencias de los proyectos de desarrollo en gran escala o grandes proyectos de
desarrollo
Por “gran proyecto de desarrollo “ se entiende un proceso de inversión de capital público y/

o privado, nacional o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de
una región determinada; la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los
correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre la misma;
la explotación en gran escala de los recursos naturales incluidos los recursos del subsuelo; la
construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, refinerías,
complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares. El objetivo
de dichos proyectos puede variar, desde el fomento del desarrollo económico hasta el control de
las inundaciones, la generación de energía eléctrica y otros recursos energéticos, la mejora de las
redes de transporte, la promoción de las exportaciones con el fin de obtener divisas, la creación
de nuevos asentamientos, la garantía de la seguridad nacional y la creación de oportunidades de
empleo e ingresos para la población local.
Las poblaciones indígenas viven principalmente en medios rurales. Han podido mantener
su estilo de vida comunitaria y su cultura tradicional cuando su hábitat no se ha visto afectado por
las grandes perturbaciones derivadas de las rápidas transformaciones económicas y ecológicas.
No obstante, esta situación ha cambiado rápidamente en las últimas décadas, a medida que los
gobiernos nacionales, las grandes empresas y las instituciones multilaterales de financiación han ido
dirigiendo su atención a las llamadas zonas no desarrolladas con el fin de extraer recursos naturales,
establecer plantaciones y plantas industriales, desarrollar actividades turísticas, mejorar puertos,
centros de comunicación o centros urbanos y construir redes de transporte, presas polivalentes,
bases militares o vertederos de residuos tóxicos. Cuando estas actividades se producen en zonas
ocupadas por pueblos indígenas, es probable que sus comunidades sufran profundos cambios
sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender

62 Documento de Naciones Unidas: E/CN.4/2003/90

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

y mucho menos de prever. Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente
a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces las consecuencias serán beneficiosas,
muy a menudo devastadoras, pero nunca desdeñables.

Tradicionalmente, pocos gobiernos han tenido en cuenta los derechos e intereses de los
pueblos indígenas a la hora de elaborar los grandes proyectos de desarrollo. A medida que los
proyectos maduran, lo que puede llevar varios años en función de sus características, los intereses
de los pueblos indígenas, a los que rara vez se consulta la cuestión, quedan en segundo plano
frente a un “interés nacional” preponderante o a unos objetivos de mercado consistentes en iniciar
nuevas actividades económicas y potenciar al máximo la productividad y los beneficios. Durante
mucho tiempo, las instituciones multilaterales de financiación que participaban en la planificación
y ejecución de dichos proyectos parecieron estar de acuerdo con este enfoque. Por esa razón, las
preocupaciones sociales y medioambientales expresadas por muchos, incluidas las comunidades
indígenas, no han recibido la atención necesaria.

La situación comenzó a cambiar cuando los organismos multilaterales, los gobiernos
nacionales y la comunidad empresarial mostraron un interés nuevo por las necesidades de los
indígenas. A nivel internacional, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (Nº 169, 1989) estipula que:

“Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarlas directamente.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social,
espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas
puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados
como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”
Numerosas conferencias internacionales han reafirmado estos derechos de un modo
u otro, en especial la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002). El Banco Mundial está adoptando una nueva
política operacional que establece la necesidad de que las poblaciones indígenas participen en
los proyectos de desarrollo que puedan afectarles, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha
establecido directrices similares para sus propias actividades. Asimismo, varios Estados han
aprobado legislación en el mismo sentido.

Rodolfo Stavenhagen

Nadie se ha preocupado más por estas importantes cuestiones que los propios pueblos
indígenas. Un reciente estudio informa de “las consecuencias desproporcionadas que los pueblos
indígenas sufren a causa de los programas de desarrollo, mientras no se reconozcan plenamente
sus derechos humanos, y mientras continúen estando marginados en la adopción de decisiones
que afectan a sus vidas.”63. Además, las poblaciones indígenas sostienen que “a medida que
se intensifican las presiones sobre los recursos de la Tierra, los pueblos indígenas soportan de
manera desproporcionada los costos impuestos por las industrias extractivas y consumidoras
de recursos, la minería, la explotación del petróleo y el gas, las grandes presas y otros proyectos
de infraestructura, la tala y las plantaciones, la prospección biológica, la pesca y la agricultura
industriales, también el ecoturismo y los proyectos de conservación impuestos.”64 Por lo que se
refiere a la cuestión específica de la construcción de grandes presas (en la que se centrará este
informe), la Comisión Mundial de Presas considera que:

“Las grandes presas han causado graves impactos en las vidas, medios de
subsistencia, cultura y existencia espiritual de grupos indígenas y tribales. Debido a la
negligencia y falta de capacidad para garantizar la justicia, los grupos indígenas y tribales,
por razón de injusticias estructurales, disonancia cultural, discriminación y marginación
política, han sufrido de manera desproporcionada los impactos negativos de las grandes
presas, además de que a menudo se los ha excluido del reparto de beneficios.”65

Dado que muchos de estos proyectos se desarrollan en los territorios ancestrales de
los pueblos indígenas, no es de extrañar que éstos planteen la cuestión del derecho a la tierra,
el derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones sobre la ejecución de dichos
proyectos, el derecho a una parte de los beneficios potenciales y, sobre todo, el derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación. Así pues, durante el 20º período de sesiones del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas “… prácticamente todos los participantes indígenas
afirmaron que su derecho a la libre determinación era una condición previa para la realización de
otros derechos humanos, y debía considerarse como el fundamento que garantiza su autonomía,
mediante el cual pueden participar en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas que
les afectan directamente. Por consiguiente, los pueblos indígenas reiteran el nexo inextricable
entre su derecho a la libre determinación y otras cuestiones relativas a los derechos humanos de
los indígenas, como al derecho a la tierra y a los recursos naturales, la preservación de su identidad
cultural y los derechos al idioma y a la educación.”66

El derecho a un consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas continúa
siendo motivo de gran preocupación, habida cuenta de que muchas decisiones importantes sobre
los proyectos de desarrollo a gran escala en los territorios indígenas no cumplen lo establecido
claramente en el artículo 6 de la Convención Nº 169 de la OIT, que estipula que los gobiernos
deberán:

63 Jocelyn Carino, documento de información general presentado ante el Seminario sobre los pueblos indígenas, las empresas privadas dedicadas a la
explotación de los recursos naturales, energéticos y mineros, y los derechos humanos (Ginebra, del 5 al 7 de diciembre de 2001), pág. 4.
64 Caucus de los Pueblos Indígenas del CDS, “Documento de diálogo de los pueblos indígenas”, en Asuntos Indígenas 4/01, IWGIA, pág. 14.
65 Comisión Mundial de Presas, Presas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones. Informe de la Comisión Mundial de Presas, 2000.
(Véase el capítulo 4, “La población y las grandes presas -Desempeño social”, en particular la sección sobre los pueblos indígenas.) Disponible en
http://www.dams.org.
66 Informe del 20º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (E/CN.4/Sub.2/2002/24), párr. 26.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

“a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas

o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos
y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan…”

Análogamente, el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas dispone que los Estados obtendrán el consentimiento, expresado
libremente y con pleno conocimiento, de los pueblos interesados antes de adoptar cualquier
proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en lo que respecta
al desarrollo, la utilización o la explotación de minerales, agua u otros recursos. El proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene una disposición
similar. La importancia del principio de un consentimiento libre, previo e informado también se
destaca en la recomendación del seminario sobre los pueblos indígenas, las empresas privadas
dedicadas a la explotación de los recursos naturales, energéticos y mineros y los derechos
humanos (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001).67

En algunos Estados, la legislación ha evolucionado en ese sentido. En Australia, la
Ley de los derechos de los aborígenes sobre la tierra (Territorio del Norte) de 1976 (enmendada
en 1987), no sólo reconoce el derecho de los aborígenes a poseer tierras, sino que también
establece su derecho a vetar la explotación de los recursos mineros por un período de cinco
años. Además, existe la posibilidad de que un consejo territorial con el mandato de representar
los intereses de los propietarios aborígenes deniegue la concesión de una explotación minera o la
construcción de una carretera a menos que los propietarios tradicionales de la tierra comprendan
colectivamente el carácter y el objetivo de esas propuestas y den su consentimiento.68

La Ley de derechos de los pueblos indígenas de Filipinas, de 1997, reconoce el derecho
de los indígenas a los dominios ancestrales y a la propiedad de las tierras tradicionales. La ley
filipina exige también a los promotores o a las empresas que obtengan el consentimiento libre,
previo e informado de los indígenas para determinadas actividades, tales como por ejemplo
a) la prospección, el desarrollo y la explotación de recursos naturales; b) la investigación y la
bioprospección; c) los desplazamientos y los reasentamientos; d) las exploraciones arqueológicas;
e) la ordenación comunitaria de los bosques; y f) el acceso del ejército.69

En la decisión T-652-98, relativa a la explotación de los recursos naturales en los territorios
tradicionales de los pueblos indígenas, la Corte Constitucional de Colombia afirmó lo siguiente:
“[…] los pueblos indígenas son sujetos de derechos fundamentales, y […] si el Estado no parte de
garantizar uno de ellos, el derecho a la subsistencia, tales colectividades tampoco podrán realizar
el derecho a la integridad cultural, social y económica que el Constituyente consagró a su favor.”70

67 Informe del Seminario sobre los pueblos indígenas, las empresas privadas dedicadas a la explotación de los recursos naturales, energéticos y
mineros y los derechos humanos (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3), conclusiones, párr. 4.
68 Paul Kaufmann, Wik, Mining and Aborigines, Allen and Unwin, págs. 15 y 16. La enmienda de 1987 exige el consentimiento de los aborígenes para
la prospección, consentimiento que, según la interpretación actual, se extiende a toda operación minera posterior.
69 Carino, op. cit., págs. 11 y 12.
70 Este proceso fue iniciado por el pueblo emberá-katío con respecto a los proyectos de la presa de Urrá.

52

Rodolfo Stavenhagen

El artículo 2 de la Constitución de México (enmendada en 2001) reconoce los derechos de las
comunidades indígenas sobre la tierra, pero los supedita a los derechos adquiridos por “terceros”,
una limitación jurídica que las organizaciones indígenas y los juristas consideran más bien como
un retroceso en el reconocimiento de los derechos colectivos de esas comunidades.

Los indígenas que participan en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas han
planteado que muchos de los derechos jurídicos reconocidos formalmente a los pueblos indígenas
no se aplican plenamente en la práctica, ya sea en los tribunales, donde los jueces tienen la última
palabra, o como resultado de la adopción de nuevas disposiciones legislativas que menoscaban

o reducen derechos que ya se habían reconocido en leyes anteriores.71 En relación con este tipo
de retroceso en el caso de Australia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
recomendó que se siguiera examinando “… atentamente también cualquier otra legislación estatal
o de los territorios que se [tuviera] proyectada para asegurar que [cesara] el cercenamiento de la
protección de los derechos de los aborígenes.”72
En otros varios foros de las Naciones Unidas, las organizaciones indígenas han señalado
su preocupación por los efectos negativos que los grandes proyectos de desarrollo tienen sobre
el medio ambiente, sus formas de subsistencia, su modo de vida y su supervivencia. Uno de los
problemas más frecuentes que sufren las comunidades indígenas es el de la pérdida de tierras y de
territorios. La falta de control sobre sus recursos naturales se ha convertido en una preocupación
generalizada. Muchas veces esos proyectos entrañan el desplazamiento y el reasentamiento
involuntario de las comunidades indígenas que habitaban en el lugar de construcción de una presa,
un aeropuerto, una reserva de caza, un centro turístico, una mina o una autopista importante. Así
pues, las violaciones de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y
culturales son cada vez más frecuentes, lo que impulsa a los pueblos indígenas a iniciar acciones
de protesta o campañas de resistencia en gran escala para llamar la atención de la opinión
pública sobre su situación; también recurren al sistema judicial, solicitan formas de reparación
administrativa o ejercen presión sobre la comunidad política.

El examen de algunas denuncias recientes de presuntas violaciones de los derechos
humanos de los pueblos indígenas, en conexión con actividades relacionadas con la planificación

o la ejecución de grandes proyectos de desarrollo de diversa índole, pone de relieve varias
situaciones que requieren atención en todo el mundo. El 8 de agosto de 2002, el Tribunal
Superior de Australia pronunció un fallo histórico que denegaba los títulos de propiedad de los
aborígenes sobre cualquier recurso mineral o petrolífero en la reclamación de títulos de propiedad
de Miriuwung-Gajerrong, interpuesta inicialmente en 1994. La mayoría del Tribunal consideró que
los derechos de propiedad de los aborígenes no se aplicaban a los contratos de arrendamiento de
la mina de diamantes de Argyle o del proyecto de riego de Ord River, en el oeste de Australia.73
El pueblo mapuche de Chile afirma que las empresas madereras transnacionales amenazan con
provocar su desaparición física y cultural.74 Una comunidad indígena de Kenya señaló al Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que en la actualidad seguían destruyéndose sus tierras y
su cultura en nombre de supuestos proyectos de desarrollo como los de explotación minera, tala
71 Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 18º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/2000/24), párr. 165.
72 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, observaciones finales: Australia (CERD/C/304/Add.101, de 19 de abril de 2000).
73 “No native title over minerals or petroleum”, http://www.smh.com.au/articles/2002/08/08/1028157983122.html.
74 E/CN.4/Sub.2/2000/24, op. cit., párr. 126.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

de árboles, prospección petrolífera, privatización de territorios indígenas y turismo.75 La nación
kickapoo de Oklahoma, en los Estados Unidos, se debate para salvaguardar su propia existencia
y la salud de sus recursos hídricos y terrestres frente al proyecto inminente de construcción de
una autopista entre el Canadá y México. Según se ha informado, en el Ecuador se llevan a cabo
actividades de explotación petrolera que están causando la desintegración de las estructuras
culturales y políticas tradicionales y facilitando, al mismo tiempo, la integración o la asimilación
de la economía petrolífera en el país.76 En Japón, la construcción de una presa para la producción
de energía hidroeléctrica en Nibutani, tierra sagrada para el pueblo ainu, causó la destrucción de
la agricultura tradicional y dejó sumergidos los lugares de celebración de ceremonias sagradas.
También destruyó los vínculos entre los ancianos y los jóvenes a medida que la pobreza obligaba
a las familias a vender sus tierras al Gobierno, lo que provocó divisiones en la comunidad.77

En Surinam se han denunciado graves casos de falta de reconocimiento y de respeto de
los derechos de los pueblos indígenas y tribales (maroons). Estos pueblos, que juntos suman unas

75.000 personas o aproximadamente el 14% de la población total, ocupan las zonas forestales
del “interior” y son víctimas de varias formas de discriminación en la sociedad nacional. El
informe presentado por el Gobierno en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, reconoce que
esos pueblos son partes interesadas en la explotación de los recursos naturales de sus tierras
tradicionales, pero admite que su participación en la adopción de decisiones sobre esas cuestiones
“debe mejorarse”. Legalmente, la tierra que ocupan es propiedad del Estado, que puede conceder
títulos de propiedad a intereses privados. Las tierras, los territorios y los recursos indígenas y
tribales no están reconocidos por la ley. Varias comunidades indígenas y maroons se han visto
afectadas por las actividades mineras (oro y bauxita) y madereras que llevan a cabo empresas
nacionales y extranjeras sin su previo consentimiento ni su participación. Como resultado,
muchas aldeas han tenido que trasladarse contra su voluntad y se ha perturbado el entorno, lo que
ha afectado la economía tradicional de subsistencia, la salud, la organización social y la cultura
de esas comunidades. A pesar de sus peticiones al Gobierno y al sistema interamericano de
protección de los derechos humanos (Comisión y Corte), las comunidades indígenas y maroons no
han recibido la protección que necesitan.78
La presa de Bakun, en Malasia, ha causado al parecer el desplazamiento forzoso de
entre 5.000 y 8.000 indígenas de 15 comunidades, ya que ha supuesto la tala de 80.000 ha de
bosques.79 Según se informa, los pueblos indígenas de Manipur, en la India, corrieron una suerte
similar con la construcción de 25 presas hidroeléctricas.80 Miles de familias del pueblo santhal
adivasi, en la provincia india de Jharkhand, han sido desplazadas al parecer como resultado de un
proyecto de extracción de minerales, sin recibir a cambio una indemnización adecuada ni ninguna
seguridad económica.81 En Tailandia, varias comunidades montañesas, incluidos los karen, han

75 Declaración del Programa sobre Tierra y Desarrollo de la Comunidad Loodoariak de Kenya en el 19º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas (monografía en archivos). El orador afirmó que eso daba lugar al desplazamiento de comunidades enteras y a la destrucción del
medio ambiente, la economía tradicional y otras prácticas que habían sustentado a los indígenas desde tiempos inmemoriales.
76 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, op. cit., párr. 104.
77 Véase el informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 19º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/2001/17), párrs. 54 a

61. En noviembre de 2002, el Relator Especial visitó la presa de Nibutani y se entrevistó con miembros de la comunidad ainu, que confirmaron la
información.
78 Forest Peoples Programme: Incumplimiento por la República de Surinam de su obligación de garantizar y respetar los derechos de los pueblos
indígenas y tribales a la tierra, los territorios y los recursos, a la integridad cultural y a no ser objeto de discriminación racial. Comunicación oficial de
conformidad con la resolución 2001/57 de la Comisión de Derechos Humanos (recibida en agosto de 2002).
79 Caucus de los Pueblos Indígenas del CDS, op. cit., págs. 15 y 16.
80 E/CN.4/Sub.2/2001/17, op. cit., párr. 57.
81 Declaración del representante del pueblo sSnthal Adivasi en el 19º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
54

Rodolfo Stavenhagen

sido supuestamente expulsados de los parques nacionales contra su voluntad,82 mientras que en
Hawai el desarrollo del turismo ha dado lugar al desplazamiento de los pueblos indígenas y a su
creciente pobreza.83 Los representantes de los indígenas asiáticos informaron al Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas de que “… los conflictos y las intervenciones a favor del desarrollo
habían traído consigo desplazamientos en gran escala, internos y externos, y que la ejecución de
proyectos de desarrollo inadecuados y elaborados sin consulta tenía graves consecuencias para
los niños y los jóvenes [indígenas].”84

Los pueblos indígenas africanos no son ninguna excepción cuando se trata del
desplazamiento de las tierras que tradicionalmente les han pertenecido. La creación de parques
nacionales o de reservas de caza ha obligado a esos pueblos a abandonar sus tierras. Por ejemplo,
los boran de Kenya declararon que la anexión de cuatro reservas creadas en Isiolo había afectado
a importantes zonas de pastoreo y abrevaderos que antes utilizaban los pastores nómadas.
Además, representantes del pueblo indígena keiyo de Kenya también afirmaron que habían sido
expulsados a la fuerza de sus tierras sin indemnización alguna en razón de las actividades mineras
desplegadas en la zona.85 A pesar del recurso presentado ante el Tribunal Superior del país (que se
desestimó por motivos técnicos) y el interés manifestado a nivel internacional, el pueblo basarwa
de Botswana vio cortado su suministro de agua y no ha tenido otra opción que abandonar sus
cazaderos tradicionales en la reserva de caza del Kalahari central para instalarse en aldeas de
reasentamiento, a fin de dejar vía libre a las actividades de desarrollo de la zona patrocinadas por
el Gobierno.86

Los desalojos o los desplazamientos involuntarios son una consecuencia común de los
grandes proyectos de desarrollo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llegó
a la conclusión de que los desalojos forzosos eran prima facie incompatibles con los requisitos
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El término “desalojos
forzosos”, se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de
los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. A menudo, los
desalojos forzosos tienen lugar en nombre del desarrollo.87

Los conflictos que surgen a raíz de los proyectos de desarrollo en las tierras de los
pueblos indígenas traen consigo nuevas violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, los
desalojos forzosos de las tierras tradicionales de los indígenas pueden favorecer la vulneración de
sus derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el
derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar y el derecho a disfrutar en paz de

82 Chumpol Maniratanavongsiri, “The Karen Response to Thai Conversation Policies”, en Caucus de los Pueblos Indígenas del CDS, op. cit., pág. 60.
83 E/CN.4/Sub.2/2001/17, op. cit., párrs. 60 y 61.
84 E/CN.4/Sub.2/2000/24, op. cit., párr. 74.
85 Declaración del pueblo indígena Keiyo de Kenya en el 19º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
86 Comunicado de prensa III del equipo de negociación, los representantes designados de los residentes de la reserva de caza del Kalahari central, abril
de 2002. Véase también la nota Nº 01/02/Gen/E/15 II (38) G2 de la Misión Permanente de Botswana ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
que reconoce que “los basarwa no fueron obligados a trasladarse sino que se fueron convencidos… y dadas las dificultades que suponía mantener los
escasos servicios de la reserva de caza, el Gobierno juzgó prudente eliminar esos servicios”. Véase el informe presentado por el Relator Especial a la
Comisión de Derechos Humanos en 2002 (E/CN.4/2002/97/Add.1, párr. 13).
87 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 7, el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11.1 del Pacto):
los desalojos forzosos (E/C.12/1997/4). El Comité observó lo siguiente: “[Los desalojos] pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos
de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la
adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines
agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos”.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

los bienes propios.88 El Relator Especial ha recibido informes en los que se denuncia la detención y
el hostigamiento de los indígenas que participan en protestas contra la destrucción causada por la
construcción de presas y otras actividades de extracción, como la tala de bosques y la minería.

Por ejemplo, en Penan (Malasia) se ha detenido supuestamente a varios indígenas por
obstruir las carreteras en un intento de detener a las empresas madereras que destruyen sus
bosques tradicionales.89 Al parecer, en Filipinas los indígenas han sido maltratados y detenidos
por las empresas mineras y la policía al tratar de impedir pacíficamente el despliegue de
actividades mineras en sus tierras tradicionales.90 Algunas veces, como ha sucedido en África
meridional, la estricta aplicación de las leyes de conservación del medio ambiente impide a los
agricultores indígenas cultivar sus tierras o utilizar sus recursos tradicionales, y los convierte en
delincuentes que corren el riesgo de ser encarcelados por tratar de subsistir.91 Según un informe
reciente, trabajadores petroleros de la región del alto Pakiria, en el sureste del Perú, obligaron a los
kugapakori a internarse en la selva amazónica y los amenazaron con detenerlos y con diezmar a la
comunidad con el contagio de enfermedades extrañas si se negaban a abandonar sus hogares.92
Las autoridades mexicanas impidieron al pueblo cucapá, en el norte del país, practicar la pesca de
susbsistencia por motivos ecológicos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró
que se habían violado sus derechos humanos y recomendó al Gobierno, en abril de 2002, que
los cucapá participaran en la planificación y la ejecución de sus propios programas de desarrollo
social, en particular la pesca de especies protegidas para su subsistencia.93 También en el sureste
de México se ha desalojado por motivos ecológicos a unos indígenas que ocupaban una reserva de
biosfera, aunque las ONG señalan que empresas de diversos tipos desean invertir en la zona (véase
el estudio sobre el Plan Puebla Panamá, infra).94

Los grandes proyectos de desarrollo entrañan a menudo graves riesgos para la salud de
los pueblos indígenas. La degradación del medio ambiente, los desechos químicos y minerales
tóxicos, la destrucción de ecosistemas autónomos y la aplicación de abonos y pesticidas químicos
son sólo algunos de los factores que amenazan seriamente la salud de los indígenas en las
denominadas “zonas de desarrollo”. Cuando comunidades indígenas relativamente aisladas entran
en contacto con una sociedad nacional y una economía monetaria en plena expansión, como ha
sucedido de forma espectacular en la cuenca del Amazonas y en otras zonas intertropicales en
los últimos decenios, los pueblos indígenas también corren el riesgo de contraer enfermedades
infecciosas como la viruela, el sida y otras enfermedades de transmisión sexual, y están más
expuestos a los trastornos psicológicos.95

Los pueblos indígenas argumentan también que “la degradación y la contaminación del
medio ambiente son factores importantes de la salud y el bienestar de los pueblos indígenas”, y
citan, por ejemplo, la polución tóxica provocada por los contaminantes orgánicos persistentes y

88 Ibíd.
89 Declaración de Tana Uma Amee en el 19º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (monografía en archivos).
90 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, op. cit., párr. 60. Incidentes similares fueron denunciados directamente durante mi visita oficial a Filipinas. Véase
E/CN.4/2003/90/Add.3.
91 Robert K. Hitchkock, “Decentralization, Natural Resource Management and Community-Based Conservation Institutions in Southern Africa”,
Indigenous Affairs, 4/01, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), pág. 39.
92 Cultural Survival Indigenous News, Headlines and Spotlights, 9 de agosto de 2002.
93 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación Nº 08/2002, 30 de abril de 2002.
94 En diciembre de 2002 los medios de comunicación mexicanos difundieron información detallada sobre esos desalojos.
95 Para información sobre los aborígenes australianos, véase el segundo informe anual del Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños
del Estrecho de Torres, 1994, pág. 106. Con respecto a la relación entre la extracción de uranio y la salud de los niños Adivasi de Jharkhand (India),
véase “The Miner’s Canary: Indigenous Peoples and Sustainable Development in the Commonwealth”, Commonwealth Policy Studies Unit, pág. 32.

Rodolfo Stavenhagen

otras toxinas producidas por la industria.96 En Rwanda, los batwa denuncian que la deforestación
de la tierra ha dado lugar a la desaparición de plantas medicinales y a un aumento de la mortalidad.97
El derecho a la alimentación también se ve amenazado por los proyectos de desarrollo, como
en el caso de la construcción de una presa en la región de Cuene, en Namibia; ésta reduciría
considerablemente o destruiría las fuentes de nutrición de la comunidad epupa con la inundación
de los cultivos de nuez de palma y de los árboles faidberbia albida, fuente de alimentación de
las cabras, que son a su vez un elemento fundamental de la dieta de la comunidad.98 Debido
a la polución de sus tierras tradicionales, los pueblos del norte de Rusia afirman que se han
convertido en “refugiados ecológicos”; mientras que, según se informa, en el Perú las actividades
mineras han contaminado el agua potable que los pueblos indígenas utilizan para la producción
de alimentos.99 Durante mi visita a Filipinas, en diciembre de 2002, numerosos representantes
indígenas denunciaron efectos ecológicos, económicos y sociales similares de las actividades
mineras en varias partes del país, que calificaban acertadamente de “agresión del desarrollo.”100

Los pueblos indígenas han argumentado, legítima y extensamente, que los grandes
proyectos de desarrollo que no tienen en cuenta sus intereses fundamentales entrañan la violación
de sus derechos humanos básicos. En el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, esos
pueblos mantienen que “la concepción indígena del desarrollo autónomo se [basa] en los principios
del respeto y la conservación de la tierra, los recursos naturales y todos los elementos del medio
ambiente natural; el consenso en la adopción de decisiones; y el respeto mutuo de los valores y de
la ideología de los pueblos, incluida la soberanía sobre la tierra, los recursos y el medio ambiente
con arreglo al derecho natural.”101 También se lamentan de que en general no se considere
la participación plena, significativa y eficaz de los pueblos indígenas en el desarrollo. Así, los
pueblos indígenas de las sierras de Chittagong, en Bangladesh, señalaron el año pasado que “las
estrategias de desarrollo, basadas en la construcción de carreteras, los programas de pacificación
y de desarrollo socioeconómico y la inmigración, seguían en manos del ejército y se excluía la
participación de los pueblos indígenas en el desarrollo.”102 Los ogiek de Kenya y los batwa de
Rwanda, refiriéndose a la necesidad de hacerse oír, hablaron de las dificultades de garantizar la
participación efectiva de las minorías en un sistema democrático basado en la mayoría.103

Sin embargo, algunos gobiernos se esfuerzan en asegurar la participación de los pueblos
indígenas en el desarrollo. Por ejemplo, Canadá ha adoptado varias iniciativas en esa dirección,
como la participación de los pueblos indígenas en los consejos de evaluación y regulación del
medio ambiente y en los acuerdos de solución de las reivindicaciones de tierras. Además, ha
creado una estrategia de asociación regional para potenciar las oportunidades de empleo de los
indígenas. Nueva Zelanda ha puesto en marcha un programa de creación de capacidad que tiene
por objeto ayudar a las comunidades whanau, hapu e iwi maorí a determinar sus necesidades y a
crear iniciativas para lograr su desarrollo económico a largo plazo.104

96 E/CN.4/Sub.2/2000/24, op. cit., párrs. 29 y 30.
97 Ibíd., párr. 31.
98 “The Proposed Construction of a Hydropower Scheme on the Lower Cuene River”, Indigenous Affairs, 2/98, IWGIA, pág. 6. Se estima que “la
inundación de la cuenca del Cuene en Epupa destruiría los bosques adyacentes al río. Daría lugar a la pérdida de una cosecha anual de cientos de
toneladas de nueces de palma y, además, pondría fin al cultivo de los fértiles suelos de la ribera”.
99 E/CN.4/Sub.2/2000/24, op. cit., párr. 31, y E/CN.4/Sub.2/2001/17, op. cit., párrs. 87 y 106.
100 Durante la visita a una de esas minas y puede cerciorarme de su impacto en el medio ambiente.
101 E/CN.4/Sub.2/2001/17, op. cit., párr. 39.
102 Ibíd., párr. 47.
103 Ibíd., párr. 32.
104 Ibíd., párrs. 35 a 37.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

2. Estudios de casos seleccionados
Existen informes de investigación detallados sobre los grandes proyectos de desarrollo, sus efectos
en la vida, los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y en el medio ambiente, de diversos
países. A continuación se expone y se resume una pequeña selección de esas experiencias, en
particular por cuanto se refiere a las repercusiones de la construcción de grandes presas.

Costa Rica

Se prevé que el proyecto hidroeléctrico de Boruca, en el sur de Costa Rica, que empezará a
funcionar en 2012, conlleve la inundación de un área de aproximadamente 250 km2, lo cual afectaría
directa o indirectamente siete territorios indígenas y algunas zonas no indígenas. Al parecer, el
Instituto Costarricense de Electricidad, que promueve el proyecto, no ha consultado formalmente
a las organizaciones indígenas que han organizado comisiones para dialogar con el Gobierno y
han recibido ayuda y asesoramiento de universidades nacionales y de ONG internacionales. Un
estudio técnico realizado para evaluar los posibles efectos del proyecto en los pueblos indígenas
cita consecuencias previstas como el desplazamiento de la población afectada; la perturbación
de las actividades agrícolas tradicionales; la alteración del medio ambiente; el trastorno de las
costumbres cotidianas de las comunidades indígenas; la provisión de empleos a corto plazo para
la población local sin ningún plan para su integración a largo plazo en las nuevas actividades
económicas; la presión inflacionista en el costo de la vida y otros efectos preocupantes. El Relator
Especial aconseja al Gobierno de Costa Rica que promueva mecanismos que tengan en cuenta la
opinión de los pueblos indígenas en relación con el proyecto Boruca.105

Chile

En el decenio de 1990, se produjeron importantes cambios en la cuenca del río Bio-Bio, en el sur
de Chile, donde viven aproximadamente 10.000 mapuche-pehuenches, a raíz de un importante
proyecto de desarrollo hidroeléctrico que conllevará, a largo plazo, la construcción de seis presas
y centrales eléctricas distintas. La primera de ellas, Pangue, construida por ENDESA, una empresa
pública recientemente privatizada, se terminó en 1996. A pesar de disponer del apoyo del Gobierno
y de fondos internacionales, la empresa no demostró ninguna consideración por las necesidades y
los intereses de las comunidades pehuenches ni por el medio ambiente. Un estudio de evaluación
encargado por el Banco Mundial, que había financiado en parte el proyecto, fue altamente crítico y
señaló que los indígenas pobres de la zona no habían obtenido ningún beneficio del proyecto; tras
esta conclusión, el estudio no fue dado a conocer a la población pehuenche. Un segundo estudio
corroboró las conclusiones iniciales, e indujo al Presidente del Banco a hacer una declaración
reconociendo los errores y las deficiencias del proyecto.

Sin embargo, el Gobierno de Chile y la empresa siguieron adelante con el proyecto de
construir en Ralco una segunda presa y una segunda central, mucho mayores, que empezarían
a funcionar en 2003. Para entonces, Chile había adoptado nuevas leyes sobre los indígenas y el
medio ambiente,106 que permitieron a las organizaciones mapuches impugnar los proyectos a nivel

105 Información facilitada por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré.
106 Ley indígena Nº 19.253 [1993] y Ley de medio ambiente Nº 19.300.

58

Rodolfo Stavenhagen

político y también ante los tribunales. Se encomendó a la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), un organismo gubernamental, que negociara un acuerdo entre las partes, pero
dos de sus directores, ambos profesionales indígenas, fueron despedidos por expresar sus reservas
sobre la forma en que la empresa estaba tratando las cuestiones indígenas y ambientales. Las
autoridades rechazaron ciertos estudios en los que se detallaban los efectos nocivos acumulados
del proyecto de las seis presas en la población indígena y en el medio ambiente. De hecho, tanto
la CONADI como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) aconsejaron al Gobierno en
un momento dado que abandonara el proyecto, pero no se tuvo en cuenta su opinión. El Gobierno
de Chile empezó a preocuparse por mitigar los efectos negativos del proyecto en los pueblos
indígenas, aunque reconoce que la legislación sobre los indígenas está subordinada a otras leyes
que en este caso parecen tener prioridad.

A pesar de la oposición de 4.000 pehuenches a su reasentamiento involuntario y a la
destrucción de su entorno y forma de vida tradicionales, y sin respetar en modo alguno la legislación
existente en materia indígena y ambiental (Chile todavía no ha ratificado el Convenio Nº 169 de
la OIT), la empresa (que ahora forma parte de una sociedad transnacional) siguió sobornando a
familias pehuenches a cambio de sus tierras. Para 2002, sólo siete familias resistían mientras
el proyecto de Ralco estaba a punto de terminarse. Uno de los problemas de los pehuenches es
que sus tierras y territorios colectivos tradicionales han sido privatizados por decreto, lo que ha
facilitado a las empresas la adquisición de tierras indígenas para sus propios fines. Un tribunal
determinó que los pehuenches tenían prioridad para recuperar la tierra situada por encima del nivel
del agua.

Varios observadores han señalado que en el caso de Ralco, las prioridades de las
empresas, con el apoyo del Estado, parecen anular las preocupaciones sociales y ambientales
expresadas en las protestas masivas y las acciones judiciales emprendidas por las organizaciones
mapuches y sus partidarios. A medida que avanza el proyecto de las seis presas del Bio-Bio,
el pueblo pehuenche, en particular las dos comunidades locales directamente afectadas por las
aguas del embalse, Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, se enfrentan a un porvenir oscuro y su forma
de vida tradicional parece alterada sin remedio. Además, el caso de Ralco ilustra claramente
las tensiones sociales que surgen entre un modelo de desarrollo “modernizador” y los costos
sociales, ambientales y culturales que debe soportar el pueblo que carga con el peso de esa
transformación económica. El Gobierno de Chile informa de que los pueblos indígenas no participan
en la planificación de los grandes proyectos de desarrollo, aunque una vez que se han decidido
esos proyectos, las comunidades indígenas pueden intervenir para ayudar a mitigar sus posibles
efectos negativos. El Relator Especial recomienda que Chile ratifique el Convenio Nº 169 de la
OIT lo antes posible, que cumpla estrictamente las nuevas normas internacionales y su propia
legislación en materia indígena y ambiental a fin de proteger adecuadamente los intereses de
los pueblos indígenas; las comunidades indígenas deben participar directamente siempre que se
considere la posibilidad de adoptar importantes proyectos de desarrollo económico que puedan
afectar su vida y sus medios subsistencia.107

107 La información sobre el proyecto de Ralco fue facilitada por el Gobierno de Chile en respuesta a la solicitud del Relator Especial y por Álvaro Bello M.
especialmente para el presente informe. En relación con los estudios de evaluación y la participación del Banco Mundial, véase: http://new.aaanet.
org/committees/cfhr/rptpehuenc.htm; http://www.ted-downing.com/; http://bicusa.org; http://www.mapuche-nation.org.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Colombia

Tradicionalmente, el pueblo indígena emberá-katío ha vivido en la zona bañada por los ríos Sinú
y Verde, en el noroeste de Colombia (departamentos de Córdoba y Antioquía). Sus territorios
ancestrales están reconocidos legalmente como sendos resguardos indígenas creados en 1993 y
1996, y están habitados por aproximadamente 500 familias (unas 2.400 personas). Los emberákatío
figuran entre los pueblos indígenas que más han padecido la constante violencia de la
guerra civil de Colombia. Durante muchos años han negociado con las autoridades en relación
con el proyecto del Estado de autorizar a una empresa privada a construir varias grandes presas
hidroeléctricas que inundarían buena parte de sus territorios tradicionales (hasta 7.000 ha).

Preocupados por los efectos ecológicos y económicos negativos que la presa de Urrá I
tendría en su cultura y organización social, los cabildos o autoridades tradicionales de los emberákatío
han sido objeto de fuertes presiones y han sido acusados de apoyar a las guerrillas y de ser
“enemigos del progreso”. Desde 1992, se ha expropiado parte de sus tierras por considerarlas de
“interés público” y la empresa privada de Urrá ha sido autorizada a iniciar las obras del proyecto
sin previa consulta de las comunidades indígenas (obligatoria, de conformidad con la Constitución
Colombiana).

En 1994, la empresa y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) acordaron
un marco de consultas obligatorias antes de iniciar la segunda fase del proyecto, que consistía en la
inundación de las tierras y la puesta en funcionamiento de la presa. Se propuso un plan de desarrollo
étnico que establecía el pago de indemnizaciones a los emberá-katío por los posibles efectos nocivos
de la presa. Sin embargo, cuando se desvió el río aparecieron nuevas consecuencias negativas, la
navegación y la pesca resultaban difíciles. A pesar del conflicto emergente, la empresa obtuvo la
licencia gubernamental para inundar la zona. Esa licencia fue anulada posteriormente por la Corte
Constitucional de Colombia, la cual declaró que el proceso violaba los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas y ordenó un nuevo proceso de consulta y el pago de indemnizaciones a los
emberá-katío.108 En 1998, se intensificó la violencia, varias familias indígenas fueron obligadas
a abandonar sus hogares bajo amenazas, se destruyeron bienes y, lo que es más grave, varios
dirigentes indígenas fueron asesinados o desaparecieron, presumiblemente a manos de las fuerzas
paramilitares, mientras que otros se convirtieron en presuntas víctimas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 1999, la empresa logró obtener una nueva licencia para la inundación de la zona,
aunque sólo había consultado parcialmente a las comunidades indígenas. Algunas de ellas se
negaron a abandonar sus tierras a pesar de que las aguas seguían creciendo. Más avanzado el año,
una nutrida delegación de los embará-katío se desplazó a Bogotá, la capital del país, para protestar
contra la situación, y fue sometida a intensas presiones políticas. Por último, en 2000, el Gobierno,
la empresa y las comunidades indígenas llegaron a un nuevo acuerdo. Aparte de prometer servicios
sociales y de atención de la salud, que prestarían los organismos internacionales, el acuerdo
reconocía la neutralidad de los emberá-katío, su plena autonomía territorial y su condición de no

108 Sentencia T-652/98. La falta de un proceso oficial de consulta sobre el proyecto constituye, según la Corte, una violación del derecho de participación,
del derecho a un proceso justo y del principio del carácter multicultural de la nación colombiana.

Rodolfo Stavenhagen

combatientes.109 Sin embargo, continuó la violencia contra los emberá en forma de asesinatos,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y amenazas; algunos de esos actos se han
atribuido a los grupos paramilitares, y otros, a las FARC.

En junio de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno de
Colombia que adoptara medidas “urgentes y concertadas” con respecto a la desaparición de un
dirigente emberá, y que garantizara el derecho a la vida y la integridad personal del resto de
la comunidad.110 Ante la pasividad del Gobierno, tuvo que reiterar ese llamamiento varios días
después. En 2002, nuevos asesinatos y desapariciones forzadas diezmaron las comunidades
emberá-katío de la región. En octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Bogotá hizo público un comunicado de prensa en el que denunciaba
el desplazamiento forzado de una comunidad emberá de 800 personas, entre ellas 250 niños,
debido a las amenazas de las FARC, y pidió al Gobierno que adoptara medidas de protección
pertinentes.111 En una carta dirigida al Relator Especial, la ONIC reafirmó su posición de que los
megaproyectos eran la principal causa de los actuales conflictos entre los pueblos indígenas y el
Estado. A título de ejemplo, la organización menciona el pueblo u’wa y el conflicto que mantienen
con la Occidental Petroleum Co. (Oxy) en relación con la perforación de yacimientos petrolíferos
en territorio indígena; los emberá-katío y la presa hidroeléctrica de Urrá; los wayúu y la extracción
de carbón; otra presa en construcción en Saldaña, donde vive el pueblo pijao; la tala de árboles en
territorio de los chamí por la empresa Smurffit; y el conflicto entre las comunidades inga, kofane y
siona y varias compañías petroleras por cuestiones de perforación y construcción de carreteras. Se
prevén más tensiones con los sikuani por la canalización del río Meta y un proyecto de plantación
de palma africana, y con los emberá en relación con la construcción del canal interoceánico AtratoTruandó.
112

Está en juego la supervivencia de los emberá-katío. Varios de sus dirigentes más
importantes y destacados han sido asesinados en los últimos cinco años. La presa de Urrá I se
proyectó y se está construyendo sin su consentimiento, lo cual ha dado lugar a desplazamientos
involuntarios, a la desorganización social y económica y al trastorno de la vida cultural. Estos
indígenas perciben la construcción de esa presa como una amenaza a su forma de vida, y algunos
de los efectos que ya se han señalado parecen confirmar esa percepción. Tales efectos son el
contagio de enfermedades desconocidas en la zona, la escasez de la pesca y de otros elementos
básicos de su dieta y, por encima de todo, la alteración del río que ocupa un lugar central en la
relación espiritual que los emberá-katío mantienen con su tierra.

La situación de los emberá-katío no es única, ya que otros pueblos indígenas del país se
enfrentan a amenazas similares. Además, como otras comunidades indígenas, se han convertido
en víctimas de un conflicto civil violento entre diversas partes armadas, a saber, las fuerzas

109 Acta de acuerdos entre el Gobierno nacional, la empresa Urrá S. A. y los Cabildos Mayores de Río Verde y Río Sinú, y Comunidad de Seguido.
Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá, 25 de abril de 2000.
110 “Incumplimiento de la responsabilidad del Estado frente a la desaparición forzada de Kimy Domico Pernia”, Comisión Colombiana de Juristas, 12 de
junio de 2001.
111 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, comunicado de prensa, 17 de octubre de 2002.
112 “Este es el principal motivo de los actuales conflictos con el Gobierno. Los casos siguientes pueden mencionarse a título de ejemplo: los u’wa y la
explotación petrolífera por la Oxy; los emberá-katío y la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá; los wayúu y la extracción de carbón; los pijao
y la construcción de la presa de Saldaña; los chamí y la tala de árboles por la Smurffit; los inga, los kofane y los siona y la perforación de yacimientos
petrolíferos y la construcción de una carretera. También se prevén situaciones graves en el caso de los sikuani por la canalización del río Meta y el
proyecto de plantación de palma africana, así como en el caso de los emberá y la construcción del canal Atrato-Truandó.” Respuesta facilitada por
la ONIC, el 9 de julio de 2002 a la petición de información del Relator Especial.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

nacionales de seguridad, las guerrillas revolucionarias, los grupos paramilitares y los traficantes
de drogas. Han proclamado su autonomía y neutralidad en esos conflictos, exigiendo únicamente
que se respeten sus territorios, su cultura y su forma de vida. Lamentablemente no ha sido así,
y sus derechos humanos fundamentales han sido y siguen siendo sistemáticamente violados.
Los emberá-katío corren el peligro de no alcanzar a sobrevivir toda esta violencia como un pueblo
diferenciado: se trata de un caso evidente de genocidio.

India

La presa de Sardar Sarovar, en la India, es la mayor de las 30 grandes, 135 medianas y 3.000
pequeñas presas que se construirán para regular las aguas del río Narmada y sus afluentes, con
el fin de suministrar agua y electricidad en abundancia a los habitantes de Gujarat, Maharashtra
y Madhya Pradesh. Con una altura propuesta de 136,5 m, el Gobierno asegura que la presa
polivalente de Sardar Sarovar regará más de 1,8 millones de ha y apagará la sed de las regiones
de Kutch y Saurashtra, en Gujarat. Otros, por el contrario, sostienen que esos beneficios son
exagerados y no llegarán nunca al nivel indicado por el Gobierno. Antes bien, el proyecto desplazará
a más de 320.000 personas y afectará a los medios de vida de miles de otras. En total, y como
consecuencia de los desplazamientos provocados por el sistema de canales y otros proyectos
conexos, se espera que al término del proyecto se hayan visto desarraigadas o afectadas como
mínimo 1 millón de personas. De hecho, el desarrollo de la región del río Narmada ha sido bautizado
con la etiqueta de “el mayor desastre humano y medioambiental planificado de la India”, grito
de alarma muy alejado de la idealización de las presas como “los templos seculares de la India
moderna”,113 en palabras del ex Primer Ministro Nehru.

Las dos terceras partes de las más de 40.000 familias que se verán desplazadas por
la construcción del embalse serán poblaciones tribales o adivasis, pertenecientes a diferentes
grupos que reciben el nombre colectivo de bhils. El desplazamiento de los adivasis de sus tierras y
recursos tradicionales, provocado por la construcción de embalses y canales y los proyectos de
repoblación forestal, influye considerablemente en el pleno disfrute de sus derechos humanos.
Viven principalmente en 14 pueblos de Gujarat, 33 de Maharashtra y unos 53 de Madhya Pradesh.
Los adivasis son ampliamente autosuficientes, producen sus propios alimentos y obtienen
combustibles, materiales de construcción, piensos, frutos y otros recursos de los bosques y
tierras comunales que rodean sus pueblos, y sacan del río el agua y el pescado que necesitan.
Reasentarlos fuera de su territorio supone la destrucción de su forma de vida y de su organización
comunal. Un agricultor cuyo pueblo quedará sumergido comentaba: “el bosque es nuestro
prestamista y nuestro banquero. Con su teca y su bambú construimos nuestra casa. Gracias a
sus riquezas podemos tejer nuestros cestos y nuestros catres. De sus árboles sacamos nuestras
medicinas.”114

A principios del decenio de 1990 los adversarios de la presa organizaron una serie de
protestas no violentas (dharnas y satyagraha), que indujeron al Banco Mundial, tras encargar
un estudio independiente que puso de relieve los defectos del proyecto, a retirar el resto de
su financiación (el Banco canceló los 170 millones de dólares pendientes de su préstamo

113 John R. Wood, “India’s Narmada River Dams: Sardar Sarovar under Siege” en Asian Survey, vol. XXXII, Nº 10, octubre de 1993, pág. 968.
114 Amrita Patwardham y otros, “Dams and Tribal People in India”, documento presentado a la Comisión Mundial de Presas, preparado para un análisis
temático 1.2, 2000, pág. 13.

Rodolfo Stavenhagen

de 450 millones). Sin embargo, continuaron las obras de la presa, pese a que se trató de limitarlas
por vía judicial, y a mediados del verano de 2002 el agua embalsada alcanzó un nivel mucho más
alto del esperado inicialmente, y amenazaba inundar muchos más pueblos y aldeas. Las medidas
del Gobierno para la rehabilitación y reasentamiento de los desplazados parecían insuficientes y
dieron lugar a diversas actividades de protesta de los lugareños afectados por la crecida de las
aguas. Las protestas contra el proyecto siguen siendo fuertes y el Narmada Bachao Andolan
(movimiento “Salvemos el Narmada”) ha contribuido particularmente a fomentar la sensibilización
y el disentimiento. Múltiples activistas y poblaciones tribales continúan sosteniendo que nunca
abandonarán su tierra a la presa, aunque ello signifique doobenge par hatenge nahi: morir
ahogados.115

Las presas polivalentes estimulan indudablemente la actividad económica y pueden
producir beneficios a amplios sectores de la población. El problema reside en si esos beneficios van
a llegar a los pueblos indígenas que proporciona la tierra en que se ejecutan esos proyectos, y en
cómo van a hacerlo. Se estima que el embalse de Sardar Sarovar permitirá el riego de 1,8 millones
de ha de tierra sólo en Gujarat. El riego facilita la producción de cultivos alimenticios y de otra
índole, y podría aumentar notablemente la producción de alimentos en las zonas áridas. Sin
embargo, parece que gran parte de esas zonas no se prestan al riego por su saturación hídrica
y su salinidad. Además, una parte del agua de riego será probablemente consumida por las
plantaciones de azúcar antes de que llegue a explotaciones agrarias más necesitadas, situadas
mucho más lejos de la presa. No es probable que la población adivasi pueda aprovechar otros
beneficios potenciales del sistema de riego y de la generación de energía eléctrica de la presa.116

Los adivasis no participaron ni fueron consultados en el proceso de construcción de la
presa, sobre la base de que el proyecto y el desplazamiento de las gentes obedecía a un “interés
público” que brindaría una “oportunidad de desarrollo” a la población afectada. Aunque algunos
gobiernos locales se aseguraron de la participación de las ONG, un observador señala que “las ONG
pueden brindar un apoyo sustancial, aunque nunca podrán ocupar el lugar de las poblaciones
afectadas ni asumir lo que es una responsabilidad básica del Estado.”117

Sólo la población adivasi residente en la zona que quedará sumergida por el embalse
(pueblos afectados por el proyecto, o PAP) tendrá derecho a indemnizaciones y al reasentamiento.
Sin embargo, muchos más serán afectados de manera indirecta, pero no se les considerará PAP
y, por consiguiente, no tendrán derecho a reparaciones. Se incluirían aquí los habitantes en zonas
que quedarían aisladas por las aguas y en zonas afectadas por canales y diques, la creación de
una nueva reserva natural y un plan de repoblación forestal para compensar la pérdida de árboles,
y planes de reasentamiento en las tierras tradicionales de los adivasis. El territorio adivasi ha sido
también afectado por la construcción de instalaciones para alojar a los trabajadores y funcionarios
que intervienen en la construcción y administración de la presa. Todas estas consecuencias
secundarias han desplazado a los adivasis y afectado su vida y sus medios de subsistencia.
Patwardan comenta que, más que un “suceso”, el desplazamiento es un “proceso” que se inicia
mucho antes del verdadero desplazamiento físico de las personas y continúa durante largo tiempo

115 Wood, op. cit., pág. 978
116 Patrick McCully, “Sardar Sarovar Project: An Overview”, mayo de 1994, reproducido en http://www.narmada.org/sardar-sarovar/irnoverview940525.
html.
117 Patwardhan, op. cit. pág. 11.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

después de que se ha producido su desarraigo. Concluye que la situación actual es sintomática de
la “enorme subestimación de los costos humanos de las grandes presas.”118

Aunque los gobiernos estatales han ofrecido generosos programas de reasentamiento e
indemnización a los adivasis “sin tierras” desplazados de su hogar, los observadores precisan que
en la práctica los adivasis no se han beneficiado por completo de ellos. Las tierras prometidas en
Gujarat no se materializaron o eran de escasa calidad, en tanto que en Madhya Pradesh el Gobierno
carecía de recursos para reasentar a los adivasis desplazados. Además, el reasentamiento se
ha retrasado varios años y según se informa el 75% de las personas desplazadas no han sido
rehabilitadas.119 En la medida en que la ley no reconoce los derechos consuetudinarios a la tierra
y que, por consiguiente, los adivasis pueden ser considerados “invasores” de tierras del Gobierno,
no han recibido la indemnización adecuada por sus pérdidas. Al igual que otros pueblos indígenas,
los adivasis tienen una relación profunda y única con la tierra y sus recursos. Los programas de
indemnización tratan a la tierra como si fuera una propiedad, en tanto que para los adivasis su
tierra está intrínsecamente ligada a su cultura y a sus medios de vida. Es evidente que el Gobierno
no ha sabido abordar las numerosas y no cuantificables pérdidas derivadas de la presa, como la
pérdida de acceso a lugares religiosos y la desintegración social.120 El desplazamiento motivado
por el proyecto Sardar Sarovar ha llevado a la fragmentación de las comunidades adivasis y a la
pérdida de su identidad cultural. Las zonas de reasentamiento resultan con frecuencia inadecuadas
para el estilo de vida comunal de los adivasis, particularmente cuando han sido reasentados en
comunidades de pueblos no tribales que rechazan la forma de vida tribal, o cuando han sido
desplazados a las ciudades.121

Los desplazamientos involuntarios conducen fácilmente a la violación de diversos
derechos económicos, sociales y culturales. Aunque se haya sostenido lo contrario, los adivasis
reasentados han visto reducirse su nivel y sus medios de vida y su salud, situación completamente
opuesta a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Aunque en las comunidades desplazadas el Gobierno ha establecido escuelas para la
población, se ha sabido que muchos niños no pueden ir a la escuela por razones económicas y que
los programas escolares parecen mal adaptados a las necesidades culturales e idiomáticas de los
niños adivasis (art. 13).122 Se ha informado también de que la policía ha recurrido a la violencia y al
uso de la fuerza contra los que protestaban y se resistían al desplazamiento, en violación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.123 La ACN organizó recientemente una protesta por
la decisión del organismo de control del río Narmada,124 de mayo de 2002, de autorizar el aumento
de la altura de la presa hasta 95 m cuando las más de 35.000 familias desplazadas, al llegar la
presa a los 90 m de altura, no habían sido todavía reasentadas.125 En un reciente llamamiento
urgente dirigido al Primer Ministro de la India, la Coalición Internacional Hábitat informaba que las
inundaciones debidas a los monzones y a la elevación de la altura de la presa habían destruido
las cosechas y las casas de los pueblos afectados por el proyecto Sardar Sarovar en el distrito de
Nandurbar (Maharashtra) y en el distrito de Jhabua (Madhya Pradesh), dejando a los lugareños sin

118 Ibíd., pág. 12.
119 Véase ibíd. y McCully, op. cit.
120 Patwardhan, op. cit., pág. 9; véase en particular la sección de Cahube en Patwardhan.
121 Ibíd., pág. 19.
122 Ibíd., pág. 22.
123 Ibíd., págs. 7 y 8.
124 La NCA fue creada por el Narmada Water Disputes Tribunal para supervisar la construcción de la presa. La NCA está integrada por funcionarios
gubernamentales de Gujarat, Maharashtra, Madhya Pardesh y Rajasthan.
125 http://www.narmada.org/sardarsarovar.html.

64

Rodolfo Stavenhagen

casa. Estas gentes tropiezan en la actualidad con una grave escasez de alimentos y agua potable”.
Informaba también que el Gobierno de Maharashtra señala que con motivo de la elevación de la
altura de la presa a 95 m, ha aumentado el número de personas afectadas por el proyecto y admite
que el Gobierno no dispone de tierra suficiente para la rehabilitación de las personas afectadas.126

La presa Sardar Sarovar y otros proyectos similares en el río Narmada plantean problemas
diversos y complejos. En los momentos iniciales del diseño y ejecución del proyecto no se tuvieron
en cuenta los intereses ni las aspiraciones de la población adivasi afectada. Como resultado de las
continuas gestiones de las organizaciones tribales y de derechos humanos, el Gobierno de la India
reconoce ahora la necesidad de tener presentes los problemas planteados por las comunidades
afectadas. Sin embargo, la aplicación de medidas destinadas a mitigar los efectos negativos y
aumentar los beneficios del proyecto para la población adivasi se ha retrasado y se considera
insuficiente por las poblaciones afectadas. El Relator Especial recomienda que en la ejecución
de este proyecto de desarrollo y de otros de su naturaleza se conceda la máxima prioridad a los
derechos humanos de los adivasis. Sólo con un consentimiento pleno e informado de las tribus
afectadas será posible un desarrollo auténticamente centrado en los derechos humanos, como
recomienda la Asamblea General. Un paso inmediato sería detener el aumento del nivel del agua
del embalse, hasta que se resuelvan a plena satisfacción de la población afectada las cuestiones
pendientes de rehabilitación y reasentamiento, mediante la negociación y el diálogo constructivo
entre las partes. La India podría también señalar su compromiso con los derechos humanos de la
población adivasi ratificando el Convenio Nº 169 de la OIT y aprobando el proyecto de declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Deberían considerarse
también otras posibilidades de implicar a los adivasis en el proyecto. Se ha sugerido que se les
debería considerar partes en el proyecto, en el que han invertido sus recursos naturales. En su
calidad de inversores, los adivasis tendrían derecho a participar en los beneficios del proyecto.127

Filipinas

El proyecto polivalente de San Roque, en la cordillera filipina, prevé la construcción de una gran
presa en el río Agno que se utilizará sobre todo para la generación de energía eléctrica y con
carácter secundario para el riego y el control de las inundaciones. La construcción de la presa y
de la central eléctrica concluyeron en julio de 2002 y el embalse comenzó a llenarse en agosto; se
espera que la central eléctrica comience a funcionar en enero de 2003. La zona de construcción, en
el municipio de San Manuel, provincia de Pangasinan, tiene unos 34 km2 de extensión, pero la zona
de riego y de control de las inundaciones es mucho más extensa, pues abarcará unos 30 municipios
de 3 provincias. Este embalse inundará ocho pequeñas aldeas habitadas por indígenas.

Cuando el embalse se atarquine, el depósito de sedimentos y las inundaciones aguas
arriba afectarán inevitablemente a otras muchas aldeas. Para mitigar los efectos potencialmente
negativos de estos procesos, se está ejecutando el plan de ordenación de la cuenca inferior del
Agno. El organismo de ejecución del proyecto de San Roque, es la San Roque Power Corporation,
con la aportación financiera del Banco de Cooperación Internacional del Japón. Varios organismos

126 Carta de 22 de noviembre de 2002 dirigida al Primer Ministro de la India por Joseph Schechla, coordinador, Housing and Land Rights Network,
Habitat International Coalition.
127 La información sobre el proyecto Sardar Sarovar procede de numerosos documentos que obran en poder del ACNUDH y, entre otras fuentes, en
http://www.narmada.org.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

públicos filipinos participan activamente en la ejecución del proyecto, en particular en sus aspectos
relacionados con la ordenación de la cuenca, el riego y el control de las inundaciones. Aunque
la energía eléctrica producida se situará entre 30 y 54 gigavatios/hora al mes, el componente de
riego del proyecto tiene por objeto mejorar, ampliar e integrar los regadíos existentes a fin de llevar
agua a más de 70.000 ha de arrozales. La zona a la que afectará el control de las inundaciones
tiene una extensión aproximada de 125.000 ha.

La región aguas arriba de la presa está habitada por los indígenas ibaloy, kankaney y
kalanguya. La elevación del nivel del agua del embalse ha dispersado a unas 120 familias de
ocho aldeas indígenas. Además, casi 5.000 familias indígenas (unos 26.000 individuos) se verán
afectadas por la sedimentación y las inundaciones que se producirán cuando el embalse se
atarquine, y más de 3.000 familias serán afectadas por la ordenación de la cuenca. La velocidad
de sedimentación es elevada, en razón del vertido continuo de residuos de turba y la captación de
desechos de diversas explotaciones mineras; todo ello amenaza alterar gravemente las actividades
tradicionales de numerosas comunidades indígenas de la zona. El plan de ordenación de la
cuenca, que trata de mitigar los efectos del proyecto, implica la reducción de algunas actividades
tradicionales de las comunidades indígenas, como la minería en pequeña escala (que apenas
afecta al medio ambiente), la imposibilidad de recoger la madera utilizada para la construcción
de las viviendas o como combustible para cocinar, y la regulación de una agricultura itinerante de
subsistencia, que es una modalidad bastante racional de la agrosilvicultura. En vez de ello, se está
promoviendo una agricultura orientada principalmente hacia el comercio y la cría comercial de
ganado, lo que conlleva la destrucción generalizada de la vegetación y provoca una erosión masiva
del suelo en la cuenca alta y en parte de la cuenca baja del río.

El proyecto tiene varias consecuencias sobre los derechos humanos: en primer lugar, la
perturbación del medio ambiente; en segundo lugar, el desplazamiento de la población, a veces
por la fuerza, pero en la mayoría de los casos mediante la insistencia en la ejecución del proyecto
frente a la resistencia de la comunidad. Gradualmente, la resistencia del pueblo al proyecto se ha
apagado. Pero lo más importante es que los derechos de los pueblos indígenas a la tierra se han
ignorado. Los derechos ancestrales de propiedad de las familias indígenas no se han reconocido
debidamente y a medida que avanzaba la ejecución del proyecto algunas familias que estaban a
punto de ser desplazadas aceptaban alguna forma de indemnización, lo cual se citaba entonces
como un signo de consentimiento. De hecho, ninguna de las comunidades afectadas intervino en
la planificación del proyecto ni dio su libre consentimiento a su ejecución. Sin embargo, muchos
individuos participaron en las consultas relativas a las medidas de mitigación del impacto y todos
ellos se ven ahora afectados por la aplicación de esas medidas, que suponen un cambio radical de
su forma de vida.

Deliberadamente o sin pretenderlo, los gestores de la cuenca fluvial están desplazando
a las familias desde la vida campesina tradicional de las comunidades indígenas hacia los
monocultivos que tienden a definir la producción de hortalizas, flores, hierbas y ganado en función
del mercado. Con los préstamos de capital para las nuevas empresas de subsistencia como
primera medida, los gestores de la cuenca fluvial introducen a las familias en un nuevo orden
económico que puede ser o no ser bueno para las comunidades. Cualquiera que sea el resultado
final, el revuelo producido por la construcción de las presas ha perturbado ya considerablemente
las relaciones sociales locales.

Rodolfo Stavenhagen

Ello ha sido así porque los mecanismos locales de protección de los derechos indígenas
no han resultado efectivos. Las comunidades indígenas del municipio de Itogon trataron de utilizar
el mecanismo facilitado por el Código de Administración Local de Filipinas para retirar el apoyo
a la presa, pero el proyecto continuó. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas requiere
el consentimiento previo, libre e informado y permite a las comunidades indígenas denegar el
consentimiento a todo proyecto que afecte a sus dominios ancestrales e impedir de esta manera
su ejecución. Aunque las comunidades indígenas de Itogon pidieron a la Comisión Nacional de
Pueblos Indígenas que suspendiera el proyecto porque no se había dado un consentimiento previo,
libre e informado, los comisionados declinaron la petición. De esta manera se ignoraron de hecho
las leyes destinadas a proteger a las comunidades indígenas.128

3. Presas, desarrollo y derechos humanos
La falta de espacio no permite al Relator Especial informar de otros casos de proyectos de desarrollo
en gran escala que repercuten en los pueblos indígenas. Sin embargo, los problemas que rodean
a la construcción de presas son un buen reflejo del panorama general. Dada su importancia, la
Comisión Mundial de Presas inició amplios estudios sobre la cuestión y llegó a la conclusión de
que:

“Las grandes presas han alterado en forma significativa muchas de las cuencas
fluviales del mundo, con impactos perturbadores, duraderos y de ordinario involuntarios
en las bases socioculturales y en la forma de vida de decenas de millones de personas
que viven en dichas regiones. Los impactos de la construcción de presas en las personas
y en los medios de subsistencia, tanto aguas arriba como aguas abajo de las presas, han
sido particularmente devastadores en Asia, África y América Latina, donde los sistemas
fluviales existentes sustentaban las economías locales y la vida cultural de una población
muy vasta, compuesta de comunidades diferentes.”

En cuanto a los pueblos indígenas, el informe de la Comisión afirma concretamente:

“En Filipinas, casi todas las grandes presas que se han construido o propuesto
estaban en tierras habitadas por los 6 ó 7 millones de indígenas del país. En la India, entre
el 40 y el 50% de los desplazados por proyectos de desarrollo eran poblaciones tribales,
que sólo representan el 8% de la población total del país, estimada en 1.000 millones de
personas. Estos costos no se compensan con los servicios que proporcionan las presas ni
con el acceso a los beneficios de servicios auxiliares o a los multiplicadores económicos
indirectos en la economía estructurada.

… Para los pueblos indígenas y las minorías étnicas, el desplazamiento inducido por
las presas puede desencadenar una espiral de eventos que trascienden la zona inundada.
A título de ejemplo cabe citar la situación de los 100.000 indígenas chakma, desplazados
por la presa hidroeléctrica de Chittagong Hill Tracts (Bangladesh). El proyecto inundó dos
quintas partes de su tierra cultivable; como consecuencia de ello, 40.000 chakma se fueron
a la India y se cree que otros 20.000 se desplazaron a Arakan (Birmania).

La información sobre el proyecto de presa polivalente de San Roque aparece en un informe Ápit Takó, Alliance of Peasants in the Cordillera
Homeland, a través de Tebtebba, the Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, octubre de 2002.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

… La presa de Bayano (Panamá) obligó a los pueblos indígenas kuna y emberá a
abandonar sus territorios tradicionales y los reasentó en terrenos menos fértiles y sometidos
a las intervenciones de los madereros. El Gobierno panameño incumplió sistemáticamente
acuerdos concertados con los indígenas afectados en el momento de la construcción, y
compromisos negociados más adelante. Entre estos incumplimientos figura la negativa
del Gobierno a satisfacer una indemnización suficiente por la pérdida de los territorios
tradicionales y a otorgar títulos legales para las nuevas tierras. Lo que sucedió en Panamá
en los años setenta es parecido a lo que ocurrió en Malasia en los años noventa. En el
caso del proyecto de Bakun, ni se reconocieron ni se evaluaron debidamente los derechos
a la tierra comunal indígena en Ulu Belaga. La experiencia de los países industriales
con los pueblos indígenas en la era de la construcción de grandes presas no fue muy
diferente de la de los países en desarrollo. Las presas construidas en los años cincuenta y
sesenta costaron a los pueblos indígenas de la cuenca del Missouri, en los Estados Unidos,
unas 142.000 ha de sus mejores tierras, incluida una serie de sepulturas y otros lugares
sagrados, lo cual condujo a un mayor empobrecimiento y a graves traumas culturales y
emocionales. Una garantía que se utilizó para racionalizar el plan -el riego de unas 87.000 ha
de tierras indias- se eliminó cuando el proyecto estaba a punto de concluir.

Otro caso es la segunda fase del proyecto del río Churchill, en Labrador (Canadá),
que consta de dos presas y dos desviaciones fluviales que inundarán una extensa zona
de territorio de caza del pueblo innu, que habita a ambos lados de la frontera provincial.
Todavía no se ha reconocido a los innu el derecho de propiedad de sus tierras y toda la zona
es objeto de una reclamación territorial de los innu, que aún no se ha resuelto y que en la
actualidad se está negociando con el Gobierno canadiense.”

La Comisión recomienda que en el futuro los grandes proyectos de desarrollo, como las

presas, se enfoquen sobre la base del reconocimiento de los derechos y la evaluación del riesgo,

de particular interés para los pueblos indígenas:

“Reconocer los derechos y evaluar el riesgo, identificar a las partes interesadas y
afectadas que poseen los derechos o títulos y también a quienes asumen y sobrellevan
riesgos. Esto abre la puerta a un enfoque negociado que permita que el proceso de
adopción de decisiones evalúe opciones y alcance acuerdos en relación con el proyecto.
Aquellos cuyos derechos se ven más afectados o cuyos títulos se ven más amenazados
tienen el máximo interés en las decisiones que se tomen. Lo mismo cabe decir del riesgo:
los grupos que corren el mayor riesgo como consecuencia del desarrollo tienen el máximo
interés en las decisiones y, por consiguiente, deben ocupar el lugar que les corresponde en
la mesa de negociación.

Además, la Comisión ha tratado de demostrar que un enfoque basado en el
reconocimiento de los derechos y la evaluación de los riesgos puede establecer la base
para la adopción de decisiones mejores y más legítimas sobre el desarrollo del agua y la
energía. Esta es una manera eficaz de determinar quién puede ocupar un lugar legítimo en
la mesa de negociación y qué aspectos deben incluirse en el programa.”129

129 Comisión Mundial de Presas (2000), Presas y Desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones. Informe de la Comisión Mundial de Presas
(véase el capítulo 4, “La población y las grandes presas – Desempeño social, en particular la sección sobre los pueblos indígenas). Disponible en www.
dams.org.

Rodolfo Stavenhagen

El debate sobre las presas y los pueblos indígenas tiene repercusiones más amplias, como
quedó reflejado en los debates sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) reconoció que: “las
poblaciones indígenas… desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente
y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación
efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.130 Diez años después, la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible dio un pequeño paso adelante al reafirmar “el papel vital de las poblaciones
indígenas en el desarrollo sostenible.”131 Estas declaraciones se deben tener seriamente en cuenta
en el diseño, planificación y ejecución de los grandes proyectos de desarrollo que afectan a la vida
y a los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas.

Estas cuestiones se destacan con toda claridad en el ambicioso Plan Puebla Panamá,
aprobado en 2000 por los Gobiernos de América Central y México, destinado a modernizar e integrar
una región que tiene varias características comunes, como la elevada densidad de población
indígena y el nivel generalmente bajo del desarrollo humano. El plan tiene por objeto promover
el desarrollo económico gracias a la inversión pública, privada y a la financiación internacional.
Varios proyectos previstos, que van desde la seguridad en los aeropuertos hasta las redes de fibra
óptica, organizados en torno a ocho iniciativas regionales distintas, implican directamente a los
pueblos indígenas, como la construcción de autopistas, la promoción del turismo, la ordenación
de los recursos naturales, la introducción de nuevas cosechas y el establecimiento de maquilas.
Muchas organizaciones indígenas y de derechos humanos de la región han expresado su
profunda preocupación por los posibles efectos negativos que varios de esos proyectos, tomados
conjuntamente, pueden ejercer en los derechos humanos de los indígenas. Aunque el Banco
Interamericano de Desarrollo espera que el Plan Puebla Panamá aproveche las riquezas humanas
y ecológicas de la región centroamericana en el marco del desarrollo sostenible y respete su
diversidad cultural y étnica, el Consejo Indígena de Centroamérica dirigió a los Presidentes de la
región una carta en la que afirmaba:

“2. Los pueblos indígenas les manifestamos nuestra alta preocupación por la ausencia y
falta de aplicación de los mecanismos jurídicos y económicos que protejan la seguridad
territorial de nuestros pueblos, por lo que es necesaria la inclusión en el Plan Puebla Panamá
de una estrategia regional que garantice dicha seguridad.

5.Exhortamos a los Estados nacionales a crear instrumentos jurídicos nacionales, ratificar
y aplicar los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los pueblos
indígenas. Instamos a los altos mandatarios a que las acciones de la estrategia del Plan
Puebla Panamá se enmarquen en la promoción, garantía y desarrollo de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, contemplados en dichos instrumentos.
6.Es imprescindible la creación de un componente indígena para la buena marcha del
Plan Puebla Panamá, que facilite el ejercicio de un enfoque transversal entre los distintos
130 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, principio 22.
131 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, párr. 25, disponible en http://www.johannesburgsummit.org.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

componentes de estrategia general y fortalezca las iniciativas de los pueblos indígenas
orientadas a promover un desarrollo con identidad, equidad y justicia social.”132

Algunas organizaciones indígenas son más críticas del Plan. Varias organizaciones de
derechos humanos del Istmo de Tehuantepec (México) temen que la ejecución del Plan en su región
destruya su medio tradicional y sus recursos naturales, influya negativamente en su agricultura
de subsistencia y en su organización social y les obligue a aceptar empleos mal pagados en
maquiladoras orientadas hacia la exportación. Concretamente se oponen a la construcción de una
autopista que cruzaría su hábitat sin producirles beneficio alguno y se quejan de que sus temores
no hayan sido abordados por los organismos promotores del Plan Puebla Panamá.133

El Relator Especial desea transmitir a la Comisión de Derechos Humanos su inquietud
por el hecho de que, pese a los desmentidos de las más altas autoridades y de los diversos
organismos nacionales e internacionales que promueven el Plan Puebla Panamá como proyecto
de alta prioridad para la integración y el desarrollo regional, no se haya establecido todavía ningún
mecanismo institucional o jurídico para la protección efectiva de los derechos humanos de los
pueblos indígenas de la zona, destinado a compensar los riesgos y amenazas potenciales para
esos pueblos que conlleva la ejecución del Plan, ni se haya establecido todavía ningún mecanismo
eficaz para asegurar la participación plena e informada de esos pueblos en el diseño, planificación,
ejecución y evaluación de los numerosos proyectos específicos previstos en el Plan que pueden
tener efectos considerables en las comunidades indígenas de la región. Pide a los organismos
internacionales de financiación, la comunidad internacional y nacional de negocios y los gobiernos
de la región que concedan la más alta prioridad a las necesidades y preocupaciones de los pueblos
indígenas en esta materia, recuerda los principios de una estrategia de desarrollo centrada en los
derechos humanos y señala a su atención la declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, relativa al “papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo sostenible”.

4. Conclusiones y recomendaciones
La cuestión de la explotación de los recursos extractivos y los derechos humanos supone una
relación entre los pueblos indígenas, los gobiernos y el sector privado que debe basarse en el
pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos
naturales, que a su vez implica el ejercicio de su derecho a la libre determinación134. El desarrollo
sostenible es esencial para la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas, cuyo derecho al
desarrollo conlleva el derecho a determinar su propio ritmo de cambio, de acuerdo con su propia
visión del desarrollo, y que ese derecho debe respetarse, especialmente su derecho a decir que no.
En relación con los grandes proyectos de desarrollo, el consentimiento libre, previo e informado
es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y ello debe implicar la garantía
de una distribución de los beneficios mutuamente aceptable y el establecimiento de mecanismos
independientes y mutuamente aceptables para la solución de las controversias entre los pueblos
indígenas y el sector privado.135

132 Carta dirigida a la Cumbre de Presidentes de los Países Miembros del Plan Puebla Panamá (PPP), Mérida, Yucatán (México), preparada por el
“Seminario taller: análisis de los pueblos indígenas del Plan Puebla Panamá”, celebrado en Belice los días 5 y 6 de junio de 2002, patrocinado por el
Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Indígena de Centroamérica. Véase http://www.bicusa.org/lac/PPP.htm; http://www.iadb.org/ppp/.
133 Congreso de los Pueblos Indígenas de la Región del Istmo, Tehuantepec, Oaxaca (México), 16 y 17 de mayo de 2002.
134 Véase E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, op. cit.
135 Ibíd.

Rodolfo Stavenhagen

En la medida en que las instituciones internacionales de financiación, como el Banco
Mundial, desempeñan una función vital al prestar diversas formas de apoyo financiero a los
grandes proyectos de desarrollo, la revisión en curso de la política del Banco Mundial para con los
pueblos indígenas es de la mayor importancia. El Banco aplica a los pueblos indígenas una política
especial destinada a asegurar que los proyectos de desarrollo por él financiados no producen un
efecto desfavorable en los pueblos indígenas y que los beneficios de los proyectos se adaptan a las
necesidades específicas de esos pueblos.136 Pero algunos consultores sostienen que esta política
no respeta las normas internacionales de derechos humanos aplicables a los pueblos indígenas
e insisten particularmente en los derechos colectivos de los indígenas a sus tierras y territorios
ancestrales.137 El Relator Especial recomienda que la nueva política del Banco sobre los pueblos
indígenas respete estrictamente todas las normas internacionales existentes y futuras sobre los
derechos humanos de las poblaciones indígenas.

Cada uno de los grandes proyectos de desarrollo en zonas indígenas puede tener efectos
directos e indirectos, positivos y negativos, en los pueblos indígenas y sus comunidades. Bajo la
presión de los gobiernos y de las ONG, algunas empresas comerciales hacen especiales esfuerzos
por mejorar la ordenación del territorio limítrofe y proporcionar indemnizaciones, empleo y/o
servicios sociales (vivienda, escuelas, atención médica, servicios) a las comunidades afectadas.
Desafortunadamente, como indican las organizaciones indígenas y los informes de investigación,
esas empresas son una minoría. Otras, ante las protestas sociales y la oposición política, o a la
vista del costo de participar en un desarrollo sostenible y centrado en los derechos humanos,
prefieren cerrar sus operaciones, retirar sus proyectos o abstenerse de invertir.138 En tanto que,
otras empresas ejercen presiones de distintos tipos (incluida la violencia o las amenazas) para
seguir operando pese a la oposición.

Si bien las violaciones aisladas de los derechos humanos pueden ser abordadas caso por
caso, con o sin éxito, por las comunidades afectadas, son más bien los efectos a largo plazo de
cierto modelo de desarrollo los que entrañan una violación importante de los derechos culturales,
sociales, medioambientales y económicos de los pueblos indígenas. En una economía de mercado
globalizada, el medio tradicional se altera de manera irreparable; se destruyen recursos naturales no
renovables o se explotan exclusivamente en interés privado; numerosas comunidades y poblaciones
son desarraigadas, expulsadas o reasentadas sin reparar en sus derechos y necesidades reales,
con el acompañamiento a veces de la violencia organizada para intimidarles, acosarles y hacerles
respetar decisiones adoptadas por intereses ajenos sin su consentimiento o contra su voluntad.
Los mismos resultados se consiguen a menudo mediante el soborno, la corrupción y la apropiación
indebida.

Aunque los pueblos indígenas han hecho importantes avances en los últimos decenios,
todavía se les considera en muchos países ciudadanos de segunda clase cuyas necesidades y
aspiraciones los gobiernos ignoran casi siempre. Con frecuencia se les niega la participación
política efectiva en el gobierno y en el sistema electoral, y los partidos políticos establecidos rara

136 Banco Mundial, Summary of Consultations with External Stakeholders regarding the World Bank Draft Indigenous Peoples Policy (Draft OP/BP 4.10)
18 de abril de 2002 (actualizado el 8 de julio de 2002) pág. 2 http://www.wordbank.org/.
137 Ibíd., págs. 4 a 7.
138 En México, en los últimos años, las protestas organizadas consiguieron detener la construcción de una central hidroeléctrica, un club privado de
golf y un aeropuerto internacional, obras que habrían alterado gravemente las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y las comunidades de
campesinos.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

vez disipan sus preocupaciones. Las estructuras de poder locales y nacionales tampoco han sido
favorables a la emancipación de los pueblos indígenas. La protección eficaz de sus derechos
humanos exige que participen como ciudadanos libres e iguales en la adopción de las decisiones
que afectan a su supervivencia futura como pueblos específicos.139 Ello significa también que es
preciso oír su voz y satisfacer sus demandas y reclamaciones cuando se adoptan a nivel nacional
e internacional las principales decisiones sobre las prioridades de desarrollo y la asignación de
recursos. Cuando se emprendan proyectos de desarrollo en los territorios indígenas, los derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas deben gozar de la máxima prioridad.

Al estudiar los objetivos, costos y beneficios de todo proyecto de desarrollo en territorios
indígenas, y en particular cuando se prevén grandes inversiones públicas o privadas, los gobiernos
deberían considerar como factor vital los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los posibles
inversionistas deben ser conscientes en todo tiempo de que los derechos humanos de los pueblos
indígenas deberían constituir uno de los principales factores de las decisiones de inversión en
proyectos de desarrollo en zonas indígenas o en proyectos que puedan afectar a las poblaciones
indígenas directa o indirectamente. Nada puede justificar la ignorancia de esos derechos.

El desarrollo sostenible se debe entender no sólo en términos de ordenación del medio
ambiente sino también del respeto de los derechos humanos en todo momento, en particular de los
derechos humanos de los pueblos indígenas. Todo proyecto o estrategia de desarrollo a largo plazo
que afecte a zonas indígenas debe contar con la plena participación de las comunidades indígenas,
siempre que sea posible, en las fases de diseño, ejecución y evaluación. El consentimiento libre,
previo e informado, así como el derecho de libre determinación de las comunidades y pueblos
indígenas, han de ser condiciones previas necesarias de esas estrategias y proyectos. Los
gobiernos deben estar preparados para trabajar estrechamente con los pueblos y organizaciones
indígenas a fin de llegar a un consenso sobre los proyectos y estrategias de desarrollo, y establecer
los mecanismos institucionales adecuados para abordar esas cuestiones.

Los efectos económicos, sociales y culturales a largo plazo de los grandes proyectos
de desarrollo en los medios de subsistencia, la identidad, la organización social y el bienestar de
las comunidades indígenas deberán incluirse en la evaluación de los resultados previstos y se
deberán seguir de cerca de manera regular. Entre esos efectos figurarán las condiciones sanitarias
y alimenticias, las migraciones y el reasentamiento, la mutación de las actividades económicas, el
nivel de vida, así como las transformaciones culturales y las condiciones psicosociales, y se prestará
especial atención a las mujeres y los niños. Cuando los grandes proyectos de desarrollo invadan
territorios indígenas tradicionales o dominios ancestrales, los derechos indígenas de propiedad
sobre sus tierras se deberán considerar derechos humanos en todo tiempo, con independencia de
que estén o no jurídicamente reconocidos.

Las organizaciones indígenas deberían tratar de exponer públicamente sus puntos de
vista sobre los grandes proyectos de desarrollo en sus primeras fases y estar dispuestas a trabajar
con los gobiernos, las instituciones multilaterales de financiación y las empresas privadas a fin
de buscar soluciones aceptables para los conflictos. Se alienta a las ONG a que apoyen esos
esfuerzos, en particular en lo que respecta a la posibilidad de preparar y promover proyectos y
estrategias de desarrollo alternativos, desde la perspectiva de los derechos humanos.

139 Una de las principales quejas que escuché durante mi visita oficial a Guatemala en septiembre de 2002, era que pese a que los pueblos indígenas
constituían la mayoría demográfica del país, los sectores dominantes de la sociedad no les consideraban interlocutores en pie de igualdad.

72

Rodolfo Stavenhagen

Las diferencias que surjan en la fase de ejecución de los grandes proyectos de desarrollo
entre los pueblos indígenas, los gobiernos y las empresas comerciales se examinarán en todo
momento en el marco de la democracia, el diálogo franco y la negociación, y no se considerarán
nunca problemas de orden público o de seguridad nacional, que suelen entrañar una intervención
militar o policial que puede violar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones internacionales, como los bancos de desarrollo y los organismos de
las Naciones Unidas sobre el terreno, estarán dispuestas en todo tiempo a apoyar a los pueblos
y comunidades indígenas, situando los derechos humanos en el centro de la cooperación para la
ejecución de los grandes proyectos de desarrollo en zonas indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

III. Tercer informe: La justicia y los derechos indígenas
(2004)
Este capítulo140 se centra en los obstáculos, disparidades y retos con que se enfrentan los pueblos
indígenas en el ámbito de la administración de justicia y la consideración del derecho consuetudinario
indígena en los sistemas jurídicos nacionales, cuestiones que los representantes de los indígenas
y las delegaciones de los gobiernos han reiterado que tenían importancia fundamental para el
pleno disfrute de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en el Grupo de Trabajo sobre
las Poblaciones Indígenas, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en la Comisión de Derechos Humanos y,
últimamente, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

Los derechos de los indígenas suelen negarse en la práctica aunque exista legislación
de protección, hecho que es motivo de particular preocupación en la administración de justicia.
El sistema de justicia comprende diversos tipos de instituciones como las cortes y tribunales, el
registro civil y el de la propiedad, los correccionales y las cárceles, las unidades designadas de
las fuerzas del orden, el ministerio público y servicios jurídicos de todo tipo, como los centros
de asistencia jurídica. Los principales problemas en la esfera de los derechos indígenas guardan
relación con la tierra, el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales, así como con
el idioma, la cultura y la educación. La existencia de un sistema de justicia eficaz y justo es
fundamental para promover la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo entre los pueblos
indígenas.

La información procedente de distintas fuentes indica que, en muchos países, los pueblos
indígenas no disfrutan de igualdad de acceso al sistema de justicia y que en el funcionamiento de
éste suelen ser objeto de diversas formas de discriminación. Ello se debe en parte al racismo y en
parte a la no aceptación de las costumbres y leyes indígenas por parte de las instituciones oficiales
jurídicas del Estado nacional. Los indígenas tienen una presencia desproporcionada en la justicia
penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías procesales y son víctimas de actos de
violencia y de malos tratos. Las mujeres y niños indígenas son particularmente vulnerables a este
respecto. Se producen numerosos casos de criminalización de actividades de protesta política
y social de los indígenas. Las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta
dinámica de discriminación y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.
Algunos países han hecho avances por lo que respecta al reconocimiento de las necesidades
específicas de los indígenas en la esfera de la justicia y han establecido leyes e instituciones que
tienen como fin proteger los derechos humanos de los indígenas. Se observa una aceptación
gradual del derecho consuetudinario de los indígenas por parte de los tribunales y los legisladores,
así como de la administración pública. Algunos países están ensayando instituciones jurídicas y
mecanismos de resolución de conflictos alternativos, con resultados alentadores.

El Relator Especial recomienda que los Estados realicen estudios exhaustivos y, de ser
necesario, introduzcan reformas en sus sistemas de justicia para proteger mejor los derechos de
los pueblos indígenas. Invita a la Comisión de Derechos Humanos a tratar de esta cuestión con

140 Documento de Naciones Unidas E/CN.4/2004/80

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

los Estados Miembros. Las reformas deberían comprender el respeto de las costumbres jurídicas,
el idioma y la cultura indígenas en los tribunales y en la administración de justicia; la plena
participación de los indígenas en la reforma de la justicia y el establecimiento de mecanismos de
justicia alternativos.

1. Administración de justicia, pueblos indígenas y derechos humanos
Una de las esferas más problemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas es la
administración de justicia. La protección eficaz de los derechos humanos sólo se logrará si todas
las personas, sin discriminación alguna, tienen libre acceso a la justicia, y si ésta se administra
plena, desinteresada e imparcialmente. Tal como se ha señalado en los capítulos anteriores,
durante largos períodos los pueblos indígenas han sido víctimas históricas de una persistente y
sistemática denegación de justicia.

En este contexto la justicia debe entenderse no sólo como la aplicación efectiva de la
ley y el funcionamiento de un buen sistema judicial, sino también como un proceso en el que
las personas que se encuentran permanentemente en situación de acusada desventaja pueden
encontrar la forma de superar los distintos tipos de desventajas por medios legítimos y socialmente
aceptables a largo plazo. Los pueblos indígenas son un sector de la sociedad humana (aunque
no el único) que se encuentra en esa situación. Entre las respuestas sociales que pueden darse a
esas persistentes desigualdades que afectan a los individuos y a las colectividades cabe señalar
los distintos tipos de políticas públicas, las medidas correctivas, la restitución, la indemnización
y el acceso a los tribunales. Todas esas medidas se han tratado de aplicar en alguna parte en
un momento u otro con resultados que, aunque muy diversos, sirven de piedra de toque para
determinar la situación real de los derechos humanos en los Estados.

Las comunidades indígenas han hecho prolongados y denodados esfuerzos por poner
fin a esas injusticias estructurales, aunque no siempre lo han logrado. Se han servido, en distinta
medida, de diversos medios, como el enfrentamiento, la movilización, la negociación, la legislación
y las vías judiciales. Por ejemplo, los indígenas de Canadá han recurrido activamente a los
tribunales para que se hiciera justicia y han conseguido algunos éxitos considerables, pero la
litigación es un proceso prolongado y caro que no está siempre al alcance de los pueblos indígenas
de otros países con tradiciones jurídicas diferentes. Los enfrentamientos y la movilización social
se producen en muchos lugares en los que los procesos jurídicos y políticos no obran a favor de los
derechos de los pueblos indígenas. En los últimos años la negociación y la promulgación de leyes
se han convertido en un importante recurso para los derechos indígenas, pero aún en esos casos
sigue abierta la cuestión de su aplicación en la práctica. En este amplio contexto, los aspectos de
la justicia con que se enfrentan los pueblos indígenas adoptan formas muy diferentes que pueden
abordarse adoptando diversos enfoques.

Los tribunales y los derechos de los pueblos indígenas

La denegación generalizada de la justicia puede ser el resultado de procesos históricos como la
apropiación de tierras indígenas por colonizadores y pobladores propiciada por la ya desaparecida
doctrina de terra nullius, la imposición de planes de concesión de tierras de los que se excluía a
las comunidades indígenas, el no reconocimiento de su identidad cultural, la derogación unilateral

Rodolfo Stavenhagen

de tratados y acuerdos con los pueblos indígenas por parte de los gobiernos nacionales, el expolio
del patrimonio cultural de las comunidades autóctonas, el rechazo oficial del uso de los idiomas
indígenas, etc. Los derechos a la tenencia de la tierra han jugado un papel fundamental en la
búsqueda de la justicia por parte de los pueblos indígenas. Cuando las leyes y los tribunales
amparan la expropiación de las tierras indígenas (como ha ocurrido a lo largo de la historia en
muchas partes del mundo), se actúa en detrimento de la causa de la justicia. Por otra parte, algunas
decisiones judiciales y nuevas leyes adoptadas en algunos países permiten abrigar la esperanza de
que la situación mejore en algunas circunstancias a medida que vayan evolucionando las normas
internacionales relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas. A continuación se dan
ejemplos de lo expuesto.

Las decisiones de los tribunales se basan a veces en el reconocimiento del título indígena,
y revelan la existencia de una alentadora tendencia en varios países. En Australia, por ejemplo, el
Tribunal Supremo observó que debía sustanciarse de hecho la naturaleza y la existencia del título
autóctono haciendo referencia a las leyes y costumbres de los habitantes indígenas que poseían
ese título. No obstante, en otra decisión del 2002, relativa a la reivindicación de tierras de los yorta
yorta, el Tribunal Supremo impuso requisitos sobre las reclamaciones de tierras autóctonas que
resultaban más difíciles de cumplir para los pueblos indígenas.

En Estados Unidos, un tribunal de Oklahoma dictaminó que la cuestión jurídica relativa
a la ocupación de la tierra se resolvería teniendo en cuenta el modo de vida, las costumbres y los
usos de los pueblos indígenas que eran sus usuarios y ocupantes. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos defendió los derechos de la comunidad indígena awas tingni a la protección
de sus propiedades en un caso histórico contra el Estado nicaragüense, que no había reconocido y
preservado la integridad del derecho al uso y goce de la comunidad sobre sus tierras y recursos. Sin
embargo, en 2002, la comunidad interpuso un recurso por violación de los derechos constitucionales
ante el Tribunal de Apelaciones de Bilwi para obligar al Estado a cumplir la sentencia de la Corte.

El tribunal de distrito de Sapporo, en Japón, dictaminó que la expropiación de las tierras
ainu y la inundación de importantes lugares religiosos, culturales y arqueológicos ainu eran ilegales
(véase el capítulo anterior). En Malasia un tribunal decidió que los orang asli tenían derecho de
propiedad a las tierras ancestrales y tradicionales ocupadas por ellos, así como derecho de uso
y aprovechamiento de éstas. A finales de los años noventa, la Corte Constitucional de Colombia
defendió los derechos de la comunidad indígena u’wa en contra de la concesión de una licencia
para la prospección petrolera en territorio indígena que el Gobierno había concedido a una empresa
multinacional sin el consentimiento previo de la comunidad. En otro caso, la Corte defendió
los derechos de la comunidad emberá-katío amenazados por las actividades de una empresa
hidroeléctrica que eran nocivas para el medio ambiente y ponían en peligro la supervivencia de
esta comunidad indígena.

El Tribunal Supremo de Noruega decidió que los sami de Manndalen eran los propietarios
legítimos de los terrenos de Svartskogen basándose en su uso desde tiempo inmemorial, en contra
de la decisión de la Comisión de Tierras No Demarcadas que había considerado que eran tierras
de propiedad del Estado. En una causa anterior, la mayoría del Tribunal había fallado a favor
de la comunidad de pastores de renos sami que reivindicaban el uso de los pastos comunales

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

ancestrales de Selbu, frente a las reclamaciones opuestas de agricultores particulares propietarios
de tierras que desde el siglo XIX habían recibido el apoyo oficial de la Comisión de Laponia.141

La comunidad de Richtersveld de la provincia de Northern Cape (Sudáfrica) está
integrada por unos 5.000 khoikhois que han vivido allí desde tiempo inmemorial. A finales de
los años veinte se abrió una mina en sus tierras y la comunidad fue trasladada a una reserva
cercana. El Tribunal de Tierras determinó que los derechos que la comunidad de Richtersveld
pudiera tener a la tierra habían prescrito cuando la zona fue anexionada por los británicos en 1847.
En el fallo se decía que los khoikhois “no estaban suficientemente civilizados” para tener derecho
a sus territorios tradicionales, que habían sido declarados terra nullius y se habían convertido en
tierras de la Corona reconocidas después de la anexión. Sin embargo, en el 2003, en respuesta a
una apelación, la Corte Constitucional de Sudáfrica ordenó la restitución de las tierras, incluidos
los derechos mineros. La Corte dictaminó que la comunidad de Richtersveld había poseído en
exclusiva las tierras reclamadas antes de la anexión por parte de la Corona Británica en 1847 y que
esos derechos perduraban después de la anexión. El Tribunal de Tierras había errado al determinar
que la comunidad había perdido sus derechos porque no estaba suficientemente civilizada para
que se reconociera su derecho a la tenencia de la tierra. También se dictaminó que las prácticas
que originaron la expropiación eran discriminatorias por motivo de raza pues se basaban en la
premisa -falsa, aunque tácita- de que, debido a la raza de la comunidad de Richtersveld y a su falta
de civilización, ésta había perdido sus derechos a las tierras en el momento de la anexión.

En marzo de 2000, la Corte Suprema de Kenya dictaminó que el desalojo de entre 5.000
y 10.000 miembros de la tribu ogiek del bosque de Tinet era legal aunque afectaba a los derechos
de centenares de familias a sus tierras ancestrales. El Relator Especial invita al Gobierno de Kenya
a respetar los derechos de los ogieks a su hábitat tradicional.142

El Gobierno de Nueva Zelanda ha informado que los derechos individuales y colectivos
de los maoríes están reconocidos por el sistema de justicia de dos formas. En primer lugar,
aunque en el Tratado de Waitangi no se prevé la existencia de derechos directamente ejecutables,
los tribunales de Nueva Zelanda han adoptado un planteamiento activo en la interpretación y
aplicación de los principios del Tratado cuando éstos se incluyen en leyes concretas. En segundo
lugar, se ha establecido el Tribunal de Waitangi para atender a las demandas individuales y
colectivas de los maoríes contra el Estado por incumplir los principios del Tratado. El proceso
para el arreglo de las controversias históricas (anteriores a 1992) está ahora bien establecido e
implica tanto la aceptación de culpas y las reparaciones, así como medidas para llevar a efecto
el reconocimiento de los intereses culturales en recursos y lugares concretos. El Tribunal, cuyo
mandato y jurisdicción biculturales están establecidos en el Tratado, sigue sirviendo de foro para
la expresión e investigación de los derechos colectivos e individuales de los maoríes.

En algunas leyes nacionales se mantiene la alienación y exclusión totales de los pueblos
indígenas del sistema de justicia. Por ejemplo, en la Constitución del Nepal se declara que el
Estado es un reino hindú y el idioma nepalés es el idioma oficial. No se reconocen los pueblos
indígenas y existen leyes discriminatorias que prohíben a los pueblos indígenas llevar a cabo sus
actividades tradicionales, como la caza, la pesca y otras expresiones de su identidad cultural. Por

141 Kirsti Strøm Bull, “The Selbu case” and “The Svartskogen case”, Norsk Retstidende, 2001.
142 Amnesty International, Racism and Administration of Justice (London, 2001), pp. 91-92.

Rodolfo Stavenhagen

las mismas razones, los indígenas no pueden ocupar cargos de ningún tipo en el sistema judicial
del país.143

Según algunas fuentes, en la Federación de Rusia, los derechos de los pueblos indígenas
siguen sin protegerse a pesar de la Ley federal de 1999 sobre las garantías de los derechos de
los pueblos indígenas poco numerosos de la Federación de Rusia.144 Parece ser que el problema
principal que se plantea es que no se aplica la Ley federal en los planos regional y local, lo cual es
un problema denunciado repetidamente por órganos y expertos internacionales.145

En otros países hay situaciones en las que parece existir una incompatibilidad entre la
legislación de los derechos humanos relativos a los pueblos indígenas y otras leyes sectoriales
(como las leyes sobre el medio ambiente, la explotación de los recursos naturales o la concesión
de títulos de propiedad de tierras privadas). Cuando se pide a los tribunales que dictaminen
respecto de esas cuestiones, algunas veces sus fallos protegen los derechos de las comunidades
indígenas, pero otras pueden ir en detrimento de esos derechos. Se ha recomendado siempre que
los derechos de los pueblos indígenas enunciados en las leyes nacionales e internacionales deben
de gozar de prioridad frente a otros intereses y se ha exhortado a los gobiernos a esforzarse por
ajustar sus leyes en consecuencia. Los casos mencionados anteriormente son representativos de
los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas. El Relator Especial exhorta a que
en los sistemas de justicia de todos los países se conceda la más alta prioridad a los derechos
humanos de los pueblos indígenas y se dictamine sobre los casos que se presenten ante los
tribunales de conformidad con los principios internacionales de derechos humanos. También invita
a la Comisión de Derechos Humanos a recomendar esas medidas a los Estados miembros.

La discriminación y el sistema de justicia

La falta generalizada de acceso al sistema oficial de justicia debido a la discriminación directa o
indirecta profundamente arraigada en contra de los pueblos indígenas, es un rasgo importante de
las deficiencias en la protección de los derechos humanos. Por lo general, ello se debe tan sólo
al aislamiento físico y a la falta de medios de comunicación en las zonas indígenas, pero también
puede deberse a que los recursos públicos son insuficientes para establecer un sistema judicial
eficaz en el que se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas. En algunos
casos, más graves, ello puede indicar que la cultura jurídica oficial de un país no está adaptada para
hacer frente al pluralismo cultural y que los valores dominantes de una sociedad tienden a ignorar,
olvidar y rechazar las culturas indígenas. Hay numerosos estudios en los que se documentan
los perjuicios o la discriminación que sufren los indígenas en el sistema de justicia, en particular
en el campo de la justicia penal, en la que las mujeres, los jóvenes y los niños se encuentran en
situación particularmente desventajosa. De especial interés es la presencia desproporcionada de
indígenas en los procesos penales y en las cárceles. Hay algunos casos que son buen ejemplo de
esta situación.

143 Background paper presented at the Expert Seminar on Indigenous Peoples and Administration of Justice by Shankar Limbu (HR/MADRID/IP/
SEM/2003/BP.10).
144 Véase el informe de la Federación de Rusia de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1 de la Convención Marco para la Protección de las Minorías
Nacionales (ACFC/SR (2000) 2).
145 Véase el Segundo informe de la Federación de Rusia a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (CRI (2001) 41), y la consideración del
décimo cuarto informe periódico de la Federación de Rusia por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/SR.1247).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Hay prácticas de discriminación contra los pueblos indígenas profundamente arraigadas
que se dejan sentir claramente en el sistema de justicia de algunos países como la India. Durante
los debates sobre la reforma de la justicia se observó que los arreglos extrajudiciales se utilizan
para hacer que los indígenas y otras personas vulnerables acepten ser acusados de delitos que no
han cometido; las leyes que protegen a los grupos vulnerables no se aplican, debido a la actitud
negativa respecto de esas personas que adoptan los órganos encargados de aplicar la ley; y en una
encuesta se observa que el ministerio público no parece funcionar debidamente.146

Los indígenas siguen siendo víctimas de la discriminación en la administración de
justicia en Australia. Desde 1997 los aborígenes suelen constituir más del 20% de la población
carcelaria, si bien sólo son el 2.4% de la población del país. La situación es aún peor en los centros
penitenciarios para mujeres y jóvenes, dado que el número de mujeres indígenas es 20 veces
superior al de las no indígenas. Los jóvenes aborígenes suelen ser peor tratados por la policía,
su presencia en los centros de detención para menores es superior en un 10% a la de los no
aborígenes, y en custodia policial y en instituciones correccionales es un 21% superior. Los niños
indígenas son más del 40% de los niños internados en correccionales. En un examen de la Ley
de Menores de 1927 de Nueva Gales del Sur (ley de protección y responsabilidad parental) se
consideró que esta había “afectado casi exclusivamente a los jóvenes aborígenes; tanto que podría
servir de base para denunciar una discriminación racial indirecta ante los órganos nacionales e
internacionales.”147 Según algunos informes, como ocurre en México,148 las mujeres indígenas son
víctimas de abusos y de hostigamiento cuando están encarceladas y a veces participan en las
redes de tráfico de drogas y de prostitución que funcionan en las cárceles.

En Canadá, la Comisión Real sobre los Pueblos Aborígenes consideró que “los pueblos
aborígenes que entran en relación con el sistema de justicia se enfrentan a una discriminación
manifiesta y sistemática, lo cual es uno de los motivos de que no se haya hecho justicia a muchos
aborígenes.”149 Los aborígenes canadienses constituyen el 16% de la población carcelaria, aunque
sólo representan el 2% del total de la población. Su tasa de encarcelamiento es 8.5 veces superior
a la de los no aborígenes, las detenciones son casi el doble y el encarcelamiento es casi 4 veces
superior al promedio nacional.150

Los ciudadanos aborígenes detenidos son también propensos a sufrir actos de violencia.
En el 2000, por ejemplo, se acusó a unos agentes de policía de dejar que murieran por congelación
dos hombres indígenas en las afueras de Saskatoon. En un estudio del Servicio de Prisiones del
Canadá se señaló que los malos tratos estaban mucho más presentes en las vidas de las presas
indígenas que en las demás. En 1996, según el Departamento de Asuntos Indios y del Norte
del Canadá “las muertes violentas son cinco veces más frecuentes entre las mujeres aborígenes
contempladas en la Ley de Asuntos Indios de entre 25 y 44 años que las demás mujeres canadienses
en edades similares.”151

146 B. Fernando, “Contemporary problems in administration of justice in India: Answers to a questionnaire formulated by the Committee on Reforms of
the Criminal Justice System”, article 2 (Asian Legal Resource Centre), vol. 1, Nº 2 (April 2002), p. 17.
147 Documento de trabajo presentado por Bill Jonas al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia (HR/MADRID/
IP/SEM/2003/BP.25), p. 8. Véanse también las declaraciones presentadas por Aboriginal Heritage Support Group al Grupo de Trabajo sobre las
Poblaciones Indígenas en 1997 y 2000.
148 Documento de trabajo presentado por Marcia Esparza al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia (HR/
MADRID/IP/SEM/2003/BP.20).
149 Royal Commission on Aboriginal Peoples, 1993.
150 Documento de trabajo presentado por Daniel Watson al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia (HR/
MADRID/IP/SEM/2003/BP.21).
151 Aboriginal Women: A Demographic, Social and Economic Profile, Indian and Northern Affairs Canada, Summer 1996.

Rodolfo Stavenhagen

En el Estado de Alaska (Estados Unidos de América), los nativos constituyen por lo
general el 34% de los presos aunque sólo son el 17% de la población. En la población carcelaria, los
adultos nativos de Alaska son 3.2 veces más numerosos que los blancos, y los menores nativos de
Alaska suelen caer en la delincuencia 1.8 veces más que los menores blancos. Muchas de esas
personas no hablan inglés lo suficientemente bien como para entender los documentos, formularios
y procedimientos de los tribunales. No obstante, los jueces no tienen la formación adecuada que
les permita determinar cuándo es necesario utilizar un intérprete, decidir si un intérprete concreto
está suficientemente cualificado o utilizar intérpretes en un tribunal. Los intérpretes no tienen
formación jurídica ni están supervisados. Por otra parte, los jueces y el personal del sistema judicial
no reciben formación periódica multicultural sobre los pueblos indígenas de sus distritos.152

La desproporcionada presencia de indígenas en las instituciones penitenciarias suele
estar vinculada al exceso de intervención de la policía en las zonas habitadas por indígenas y
también a la especial atención que prestan los órganos de orden público a las actividades de los
indígenas, lo que se traduce en un aumento del número de detenciones. En diversos estudios
se observa que los indígenas comparecen en mucha mayor medida ante los tribunales, son
acusados de más delitos, ven denegada la solicitud de libertad provisional con mayor frecuencia,
pasan menos tiempo con sus abogados y reciben condenas más severas cuando se confiesan
culpables.153 La indiferencia de los órganos de orden público ante las denuncias de los indígenas
puede ser también discriminatoria, por ejemplo, cuando la policía no atiende debidamente las
denuncias de actos de violencia y otras alteraciones del orden. Se ha sugerido que ello se debe a
que se considera que la violencia doméstica es parte de la cultura indígena o una “norma tribal”;
otros consideran que son los estereotipos racistas de los blancos los que llevan a pensar que los
indígenas no merecen la protección de la policía.154

Aunque, según el Gobierno de Nueva Zelanda no hay pruebas fehacientes de que exista
discriminación contra los acusados maoríes en los tribunales, en un estudio oficial se recomienda
que “se establezcan estrategias para eliminar las actitudes negativas a fin de evitar la excesiva
intervención de la policía entre los maoríes…”155 En vista de que en las estadísticas sobre la
delincuencia es frecuente la aparición de maoríes, el Gobierno ha establecido una estrategia para
la reducción de la delincuencia a fin de solucionar esos problemas.156

La violencia contra los indígenas, y en particular contra las mujeres y los jóvenes, es
común en numerosos países, y sólo en algunos Estados se realizan investigaciones judiciales
para investigar las denuncias de esos actos de violencia. En los países visitados el Relator
Especial conoció numerosos casos de actos de violencia y malos tratos físicos a indígenas por
parte de autoridades locales, cuerpos de seguridad, unidades militares, grupos de vigilancia,
fuerzas paramilitares y grupos armados privados. Con frecuencia las organizaciones de indígenas
y de derechos humanos presentan quejas similares a los órganos internacionales competentes.
152 Alaska Justice Forum, Nº 1 (2000); Alaska Supreme Court Report: Fairness and Access Problems and Recommendations, ibid., vol. 14, Nº 3 (Fall
1997).
153 El Comité sobre los Derechos del Niño ha observado que en Australia, los jóvenes indígenas tienen mayor probabilidad de que se les niegue una
fianza (CRC/C/15/Add.79, para. 22). Ver también Canadian Criminal Justice Association, Aboriginal Peoples and the Criminal Justice System (Ottawa,
May 2000).
154 J. Baker, “The scope for reducing indigenous imprisonment rates”, Crime and Justice Bulletin, (NSW Bureau of Crime Statistics and Research), Nº
55 (March 2001).
155 G. Maxwell and C. Smith, Police Perceptions of Maori: A Report to the New Zealand Police and the Ministry of Maori Development/Te Puni Kokiri,
(Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, March 1998), p. 6.

156 Report on Combating and Preventing Maori Crime (2002).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

En ellas se revela una práctica sistemática y acusada de violaciones de derechos humanos de
indígenas a los que la administración de justicia debe hacer frente decididamente donde quiera que
se produzca.

Según algunos informes sobre la situación de los indígenas encarcelados, éstos se
encuentran en cárceles abarrotadas y en condiciones de vida muchas veces infrahumanas, sin
acceso a los servicios básicos de salud y de otro tipo, en violación de los principios internacionales
para el trato de los presos, y las cárceles suelen estar alejadas de sus comunidades de origen,
por lo que les es difícil mantenerse en contacto con sus familias. También se han recibido quejas
sobre las restricciones de sus derechos religiosos por parte de las autoridades carcelarias, tales
como el acceso a sus guías espirituales, que a veces son víctimas de hostigamiento, o sobre las
limitaciones que se imponen a las prácticas religiosas de los reclusos y sus defensores.

Las leyes que imponen penas obligatorias de prisión para castigar las faltas de menor
importancia también parecen estar dirigidas a las que cometen los indígenas. El Comité de los
Derechos del Niño (véase A/53/41), el Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/AUS/98/3 y 4) y el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (véase CERD/C/304/Add.1 y A/55/18) han
observado que esta medida discrimina en la práctica a los pueblos indígenas y lleva a la aplicación
de penas que no guardan relación con la gravedad de los delitos cometidos. Es alentador que en
la Ley de reforma de la justicia de menores (Nº 2) de 2001 de Australia se suprimiera la condena
obligatoria de los imputados menores, mientras que en la Ley de reforma de las penas (Nº 3) de
2001 se suprimiera la pena obligatoria por delitos contra la propiedad cometidos por adultos.157

Los Estados deberían velar por que los niños indígenas en contacto con el sistema
de justicia de menores estuvieran protegidos de la discriminación y por que se respetaran sus
derechos culturales. En muchos países los indígenas se enfrentan a la discriminación en todos
los niveles de la sociedad; por esa razón, es fundamental formar a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley sobre los derechos de los niños y sensibilizarlos sobre las prácticas
discriminatorias en un medio intercultural. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las niñas indígenas en contacto con el
sistema de justicia de menores.

A veces los niños indígenas se encuentran en desventaja porque sus familias no pueden
pagar los servicios de un abogado y no se les proporciona asistencia jurídica gratuita. Los niños
indígenas corren el riesgo de no ser defendidos debidamente y, por consiguiente, de ser declarados
culpables y de ser condenados a penas más severas que los niños no indígenas. La asistencia
jurídica debe proporcionarse también en el idioma de los indígenas y ser de buena calidad. En la
Convención sobre los Derechos del Niño se enuncian los derechos de los niños en el sistema de
justicia que deben ser protegidos eficazmente por las autoridades del Estado en toda circunstancia,
especialmente en el caso de los jóvenes y niños indígenas en un medio intercultural. Debido a la
distancia geográfica y cultural que separa a las comunidades indígenas de los órganos oficiales, las
tasas de registro de nacimientos de niños indígenas suelen ser bajas. La inscripción en el registro
es importante para que todos los niños puedan disfrutar de la protección que se les otorga en el
sistema de justicia de menores.

157 J. Bessant, “Australia’s mandatory sentencing laws, ethnicity and human rights”, International Journal on Minority and Group Rights, vol. 8, Nº 4
(2001), pp. 369-384.

Rodolfo Stavenhagen

El idioma de las actuaciones judiciales suele ser un problema para la debida protección
de los derechos de los indígenas. En los países en los que los idiomas autóctonos no gozan de
reconocimiento oficial ello puede constituir una desventaja considerable. En muchas ocasiones,
y en contra de lo dispuesto en la ley, no se cuenta con intérpretes ni defensores públicos para
los indígenas y en el caso de existir, a veces no tienen la formación adecuada o no conocen
bien la cultura de los indígenas. Es común que los funcionarios del sistema de justicia tengan
prejuicios respecto de los indígenas de sus distritos. Esa situación es frecuente en algunos países
de Asia donde el idioma utilizado en los textos y en los procedimientos judiciales es el inglés o
un idioma nacional que la comunidad indígena no comprende.158 Cuando los indígenas no pueden
participar activamente en los procedimientos judiciales son particularmente vulnerables y están
incapacitados para ejercer el control de aspectos fundamentales que influirán en sus vidas.

En Guatemala, el derecho de los acusados a contar con los servicios de un intérprete en
el idioma maya se introdujo en el Código Penal en 1992 y desde 1998 se contrata a intérpretes
judiciales. No obstante, en la práctica la administración de justicia ordinaria suele ignorar el derecho
de los indígenas y lo criminaliza, y también discrimina a los indígenas por su lengua y su cultura.
La lengua suele ser uno de los principales obstáculos que impiden el acceso de los indígenas a
la justicia ordinaria, los registros nacionales y a los procedimientos jurídicos. Los hablantes de
lenguas indígenas se encuentran en desventaja en la administración de justicia, que se desarrolla
en un marco cultural y lingüístico que les es ajeno. Los procedimientos judiciales tienen lugar
en español, incluso en zonas con alta concentración de indígenas, y el número de profesionales

o de intérpretes judiciales bilingües es absolutamente insuficiente. La situación de las mujeres
indígenas es más grave aún debido a que presentan tasas más altas de monolingüismo y de
analfabetismo.159
Los funcionarios de la administración de justicia deberían recibir formación intercultural
permanentemente. Los funcionarios de los órganos judiciales deben conocer a los grupos indígenas
de sus zonas. Los indígenas deben tener la oportunidad de formar parte de la administración
judicial a fin de superar el ambiente de “indefensión aprendida” en que se encuentran. Los Estados
deberían adoptar medidas positivas que fomentaran la contratación de indígenas en los órganos
legislativos, judiciales, policiales y penitenciarios.

A fin de facilitar los contactos de los indígenas con el sistema judicial, se ha propuesto la
idea de crear facilitadores o guías judiciales. El guía es una persona familiarizada con los sistemas
jurídicos y los procesos judiciales que también comprende los idiomas y las culturas indígenas.
En diversos tribunales de Manitoba y Colorado ya se ha creado esta institución. En Canadá, la
Ley de enjuiciamiento penal de menores de 2003 ya es una medida en este sentido que permite
reducir el uso del sistema de justicia oficial y del encarcelamiento y mejorar los mecanismos
de reinserción y rehabilitación de jóvenes indígenas. La ley también aplica los principios de
participación y consulta con las comunidades indígenas respecto de los jóvenes en el sistema
de justicia penal.160 El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado que los Estados Partes
respeten los métodos practicados habitualmente por los pueblos indígenas para castigar los delitos
penales cometidos por menores cuando ello sea en el interés superior del niño, de conformidad con

158 Asian Development Bank, Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction, 2001.
159 Ver R. Yrigoyen Fajardo, Justicia y Multilingüismo, Guatemala, USAID, 2001, p. 21.
160 Ver Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform, A Dialogue in Process: Focus on Youth – Interim Report (2003).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos aspectos también se tienen en cuenta en
otros instrumentos nacionales relacionados con la justicia de menores, como las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de
Riad).161

A este respecto, se ha considerado que los métodos tradicionales de justicia restitutiva
son un medio positivo de sancionar los delitos cometidos por menores, de conformidad con los
principios de derechos humanos. Las tradiciones indígenas pueden ser un medio de tratar a
los niños en conflicto con la ley de forma constructiva, sin recurrir a los métodos punitivos, lo
cual favorecerá su reinserción en la comunidad. Los métodos constructivos para tratar a los
niños en conflicto con la ley deben basarse en las tradiciones indígenas; los métodos educativos,
orientados a la rehabilitación del menor, con la participación de la comunidad, resultan menos
costosos y más eficaces que el encarcelamiento.

Los obstáculos a los que se enfrentan los indígenas en el sistema de justicia son
síntomas de una situación más general de problemas sociales complejos relacionados con una
historia de discriminación, marginación y exclusión social, así como de pobreza y desempleo, que
generalmente desemboca en el alcoholismo y en el consumo de drogas ilícitas, la falta de vivienda
y la violencia. Las mujeres indígenas se ven más afectadas por los factores socioeconómicos. El
encarcelamiento suele producirse en el contexto de niveles intolerablemente altos de violencia
familiar, excesiva intervención de la policía en determinados casos, mala salud, desempleo y
privaciones. En algunos estudios sobre las reclusas indígenas se exponen numerosos casos de
vidas constantemente amenazadas por la violencia.

La discriminación contra los pueblos indígenas (así como otras minorías de todo tipo) en
la administración de justicia es muy común.162 Aunque suele estar relacionada con los prejuicios
personales y las actitudes subjetivas de jueces, magistrados, abogados, fiscales y funcionarios
del Estado, esa discriminación se debe principalmente al rechazo sistemático de las culturas e
identidades indígenas. La administración de justicia no hace sino expresar los valores dominantes
de una sociedad, y cuando son contrarios a los pueblos indígenas (que es lo más frecuente)
se reflejan en los tribunales. Esta situación no ha empezado a cambiar hasta los últimos años
debido en buena parte a los cambios que se han producido en el ámbito internacional. El Relator
Especial exhorta a todos los miembros de las instituciones judiciales y otras instituciones conexas
a tener debidamente en cuenta las culturas y valores de los pueblos y comunidades indígenas al
administrar y garantizar la justicia, en el sentido más amplio y más generoso del término, a las
comunidades y pueblos indígenas.

161 Las Directrices de Riad mencionan específicamente a los niños indígenas y enfatizan que “deberá darse atención especial a los niños de familias
afectadas por problemas causados por el cambio económico, social y cultural rápido y desigual, en particular los niños de familias indígenas, migrantes
y refugiadas” (para. 15). Las Reglas de Beijing contienen varios puntos con respecto a la necesidad de atender la diversidad cultural de los jóvenes
en el sistema de justicia.

Rodolfo Stavenhagen

La criminalización de las actividades de protesta de los indígenas

Una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos de los últimos
años es la tendencia a la utilización de las leyes y de la administración de justicia para castigar
y criminalizar las actividades de protesta sociales y las reivindicaciones legítimas de las
organizaciones y movimientos de indígenas en defensa de sus derechos. Según algunos informes,
esas tendencias adoptan dos formas: la aplicación de leyes de emergencia, como las leyes contra
el terrorismo, y el procesamiento de manifestantes como autores de delitos comunes (por ejemplo,
intrusión en propiedad ajena) para reprimir las protestas sociales. Hay numerosos ejemplos de
casos en distintas partes del mundo.

En la India, tras la adopción de la Ley de prevención del terrorismo de 2002 se ha
detenido a muchos adivasis de Jharkhand, entre los que se encuentran activistas, niños y ancianos
indígenas. Hasta marzo de 2003, cuando el Tribunal Supremo de Madrás confirmó la supremacía
de la Ley de enjuiciamiento de menores frente a las leyes antiterroristas, varios menores indígenas
habían sido detenidos como terroristas.163

En Guatemala, por ejemplo, el sistema de justicia penal tiende a castigar con excesiva
severidad algunos tipos de delitos que tienen menor importancia social o que podrían sancionarse
de forma distinta. Un ejemplo de ello son los delitos contra la propiedad, que podrían resolverse
mediante indemnizaciones. Sin embargo, en el Código Penal se prohíbe la conmutación de la
condena de prisión por la indemnización pecuniaria en el caso del robo o del robo a mano armada,
mientras que sí se contempla en caso de homicidio. Los delitos contra la propiedad son los más
frecuentes en los tribunales y los condenados por ello llenan las cárceles. En vista de los profundos
problemas sociales que se plantean, con la respuesta penal a los conflictos sociales se tiende a
criminalizar la reivindicación social de los derechos. Un ejemplo de esta tendencia es el uso de
la acusación de intrusión en propiedad ajena (castigada con penas de tres a seis años de cárcel)
contra personas que a veces no hacen más que ocupar pacíficamente un trozo de tierra en el
marco de un conflicto social por los derechos de propiedad de tierras tradicionales.164

Una situación similar se produce en Chile, donde dirigentes de una comunidad mapuche
han sido condenados a largas penas de prisión por supuestos actos terroristas cometidos en el
marco de un conflicto social por los derechos de tenencia de la tierra, lo que permite albergar
serias dudas sobre las garantías procesales en el país (véase E/CN.4/2004/80/Add.3).

Históricamente, las organizaciones de campesinos indígenas que reclamaban la
propiedad de las tierras en Honduras no son bien vistas por los gobiernos. El encarcelamiento
de dirigentes sindicales e indígenas, sumado a la falta de intérpretes y de representación jurídica
de carácter profesional explican la desproporción de la población indígena en el sistema penal.
Según Amnistía Internacional, en el último decenio, agentes de policía, escuadrones de la muerte
y militares habrían participado en el asesinato de dirigentes indígenas.165

162 Véase el informe preliminar de Leila Zerrougui, Relatora Especial nombrada para realizar un estudio detallado sobre la discriminación en el sistema
de justicia criminal (E/CN.4/Sub.2/2003/3).
163 Documento de trabajo presentado por Sukas Chakma al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia (HR/
MADRID/IP/SEM/2003/BP.11).
164 R. Yrigoyen Fajardo and V. Ferrigno Figueroa, Acceso a la Justicia en Guatemala: Situación y Propuestas, 2003.
165 Ver Amnesty International, “Honduras: Justice Fails Indigenous People” (1999), and “Honduras: Stop Abuses Against Indigenous People” (2000).

85

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

En México, se informa que activistas de comunidades indígenas han sido perseguidos y

encarcelados sobre la base de acusaciones inventadas de delitos comunes por su participación en

movilizaciones sociales para resolver cuestiones de derechos (véase E/CN.4/2004/80/Add.2).

Durante su misión a Filipinas en 2002, se informó al Relator Especial que las organizaciones
indígenas que defendían territorios ancestrales y derechos de tenencia de tierras o se oponían a la
invasión de sus territorios por intereses comerciales foráneos, podían ser calificados de subversivos
y sus miembros perseguidos como terroristas (véase E/CN.4/2003/90/Add.3, párr. 49).

Según informaciones facilitadas al Relator Especial durante su visita a Canadá en abril
de 2003, los miembros de las primeras naciones que se enfrentan activamente a las autoridades
estatales para defender derechos de tenencia de tierras o de pesca (como ocurre en Columbia
Británica y en Nueva Escocia) suelen ser perseguidos y condenados por delitos comunes, sin tener
en cuenta las repercusiones sociales y culturales de sus actos.

Se ha señalado repetidamente el caso de Leonard Peltier, un activista indígena que fue
condenado en 1975 tras un tiroteo en Wounded Knee (Dakota del Sur, EE.UU.). Hace más de 25
años, Leonard Peltier fue juzgado y condenado a pena de prisión en un juicio, realizado al parecer
sin las debidas garantías, por lo que diversas distinguidas personalidades han pedido clemencia.166
El caso sigue siendo motivo de grave preocupación.

Una tendencia inquietante de la situación actual es que los abusos de los derechos
humanos se producen no sólo durante estados de excepción o en regímenes autoritarios y
no democráticos, sino también en el marco del estado de derecho en sociedades abiertas
y transparentes en las que las instituciones jurídicas tienen como fin proteger a los individuos
de la injusticia y proporcionan a toda víctima de supuestas violaciones de derechos humanos
mecanismos para acceder a la justicia y garantías procesales. Los atentados contra los derechos
de los indígenas suelen producirse en el contexto de actuaciones colectivas iniciadas en apoyo de
reivindicaciones sociales legítimas de las comunidades indígenas víctimas de la marginación, la
exclusión social y la discriminación. Hay intereses privados y autoridades del poder local que se
sienten asediadas que suelen servirse de la ley para desarticular esos movimientos, castigando
a los dirigentes más destacados ya sea mediante la aplicación de reglamentos y leyes penales
comunes o invocando leyes antiterroristas políticamente motivadas. El Relator Especial exhorta
a que no se castiguen las actividades de protesta social legítimas de las comunidades indígenas
utilizando leyes penales que tienen como fin castigar delitos que atentan contra la estabilidad de
las sociedades democráticas. El Relator Especial insta a los Estados a utilizar medios no judiciales
para resolver los conflictos sociales mediante el diálogo, la negociación y el consenso.

El derecho y la cultura indígenas y la resolución alternativa de controversias

Los pueblos indígenas reclaman decidida y persistentemente el reconocimiento de sus culturas
y sistemas jurídicos consuetudinarios en la administración de la justicia. Se ha señalado que el
no reconocimiento de los usos y leyes consuetudinarias autóctonas es indicio de la existencia
de violaciones de derechos humanos que llevan a abusos en el sistema de administración de

166 Véase la Carta Abierta de Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Presidente de los Estados Unidos,
22 de diciembre de 2000.

Rodolfo Stavenhagen

justicia. El no reconocimiento del derecho indígena forma parte de la negación de las identidades,
sociedades y culturas indígenas por parte de los Estados coloniales y poscoloniales, y es una
de las dificultades con que tropiezan los Estados modernos para reconocer su propia identidad
multicultural. En muchos países la concepción monista del derecho nacional impide el debido
reconocimiento de las tradiciones jurídicas plurales y conduce a la subordinación de los sistemas
jurídicos consuetudinarios a una sola norma jurídica oficial. En esas circunstancias, las tradiciones
jurídicas no oficiales apenas han sobrevivido o se han hecho clandestinas. Aunque en los tribunales
se ofrece seguridad jurídica en el marco de un solo sistema judicial oficial, los pueblos indígenas,
cuyo propio concepto de legalidad se ignora, sufren inseguridad jurídica en el sistema oficial y
sus prácticas jurídicas suelen ser criminalizadas.167 En vista de la discriminación que existe en
los sistemas judiciales nacionales, no es de extrañar que muchos pueblos indígenas desconfíen
de éstos y que reivindiquen un mayor control de los asuntos familiares, civiles y penales. Ello
refleja diversas cuestiones relativas al autogobierno y a la libre determinación. Para subsanar las
numerosas injusticias y vejaciones que sufren los pueblos indígenas en el sistema de justicia, se
han ensayado diversas formas de administrar justicia y resolver los conflictos sociales. En los
últimos años algunos Estados han hecho avances en el reconocimiento y consideración de esas
prácticas consuetudinarias, pero otros se muestran todavía renuentes a modificar sus estructuras
jurídicas en este sentido.

El Gobierno Autónomo de Groenlandia ofrece un ejemplo positivo. Aunque se basa
en el sistema danés y está administrado por las autoridades danesas, el sistema de justicia
de Groenlandia tiene en cuenta las normas y valores de la sociedad groenlandesa y el derecho
consuetudinario y las prácticas jurídicas tradicionales de los inuits, que conceden considerable
importancia a la reintegración en la sociedad y al principio de la participación amplia de legos en
la administración de la justicia. El sistema judicial difiere considerablemente del sistema danés
al que está vinculado. Groenlandia tiene 16 juzgados de distrito locales que se ocupan de muy
diversos tipos de causas, tales como las de derecho penal y las de derecho de la familia. Se pide a
los ciudadanos que actúen como jueces de distrito, jueces legos y abogados defensores mientras
que la policía local asume las funciones del ministerio público. El presidente del tribunal es un juez
lego que cuenta con la asistencia de dos asesores también legos. Cuando la causa se presenta
al Tribunal Supremo de Groenlandia en Nuuk, es analizada y examinada por fiscales, jueces y
abogados con formación jurídica. En 1994, la Comisión de Revisión de la Justicia recomendó,
entre otras cosas, que los jueces locales tuvieran conocimientos de la comunidad local y de sus
valores culturales, así como conocimientos del idioma groenlandés (véase CERD/C/319/Add.1,
párrs. 139 a 141).

Los tribunales de diversos Estados han aceptado las costumbres indígenas en materia
de tierras. El Tribunal Supremo de Canadá consideró, en su fallo sobre la causa Delgammukw,
que el grado de ocupación suficiente para respaldar un título indígena debería basarse tanto
en la ocupación física de la tierra en cuestión, como en el sistema de tenencia de la tierra en
el derecho indígena. El Tribunal aceptó el uso de las historias orales indígenas como prueba
de hechos históricos y determinó que “este tipo de prueba puede incluirse y ponerse en pie de
igualdad con los tipos de prueba histórica con los que los tribunales están familiarizados, que
consisten principalmente en documentos históricos.”168 Hay una tendencia creciente a adaptar las

167 R. Yrigoyen Fajardo, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, Fundación Myrna Mack, 1999.
168 Delgamuukw [1997] 3 SCR 1010, 1099-1100.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

normas del derecho probatorio y las formalidades de prueba a las concepciones de los indígenas.
Ello parece indicar que los tribunales están tratando de tener en cuenta la identidad cultural de las
comunidades indígenas y de demostrar una cierta disposición -como ocurre en este caso- a tener
en consideración las ideas de los indígenas sobre la tenencia y la ocupación de las tierras.

Es importante que se tengan en cuenta los tratados firmados entre las comunidades
indígenas y los Estados al tomar decisiones sobre las cuestiones relacionadas con las tierras.
Lamentablemente, en algunos casos de derechos de tierras los tribunales nacionales parecen
ignorar las normas internacionales sobre los derechos de los indígenas, en particular los relativos
a la restitución y la indemnización.

En Sudáfrica, la Ley de tribunales tradicionales (2003) autoriza y establece una jerarquía de
tribunales consuetudinarios cuya jurisdicción abarca las causas penales y civiles. De conformidad
con esta ley, los tribunales deben estar integrados por miembros de la comunidad y las decisiones
deben basarse en las leyes impuestas por la costumbre de la comunidad, con arreglo a los valores
constitucionales de la democracia y la igualdad.

Cabe señalar que muchas culturas autóctonas no comparten con los sistemas jurídicos
oficiales el valor que se concede al juicio, el castigo y al aislamiento del delincuente de su
comunidad. Según algunos estudios comparativos, los sistemas jurídicos indígenas, al tomar
medidas respecto de los delincuentes tienden a conceder mayor importancia a la restitución,
a la indemnización y al restablecimiento de la armonía social y comunitaria que al castigo y al
aislamiento físico de los delincuentes que se contempla en la mayoría de los sistemas judiciales
oficiales adoptados por las administraciones del Estado.

Las comunidades indígenas de Ecuador conservan muchas de sus prácticas jurídicas
basadas en las costumbres y tradiciones indígenas. Los conflictos comunes se resuelven dentro
de la familia, mientras que los asuntos más importantes se remiten a las autoridades indígenas
competentes, quienes tratan del asunto en una asamblea comunitaria general. No obstante, se
suele señalar que estas medidas se limitan a algunos casos de menor importancia. El Relator
Especial es de la opinión de que deberían hacerse esfuerzos por tratar de encontrar el modo de
hacer a los sistemas judiciales indígenas complementarios de los sistemas del Estado.

En Guatemala, las comunidades mayas siguen utilizando sus sistemas jurídicos para
resolver los conflictos entre sus miembros con arreglo a las tradiciones mayas y basándose en el
diálogo y la negociación. Las leyes consuetudinarias mayas tratan de lograr la participación de
la totalidad de la comunidad al resolver las cuestiones en litigio, tales como las cuestiones de la
propiedad, las cuestiones de familia y el robo. Los miembros de la comunidad también solicitan el
asesoramiento general a las autoridades mayas.

En varias cárceles de Estados Unidos en las que hay muchos reclusos indígenas, existen
programas culturales que han demostrado su utilidad. Los representantes de los indígenas han
reclamado repetidamente que los presos indígenas debían tener derecho a acceder a consejeros
y dirigentes espirituales nativos, así como a las medicinas e instrumentos sagrados tales como
salvia, cedro, “hierba aromática”, tabaco, polen de maíz, pipas sagradas, bolsas de medicamentos,

Rodolfo Stavenhagen

vinchas y ceremonias como la del baño purificador y la de la pipa.169 En Australia los pueblos
indígenas participan en programas como el de vigilancia policial de la comunidad, patrullas
nocturnas, paneles y grupos de justicia de la comunidad, condena en círculo y tribunales aborígenes,
como el Tribunal nunga, el Tribunal murri y el Tribunal koori.

En Guerrero (México) las comunidades indígenas crearon una policía local intercomunitaria
con el fin de complementar la labor de la policía estatal y prevenir, perseguir y castigar las faltas
y delitos cometidos en las comunidades. Esta fuerza policial también busca nuevas formas de
reintegrar al delincuente y facilitar su vuelta a la comunidad, trabajando en servicios sociales u
otras tareas comunitarias (véase E/CN.4/2004/80/Add.2).

En la Carta de Derechos de Nueva Zelanda (1990) se garantiza a los inculpados el derecho a
la interpretación en caso de ser necesaria y a la asistencia jurídica, que puede incluir la presentación
y tramitación de documentos en maorí. El Departamento de Instituciones Penitenciarias y la policía
de Nueva Zelanda cuentan con asesores culturales para tratar con los maoríes. En 2001-2002, el
Organismo de Servicios Jurídicos brindó apoyo a 24 centros jurídicos de la comunidad, 4 de los
cuales eran maoríes. El idioma maorí goza de reconocimiento oficial desde la promulgación de la
Ley de la lengua maorí en 1987. En esa ley se reconoce el derecho de los maoríes a hablar el maorí
en los tribunales y se ofrecen servicios de traducción para la judicatura. El Gobierno está decidido
a aumentar la presencia del maorí en el sistema de justicia penal. Se ha previsto incluir y utilizar
prácticas y procesos de justicia maorí en el sistema oficial.

En algunos Estados en los que las leyes nacionales reconocen a los pueblos indígenas
y sus derechos, las leyes no se aplican en la práctica. En diversas leyes federales recientes
de la Federación de Rusia se garantiza una amplia gama de derechos indígenas, tales como la
participación en la elaboración de leyes y la aplicación de los programas que las afectan, así como
la posibilidad de establecer un sistema para asegurarse de que los pueblos indígenas hagan oír su
voz en los órganos legislativos. No obstante, todavía no se ha adoptado legislación secundaria,
regional y local para aplicar los principios de la legislación federal.170

En Marruecos, por lo general los padres no pueden dar a sus hijos nombres indígenas
porque los funcionarios del registro se niegan a reconocerlos. Aunque en el Decreto Real del 17 de
octubre de 2001 se reconocía el aspecto amazigh de la identidad marroquí y se aprobó una nueva
ley sobre el sistema de registro en 2002, los padres se ven obligados a utilizar una lista de nombres
no indígenas para elegir los nombres de sus hijos.171 Las medidas que no reconocen la identidad
cultural de los indígenas no son compatibles con el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y del Convenio sobre los pueblos tribales e indígenas en países independientes
(Nº 169) de la OIT.

El derecho consuetudinario indígena, que no suele ser reconocido por el sistema jurídico
oficial, tiene sus raíces en las tradiciones y costumbres locales y corresponde a necesidades de las

169 Resolución adoptada por el Consejo Internacional de los Tratados Indios en la Conferencia de su Comisión sobre Presos Políticos, Derechos de los
Presos y Personas Detenidas, realizada en febrero de 2002.
170 A. Xanthaki, “Indigenous Rights in the Russian Federation: The Case of Numerically Small Peoples of the Russian North, Siberia and Far East”,
Human Rights Quarterly, 1 (2004).
171 Documento de trabajo presentado por Hassan Idbalkssm al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia
(HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.15).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

comunidades indígenas en materia de mantenimiento del orden y la armonía sociales, la solución
de conflictos de distintos tipos y la forma de sancionar a los transgresores. Los países que han
podido incorporar el respeto del derecho indígena consuetudinario a sus sistemas jurídicos oficiales
han observado que la justicia se administra con mayor eficacia, particularmente cuando se trata de
casos de derecho civil y familiar, pero también en algunas esferas del derecho penal, por lo cual
parece ser que un cierto pluralismo legal parece ser una forma constructiva de abordar los distintos
sistemas jurídicos con arreglo a valores culturales diferentes.

Sin embargo, según algunos, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas no
ofrece suficientes garantías para la protección de los derechos humanos individuales universales.
Pero aun si eso fuera una afirmación cierta basada en pruebas suficientes, no debería esgrimirse
para negar por completo el valor del derecho consuetudinario indígena, sino como un reto para
aproximar ambos enfoques haciéndolos más eficaces para la protección de los derechos humanos,
tanto individuales como colectivos. El pluralismo jurídico en los Estados es una oportunidad
para permitir a los sistemas jurídicos indígenas funcionar eficazmente, ya sea como parte de los
sistemas jurídicos nacionales o paralelamente a éstos.

El Relator Especial recomienda que se conceda al derecho indígena el estatuto y la
jerarquía del derecho positivo en el marco del derecho a la libre determinación, y que los Estados
que todavía no lo hayan hecho tomen medidas, en consulta con los pueblos indígenas, para abrir
sus sistemas judiciales a los conceptos y costumbres jurídicas indígenas.

Diversos programas y organismos especializados de las Naciones Unidas han reconocido
el valor del derecho consuetudinario y han alentado a su incorporación en el sistema jurídico
nacional. La UNESCO, en el marco de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, aprobada
por la Conferencia General en 2001, fomenta los intercambios interdisciplinarios entre los expertos
indígenas y no indígenas con el fin de promover el reconocimiento, salvaguardia y revitalización
de los recursos e identidades culturales indígenas. Entre otras actividades, la UNESCO apoya un
proyecto entre los mapuches-tehuelches de la Argentina centrado en la solución de conflictos.
El PNUD también apoya el fortalecimiento de las estructuras de justicia comunitaria local y los
mecanismos de resolución de conflictos, y promueve en particular la participación de la mujer a
todos los niveles.

En respuesta al argumento de que el reconocimiento especial de las instituciones jurídicas
indígenas puede ser incompatible con el principio de la no discriminación, el derecho internacional
reconoce la necesidad de adoptar medidas positivas para proteger los derechos de las minorías y
políticas orientadas a subsanar las deficiencias que impidan u obstaculicen el pleno ejercicio de
sus derechos.172 La adopción de medidas positivas, en especial para los pueblos indígenas, se
prevé también en el Convenio Nº 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales.

Esas medidas positivas están siendo ya aplicadas en algunos Estados. Nueva Zelanda
informa que ya se empiezan a utilizar las plegarias indígenas al comienzo de las sesiones de los
tribunales o en sesiones públicas, y los lugares sagrados están reconocidos y protegidos por las
leyes sobre el medio ambiente. En la Ley de solución de reclamaciones de Ngai Tahu (1998) se

172 Comité de Derechos Humanos, comentario general núm. 23 sobre los derechos de las minorías para disfrutar, profesar y practicar su propia cultura
(art. 27), para. 6.2.

Rodolfo Stavenhagen

reconocen oficialmente los orígenes mitológicos y sagrados de ciertos monumentos naturales.
En la Ley de ordenación de los recursos (1991) se reconoce que en cuestiones de importancia
nacional, todas las personas deben tener en cuenta la relación existente entre los maoríes y sus
tierras y su medio ambiente, así como los principios del Tratado de Waitangi.173 En Finlandia, el
derecho consuetudinario forma parte de las fuentes del derecho y por consiguiente puede aplicarse
a las actuaciones judiciales en las que participen indígenas.

Los pueblos indígenas han reivindicado nuevos derechos basados en el reconocimiento de
sus características culturales y étnicas. En este contexto los tribunales tribales se han convertido
en expresión y cauce de la libre determinación y el autogobierno, aspecto que no siempre es
considerado positivo por los Estados. Un buen ejemplo de ello es el Tribunal de la Nación Navajo,
en los Estados Unidos, que tiene competencia penal para entender de los delitos cometidos por
los navajos y americanos nativos de otras tribus que entran en la jurisdicción de la reserva, y
competencia civil por entender de todo acto que tenga su origen en la nación navajo o que tenga
repercusiones negativas para ésta. El Tribunal se basa en los principios generales del common law
estadounidense, los estatutos federales y los reglamentos de los organismos, y las decisiones de los
tribunales son similares a las utilizadas en el sistema judicial federal. Al mismo tiempo, el Tribunal
también utiliza el derecho consuetudinario navajo basado en tradiciones sociales conservadas en
leyendas sobre la creación, ceremonias, cánticos, plegarias y otros vehículos análogos de valores
culturales. Cuando los delitos son graves, los navajos están sometidos a las leyes federales y
son procesados en tribunales federales. El sistema jurídico de la nación navajo también utiliza
un proceso jurídico tradicional paralelamente al modelo del common law estadounidense llamado
Hozhooji Naat’aanii, o arreglo de controversias, en las que los mediadores expresan sus opiniones
para ayudar a las partes a resolver sus diferencias atendiendo a las enseñanzas y las orientaciones
recibidas.174

En 1999, la nación tsuu t’ina de Alberta (Canadá) empezó a utilizar, con apoyo del gobierno
provincial, un sistema de justicia autóctono general con arreglo a un acuerdo de cooperación en
el que se funden las tradiciones de la justicia autóctonas, incluido el cargo de conciliador, con el
tribunal provincial de Alberta. El Tribunal Tsuu T’ina tiene competencia para conocer de los delitos
cometidos en la reserva; el papel del juez de paz incluye la promoción activa y la enseñanza de
los valores tradicionales, así como el restablecimiento de la armonía dentro de la comunidad. La
Federación de Naciones Indias de Saskatchewan está negociando con los gobiernos federal y
provincial el establecimiento de un sistema de justicia basado en los valores, cultura y espiritualidad
de las primeras naciones que representa un proceso dirigido por la comunidad. La nación mi’kmaq
está preparando proyectos análogos.175

En Nueva Zelanda, el Tratado de Waitangi, firmado en 1840 por el gobierno de los colonos
y más de 100 jefes maoríes, reconoce los derechos de los maoríes a las tierras y a la pesca, pero
estos derechos fueron progresivamente arrebatados por otros gobiernos posteriores y particulares.
El Tribunal de Waitangi fue establecido por la Ley del Tratado de Waitangi de 1975 para atender las
quejas de los maoríes sobre los actos u omisiones del Estado que los hubieran perjudicado y para

173 R. Ahdar, “Indigenous Spiritual Concerns and the Secular State: Some New Zealand Developments”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 23, Nº 4
(Winter 2003), p. 611-614.
174 Documento de trabajo presentado por James Anaya al Seminario de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Administración de Justicia (HR/
MADRID/IP/SEM/2003/BP).
175 Tripartite Forum, Future Directions in Mi’kmaq Justice, 2001.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

hacer recomendaciones al Estado sobre esas quejas, que podían incluir reclamaciones relativas a
la discriminación en relación con el sistema de justicia. El Tribunal trata de restablecer la condición
de los maoríes tanto sustantivamente, por medio de sus ponderadas decisiones, y procesalmente,
concediendo el debido respeto a la costumbre maorí. El establecimiento de los hechos se suele
basar en profundas investigaciones históricas y antropológicas, pero su singularidad radica en sus
rasgos procesales, que constituyen una innovativa combinación de costumbre maorí y práctica
judicial de los colonos británicos. El Tribunal de Tierras Maoríes es el único tribunal maorí. Se
ocupa de las cuestiones relacionadas con las tierras, y sus deliberaciones tienen lugar con arreglo
a los usos tradicionales, que incluyen el uso del idioma maorí.

En Nueva Zelanda va adquiriendo interés el concepto de la justicia restitutiva. El Ministerio
de Justicia lo interpreta en la práctica como un proceso en el que las partes afectadas por un
determinado delito resuelven colectivamente la forma de abordar las consecuencias del delito y
sus repercusiones futuras. La adopción o reconocimiento de los conceptos de justicia restitutiva
en la legislación permite acercar el derecho consuetudinario y el derecho legislado. El concepto y
la práctica de Conferencias de Grupos de Familia, íntimamente asociados a los modelos de justicia
restitutiva, tienen como fin establecer una relación global con los jóvenes delincuentes y dar a
éstos, a sus familias y a la comunidad la ocasión de reducir el delito y establecer comunidades más
sólidas partiendo de sus propios fundamentos.

Noruega cuenta ahora con un Tribunal de Tierras, que resuelve cuestiones relacionadas
con la propiedad de las tierras, el derecho de usufructo y las controversias sobre las lindes
relacionados con los samis, y un tribunal de distrito ubicado en el distrito administrativo de idioma
sami en el que los idiomas noruego y sami están en pie de igualdad.

En Australia, los proyectos del Grupo de Justicia Comunitaria, que comenzaron en 1993,
tienen como fin ofrecer a los pueblos aborígenes un mecanismo para resolver los problemas de la
justicia y del control social en consonancia con el derecho y las prácticas culturales indígenas, así
como con el sistema jurídico angloaustraliano. Estos proyectos han contribuido a la disminución
del nivel de la violencia y de la delincuencia, en especial de la delincuencia juvenil, y a cambiar las
estructuras sociales y las actitudes frente al sistema de justicia.

En Guatemala, en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas de
1995, que es parte de los Acuerdos de Paz de 1996, se determinó la necesidad de un nuevo
sistema de justicia nacional adaptado al modelo de un Estado pluricultural que comprendería tres
mecanismos institucionales: a) la justicia ordinaria; b) el derecho indígena como sistema de
normas, procedimientos y autoridades locales para la regulación social y solución de conflictos
en las comunidades indígenas; y c) mecanismos alternativos de solución de conflictos. En 2001
se estableció un sistema de defensores étnicos en las zonas indígenas a cargo de abogados que
hablaban los idiomas locales, con el fin de mejorar el acceso de los indígenas al sistema de justicia.
No obstante, este modelo, tal como señaló el Relator Especial en su informe sobre Guatemala (E/
CN.4/2003/90/Add.2), todavía no ha logrado dar respuesta a los múltiples aspectos de la justicia
con que se enfrentan los pueblos indígenas.

Hay ejemplos positivos de que los derechos indígenas pueden coexistir con sistemas
jurídicos nacionales. Las comunidades indígenas en los casos antes descritos gozan de cierta

Rodolfo Stavenhagen

autonomía para usar sus propias leyes, sistemas e instituciones judiciales. En Colombia, los pueblos
indígenas tienen el derecho constitucional a ejercer su propia justicia en su territorio y aplicar sus
propias normas y procedimientos por medio de sus propias autoridades, que solamente están
limitados por el respeto de los “mínimos fundamentales” establecidos por la Corte Constitucional.
Por consiguiente no se puede aplicar a los indígenas el sistema de justicia ordinario, que se
considera culturalmente distinto del medio indígena. En el nuevo Código Penal se reconoce el
derecho de los indígenas a ser juzgados por su comunidad.176

Muchas de las injusticias de las que los pueblos indígenas son víctima y la mayor
parte de sus reivindicaciones a lo largo de los años en los planos nacional e internacional no
están suficientemente bien atendidas por el recurso a los tribunales ordinarios establecidos
constitucionalmente. También requieren otros recursos institucionales, tales como legislación
especial, negociaciones políticas y voluntad política, mecanismos alternativos de solución
de conflictos, dedicación espiritual y largos procesos participativos de reconciliación.
El establecimiento en algunos países de comisiones de la verdad después de los conflictos
(como en Chile, Guatemala, Perú y Sudáfrica) han constituido avances en este sentido, pero si no
se atiende a sus recomendaciones en la práctica, sus consecuencias serán nulas. Principalmente,
requerirán la introducción de cambios profundos en los objetivos de las políticas públicas para
cambiar la relación desigual y muchas veces discriminatoria que tradicionalmente han establecido
los Estados con los pueblos indígenas, y para ello deberá incluirse la participación de los pueblos
indígenas en los procesos de adopción de decisiones. El sistema de justicia deberá pasar de ser un
instrumento para el control de los indígenas por parte del Estado a un instrumento para la protección
y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Como se ha señalado anteriormente, en la
actualidad el panorama es ambiguo. El Relator Especial invita a los Estados Miembros a emprender
cada vez más activamente la remodelación de sus sistemas de justicia indígena a fin de actuar
equitativa y generosamente ante el reto histórico que tienen ante sí.

2. Conclusiones
En las observaciones y análisis que anteceden se han expuesto los problemas de derechos humanos
con que se enfrentan los pueblos indígenas en el ámbito de la justicia y confirman la necesidad
de que los gobiernos y la comunidad internacional aborden estas cuestiones constructivamente.
Inevitablemente, cada una de las situaciones descritas o mencionadas en el presente informe
tendrá características distintas y una dinámica propia. Ninguna política o estrategia para mejorar
el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas o para eliminar los abusos del sistema
de justicia puede tener éxito a largo plazo si no se suprimen también las causas básicas de las
desigualdades.

Mediante el estudio de esta cuestión y especialmente gracias a sus misiones a los
distintos países, a sus visitas y al diálogo entablado a nivel local con los dirigentes y miembros
de las distintas comunidades de todo el mundo, el Relator Especial ha llegado a la conclusión de
que hay una disparidad en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas que se

176 R. Yrigoyen Fajardo, et al. Centros de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos,
Bogotá, UNHCHR, 2001.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

manifiesta claramente en las deficiencias operacionales del sistema de justicia, particularmente en
la esfera de la justicia penal, y que explica en parte la generalizada falta de confianza que muestran
los pueblos indígenas respecto de sus sistemas nacionales de administración de justicia.

No obstante, no es exagerado afirmar que la “injusticia” del sistema de justicia no es más
que una expresión de una situación más generalizada de discriminación y exclusión social, que
sólo se resolverá si se respetan todos los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a
la libre determinación.

Si bien los Estados han mostrado voluntad política para abordar algunas de las cuestiones
clave, es mucho lo que todavía queda por hacer para que esa voluntad se traduzca en actuaciones
eficaces. A este respecto, el Relator Especial desea señalar a la atención de los Estados las
causas fundamentales de las violaciones de derechos humanos dentro del sistema de justicia,
y considera oportuno recomendar que, al abordar esos problemas, se respete el principio de la
consulta a los pueblos indígenas y de la participación de éstos al examinar los cambios que deban
introducirse en los sistemas jurídicos y judiciales que los afecten directa o indirectamente.

Rodolfo Stavenhagen

IV. Cuarto informe: La educación indígena (2005)
Siendo la educación un tema crítico para el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos
indígenas este capítulo se centra en los obstáculos, disparidades y retos a los que se enfrentan los
pueblos indígenas en cuanto al acceso y la calidad de los sistemas de educación, y la adecuación
cultural de los enfoques educativos. Además contiene ejemplos de buenas prácticas e iniciativas
para dar solución a los problemas educativos de los pueblos indígenas en varios países.

El Relator recomienda a los Gobiernos que den alta prioridad a los objetivos y principios
de la educación indígena y que doten a las agencias e instituciones públicas y privadas dedicadas
a promover la educación indígena de los medios materiales, institucionales e intelectuales
suficientes; les invita a preparar programas, en estrecha colaboración con las comunidades
indígenas, para la capacitación de un número adecuado de maestros en educación bilingüe e
intercultural durante el segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo e
invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y a la cooperación internacional en general a unirse a este esfuerzo. También recomienda que se
amplíen y consoliden las universidades indígenas, así como la aplicación del contenido académico
sobre pueblos indígenas (su historia, filosofía, cultura, artes, modos de vida etc.) en la educación
nacional en todos sus niveles, con un enfoque antirracista, multicultural y de respeto a la pluralidad
cultural y étnica, en especial a la igualdad de género.

El Relator Especial hace un llamado para que se preste atención especial a la relación
entre los pueblos indígenas y el medio ambiente y que se promueva la investigación científica
participativa en este campo (con especial atención a los entornos ambientales vulnerables como el
Ártico, los bosques boreales, las selvas tropicales, la alta montaña etc.). Recomienda también que
en el marco de la consolidación de las distintas modalidades de la educación indígena se fortalezca
la educación física, la educación especial para indígenas en el sistema de justicia criminal, la
educación para niñas y mujeres indígenas en todos los ámbitos, la educación a distancia, la
educación de adultos y la educación continua. A las universidades y centros de investigación
se recomienda que amplíen su participación en la elaboración de currícula multidisciplinarias
especiales para la educación indígena.

Finalmente recomienda que los medios de comunicación masiva incluyan regularmente en
su programación contenidos referidos a los pueblos y culturas indígenas, en un marco respetuoso
de los principios de tolerancia, equidad y no discriminación ya establecidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, y que los pueblos y comunidades indígenas tengan el
derecho de acceder por su cuenta a estos medios de comunicación masiva, como son radio,
televisión, internet, etc.

El Relator Especial se complace ahora en presentar a la Comisión su cuarto informe
temático anual, de conformidad con la resolución 2004/62,177 que se centra en las dificultades que
encuentran los pueblos indígenas en los sistemas de educación, entre otros en materia de acceso
y equidad. El presente informe también aborda otras cuestiones clave como la necesidad de una
educación adecuada culturalmente para los pueblos indígenas y los desafíos que se presentan en
la educación superior.

177 Documento de Naciones Unidas: E/CN.4/2005/88

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Atendiendo al pedido específico de la Comisión, el Relator Especial continúa prestando
atención a la situación de las mujeres indígenas y se ha reunido específicamente con mujeres
indígenas en sus visitas a las comunidades y los pueblos, con el objeto de escuchar sus voces,
necesidades y reclamos. Especial preocupación causa la situación de los niños y niñas indígenas
que en algunos países continúa siendo dramática, como en los casos de reclutamiento forzoso de
infantes y adolescentes indígenas en zonas de conflicto armado, la extensa práctica del trabajo
infantil entre la niñez indígena como respuesta a la pobreza y la extrema pobreza, las dificultades de
acceso a la educación, en particular para las niñas indígenas, la falta de una educación adecuada a
sus culturas y tradiciones, y la alta vulnerabilidad que presentan sobre todo las jóvenes indígenas
en el marco de la trata de personas.

Al terminar el primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, fue
preciso constatar que infelizmente los Estados miembros de la Comisión y los pueblos indígenas
no habían logrado un consenso para adoptar la declaración de los derechos de los pueblos
indígenas. Dadas las elevadas expectativas que despertó el borrador de esta declaración hace
diez años, cuando fue presentada por la Subcomisión, sería lamentable no lograr dicho consenso
en torno a la Declaración al inicio del segundo Decenio, por lo que el Relator Especial hace un
llamado a los Estados miembros de la Comisión para que, en consulta con los pueblos indígenas,
redoblen esfuerzos, basados en una voluntad política declarada, con el objeto de encontrar una
solución satisfactoria a este impasse en beneficio de la consolidación y ampliación de los derechos
humanos.

1. Los pueblos indígenas y la educación: desafíos en el campo de los derechos humanos
La educación es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia
los ideales de paz, libertad y justicia social, que está al servicio de un desarrollo humano más
armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones y las guerras. El derecho a la educación se revela clave para millones de indígenas en
todo el mundo, no sólo como un medio para salir de la exclusión y la discriminación que han sufrido
históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus culturas, idiomas,
tradiciones y conocimientos.178

Los sistemas de educación formal que ha impartido históricamente el Estado o las
corporaciones religiosas o privadas han sido un arma de dos filos para los pueblos indígenas.
Por una parte, han significado con frecuencia la posibilidad para los niños y las niñas, así como
los jóvenes indígenas, de adquirir conocimientos y capacidades que les permiten progresar en la
vida y de relacionarse con el mundo más amplio. Por otra parte, la educación formal, sobre todo
cuando sus programas, currícula y métodos provienen de sociedades distintas y ajenas a las
culturas indígenas, ha sido también un mecanismo para la transformación impuesta y a veces la
destrucción de las culturas indígenas.

178 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la UNESCO organizaron un seminario de
expertos sobre los pueblos indígenas y la educación cuyas aportaciones fueron de suma utilidad para preparar el presente informe. Las conclusiones
y recomendaciones del seminario se encuentran en E/CN.4/2005/88/Add.4. En particular el Relator Especial agradece a Linda King, Jefa de Sección
de la División sobre Paz y Educación en Derechos Humanos de la UNESCO, al equipo sobre Cuestiones Indígenas y Minorías de la ACNUDH y a la
Escuela Europea de Estudios Avanzados sobre Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Pavía (Italia) por el apoyo recibido para el cumplimiento
del mandato.

98

Rodolfo Stavenhagen

La ambigüedad de la educación en comunidades indígenas sigue creando tensiones y
conflictos en la actualidad. Esta situación nos conduce a la necesidad de dar respuesta a qué,
exactamente, debe entenderse por educación indígena y cómo ha de interpretarse el derecho
humano a la educación en el contexto contemporáneo de las sociedades indígenas.

Derecho a la educación y pueblos indígenas: marco jurídico internacional y
desarrollo conceptual

El derecho a la educación es reconocido en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Particularmente
relevante es el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que en
los Estados en que existan, entre otras, personas de origen indígena, no se negará a un niño que
pertenezca a tales comunidades el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su
propio idioma. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural establece que la
defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la
persona humana y que supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los
pueblos autóctonos.

Se señala con frecuencia la importancia del derecho a la educación para el disfrute total
de los demás derechos humanos. La Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, reunida en
1996 en Barcelona, España, bajo el patrocinio de la UNESCO, adoptó la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos Preliminares que afirma, entre otros, el derecho personal a ser reconocido
como miembro de una comunidad lingüística; al uso de la lengua en privado y en público; al uso
del propio nombre; así como los derechos colectivos de los grupos lingüísticos a la enseñanza de
la propia lengua y cultura. Estos y otros derechos son cruciales para el disfrute completo por parte
de los pueblos indígenas del derecho a la educación. El borrador de la declaración de los derechos
de los pueblos indígenas que está siendo considerado por el Grupo de Trabajo de la Comisión
propone en su artículo15 el reconocimiento del derecho de todos los niños indígenas a recibir
educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje. El artículo16 del borrador establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que la
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente
reflejadas en todas las formas de educación e información pública. Ambos artículos son de extrema
actualidad en el proceso de protección del derecho a la educación. El Relator Especial considera
que estos artículos son claves y deberían adoptarse sin modificación alguna al tiempo que hace un
llamamiento para la pronta adopción de esta declaración.179

En años recientes, numerosos Estados han adoptado legislación en materia de derechos
indígenas que incluye generalmente el derecho a la educación y particularmente el derecho de los

179 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de
2007.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

indígenas a recibir educación en su propia lengua en el marco del reconocimiento y respeto a sus
culturas. Sin embargo, la información y documentación recabada indica que los principios y objetivos
declarados en los instrumentos internacionales señalados anteriormente y en las legislaciones
nacionales están aún lejos de alcanzarse. Los pueblos indígenas encuentran diversas dificultades
para gozar efectivamente su derecho a disfrutar de sus propias culturas en comunidad con otros
miembros del grupo y mantener el uso de sus lenguas. Es por ello que diversas organizaciones
indígenas califican el problema de la educación como uno de los temas fundamentales para el
pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Esta situación incluye varios elementos. En primer lugar es preciso señalar las dificultades
que tienen numerosos pueblos indígenas para acceder a los establecimientos escolares. En
segundo lugar, existen numerosos problemas en cuanto a la institucionalización de los servicios
educativos para indígenas. Pero más problemático aun es el hecho que durante un largo periodo
histórico la meta fundamental de la educación para indígenas proporcionada por el Estado u otras
instituciones era asimilar a los pueblos indígenas a la cultura dominante (“occidental” o “nacional”
según las circunstancias), una cultura extraña para ellos, con la consecuente desaparición o, en
el mejor caso, marginación de las culturas indígenas en el sistema educativo. En gran medida,
esta visión sigue prevaleciendo en el sistema educativo de algunos países, aún cuando exista
legislación que plantea objetivos distintos. Veremos algunos de estos temas en seguida.

Factores que dificultan el acceso de los indígenas a la educación:
discriminación y falta de acceso igualitario

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que tuvo lugar en Jomtien, Tailandia, en
1990, propuso como meta la educación primaria universal para todos los niños y niñas, y la
UNESCO ha retomado este propósito como uno de sus principales ejes de trabajo. Numerosos
países se adhirieron a este objetivo e iniciaron programas para hacerlo realidad. Las poblaciones
indígenas han sido indicadas con frecuencia como objeto privilegiado de tales políticas. Muchos
gobiernos se han comprometido a llevar la escuela a los pueblos y comunidades originarios y
a mejorar su desempeño. Diversos Estados han creado instituciones especiales dedicadas a
promover y ejecutar políticas educativas para los indígenas, ya sea en el marco de sus ministerios
de educación o de alguna instancia que se ocupa de los pueblos indígenas.

En diversos países se han logrado notables progresos en cuanto a la creciente asistencia
de niños y niñas indígenas a las escuelas. El Gobierno de Canadá, por ejemplo, proporciona fondos
a 119,000 niños de las Primeras Naciones para que asistan a las clases K-12 (clases impartidas
mediante asistencia informática) y a otros 26,000 jóvenes de Primeras Naciones e inuit que asisten
a instituciones de educación superior; sin embargo el Gobierno reconoce que aún existen grandes
desafíos a superar. En México el Gobierno atiende a 1,145,000 alumnos en 47 pueblos indígenas,
con 50,300 docentes en 19,000 centros educativos, en su programa de educación bilingüe e
intercultural, pero los resultados educativos de los indígenas se encuentran muy por debajo de la
población no indígena. En Chile los niveles de educación alcanzados por la población indígena son
significativamente menores que los observados en la población no indígena; los indígenas duplican
la proporción de personas sin educación formal (6.3% contra un 3.1%), así como la de personas
que sólo cuentan con estudios básicos incompletos (21.3% contra un 10.2%).

Rodolfo Stavenhagen

La meta que todos los niños y niñas indígenas puedan asistir y completar la escuela
primaria está aún lejos de lograrse universalmente. Esto se debe a varios factores. En primer
lugar, la dispersión o el aislamiento geográfico de numerosas pequeñas comunidades indígenas
rurales o nómadas, hace difícil llevarles los servicios educativos, y diversos estudios demuestran
que entre dicha población la presencia de estos servicios está por debajo del promedio nacional.
En numerosas instancias es también penoso para los niños y las niñas indígenas recorrer largas
distancias (con frecuencia a pie, en condiciones ambientales difíciles y sin medios de transporte
adecuados) para asistir regularmente a la escuela. Se informa de estas circunstancias en varios
países visitados. Por las mismas razones también es frecuente que las escuelas, cuando las hay,
se encuentran en condiciones físicas por debajo de la norma, el ausentismo entre los maestros
es grande, no llegan con regularidad los materiales didácticos necesarios y resulta especialmente
complicado contar con medios audiovisuales y otras tecnologías modernas (por ejemplo, cuando
no hay corriente eléctrica instalada). La oferta de servicios educativos para la niñez indígena está
por lo general muy por debajo de los mínimos recomendados en comparación con otros sectores
de la población.

Según información recibida, en algunas regiones de la India (Andra Pradesh, Bihar, Orissa,
Rajastan, Bengal) alrededor de 81,000 hogares carecen de acceso a servicios educativos. En una
zona tribal en Tripura, por ejemplo, muchas escuelas carecen de instalaciones físicas básicas
convirtiéndose durante la estación de lluvias en refugio nocturno para el ganado, de tal suerte
que las deficientes condiciones higiénicas de las escuelas afectan el rendimiento escolar de los
niños.180

En Ecuador y Bolivia algunos estudiantes indígenas se ven obligados a recorrer distancias
a pie por largas horas, atravesar ríos y utilizar canoas para poder acceder a escuelas que en
muchos casos carecen de agua entubada y potable. Según la Dirección Provincial de Educación de
Cotopaxi (Ecuador), en el año lectivo 2003, 526 niños del área rural se quedaron sin estudiar por
la lejanía de los planteles. En las escuelas oficiales en Ecuador el Gobierno maneja el Programa
de Alimentación Escolar para los niños indígenas, pero un estudio señala que más de 1.3 millones
de alumnos no reciben regularmente el desayuno y el almuerzo previstos en el programa. En
Colombia se informa que el nivel de enseñanza en los resguardos indígenas es exiguo por falta de
infraestructura escolar y docentes.

En la Federación de Rusia, las poblaciones indígenas del norte enfrentan limitaciones
para acceder a los establecimientos escolares por su dispersión geográfica, las grandes distancias
y la dificultad del transporte, así como el deterioro de la infraestructura escolar. Los problemas
económicos de estos pueblos conllevan a una serie de graves problemas sociales como desempleo,
altos niveles de alcoholismo, suicidio y mortalidad infantil, contexto que hace muy difícil identificar
la estrategia educativa más apropiada a las condiciones locales.

La documentación consultada demuestra también que los presupuestos públicos
destinados a la educación de la niñez indígena son generalmente inferiores a los de otros sectores
de la población, que los maestros de educación indígena tienden a recibir menor remuneración

180 Numerosos casos mencionados en este informe provienen de la documentación presentada en el Seminario de Expertos sobre Educación Indígena,
véase el informe E/CN.4/2005/88/Add.4. Véase también Linda King y Sabine Schielmann, El Reto de la Educación Indígena: Experiencias y Perspectivas,
UNESCO, 2004; así como Cultural Survival Quarterly, 2004.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

y estímulos que otros maestros, y que su nivel de preparación también se encuentra por debajo
de la media. A lo anterior puede agregarse el hecho que con frecuencia también los niños y las
niñas indígenas no asisten a la escuela con la misma regularidad que otros sectores aún cuando
tienen en principio la posibilidad de hacerlo. Algunas veces ello se debe al hecho que los niños
son requeridos por sus padres para labores en el campo o en la casa, especialmente en ciertas
épocas como la de la cosecha o el pastoreo de animales, por lo que su asistencia a la escuela
se ve interrumpida con alguna frecuencia. También se dan muchos casos en que las niñas no
asisten por prejuicios de género en la familia. La pobreza y la deficiente nutrición de los niños
indígenas constituyen otro factor que con frecuencia limita su asistencia a la escuela. Los datos
comparativos demuestran que las niñas indígenas están menos escolarizadas que los niños. Por
todo lo anterior se puede concluir que aún existen serios obstáculos al libre acceso de la niñez
indígena a las escuelas. El Relator Especial recomienda a los Estados miembros que redoblen sus
esfuerzos a corto plazo para mejorar el acceso de los niños y niñas indígenas a la educación.

Existen también evidencias de diversas formas de discriminación contra niños y niñas
indígenas en las escuelas, sobre todo cuando conviven con población no indígena, y especialmente
en centros urbanos donde inmigrantes indígenas recientes tienen condiciones de vida precarias.
Por no conocer bien el idioma de instrucción, se les relega en las clases y sus resultados escolares
tienden a ser bajos. Luego, con frecuencia, son clasificados de “niños problema,” lo que empeora
su situación. Si los maestros desconocen la cultura indígena no pueden comunicarse bien con los
alumnos indígenas, quienes desde el inicio se encuentran estigmatizados.

En Tailandia, por ejemplo, se informa que los servicios educativos son ofrecidos solamente
a los estudiantes que poseen ciudadanía tailandesa, excluyendo así a numerosos miembros de
minorías y pueblos indígenas inmigrantes, y que las lenguas indígenas no son utilizadas en las
escuelas. En este contexto, se dificulta el acceso de los pueblos indígenas a la educación, con sus
consecuencias para la vida social y económica. De igual forma en Japón el sistema educativo no
reconoce ni promueve la historia, lengua y cultura del grupo indígena ainu, habitantes originarios
de Hokkaido, aunque la ley reconoce la importancia de la cultura ainu en el patrimonio del país.

En América Latina hay 25 millones de mujeres indígenas, que componen el sector de
la población con menos oportunidades de acceso al trabajo, a la tierra, la educación, la salud
y la justicia. Desde temprana edad, las niñas dedican al menos cinco horas diarias a las áreas
domésticas y la mayor parte pisa la escuela por primera vez a los 10 años. En Guatemala informes
han señalado que las niñas indígenas finalizan 0.8 años de educación, comparado a los 1.8 años de
los niños indígenas, y niveles mayores para todos los niños no indígenas.

En Guatemala también se denuncia la discriminación que algunas veces sufren las niñas
y jovencitas indígenas por vestir el traje tradicional en la escuela, a pesar del Acuerdo 483 del
Ministerio de Educación que prohíbe tal práctica. En un informe a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en 2003, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala señala que no
existe un mecanismo de supervisión del cumplimiento de dicho Acuerdo.

En la comunidad maasai en Kenya, las niñas indígenas se encuentran en una situación de
transición entre la familia de sus padres y la familia de sus maridos. En este contexto, la necesidad
de educar a las niñas no viene valorada porque muchas familias no consideran ventajoso invertir

Rodolfo Stavenhagen

económicamente en la educación de la mujer si saben que la remuneración económica de dicha
inversión será aprovechada por la familia del marido. La mayoría de las familias prefieren que
las mujeres se mantengan en casa para que puedan llevar a cabos sus labores domésticas y
puedan cuidar de los niños y hermanos. Debido a estos deberes, las niñas no pueden dirigirse
a centros educativos que en la mayoría de los casos se encuentran a horas de distancia de las
comunidades.

La exclusión y la discriminación sufrida por las niñas indígenas tienen consecuencias
graves en la sociedad. La falta de acceso puede contribuir a altas tasas de mortalidad infantil
y maternal, de fertilidad y malnutrición, indicadores estrechamente relacionados con el nivel de
educación de las mujeres. A ello se agrega en algunos países africanos la práctica de la mutilación
genital femenina, que también penaliza a las niñas en edad escolar y que compromete gravemente
la realización de los principios y valores más fundamentales asociados con el derecho a la vida y
la dignidad humana.

Además de las desventajas relativas al acceso y la discriminación, la calidad de la
educación es otro aspecto fundamental que determina y afecta el cumplimiento del derecho a la
educación de los pueblos indígenas y que preocupa a las comunidades. En demasiadas ocasiones
el sistema educativo está diseñado para desarrollar conformidad a los ideales nacionales, sin
considerar las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.

Educación indígena de calidad y culturalmente apropiada

La principal forma de discriminación en materia de educación ha sido la tendencia de usar la escuela
como un instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo
cultural de la mayoría o de la sociedad dominante. El currículo de las escuelas generalmente está
diseñado para la niñez urbana y resulta poco relevante en el medio indígena. En efecto, durante
mucho tiempo y en muchos países el objetivo mismo de la educación indígena era de “civilizar” a
los niños indígenas enseñándoles la lengua, la cultura y los conocimientos del grupo dominante,
que después de los colonizadores fue el de la nacionalidad hegemónica. Para ello funcionaba la
educación impartida por el Estado, así como la que practicaban las diversas misiones religiosas.
Generaciones enteras de niños y niñas indígenas han pasado por estas escuelas, en las que sufrían
discriminación lingüística, religiosa y cultural.

No cabe duda que en buena medida esta educación ha sido exitosa, ya que al paso de los
años la sociedad mayoritaria o hegemónica logró asimilar a numerosos contingentes de población
indígena a través de las escuelas públicas o misioneras. Por otra parte, esta misma educación ha
servido para acelerar la transformación y eventualmente la desaparición de las culturas indígenas,
y con el tiempo también han ido desapareciendo muchísimas lenguas indígenas. En este contexto,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su comentario general N° 23 relativo
a pueblos indígenas, hace un llamado a los Estados para que aseguren que los miembros de
las poblaciones indígenas sean libres e iguales en dignidad y derechos, así como libres de
discriminación.

Particularmente notorio a este respecto han sido los internados para indígenas.
En numerosas instancias los internados juegan un papel importante para garantizar el acceso

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

y la asistencia constante de los estudiantes a un plantel escolar, además de proporcionar, en
su caso, alimentación y servicios de salud, sobre todo cuando la población vive dispersa y las
comunicaciones son difíciles. Pero por otra parte, en muchos lugares los internados han sido
instrumentos implacables para separar a generaciones enteras de estudiantes indígenas de sus
raíces culturales, y muchas veces de sus familias, dejando daños irreparables para la supervivencia
de las culturas y sociedades indígenas. Un caso particularmente dramático es el de los internados en
Canadá (Residential Schools), cuyo propósito fue, durante muchos años, de impedir la continuidad
de las culturas de las Primeras Naciones. En numerosos casos estas escuelas fueron también
escenario de abusos físicos, sexuales y psicológicos contra los estudiantes indígenas. El Gobierno
Federal de Canadá ha puesto en marcha un programa de resarcimiento de los daños ocasionados
con el propósito de reparar las injusticias cometidas.181

En Kenya, los internados para las niñas indígenas maasai, que no pueden llegar fácilmente
a las escuelas debido a la distancia y a la falta de recursos y de servicios de transporte eficientes,
han facilitado su acceso al sistema educativo. Estos internados se han convertido en un medio para
educar a las niñas no sólo con contenidos académicos regulares, sino también sobre la prevención
del SIDA que afecta significativamente el país, la defensa de sus derechos humanos frente a la
discriminación y la revaloración de su cultura.

En este contexto, la UNESCO enfatiza la necesidad de un currículo lingüísticamente y
culturalmente pertinente, en el cual la historia, los valores, las lenguas, las tradiciones orales y la
espiritualidad sean reconocidos, respetados y promovidos. Los pueblos indígenas reclaman ahora
un currículo escolar adaptado a las diferencias culturales, que incluya las lenguas indígenas y
considere el uso de metodologías pedagógicas alternativas. Lamentablemente en la mayoría de
los países del mundo la cultura indígena ha sido reflejada en documentos y materiales educativos
de forma inapropiada y despectiva, lo cual ha contribuido más a la discriminación y a su prejuicio
en la sociedad en general. Uno de los problemas principales de este fenómeno es la falta de
participación indígena en la planeación, programación y aplicación del currículo ofrecido, el cual
generalmente es establecido por autoridades centrales que no necesariamente consideran la
problemática indígena como una prioridad en sus agendas. Es importante que el contenido y la
metodología planeada en el programa educativo sean legitimados y aceptados por los miembros
de la comunidad.

Cada vez más, en la actualidad, los Estados adoptan políticas educativas acordes con
los derechos y las necesidades culturales de los pueblos indígenas. En numerosos países existen
programas especiales de educación indígena con miras a respetar las culturas indígenas, sus
idiomas, sus tradiciones, sus conocimientos, sus formas de vida. En primer lugar, se plantea
la necesidad de proporcionar la enseñanza en la lengua materna de los niños. La promoción y
promulgación de las lenguas indígenas son aspectos fundamentales para ofrecer una educación
culturalmente apropiada. El idioma se convierte en medio esencial para trasmitir la cultura, los
valores y la cosmovisión indígena. En segundo lugar, se reconoce la conveniencia de contextualizar
la enseñanza en la propia cultura local de la comunidad indígena. Pero al mismo tiempo estos
programas promueven la apertura de la comunidad hacia la sociedad nacional, por lo que se
introduce tempranamente el aprendizaje de la lengua regional o nacional, a través de un sistema
que se plantea como una educación bilingüe y al mismo tiempo intercultural.

181 Véase E/CN.4/2005/88/Add.3

104

Rodolfo Stavenhagen

Dada la diversidad de condiciones de existencia de los pueblos indígenas en el mundo,
la educación indígena no responde a un modelo único; su pedagogía tiene que adaptarse a las
circunstancias. Si bien existen ya numerosos ejemplos exitosos de educación intercultural bilingüe,
no todos los países en que hay poblaciones indígenas han adoptado esta modalidad educativa.
Además, aún cuando existe sobre el papel, su implementación, según numerosos estudios
realizados, deja mucho que desear y sus resultados prácticos no siempre resultan plenamente
satisfactorios.

En Guatemala, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995
compromete un amplio conjunto de medidas para recuperar y proteger los idiomas indígenas
y promover el desarrollo y la práctica de los mismos, así como la puesta en marcha de una
importante reforma del sistema educativo para consolidar la educación bilingüe e intercultural y
para garantizar el acceso de los indígenas a la educación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
realizados, no existe todavía un sistema global de educación intercultural y bilingüe que se exprese
en planes de estudio adaptados a la lengua y a las necesidades, valores y sistemas propios de
los pueblos indígenas y que llegue efectivamente a las escuelas en las pequeñas localidades.
Persiste en la práctica un modelo de educación en castellano. Es importante destacar que la
inclusión de la lengua indígena en el currículo no ha sido suficiente para cerrar la brecha existente
entre el rendimiento educativo indígena y el rendimiento escolar entre la población no indígena.
Aun existen dificultades significativas en la normalización ortográfica de las lenguas indígenas,
la enseñanza de la lengua indígena como lengua materna, así como en la metodología para la
enseñanza de segundas lenguas.

Un serio problema es la falta de maestros indígenas bilingües bien capacitados. Pocos
son los países que han dado a la capacitación de maestros indígenas bilingües la prioridad que
merece. Los docentes formados en las escuelas tradicionales para maestros saben poco o nada
de las culturas indígenas y generalmente no hablan ninguna lengua autóctona. Incluso los jóvenes
indígenas que se forman en escuelas tradicionales para maestros pronto aprenden a menospreciar
su propia cultura y adoptan el modelo pedagógico asimilacionista oficial. Para fortalecer la
enseñanza intercultural bilingüe es preciso comenzar por la formación de los maestros que la
llevarán a cabo. Esto requiere con frecuencia superar resistencias institucionales, promover un
cambio de actitud entre los funcionarios de los ministerios y departamentos de educación y en las
asociaciones y sindicatos de maestros del sistema educativo formal.

Otro problema es la falta de materiales didácticos adecuados para la educación
intercultural y las metodologías pedagógicas. La educación intercultural bilingüe sólo puede tener
éxito si las escuelas disponen de libros de texto, material auxiliar didáctico, elementos audiovisuales
etc. en las propias lenguas indígenas adecuados al contexto cultural indígena. La preparación de
estos materiales no se puede improvisar, es tarea de equipos multidisciplinarios durante varios
años. Los países pobres no han podido ofrecerse el lujo de llevar a buen término este propósito,
aunque varios lo han emprendido. Es sobre todo en algunos países más ricos que se han logrado
avances significativos en la materia. Los problemas pedagógicos son múltiples y no han sido
aún resueltos. Cada vez más, las comunidades indígenas asumen la responsabilidad de generar
sus propias pedagogías y manejar sus propias escuelas. El derecho a la educación sólo podrá
alcanzarse plenamente si se logran superar estos escollos. La educación indígena intercultural
bilingüe comienza a generalizarse en los primeros niveles de la escuela primaria, después tiende a

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

extenderse a toda la educación básica y ahora ya se habla en algunos países del establecimiento de
instituciones de educación superior diseñadas para responder a las necesidades y circunstancias
culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.

Durante el periodo colonial, la educación en Groenlandia estuvo muy limitada. A raíz del
autogobierno, establecido en 1979, los indígenas comenzaron a demandar una educación más
eficiente y apropiada que combinara la cultura local con la integración a la sociedad mundial.
En 2002 el Parlamento estableció el programa Atuarfitsialak, una amplia reforma educativa que
responde a estas necesidades y que está en pleno desarrollo. La Red de Conocimientos Indígenas
de Alaska (Alaska Native Knowledge Network) procura desarrollar un currículo escolar basado
en el conocimiento aborigen. El distrito escolar de Kativik en Nunavut desarrolla un programa
innovador de educación bilingüe en inuttitut, inglés y/o francés, combinando el conocimiento local
con la preparación de los alumnos para la vida moderna.

Desde los años sesenta, la Secretaría de Educación Pública en México inició un programa
de educación indígena en las escuelas primarias oficiales, que llegó a contar con varios miles
de profesores bilingües. Fue diseñada una pedagogía con contenidos y métodos adecuados a
las culturas indígenas y se produjeron cartillas en la mayoría de las lenguas indígenas, pero la
capacitación de los maestros bilingües ha sido insuficiente. El programa de hecho nunca recibió
de las autoridades educativas el apoyo y los recursos necesarios para transformarse en una
verdadera opción educativa para los niños y las niñas indígenas. A pesar de las acciones llevadas
a cabo, el 25% de la población indígena mayor de 15 años es analfabeta y las mujeres lo son en
mayor proporción que los hombres. El 39% de la población indígena entre 5 y 24 años no asiste a
la escuela. En el país ya se han creado tres universidades indígenas y el Instituto Nacional de las
Lenguas Indígenas.

Las tribus indígenas de Tripura, India, se organizaron durante muchos años para lograr el
uso del idioma kokborok en sus escuelas primarias, en donde antes solamente se enseñaba el inglés

o el bengalí. Pero la deserción escolar es alta en el nivel de enseñanza secundaria, en donde aun
no ha penetrado el uso del kokborok como lengua de instrucción. Además, sus hablantes desean
usar la escritura latina para facilitar el tránsito a la educación superior, pero en la región impera
la escritura bengalí; esto ha generado protestas y tensiones sociales. En Ladakh, en el norte de la
India, el Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) ha logrado cambiar
radicalmente el sistema educativo asimilacionista tradicional, y con el apoyo de las autoridades
educativas del distrito obtuvieron notables éxitos en recuperar el uso de su idioma autóctono
(hablado por un cuarto de millón de personas) en la escuela y crear un sistema educativo local
integrado a la comunidad que responde a las necesidades de su pueblo.
En Nueva Zelanda, desde 1982 se empezó a utilizar el idioma maori en la educación
preescolar, iniciativa que posteriormente se extendió a la educación primaria, secundaria y
superior, pero sólo fue en 1987 que la lengua maori fue declarada un idioma oficial del país. A
pesar de estos logros, las estadísticas en relación a los estudiantes maori todavía revelan una gran
brecha entre estos y el resto de la población. La reforma educativa de 1997 en Noruega incluye
una directriz para el currículo en las escuelas sami de seis municipios, y se aplica a unos 1,500
alumnos que reciben instrucción en ese idioma. El objetivo del programa es enseñar los valores y
el conocimiento tradicional de la cultura sami.

Rodolfo Stavenhagen

Esfuerzos significativos para promover las lenguas indígenas en el sistema educativo se
realizan en Sudáfrica y en Namibia. En la provincia de Northern Cape el Departamento de Educación
está preparando material didáctico para las escuelas primarias en las comunidades indígenas san
y nama. Se reconoce la necesidad de promover el multilingüismo y también de alfabetizar a los
adultos, como parte de la política oficial de reconocimiento de los pueblos indígenas en Sudáfrica.
Se han preparado diccionarios en algunas lenguas locales y el Departamento de Educación ha
producido material de apoyo para las escuelas. La utilización de las lenguas san es promovida
también en Botswana, por lo que se ha creado una red de intercambio de materiales y estrategias
educativas en la región. Los ifugao en la Cordillera del Norte de Filipinas están intentando reformar
la educación formal proporcionada por el Estado desde la época colonial norteamericana, para
incluir los sistemas indígenas del conocimiento en las prácticas escolares y de esta manera lograr
un mayor empoderamiento del pueblo indígena y un auténtico desarrollo cultural.

En todos los países visitados, las comunidades y organizaciones indígenas se han
quejado de la insuficiencia del esfuerzo educativo realizado por las autoridades en su beneficio.
La educación para los pueblos indígenas parece ser el “patito feo” de los programas nacionales
de educación y recibe generalmente baja prioridad y presupuestos insuficientes a nivel nacional.
Este tipo de quejas fueron escuchadas en Filipinas, Guatemala, México, Chile, Colombia, Ecuador,
Canadá, Nueva Zelanda, Kenya y Sudáfrica, así como en Nepal y Camboya. Además se han recibido
informes y documentación de otros muchos países en los cuales existe una situación semejante.

La educación no sólo se imparte en los salones de clase. Los medios audiovisuales
son cada vez más importantes y con la llegada de las telecomunicaciones a las comunidades
indígenas (especialmente la televisión y el internet) se abren vastas posibilidades de educación a
distancia que ya están siendo exploradas en distintas partes, sobre todo al nivel de la enseñanza
media y superior. Es el caso de los servicios prestados por la Universidad de Athabasca a diversos
centros educativos indígenas en el oeste de Canadá. Pero los mismos problemas ya señalados
que retrasan la expansión de la educación intercultural bilingüe se agudizan en el ámbito de
las telecomunicaciones: falta de maestros capacitados, insuficiencia de materiales didácticos,
metodología pedagógica en estado incipiente, etc. En algunos países ha hecho considerables
progresos el uso de las radios comunitarias para fines educativos y culturales; en otros, estos
esfuerzos chocan con legislación que privilegia los intereses comerciales de las empresas y pone
obstáculos a las transmisiones para fines educativos. Con el apoyo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en México se procuran modificar las leyes para ampliar
las posibilidades de acción de una amplia red de radios comunitarias que operan en las zonas
indígenas, pero éstas se enfrentan a los intereses comerciales de las radiotransmisoras privadas.

Frente a los estragos que hiciera en alguna época la imposición de modelos rígidos
de asimilación educativa, lingüística y cultural en comunidades indígenas, algunos pueblos
están intentando recuperar formas tradicionales, comunitarias de educación no formal. Para ello
echan mano de la sabiduría y los conocimientos de los ancianos y las ancianas, que ahora son
nuevamente apreciados después de haber sido menospreciados por los educadores formales. Se
conocen numerosos casos interesantes y exitosos entre los maori de Aotearoa, Nueva Zelanda;
diversas Primeras Naciones en Canadá; los sami en los países nórdicos; los mapuche en Chile; los
kichua en Ecuador; los maasai en Kenya; en Ratanakiri en Cambodia; entre los sungai en Malasia,
los chakma en India y otros más. A veces estas experiencias son incorporadas en los proyectos

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

educativos más estructurados; en otras ocasiones se llevan a cabo al margen de la educación
formal. Pero en todos los casos contribuyen a rescatar el conocimiento de la cultura aborigen, a
fortalecer el orgullo y la identidad cultural de los jóvenes, a consolidar los vínculos con la tierra y el
medio ambiente y a ofrecer visiones alternativas del futuro para la juventud indígena.

El multilingüismo y la interculturalidad no son cotos cerrados de las comunidades
indígenas. Por el contrario, sólo podrán tener éxito si también se logra modificar la mentalidad
dominante en las sociedades nacionales. Como señala la Declaración de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural, las sociedades contemporáneas deben reconocerse como multiculturales en
más de un sentido, ya que junto con los pueblos indígenas también existen minorías nacionales
y étnicas, inmigrantes culturalmente diferenciados y otros grupos que reclaman el derecho de
ejercer su identidad cultural. Por lo general los pueblos indígenas son prácticamente desconocidos
en los sistemas educativos formales de la población no indígena urbana y rural. Aún más, son con
frecuencia menospreciados y discriminados en los textos de historia, geografía, literatura, arte y
estudios sociales, y por los propios docentes. La verdadera educación intercultural debe aplicarse
también en los sistemas educativos a nivel nacional, porque solamente así podrán ser reconocidos
plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Participación activa, educación superior y establecimiento de sistemas
educativos propios

Para hacer realidad el respeto a la diversidad cultural, tal como lo sugiere la UNESCO, y para
reformar los sistemas educativos con el objeto de reorientar la educación hacia el pleno respeto
de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos culturales y lingüísticos, es preciso que
los pueblos indígenas puedan reconocerse a sí mismos en estos esfuerzos. Para ello se requiere
que puedan participar libremente en todas las etapas de planeación, diseño, implementación y
evaluación de estas reformas. Hasta ahora, una de las deficiencias en los sistemas de educación
que no responden a las necesidades de los pueblos indígenas es la falta de participación de éstos
desde el origen en el diseño de los programas y políticas de educación. La participación debe
involucrar a los padres de familia, a los representantes legítimos de las comunidades indígenas, así
como a los maestros, administradores y empleados indígenas de los establecimientos escolares y
miembros de la burocracia educativa. Los planes y programas educativos no deben ser diseñados
en lejanas oficinas técnicas sin contacto directo con las comunidades indígenas. Por ejemplo, en
Canadá, las Primeras Naciones y los inuit tienen la posibilidad de establecer sus propios programas
de educación y tienen el control de los establecimientos de educación primaria y secundaria
gracias al creciente apoyo del Gobierno a las iniciativas locales y comunitarias. El Arctic College
en Nunavut prepara a los estudiantes inuit en ciertas especialidades y aspira a transformarse en
una auténtica universidad inuit. El Gobierno de Canadá ha anunciado el establecimiento de un
Centro Nacional de Lenguas y Culturas Aborígenes para promover los idiomas indígenas y ha
apoyado la creación de la Universidad de las Primeras Naciones.

Los problemas específicos que enfrentan los pueblos indígenas generan la necesidad de
llevar a cabo programas educativos especiales. Por ejemplo, debido a la sobre-representación de
los jóvenes indígenas en el sistema de justicia penal (véase el capítulo anterior) sería conveniente
organizar programas educativos especiales de rehabilitación para indígenas presos y liberados.

Rodolfo Stavenhagen

También se requiere el establecimiento de programas especiales para las jóvenes y mujeres
indígenas que por diversas circunstancias se encuentran involucradas en el ambiente del tráfico
de mujeres, los servicios sexuales, la drogadicción y el alcoholismo. En este tipo de programas
de rehabilitación y prevención, que ya se llevan a cabo en diversos países, el papel de la cultura
indígena tradicional, así como la participación de los ancianos respetados, puede resultar esencial.
La importancia de promover la educación física y los deportes entre los jóvenes indígenas ha sido
señalada en distintas ocasiones. Además de contribuir al pleno desarrollo físico y psicológico de
los estudiantes, la educación deportiva tiene importantes funciones sociales y culturales que son
especialmente relevantes para jóvenes indígenas que se encuentran en estadios de transición
social, y que con frecuencia acusan síntomas de inestabilidad emocional vinculada a la ambigüedad
cultural en la que viven. De allí que la promoción de la educación física y los deportes deberá ser
considerada un elemento central de la educación indígena.

Si bien los principales problemas vinculados a la educación indígena intercultural y bilingüe
se concentran ahora en los niveles primario y secundario, desde hace algunos años se han dado
también importantes avances en el nivel de la educación superior. Por las razones ya expuestas
anteriormente, el acceso de los indígenas a las universidades ha sido característicamente difícil,
debido a factores como la lejanía geográfica, el costo, los prejuicios culturales, y el reducido número
de estudiantes indígenas que logran completar los ciclos escolares pre-universitarios. Cuando por
fin logran obtener un grado universitario, la mayoría de los indígenas solían quedarse en los medios
urbanos, buscar trabajo en la economía moderna y adaptarse a los modos de vida de una cultura
distinta a la suya, con la consecuente pérdida para sus comunidades y pueblos de origen.

Desde hace unas dos décadas, se fueron estableciendo en diversas universidades, sobre
todo en los países ricos, centros o departamentos de estudios especializados en temas vinculados
con los pueblos indígenas. En América del Norte florecieron los “native studies centers”. Mediante
medidas de acción afirmativa (becas, subsidios, lugares reservados, etc.) se logró incrementar el
número de estudiantes indígenas en algunas universidades. Luego fueron surgiendo los currículos
especializados en temas indígenas. Una experiencia interesante es la que desarrolla la Universidad
de California en Los Angeles, que ha creado el Tribal Learning Community and Educational Exchange
(TLCEE) para ayudar a generar un currículo basado tanto en el conocimiento académico occidental
como en el conocimiento tribal.

Finalmente ha surgido la demanda de los pueblos indígenas por la creación de
universidades indígenas en regiones indígenas con programas propios, para los pueblos indígenas.
Existe ya un número creciente de estos centros de educación superior en distintas partes del mundo:
en Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, los países nórdicos, Ecuador, Nicaragua, México,
etc. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) es
la primera universidad indígena en Centroamérica, creada a principios de los años noventa. Su
enfoque es pluriétnico y su objetivo es promover y fortalecer la educación continua para la gente
de la Costa Atlántica. Ha jugado un papel central en el desarrollo del Programa de Educación
Bilingüe Intercultural (PEBI) para los indígenas de la zona. Cada uno de los centros responde a una
situación distinta y su estructura, contenidos académicos, administración, planta de maestros,
metodología pedagógica, etc. son también distintos. A pesar de las diferencias, les anima un ideal
común, el de lograr una educación de alto nivel que corresponda a las necesidades actuales de los
pueblos indígenas, vincular estrechamente la universidad a las comunidades indígenas y formar

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

una élite profesional e intelectual indígena que sirva al desarrollo de sus pueblos y pueda vincular
a estos con la dinámica del mundo moderno globalizado. En la medida en que estos ideales se
alcancen en estas universidades, se habrá logrado plenamente el derecho a la educación. Cabe
mencionar que estos esfuerzos se llevan a cabo en el contexto del Decenio Internacional para la
Educación en Derechos Humanos, en el cual la educación en herechos humanos de los pueblos
indígenas ha jugado un papel especialmente importante.

La labor de las Naciones Unidas y otras instancias a favor de la educación
indígena

Varias agencias de las Naciones Unidas trabajan en apoyo de la educación de los pueblos indígenas.
UNICEF informa que participa en diversos proyectos de educación intercultural bilingüe en varias
partes del mundo. En Bolivia, por ejemplo, presta apoyo a cuatro consejos de educación indígena
que asesoran al Gobierno en la materia, y en Brasil ha colaborado con un consejo indígena del pueblo
guaraní. También ha contribuido a la realización de un estudio sobre las necesidades educativas de
comunidades nómadas en Tanzania. Como se ha visto en párrafos anteriores, diversos obstáculos
impiden a veces el acceso de los niños a la escuela. UNICEF promueve en Venezuela el registro
civil de todos los niños, lo que luego facilita su ingreso a los establecimientos escolares, mientras
que en México apoya la construcción de adecuada infraestructura escolar en algunas zonas
indígenas. También presta su apoyo a programas educativos bilingües e interculturales en, entre
otros, Bolivia, Brasil, Guyana y Namibia.

En seguimiento del Convenio N° 169 que contiene diversos artículos referidos a
cuestiones educativas y culturales de los pueblos indígenas, la OIT desarrolla varias actividades
en este campo, especialmente vinculadas al tema de la eliminación del trabajo infantil. Entre ellas
cabe señalar un programa de capacitación de maestros indígenas en la región fronteriza entre
Bolivia y Chile, otro en Yunan (China) en torno a la problemática del tráfico de niñas pertenecientes
a minorías étnicas. En varios otros países la OIT ha realizado estudios sobre las modalidades del
trabajo infantil entre los pueblos indígenas (por ejemplo en India, el Sudan, la región africana de
los lagos, los países andinos) y sus implicaciones para la educación, salud y bienestar de los
indígenas. En México, por ejemplo, se encontró que el ingreso proveniente del trabajo de niños
indígenas migrantes puede llegar a representar hasta la tercera parte del ingreso familiar, lo cual
constituye una barrera prohibitiva a la educación.

La UNESCO está apoyando diversas iniciativas como el proyecto de Educación Bilingüe
e Intercultural Maya para las Escuelas Primarias, implementado en Guatemala. Los componentes
principales del proyecto son: el aprendizaje de dos lenguas (lengua materna y lengua dominante),
aprendizaje de dos sistemas matemáticos (sistema matemático vigesimal maya y sistema
matemático decimal occidental), el aprendizaje y la experimentación de sistemas de valores
complementarios (valores mayas y valores universales), la enseñanza de expresiones artísticas
mayas y de diferentes culturas, y por último la identificación, análisis e interpretación del mundo
basado en la cultura indígena maya y el conocimiento universalmente acumulado por la humanidad.
El Banco Mundial continúa desarrollando una directriz operativa para el financiamiento de proyectos
que afecten a los pueblos indígenas. Entretanto, ha seguido aportando recursos a diversos proyectos
nacionales en apoyo a la educación básica, sobre todo en zonas rurales, cuyos beneficiarios pueden
ser en algunos casos las comunidades indígenas (por ejemplo en la India y Bangladesh).

Rodolfo Stavenhagen

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se ha ocupado de la educación indígena
en sus tres periodos de sesiones. En su tercer periodo de sesiones, en 2004, el Foro Permanente
reconoció que la educación es un medio efectivo para proteger las tradiciones culturales
de los pueblos indígenas, así como el papel fundamental de la enseñanza en lengua materna.
Asimismo, recomendó a los Estados Miembros que adopten e implementen políticas nacionales
de educación indígena con la participación de los padres y miembros de la comunidad, así como
de los propios estudiantes; que se incremente el número de personas indígenas empleadas en los
sistemas educativos a todos los niveles; que los conocimientos indígenas en toda su variedad
sean incorporados al currículo escolar en los niveles primario y secundario, que sean capacitadas
las personas indígenas para manejar sus propios sistemas educativos y para participar en los
procesos de toma de decisiones. El Relator Especial concuerda con, y hace suyas, las conclusiones
y recomendaciones del Foro Permanente.

Numerosas organizaciones no gubernamentales informan de proyectos en apoyo a la
educación intercultural bilingüe, la capacitación de maestros, la preparación de textos didácticos
para la educación indígena, la promoción de la educación pre-primaria, el fortalecimiento de
las actividades de organizaciones locales dedicadas a la promoción de la educación indígena,
contribuciones a la infraestructura escolar tan necesaria en regiones indígenas, así como el
fomento de formas no formales de educación, el uso de los medios audiovisuales y electrónicos
y la educación a distancia. Se informa de proyectos piloto y experiencias exitosas en lugares tan
diversos como Tailandia, Perú, Estados Unidos, Federación de Rusia, Malasia, India, Guatemala,
México, Camboya, Brasil y Aotearoa, Nueva Zelanda. La Conferencia Mundial de la Educación
para los Pueblos Indígenas, una red internacional de educadores indígenas, ha realizado ya seis
congresos mundiales.

2. Conclusiones y recomendaciones
En las observaciones y análisis que anteceden se han expuesto algunos de los problemas
principales que encuentran los pueblos indígenas para el pleno disfrute del derecho a la educación,
poniendo de manifiesto áreas en las que se necesita una intervención rápida y eficaz para poder
asegurar el disfrute de tal derecho. Siendo el derecho a la educación universalmente reconocido,
los pueblos indígenas aún no lo disfrutan en su plenitud. El grado de analfabetismo, de bajos niveles
educativos y de baja asistencia a centros escolares, sobre todo a nivel medio y superior, tiende
a ser más elevado entre los pueblos indígenas que en el resto de la población. Si bien algunos
países hacen esfuerzos importantes para mejorar el nivel educativo entre los pueblos indígenas,
subsisten numerosos obstáculos al acceso de éstos a la educación. La dispersión demográfica
y la falta de medios adecuados de transporte dificultan con frecuencia el acceso de los niños a
las pocas escuelas en zonas indígenas. Factores económicos, sociales y culturales dificultan en
ocasiones la participación de los niños en las labores educativas. Las escuelas en zonas indígenas
generalmente tienen inadecuadas condiciones físicas y materiales, así como insuficientes recursos
presupuestarios y didácticos. Persisten formas de discriminación contra la educación indígena en
los sistemas de administración educativa en numerosos países.

El principal obstáculo al pleno goce del derecho a la educación han sido los modelos
de asimilación y la ignorancia o el menosprecio de los idiomas y las culturas indígenas en los
sistemas educativos. Desde hace algunos años esta situación ha comenzado a cambiar, y en la

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

actualidad en numerosos países se reconoce oficialmente a las culturas indígenas y se acepta la
necesidad de una educación bilingüe e intercultural. Los pueblos indígenas reclaman el derecho
a una educación en su propia lengua y adecuada a su propia cultura. La educación bilingüe
intercultural enfrenta numerosos problemas, desde la insuficiencia y poca capacitación de los
maestros bilingües a las dificultades de elaborar adecuados materiales didácticos y métodos
pedagógicos, a la necesidad de involucrar a las comunidades indígenas en el diseño y el manejo
de sus propios centros educativos a todos los niveles. En la actualidad se avanza en este camino
en muchos países, desde la educación pre-primaria hasta la educación superior, con resultados
mixtos todavía. Existe una tendencia hacia la educación continua como alternativa en la educación
indígena. La educación indígena, adecuada a las culturas y valores de los pueblos indígenas, es la
mejor forma para garantizar el derecho a la educación, y no implica cerrarse al mundo exterior y
a los desafíos de la sociedad nacional y la economía global, sino por el contrario es vista por las
propias comunidades indígenas como un instrumento necesario para el pleno desarrollo personal,
social y cultural de los pueblos aborígenes.

El Relator Especial recomienda a los Gobiernos dar alta prioridad a los objetivos y
principios de la educación indígena y dotar a las agencias e instituciones públicas y privadas
dedicadas a promover la educación indígena de los medios materiales, institucionales e intelectuales
suficientes; también invita a los Gobiernos a preparar programas, en estrecha colaboración con las
comunidades indígenas, para la capacitación de un número adecuado de maestros en educación
bilingüe e intercultural durante el segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo. Ello implicará fomentar el reclutamiento y los servicios necesarios de los candidatos
indígenas, programas de estímulos y becas, y la multiplicación de los centros educativos y de
investigación requeridos. Es importante que la UNESCO y la cooperación internacional se unan
a este esfuerzo. También se recomienda a las universidades y centros de investigación ampliar
su participación en la elaboración de currícula multidisciplinarias especiales para la educación
indígena y que se amplíen y consoliden las universidades indígenas.

Se recomienda ampliar el contenido académico sobre pueblos indígenas (su historia,
filosofía, cultura, artes, modos de vida, etc.) en la educación nacional en todos sus niveles, con
un enfoque antirracista, multicultural, de respeto a la pluralidad cultural y étnica, y en especial a la
igualdad de género, así como prestar atención especial a la relación entre los pueblos indígenas y
el medio ambiente y promover la investigación científica participativa en este campo (con especial
atención a los entornos ambientales vulnerables como el Ártico, los bosques boreales, las selvas
tropicales, la alta montaña, etc.) Asimismo, se recomienda que los medios de comunicación
masiva incluyan regularmente en su programación contenidos referidos a los pueblos y culturas
indígenas, en un marco respetuoso a los principios de tolerancia, equidad y no discriminación
ya establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que los pueblos y
comunidades indígenas tengan el derecho de acceder por su cuenta a estos medios de comunicación
masiva, como son radio, televisión, internet, etc. En el marco de la consolidación de las distintas
modalidades de la educación indígena debe fortalecerse la educación física, la educación especial
para indígenas en el sistema de justicia criminal, la educación para niñas y mujeres indígenas en
todos los ámbitos, la educación a distancia, la educación de adultos y la educación continua.

Rodolfo Stavenhagen

V. Quinto informe: La brecha de la implementación (2006)
Este capítulo182 se centra en la brecha de la implementación entre los avances realizados por
numerosos países en sus legislaciones nacionales en que se reconoce a los pueblos indígenas
y sus derechos, y las realidades cotidianas en las que se encuentran numerosos problemas
para el adecuado cumplimiento de estas medidas legislativas. Aquí se enfoca la cuestión de las
reformas constitucionales, legislación e implementación de las leyes en materia de promoción
y protección de los derechos de los pueblos indígenas y la eficacia en su implementación, así
como en la implementación de las diversas normas internacionales y decisiones de los organismos
encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados relevantes en esta materia.
Se presentan algunos de los principales obstáculos y las medidas tomadas para superarlos y se
ilustra esta problemática con ejemplos de varias regiones.183

Durante el Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1994-2004) numerosos
países han llevado a cabo procesos legislativos y reformas constitucionales para el reconocimiento
de los pueblos indígenas y sus derechos, incluyendo el reconocimiento de las lenguas, culturas y
tradiciones, la necesidad de la consulta previa e informada, la regulación del acceso a los recursos
naturales y a la tierra o, en algunos casos, el reconocimiento de la autonomía y el autogobierno.
Pese a estos avances se advierte la existencia de una “brecha de implementación” entre la
legislación y la realidad cotidiana; su aplicación y cumplimiento se enfrentan a múltiples obstáculos
y problemas. En este capítulo se da cuenta de algunos de ellos y de las medidas tomadas para
superarlos y se ilustra esta problemática con algunos ejemplos de diversas regiones del mundo.
Confío en que los elementos que se señalan en el presente capítulo puedan servir de guía para los
gobiernos en su compromiso para implementar de una forma más efectiva las normas existentes
en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

1. Panorama general de la legislación existente en materia de promoción y protección de los
derechos humanos de los pueblos indígenas
En el continente americano, donde durante mucho tiempo no se reconoció a los pueblos indígenas
como categorías específicas de la población nacional, se produjeron en las últimas décadas
numerosas reformas constitucionales o se adoptaron legislaciones especiales relativas a los
pueblos indígenas. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela realizaron reformas constitucionales en las que han sido
reconocidos algunos derechos de los pueblos indígenas. En Canadá la Ley Constitucional de 1982
reconoce los derechos aborígenes, pero los demás países de la región americana no reconocen los
derechos de los pueblos indígenas en sus cartas constitucionales.

Estas reformas legislativas abarcan numerosas cuestiones, como son los derechos a
la propiedad de la tierra y el territorio; al uso del idioma propio, a la educación y a la cultura;
en algunos casos a la autonomía y el gobierno propio, y también el derecho consuetudinario
(a veces referido como “usos y costumbres”). Durante la última década del siglo XX todos los
países andinos, excepto Chile, cambiaron sus constituciones, reconocieron el pluralismo jurídico

182 Documento de Naciones Unidas: E/CN.4/2006/78
183 El ACNUDH organizó dos seminarios de expertos sobre esta cuestión, el primero con la Unión Interparlamentaria y el segundo con la Universidad de
Arizona. Ambos seminarios fueron de suma utilidad para la preparación de este informe. Véase E/CN.4/2006/78/Add.5.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

y ratificaron el Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT: Colombia (1991),
Perú (1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). Chile tiene una ley de 1993 sobre
esta problemática y está pendiente una reforma constitucional.184 Con fórmulas afines, dichas
constituciones reconocieron potestad jurisdiccional (para administrar justicia o resolver conflictos)
a las autoridades indígenas y campesinas, de acuerdo a su propio derecho consuetudinario o
costumbres.

El nuevo constitucionalismo pluralista destaca el reconocimiento de los pueblos indígenas
como sujetos políticos y no sólo como objetos de políticas que dictan otros; un cambio en la
identidad del Estado-nación que ahora se reconoce como multiétnico y pluricultural; el derecho
individual y colectivo a la propia identidad, y el reconocimiento del pluralismo jurídico. Sin embargo,
la implementación institucional, el desarrollo legislativo y jurisprudencial y la apropiación misma
de las reformas por los propios indígenas y campesinos ha sido desigual en la región.

En otras partes del mundo también se han dado legislaciones en la materia. La Ley federal
sobre garantías de los derechos de los pequeños pueblos indígenas de la Federación de Rusia de
1999 es el primer paso hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas en aquel país. Esta Ley
brinda protección judicial a los derechos de estos pueblos y protege el medio ambiente indígena,
el estilo de vida, la economía y las culturas e idiomas tradicionales. En 2001 una nueva legislación
estableció la regulación sobre los territorios administrados de forma tradicional por los pueblos
indígenas.

En algunos países asiáticos se ha promovido el reconocimiento de los pueblos indígenas,
aunque este concepto no es aceptado en todas partes. En Camboya la ley les reconoce diversos
derechos en materia de tierras y manejo de bosques. Desde 1954 Malasia adoptó la Ley de
Pueblos Aborígenes para la protección de los grupos indígenas conocidos con el nombre genérico
de orang asli. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 (IPRA por sus siglas en inglés)
en Filipinas reconoce varios derechos a estos pueblos.185 En el continente africano sólo unos
cuantos Estados han reconocido la existencia de poblaciones indígenas en su territorio. Algunas
legislaciones se refieren a estas comunidades, pero en la mayoría de los casos se procura una
única identidad nacional, más que el reconocimiento de las identidades específicas de los pueblos
indígenas.

La Constitución de Etiopía habla del derecho incondicional a la libre determinación de
cada nación, nacionalidad y pueblo en Etiopía; las de Camerún y Uganda protegen a las minorías y
los derechos de los indígenas. En Argelia, la Constitución de 1996 reconoce la dimensión amazigh
de la cultura argelina, y la Constitución de Namibia reconoce el idioma nama. A pesar de que los
pueblos indígenas no están reconocidos oficialmente como tales en Sudáfrica, los pueblos khoe
y san son mencionados en la Constitución de 1996, en la que se protege el uso de las lenguas
indígenas.186

184 Véase mi informe sobre Chile E/CN.4/2004/80/Add.3.

185 Véase mi informe sobre Filipinas E/CN.4/2003/90/Add.3.

186 Véase mi informe sobre Sudáfrica E/CN.4/2006/78/Add.2.

116

Rodolfo Stavenhagen

2. Análisis de la implementación de la legislación existente: avances y obstáculos
Pese a estas medidas legislativas y reformas institucionales se advierte la existencia de
una “brecha de implementación” entre la legislación y la realidad cotidiana. La plena implementación
de los avances legislativos se enfrenta a múltiples obstáculos y problemas, ante los cuales han
sido tomadas diversas medidas.

Participación y representación indígena en las legislaturas

Los pueblos indígenas logran mejorar sus derechos ciudadanos en la medida en que participan
democráticamente en el proceso político y en los asuntos del Estado. En años recientes debido,
en cierta medida, a los espacios abiertos por las nuevas legislaciones, las organizaciones y los
movimientos sociales de los indígenas han participado de manera creciente en la política electoral,
según las circunstancias en distintos países. Por ejemplo, en las elecciones de septiembre de 2005
el Partido Maori obtuvo cuatro escaños en el parlamento de Nueva Zelanda. El partido indígena
Pachakutik participó durante algunos meses en el Gobierno del Ecuador. Y en diciembre de 2005
Bolivia eligió por primera vez en su historia con amplia mayoría a un presidente aymara.

Sin embargo, el nivel de participación de los indígenas en la vida política de sus países
continúa siendo bajo. A pesar de su presencia en algunos parlamentos nacionales y legislaturas
provinciales, las preocupaciones de los pueblos indígenas no encuentran suficiente expresión en
los trabajos de las legislaturas, en parte por su marginación de los procesos electorales. Por ello,
en algunos casos se han adoptado medidas para asegurar la representación de indígenas en las
legislaturas mediante cuotas de representación (por ejemplo en Colombia, Venezuela y Nueva
Zelanda).

Siendo minoría, los indígenas con frecuencia tienen que negociar con otros grupos de
intereses, lo cual tiende a diluir sus propias demandas en las actividades parlamentarias, y no
siempre pueden participar en todas las comisiones parlamentarias relevantes. Esta situación es
señalada como uno de los principales obstáculos para que las agendas de los pueblos indígenas
sean tomadas en cuenta en los procesos legislativos.

Inconsistencia entre leyes y bloqueos institucionales

Se ha señalado que en muchos países existe una brecha entre las normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos indígenas y la legislación doméstica. Las normas
internacionales no siempre pasan automáticamente a formar parte de la legislación nacional, aun
cuando hayan sido ratificadas. En ocasiones son ignoradas por funcionarios públicos, así como en
la jurisprudencia de los tribunales. Otro de los problemas reportados se refiere a la inconsistencia
entre distintas leyes, por ejemplo entre leyes mineras o las que se refieren al manejo de recursos
naturales, y la legislación indígena o de derechos humanos.

El problema de la inconsistencia entre leyes, la falta de implementación de las mismas, la
ignorancia por descuido o voluntad de las normas internacionales se manifiesta en distintos niveles
y de manera variada, por ejemplo, por la falta de capacitación del personal especializado, por
falta de recursos, o la ausencia de leyes secundarias o reglamentos, dejando a la Administración

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

pública sin los medios jurídicos y prácticos necesarios para cumplir con la legislación general o las
normas internacionales.

En Ecuador, frente a estas ausencias, en materia de justicia los pueblos indígenas han
avanzado por su cuenta, a través de sus propias instancias familiares, los cabildos tradicionales
y las asambleas comunitarias. Sin embargo, se presentan casos de conflictos de competencia
entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena, que son dirimidos por la Corte Superior de
Justicia. Casos típicos de inconsistencia entre la legislación indígena y diversas leyes sectoriales
(sobre minas, aguas, pesca, bosques, etc.), cuya aplicación puede perjudicar los derechos de las
comunidades indígenas, se dan por ejemplo en Chile y en Filipinas. Es el caso de la comunidad diaguita
de Huasco Alto en Chile, que se encuentra amenazada en sus derechos territoriales por un proyecto
de explotación minera que contempla la remoción de glaciares que alimentan las aguas del río que
utilizan para sus actividades agrícolas. En cambio, debe valorarse un fallo de la Corte Suprema
(2005) en favor de la comunidad indígena atacameña de Toconce, que reconoce los derechos de
aguas ancestrales de esta comunidad desestimando las pretensiones de una empresa privada.

Legislación y jurisprudencia

En ocasiones, las nuevas leyes sobre temas indígenas tienen el efecto de limitar los reclamos
indígenas en vez de promover sus derechos. La Federación de Rusia ha adoptado recientemente
nuevas leyes sobre la preservación y promoción de los derechos culturales de los pequeños
pueblos del norte ruso, Siberia y el lejano oriente, pero no prestó la misma atención a los derechos
de los indígenas sobre la tierra y los recursos naturales, que son los principales problemas de estos
pueblos. En Rusia también las leyes establecen regímenes autonómicos para los pueblos indígenas,
pero estos han tenido que enfrentar la resistencia de algunos gobiernos locales y regionales, por lo
que su implementación efectiva no se ha materializado.

También se han visto en años recientes algunas enmiendas a leyes existentes que
de hecho limitan los derechos indígenas, a veces en nombre del interés general. El Native Title
Amendment Act 1998 en Australia extingue el título aborigen a la tierra y limita el derecho de los
aborígenes a negociar ciertos usos de la tierra en el futuro. El Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial ha expresado su preocupación sobre esta Ley en varias ocasiones. En Nueva
Zelanda la reciente Ley sobre áreas costeras (2004) declara propiedad del Estado estas zonas
tradicionalmente pertenecientes a los indígenas maori, limitando así sus derechos ancestrales.187
En algunas ocasiones se han dado enmiendas a leyes sobre derechos indígenas que niegan los
avances anteriores. En 2004 una enmienda a una ley federal en Rusia limitaba derechos indígenas
que habían sido legislados sólo cuatro años antes. Son retirados los servicios sociales gratuitos
para los indígenas, que habían sido garantizados anteriormente, y en una enmienda a otra ley sobre
las comunas a nivel local, el Estado retira su apoyo económico y limita las facultades de toma de
decisiones. La Ley de tierras de Camboya mantiene una actitud paternalista al conceder derechos
a los indígenas en vez de reconocerlos. En Taiwán la reforma constitucional en 2000 reafirma la
política del pluralismo cultural y compromete al Estado a preservar y fomentar el desarrollo de las
lenguas y culturas indígenas y promover la participación política de los aborígenes. Se considera
la posibilidad de establecer áreas autónomas para los 12 pueblos indígenas reconocidos.

187 Véase mi informe sobre Nueva Zelanda E/CN.4/2006/78/Add.3).

118

Rodolfo Stavenhagen

En algunos países se han establecido instituciones públicas para revisar la legislación
indígena y su implementación, como por ejemplo la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en
Filipinas, y la Comisión de Minorías Étnicas en Vietnam. Con frecuencia se afirma que dichas
instituciones no son representativas de sus comunidades y pueblos y se componen más bien
de funcionarios gubernamentales. En Filipinas a estos los nombra la Presidencia; en Australia la
Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres fue abolida y sustituida en 2004 por el
Consejo Nacional Indígena, un organismo consultivo nombrado por el Gobierno.

Problemas de la administración pública

Uno de los obstáculos principales a la implementación de la legislación en materia de derechos
indígenas se debe precisamente a las estructuras institucionales de la Administración pública,
en la cual impera con frecuencia la inercia burocrática, la rigidez de la práctica reglamentaria, la
ausencia de flexibilidad y creatividad, el autoritarismo vertical en la toma de decisiones y la falta de
participación de la población. A esto pueden agregarse las dificultades para instaurar mecanismos
eficientes de rendición de cuentas y de evaluación de resultados, e incluso diversas expresiones de
corrupción. Lo anterior no es un juicio a tal o cual gobierno, sino refleja las quejas y las denuncias
que el Relator Especial ha recibido de múltiples fuentes indígenas y que expresan los problemas
de adecuación de las diversas instancias de la Administración pública a los requerimientos de la
legislación internacional y nacional en materia de derechos indígenas.

La Constitución de Venezuela (1999) crea varios organismos públicos encargados de
promover y garantizar de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas, como son el
derecho a las tierras colectivas, la jurisdicción especial indígena en la administración de justicia y
el derecho de participación política y consulta de los pueblos indígenas. Sin embargo, aún no ha
sido aprobada la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que debería reglamentar los
logros conseguidos en la Constitución. Hasta el momento son las Cortes de Justicia las que están
dando fuerza material a estos logros a través de algunas decisiones significativas. La Constitución
del Ecuador reconoce la multietnicidad y pluriculturalidad del Estado, así como el pluralismo
jurídico, los derechos colectivos incluidos la cultura, el idioma, el territorio, formas organizativas,
autoridades propias y la administración de justicia indígena. Hasta la fecha no se ha adoptado la
ley orgánica necesaria que reglamente el disfrute y límite de la práctica de estos derechos.

La Ley Indígena de Chile reconoce diversos derechos a los indígenas. En 1991 y en 2005
el Ejecutivo envió al Congreso Nacional para su análisis un proyecto de reforma constitucional
relativo a los pueblos indígenas que no ha sido aprobado hasta la fecha. Por otro lado, la Ley
Indígena estableció la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en la cual al principio
participaban representantes indígenas elegidos por los pueblos indígenas, pero actualmente sus
miembros son nombrados por el Gobierno. Se creó el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas para la
compra de predios vía subsidio o en casos de conflicto. En materia de derechos culturales, la Ley
contempla el desarrollo de un sistema de educación intercultural bilingüe en zonas de alta densidad
indígena. Se reportan retrasos y obstáculos en estas dos áreas que han limitado la efectividad de
la ley.188

188 Véase mi informe sobre Chile (supra nota 3)

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

En Bolivia la Constitución política reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del
país. Además se reconocen, respetan y protegen los derechos sociales, económicos y culturales
de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, así
como las funciones administrativas y de justicia de las comunidades indígenas. Sin embargo, se
considera que muchos de estos derechos sólo han tenido efectos en el plano formal normativo y
no han tenido los impactos esperados en las comunidades y pueblos indígenas. En Colombia, la
Constitución política de 1991 reconoce los resguardos tradicionales de los pueblos indígenas y el
respeto a sus culturas, lenguas y tradiciones, y la ley ordena dotar de tierras a los resguardos. Se
establece igualmente la jurisdicción especial indígena que reconoce el derecho indígena y coexiste
con la jurisdicción ordinaria del derecho positivo. La Corte Constitucional ha tenido que dirimir
inconsistencias entre las dos jurisdicciones.189

En otros países de la región también ha habido avances legislativos. En Guatemala la
Constitución reconoce las costumbres, organización social e idiomas de los grupos indígenas
mayas, al igual que sus formas de tenencia comunal o colectiva de la tierra. Pero la ley orgánica
que debería de articular este conjunto de previsiones no ha sido adoptada hasta la fecha. El acuerdo
de paz sobre derechos y cultura indígenas firmado en 1995 debió haber sido llevado a estatuto
constitucional, pero no fue aprobado en el referéndum de 1999 por lo que su implementación
se ha suspendido, con consecuencias desfavorables para los derechos de los pueblos indígenas
guatemaltecos.190

Especialmente compleja es la problemática que surge cuando distintas disposiciones
legales relativas a los pueblos indígenas no han sido suficientemente bien interpretadas por distintas
instancias del Estado, o cuando los principios constitucionales de protección de los derechos
humanos van siendo progresivamente diluidos a través de las normas legales subsidiarias. Un
caso ilustrativo de este dilema se ha venido dando en Perú, en donde el Decreto Ley N.º 22175 rige
las reservas territoriales de los pueblos indígenas “en aislamiento voluntario o contacto inicial”.
De las cinco reservas territoriales existentes, todas han sido delimitadas pero se superponen con
concesiones mineras, de hidrocarburos o forestales que vulneran diversos derechos individuales o
colectivos de los pueblos indígenas. El Estado no ha definido aún la política, el marco jurídico ni la
institucionalidad necesaria para la protección de los derechos de las comunidades indígenas de la
Amazonía peruana. Se ha podido constatar el daño producido a estos pueblos por diversos agentes
sociales y económicos que entran en contacto permanente con ellos.

En 2005 la preocupante situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana,
afectados también por un gasoducto que atraviesa su región, condujo a la creación de una Comisión
Especial que elaboró un proyecto de ley de protección de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario o contacto inicial. Pero el Congreso dictaminó un proyecto de ley distinto, que limita y
desarticula el régimen especial de protección de estos pueblos propuesto por la Comisión Especial.
En caso de ser aprobada, esta ley dejaría desprotegidas a las comunidades indígenas de estas
reservas.

En México está aún pendiente la implementación de las disposiciones de la reforma
constitucional en materia indígena adoptada en 2001, la cual no satisfizo las demandas de los

189 Véase mi informe sobre Colombia E/CN.4/2005/88/Add.2.
190 Véase mi informe sobre Guatemala E/CN.4/2003/90/Add.2.

120

Rodolfo Stavenhagen

pueblos indígenas ni se atuvo a los compromisos gubernamentales acordados en las negociaciones
de paz en 1996.191 Si bien varios Estados de la República adoptaron posteriormente sus propias
reformas legislativas en materia indígena, la implementación de las mismas no ha tenido aún
resultados prácticos significativos para los pueblos indígenas. El Relator Especial recomendó en su
informe que se reabriera a nivel nacional el debate sobre la reforma constitucional en la materia.

Uno de los temas más importantes que requiere de atención sostenida es el papel de los
tribunales en la interpretación y aplicación de la legislación nacional y las normas internacionales
de derechos humanos en cuestiones relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Se han hecho importantes avances en algunos países tales como Canadá, Colombia y Venezuela.
Pero en otros parece estancarse la jurisprudencia en materia de derechos indígenas. Hace falta
una mayor y constante capacitación de los jueces y otros operadores de justicia en esta materia.
Es importante desarrollar mecanismos para el reconocimiento en la práctica del pluralismo jurídico,
es decir, la coexistencia del derecho positivo y el derecho indígena. En los países basados en el
derecho común de origen inglés, en donde la jurisprudencia se elabora caso por caso, en algunas
instancias se han producido sentencias y decisiones muy favorables a las comunidades indígenas,
pero en otros en cambio se mantienen actitudes discriminatorias (por ejemplo en Estados Unidos,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda).

Existen con frecuencia dificultades para el reconocimiento efectivo del derecho indígena,
incluso en aquellos países donde el pluralismo jurídico se reconoce oficialmente. Se reportan casos
en que decisiones ya tomadas por las autoridades indígenas han sido desechadas por los tribunales
nacionales. Aún cuando las cortes se pronuncian a favor de los derechos de alguna comunidad
indígena, es posible que las autoridades ejecutivas y legislativas no tomen las medidas necesarias
para implementar o reforzar estos avances, obligando a los interesados a acudir nuevamente
a los tribunales, con gasto considerable de recursos y tiempo de los cuales con frecuencia no
disponen.

En la provincia canadiense de British Columbia, el Gobierno no quiso reconocer los títulos
aborígenes a la tierra. Los tribunales dictaminaron, sin embargo, que estos títulos originarios no
habían sido extinguidos. Después de varios años de negociación fue adoptada una ley sobre la
materia, Treaty Commission Act. Uno de los grupos indígenas involucrados se queja que British
Columbia no está negociando de buena fe, al imponer diversos obstáculos al ejercicio de los
derechos de esta comunidad y reconocer solamente el 8% del territorio tradicional reclamado.
La comunidad se queja de la poca efectividad de las negociaciones para resarcir las violaciones
cometidas contra ella con anterioridad.

También se observan importantes obstáculos en casos donde a pesar de haberse
producido un pronunciamiento favorable por parte de las cortes de justicia a favor de los derechos
de alguna comunidad, tribu o pueblo indígena, las autoridades ejecutivas y legislativas no toman
las medidas necesarias para implementar o reforzar estos avances, obligando a los interesados a
acudir nuevamente a los tribunales, con gasto considerable de recursos y tiempo de los que con
frecuencia no disponen.

191 Véase mi informe sobre México E/CN.4/2004/80/Add.2.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Los importantes cambios constitucionales no han sido seguidos de una necesaria
adecuación del derecho penal. En Moyabamba (Perú), miembros de las rondas campesinas
(grupos comunitarios organizados para prevenir el delito y mantener el orden en las comunidades
indígenas) fueron encarceladas por un tribunal bajo el cargo de secuestro y usurpación de
funciones, porque habían detenido, en cumplimiento de sus competencias reconocidas, a cuatro
personas acusadas de delitos mayores. Pero luego fueron absueltos por la Corte Suprema de
Justicia, que reconoció la jurisdicción especial establecida en la Constitución. A más de una
década de la reforma constitucional de 1993, la Corte Suprema abre paso a lo que puede ser el
inicio de una jurisprudencia pluralista en el país. Algunos críticos acusan a las rondas campesinas
de violaciones a los derechos humanos, pero estos casos ilustran la falta de mecanismos
procesales interculturales para resolver presuntos excesos o posibles violaciones de derechos
individuales por la jurisdicción especial indígena, comunal o rondera.

En el Estado de Guerrero (México), las comunidades indígenas crearon su propia policía
comunitaria que ha tenido que enfrentar problemas semejantes a las rondas peruanas, pero
a diferencia de éstas la policía comunitaria no ha sido formalmente reconocida en la ley. Sin
embargo, fundamenta su quehacer en la Constitución política federal y en el Convenio Nº 169 de la
OIT. En algunas comunidades indígenas autónomas de Chiapas operan mecanismos semejantes,
estableciendo una jurisdicción especial de facto, aunque esta no sea aun reconocida en las leyes
nacionales.192

En Colombia la Corte Constitucional ha interpretado constructivamente la Constitución
en materia de derechos indígenas. A lo largo de los últimos años la Corte ha dictado numerosas
sentencias favorables a los derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo así a consolidar
la idea del pluralismo jurídico y a consolidar la jurisdicción especial de los pueblos indígenas. En
la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en Brasil, que ha sido demarcada y registrada para sus
pueblos indígenas después de muchos años de negociaciones y trámites, siguen dándose actos
contrarios a los derechos de estas comunidades, tales como el fomento de la inmigración de gente
de otras partes, concesiones de áreas a empresas mineras, asentamientos urbanos y colonización
agrícola, así como proyectos de obras hidroeléctricas y una base militar. Aunque el Ministerio de
Justicia dio posesión definitiva a los indígenas, los casos contenciosos siguen ventilándose ante
el Tribunal Superior de Justicia en perjuicio de los derechos de estos pueblos.

En algunos países las luchas sociales, los reclamos y las protestas de las organizaciones
indígenas han sido enfrentadas a veces por el Estado mediante la aplicación de leyes antiterroristas.
El Relator Especial considera que cuando existen delitos del orden común cometidos en el marco de
estos movimientos, las leyes ordinarias son adecuadas para mantener el orden público. Considera
que el uso de leyes excepcionales no solamente resulta contraproducente, sino que conforma un
cuadro de violación de los derechos humanos. El Relator Especial recomienda en los casos que le
ha tocado verificar que estas leyes no sean utilizadas para criminalizar la protesta social y la lucha
de los pueblos indígenas y que, de preferencia, sean derogadas. El Relator Especial ha visto con
satisfacción que en Chile los líderes mapuche inculpados de asociación ilícita terrorista, acusación
por la que habían sido llevados a juicio a mediados de 2005, fueron absueltos.

192 Ibid.

122

Rodolfo Stavenhagen

En los países de Asia que tienen legislación sobre pueblos indígenas no todas las leyes
han sido plenamente implementadas. El conflicto entre leyes con frecuencia resulta en el descuido
de los derechos indígenas. Un sistema dual de derechos a la tierra para indígenas y no indígenas
conduce a la confusión, lo cual a su vez da lugar a más abusos contra indígenas. Por ejemplo,
aunque un reglamento de la tierra da prioridad a los que poseen derechos consuetudinarios, en
la práctica sus solicitudes son ignoradas con frecuencia, dándose preferencia a otras personas o
empresas.

Para promover ampliamente la protección y promoción de los derechos de los pueblos
indígenas, en algunos países se ha establecido la institución del “ombudsman” indígena o su
equivalente. O cuando menos en la oficina del ombudsman nacional (cuando este existe) o su
equivalente (comisiones, defensorías, procuradores de derechos humanos) hay algún departamento
u oficina dedicado a los problemas de los pueblos indígenas. Según las informaciones recibidas
por el Relator Especial, con frecuencia estas instancias no disponen de recursos económicos y
humanos suficientes para atender toda la problemática de su área, viendo así su capacidad de
respuesta disminuida. Además de que en el conjunto nacional de un sistema de defensoría pública
de los derechos humanos generalmente ocupan un lugar de segunda importancia.

Un estudio comparativo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos indica que
estas instancias realizan por lo común actividades de investigación, mediación, procuración y
educación. A veces proponen iniciativas legislativas. Por lo general adolecen de fragilidad
institucional, no son plenamente independientes, carecen de presupuesto suficiente, con frecuencia
su mandato no está jurídicamente fundamentado, no tienen presencia física en áreas indígenas,
no pueden investigar violaciones cometidas por particulares, carecen de personal capacitado,
no mantienen relaciones adecuadas con las organizaciones indígenas, deficiente ejercicio de
las funciones defensoriales. El estudio recomienda el reforzamiento institucional y jurídico,
independencia y respaldo ciudadano, presupuesto estable y autónomo, facultades para investigar
violaciones cometidas por particulares, mayores funciones de fiscalización, instancias especiales
para la protección de los pueblos indígenas, suficientes recursos financieros, ampliación de su
cobertura geográfica a regiones indígenas, incorporación de personal indígena, fortalecimiento
de la investigación, de la iniciativa legislativa y de las funciones de procuración, apoyo al derecho
consuetudinario y acceso a la justicia, y articulación con movimientos indígenas.

Uno de los temas recurrentes que plantean múltiples comunidades y organizaciones
indígenas se refiere a los insuficientes mecanismos de consulta y participación disponibles para
ellos. Así, en numerosos casos de decisiones tomadas por los gobiernos para emprender proyectos
de desarrollo, explorar o explotar recursos naturales, modificar legislaciones existentes o aplicar
medidas administrativas diversas, las comunidades indígenas afectadas directa o indirectamente
se quejan con frecuencia que no son tomadas en cuenta y que sus derechos son ignorados o
relegados. Cuando existen mecanismos de consulta, son considerados como insuficientemente
participativos y transparentes o ineficaces en cuanto a los resultados obtenidos. Igualmente hay
numerosas quejas referidas a la ausencia, insuficiencia o ineficiencia de adecuados mecanismos
de evaluación y monitoreo de la aplicación de las normas nacionales e internacionales de derechos
humanos en la puesta en práctica de programas y proyectos de desarrollo o de legislaciones,
que directa o indirectamente afectan a los pueblos indígenas, sus tierras, territorios, recursos o
medio ambiente, sus lugares sagrados y su ambiente cultural. A este respecto se han señalado

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

con frecuencia las violaciones de los derechos humanos cometidas algunas veces por empresas
transnacionales que operan en regiones indígenas. No sólo es procedente que estas empresas
cumplan escrupulosamente con las normas nacionales e internacionales en la materia, sino que
sería importante que pudiera elaborarse un código de conducta internacional al que tendrían que
sujetarse dichas empresas cuando operan en regiones indígenas.

3. La protección ofrecida por el sistema internacional
Los indígenas han acudido de manera creciente a los mecanismos de protección del sistema
internacional para reclamar sus derechos. Se establece así un nuevo círculo de buenas prácticas
que vinculan a los pueblos indígenas, los Estados y los mecanismos internacionales, pero no
siempre se obtienen resultados satisfactorios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha
ocupado en diversas ocasiones de problemas que aquejan a los pueblos indígenas, indicando que el
derecho a la libre determinación de los pueblos, establecido en el artículo 1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, protege el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos tradicionales, y
que la extinción unilateral de estos derechos constituye una violación del mencionado artículo.
Con respecto al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité
se ha ocupado de casos en los Estados Unidos y el Canadá, y en Tahití (Francia). También el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se ha expresado sobre los derechos de
los pueblos indígenas vulnerados por acciones unilaterales de los Estados Unidos (caso de los
Western Shoshone), así como los derechos de los maori vulnerados por una legislación reciente
en Nueva Zelanda.193

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus observaciones finales
sobre los informes periódicos presentados por Argentina, expresa su preocupación por que no se
hayan promulgado las leyes necesarias para aplicar el Convenio Nº 169 de la OIT. A la luz de su
Recomendación general Nº XXIII, el Comité insta al Estado Parte a que aplique plenamente este
Convenio y adopte, entre otras cosas, una política general de tenencia de la tierra y procedimientos
jurídicos efectivos para reconocer los títulos de propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y
demarcar sus territorios. El Comité también lamenta que, a pesar de los esfuerzos del Estado Parte,
no se respete plenamente en la práctica el derecho reconocido por la Constitución a una educación
bilingüe e intercultural para los pueblos indígenas.194

A su vez, el Comité de los Derechos del Niño expresa su preocupación por el poco acceso a la
educación de los niños indígenas y la escasa pertinencia de los programas actuales de educación
bilingüe que están a su disposición en Perú. Anteriormente el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, en 1999, había señalado su preocupación por la información según la cual
los indígenas de Perú que sólo hablan su propio idioma no pueden disponer de intérpretes y los
textos legislativos no se traducen a las lenguas indígenas.

En 2003 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su

preocupación por diversas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en

Guatemala y por la falta de progreso hacia la efectiva implementación de los Acuerdos de Paz

193 Véase mi informe sobre Nueva Zelanda (supra nota 6).
194 Véase CERD/C/65/CO/1.

Rodolfo Stavenhagen

de 1996, lo que ha conducido a problemas sociales persistentes tales como la violencia a nivel
nacional, la intimidación, la corrupción, la impunidad y la ausencia de las reformas constitucional,
fiscal, educativa y agraria.195 En términos semejantes se pronunció el Comité de Derechos Humanos
en 2001.196 Por su parte, el Comité contra la Tortura señalaba en 2000 la discriminación racial a los
indígenas en las prisiones y se lamentaba que no se estaba cumpliendo con sus recomendaciones
en cuanto a la real situación de las mujeres indígenas, lo cual revelaba la necesidad de que el
Gobierno revisara sus acciones y las mejorara en favor de las mujeres guatemaltecas. Estos temas
fueron oportunamente señalados en el informe de misión a Guatemala.197

En los temas mencionados, así como en el de la consulta previa e informada, no puede
subestimarse la importancia del Convenio Nº 169 de la OIT, que es reconocido cada vez más
como una norma internacional ineludible para la protección y promoción de los derechos de estos
pueblos, y debe subrayarse, en particular su óptica participativa. Además, las provisiones de este
Convenio son un excelente instrumento de diálogo que debe aprovecharse en este contexto. La
Comisión de Expertos de la OIT puede recibir comunicaciones de los pueblos indígenas a través
de organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como memorias de los gobiernos en
torno a situaciones específicas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el Estado en el marco del Convenio. Si bien este Convenio ha sido ratificado hasta la fecha
solamente por 17 Estados Miembros, tiene una decisiva influencia regional puesto que ha
sido ratificado por casi todos los países de América Latina, es utilizado como marco para las
actividades de cooperación de países donantes y ejerce una influencia como modelo en Asia y
más recientemente en África. Paralelamente al procedimiento ante la Comisión de Expertos, existe
un procedimiento de reclamaciones ante el Consejo de Administración de la OIT, en virtud del cual
ya se han presentado numerosas reclamaciones. Los pueblos indígenas demuestran una actitud
sumamente participativa en estos mecanismos, lo cual testimonia de la necesidad de contar con
instancias internacionales de control y de la actualidad de los temas regulados en el Convenio.

Con respecto a Argentina, se informa de que existen numerosos problemas para
el reconocimiento de los pueblos indígenas, relacionados principalmente con los largos y
complicados procedimientos para la obtención de la personería jurídica. Esta es esencial para
que los pueblos puedan defender sus derechos en tribunales o ante la Administración pública.
Sobre 850 comunidades indígenas, sólo el 15 por ciento estarían reconocidas ante el Instituto
Nacional del Indígena (INAI). Se informa de que las personerías jurídicas otorgadas en ámbitos
provinciales no tienen valor en el ámbito nacional, a no ser que haya convenios especiales, y
sólo 4 provincias sobre 20 con pueblos indígenas habrían acordado estos convenios. También se
denuncia la ausencia de consulta a los pueblos indígenas de acuerdo con la reforma constitucional
de 1994. El Gobierno argentino asegura en su memoria que debe adecuarse la legislación a la
realidad jurídica establecida por la reforma constitucional de 1994 en relación a la regulación de
los derechos de propiedad sobre tierras cuando se trata de comunidades indígenas. Otro problema
de actualidad son los conflictos por la tierra y la inadecuación entre la regulación del Código Civil
de los derechos de propiedad y los derechos enunciados en el Convenio.

195 Véase E/C.12/1/Add.93.
196 Véase CCPR/CO/72/GTM.
197 Véase supra nota 9.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

La Comisión de Expertos examinó una denuncia de la comunidad indígena de Olmos
(Perú), quejándose del despojo indebido de tierras ancestrales, que el Gobierno consideró como
propiedad del Estado, para llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico sin compensación alguna
a la comunidad indígena referida. La Comisión decidió que el Convenio protege las tierras que
tradicionalmente ocupan los indígenas, e invitó al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas para
que la comunidad pudiera ejercer efectivamente sus derechos sobre las tierras mencionadas. Este
caso manifiesta también la inadecuación entre los derechos de la tierra protegidos por el Convenio
y el sistema de propiedad contemplado por el Código Civil y en la legislación derivada del mismo.
En otra instancia, referida a las tierras de una comunidad indígena costera, la Comisión señaló
que una ley nacional era inconsistente con el Convenio No 169 al violentar la autonomía de las
comunidades y obligar a la fragmentación de sus tierras en propiedades individuales.

La experiencia de la OIT con los pueblos indígenas y tribales demuestra que cuando las
tierras indígenas de tenencia común se dividen y asignan a particulares o terceros, el ejercicio de
los derechos de las comunidades indígenas tiende a debilitarse y, por lo general, éstas acaban
perdiendo todas las tierras o gran parte de ellas, con la consiguiente reducción general de los
recursos de que disponen los pueblos indígenas cuando conservan sus tierras en comunidad.

En Guatemala se han logrado avances sustantivos en la adopción de una plataforma legal
que permite en teoría el reconocimiento e institucionalización de la participación y la consulta de
los pueblos indígenas. Fueron reformadas la Ley de consejos de desarrollo urbano rural, el Código
Municipal, la Ley de idiomas nacionales y la Ley sobre la discriminación. También se señala la
formación de una Comisión de Asuntos Indígenas en la Corte Suprema, el establecimiento de
la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en
Guatemala, la Defensoría de los Pueblos Indígenas en la Procuraduría de los Derechos Humanos,
así como otras unidades en la Administración pública y asignaciones presupuestales para
instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el Gobierno señala que las medidas tomadas no han sido hasta ahora
suficientes para eliminar la desigualdad, marginalización y exclusión de los pueblos indígenas.
También indica el Gobierno que si bien los grupos de poder justifican la adopción de medidas para
eliminar el racismo y la exclusión sobre el supuesto principio de la igualdad, ésta no se traduce en
leyes ni en la práctica. La Comisión tomó nota de que aún no existe un mecanismo de consulta
con los pueblos indígenas, aunque el Gobierno haya manifestado su voluntad de implementarlo,
y el Relator Especial considera de especial importancia el apoyo al Gobierno y organizaciones
indígenas para que esto se lleve a cabo. El Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala señala
que una de las razones por las cuales no se toman debidamente en cuenta a los pueblos indígenas
en la formulación y aprobación de legislación y ejecución de políticas gubernamentales que les
afectan, es la baja representatividad de indígenas en el organismo legislativo, con un 12% en el
período 2000-2004 y un 8% en el período 2004-2008, ausencia que se registra también en todas
las instituciones del Estado y de la sociedad en general.

Aunque el Gobierno de Brasil indica que más del 70% de las tierras indígenas reconocidas
están demarcadas y homologadas, la Comisión de Expertos pide mayores informaciones sobre
los procesos de demarcación pendientes y recuerda que la Organización de Estados Americanos
ha señalado que el decreto 1775/1996 del Gobierno brasileño dificulta y alarga los trámites de

Rodolfo Stavenhagen

legalización de las tierras indígenas. Se expresa preocupación por la información proporcionada
por la Fundación Nacional do Indio (FUNAI), organismo gubernamental brasileño, según la cual la
demarcación de las tierras indígenas no ha impedido los procesos de expansión agropecuarios,
mineros, forestales, viales, hidroeléctricos y de otra índole que se han venido verificando en los
últimos años afectando la integridad de las tierras indígenas, así como el derecho al usufructo
exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos que hay en ellas. FUNAI afirma que el 85% de las tierras
indígenas -incluyendo las que son demarcadas e inscritas en los registros- son objeto de los más
diversos tipos de violaciones, como la presencia de poseeros, garimpeiros, madereros, proyectos
de colonización, apertura de caminos, proyectos hidroeléctricos, líneas de transmisión, ferrovías,
oleoductos, mineroductos y gasoductos. En la Amazonía las invasiones de tierras indígenas están
generalmente motivadas por presiones sobre recursos naturales, especialmente maderas y recursos
mineros, que tienen como resultado la destrucción del medio ambiente, con serias consecuencias para
la vida de las comunidades. Según estadísticas oficiales brasileñas, en 1998 existían 7203 procesos
para el otorgamiento de títulos mineros que afectaban a 126 tierras indígenas. Con el incremento
de estos procesos varias de las tierras indígenas tienen un porcentaje significativo de su subsuelo
requerido. La mayor parte de estos títulos mineros irregulares había sido otorgada después de
haberse finalizado los procesos de identificación y demarcación de las tierras indígenas sobre las
que inciden.

Además, numerosos comentarios de organizaciones de trabajadores a la Comisión de
Expertos y reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Administración de la OIT versan sobre la
exploración y explotación de recursos naturales (petróleo, recursos forestales, minas) -sin consulta
con los pueblos indígenas o mediante procedimientos inapropiados- a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, sin
indemnización ni participación en los beneficios. Otros casos se refieren a proyectos de desarrollo
(sin consulta o mediante procedimientos inapropiados) para evaluar la incidencia social, espiritual
y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre
esos pueblos. La Comisión ha señalado que una adecuada aplicación de los mecanismos previstos
en el Convenio coadyuvaría a disminuir la tensión social, aumentar la cohesión y elaborar políticas
de desarrollo incluyentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en varias ocasiones a favor de
las comunidades indígenas al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto
de San José de Costa Rica”, por ejemplo en casos en Nicaragua, Belice, Estados Unidos, Paraguay
y Surinam. Sin embargo, los Estados involucrados no siempre cumplen con sus obligaciones y
estas opiniones y fallos quedan algunas veces sin efecto, lo cual es grave para la protección de los
derechos humanos de los pueblos indígenas.

Un caso emblemático es el de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua
(2001). La sentencia de la Corte concluye que el Gobierno de Nicaragua violó los derechos de
la comunidad indígena al otorgar una concesión para explotación forestal dentro de su territorio
tradicional sin el consentimiento de ésta y sin atender a sus demandas de titulación de su territorio
ancestral. Hasta esta fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha emprendido acciones mínimamente
suficientes para dar cumplimiento a la sentencia y resolución de medidas provisionales dictadas
por la Corte. Cuatro años después de esta sentencia y casi tres años de haber expirado el plazo de

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

15 meses dado por este tribunal, las tierras de la comunidad awas tingni no han sido demarcadas
ni tituladas, lo cual ha resultado en una violación continuada de los derechos de propiedad
reconocidos por la Corte y otros instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos.
Como resultado de este incumplimiento, la situación de la comunidad ha empeorado drásticamente,
a tal punto que ésta se encuentra en una situación mucho más delicada en cuanto al disfrute de
sus derechos humanos que cuando empezó el caso ante el sistema internacional, poniendo serias
dudas sobre la eficacia de este sistema para generar cambios en las normas y políticas de los
Estados en relación con los pueblos indígenas.

Desde 2003 existe un conflicto entre la comunidad kichwa de Sarayaku y el Gobierno
ecuatoriano por las actividades de una empresa petrolera transnacional en su territorio. Después de
agotar los recursos jurídicos internos, Sarayaku presentó una demanda a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que pidió al Estado medidas cautelares a favor de Sarayaku. Ante la falta
de respuesta del Estado, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio
de 2005 la Corte pidió al Estado por segunda ocasión que tomase medidas provisionales a favor
de la comunidad indígena y que informase oportunamente sobre su cumplimiento (proteger la vida
y seguridad de las personas, asegurar libre tránsito por el río, eliminar el peligro de explosivos
sembrados en la comunidad, hacer que disminuya la violencia en la región, etc.). En octubre
de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó una nueva audiencia para
escuchar a las partes en conflicto.

En junio de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el
caso de la comunidad indígena yakye axa de Paraguay, en torno a una reivindicación territorial
que la comunidad había presentado desde 1993. La Corte resolvió que el Estado había violado
el derecho a la vida y a la propiedad de la comunidad yakye axa y ordenó al Estado entregar la
tierra reclamada en forma gratuita, proveer a la comunidad de los servicios básicos necesarios
y fomentar su desarrollo, y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro
carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los
miembros de los pueblos indígenas.

Como demuestran los casos indicados, el sistema regional interamericano de derechos
humanos ha incursionado de manera progresiva en el campo de los derechos indígenas en años
recientes, y con sus resoluciones y sentencias ha desarrollado una importante jurisprudencia
orientada a proteger estos derechos al amparo de la legislación internacional en la materia. Aunque
la actividad del sistema en este campo es reciente, sus contribuciones forman parte, más allá de
su ámbito regional, del emergente derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto
pueden tener relevancia también en otras regiones. A este respecto resulta significativa la petición
del Consejo Circumpolar Inuit a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (diciembre
de 2005) buscando remedio a la persistente violación de los derechos humanos de los inuit de
la región ártica por el creciente calentamiento global, del cual hace responsable principalmente
a los Estados Unidos por sus políticas ambientales. Ya de por sí las resoluciones de la Corte
constituyen una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos
logros no son suficientes si los Estados objeto de dichas resoluciones incumplen las sentencias
total o parcialmente. Falta aún que el sistema interamericano de derechos humanos –como el
sistema internacional en su conjunto– encuentre la forma de hacer obligatorias sus resoluciones y
logre establecer mecanismos de sanciones a los Estados que persisten en ignorarlas.

Rodolfo Stavenhagen

Para los pueblos indígenas poder acudir a las comisiones, comités y tribunales
internacionales con el objeto de defender sus derechos ha sido una experiencia relativamente
nueva y reciente. Es preciso ampliar y fortalecer esta vía de protección y poner en práctica
mecanismos que permitan consolidar las acciones de las organizaciones indígenas y de derechos
humanos en el sistema internacional de protección. La Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos se viene interesando cada vez más en la situación de los pueblos indígenas
del continente africano. Un amplio estudio sobre la cuestión adoptado por la Comisión en 2005
indica los principales problemas de los pueblos indígenas de la región. Entre otros temas, quisiera
subrayar los siguientes puntos del mencionado estudio.

Los pueblos indígenas de África se componen principalmente de pastores y cazadoresrecolectores
en distintas regiones del continente que vienen habitando desde tiempos inmemoriales.
En décadas recientes han sido víctimas de un proceso de pérdida de sus tierras y recursos. La
Comisión señala que algunos de estos pueblos, como los hadzabe y los batwa, están en peligro de
extinción. El despojo de sus tierras y recursos pone en peligro la supervivencia económica, social
y cultural de estas comunidades. Por lo general son víctimas de distintas formas de discriminación
en los países en que viven. No tienen acceso igualitario a la justicia con el resto de la población.
También sufren de altos niveles de pobreza y bajos niveles de desarrollo social (educación, salud,
vivienda, servicios sociales) Lo anterior conforma un cuadro ampliamente documentado de
violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en África y contraviene, según la
Comisión, las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Por lo general, los Estados africanos niegan la existencia de pueblos indígenas, que no
tienen reconocimiento constitucional, y no existen más que algunas pocas legislaciones que toman
en cuenta a estos pueblos. La falta de reconocimiento constitucional y legislativo y el modelo de
desarrollo adoptado por casi todos los países de la región implican la asimilación de los pueblos
indígenas y la negación de su especificidad lingüística y cultural. Se consideran generalmente
como poblaciones marginadas y alejadas que son merecedoras de atención especial por parte de
los gobiernos, pero no de derechos humanos específicos. La Comisión considera que mientras los
gobiernos africanos no tomen la responsabilidad de asegurar que todos sus ciudadanos tengan
acceso a un desarrollo apropiado, los pueblos indígenas seguirán estando en los niveles más bajos
de la población.

Un caso que ha causado particular preocupación a la Comisión Africana y otros organismos
internacionales es la situación de los basarwa en Botswana. La delegación de la Comisión que
visitó el país en 2005 informa que el Gobierno de Botswana decidió reubicar a los habitantes de
la reserva animal del Kalahari Central (un pequeño grupo de cazadores y recolectores basarwa
que han vivido en la zona por miles de años). En respuesta a este hecho, se formó una coalición
de organizaciones basarwa y de derechos humanos que establecieron un equipo de negociación
para discutir con el Gobierno sobre el futuro de la población de la reserva. Cuando fracasaron las
primeras negociaciones, los basarwa demandaron al Gobierno ante los tribunales en 2002 para
afirmar sus derechos a seguir viviendo en la reserva. El juicio aun sigue y las negociaciones no
se han reanudado. Mientras tanto, la población ha sido expulsada de la reserva, después de que
les fueron cortados todos los suministros y servicios, y fue reubicada en algunos campamentos
limítrofes. El Gobierno también presentó una enmienda a la Constitución de Botswana, según la

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

cual sería eliminada una disposición constitucional que daba derecho a los basarwa a tener acceso
a sus tierras tradicionales de cacería.

La delegación enviada al país por la Comisión Africana resume su informe destacando que
los basarwa han sido desde hace tiempo víctimas de políticas de desalojo y reubicación contra su
voluntad. Los desplazados no tienen acceso a la propiedad de la tierra y se emplean como jornaleros
eventuales en condiciones de gran vulnerabilidad. Los servicios prometidos por el Gobierno no les
han sido suministrados. El desalojo se llevó a cabo sin previa consulta ni consentimiento de los
interesados. Bajo amenazas, algunas familias decidieron reubicarse, pero otras se negaron y se
quedaron en la reserva. Posteriormente, algunos volvieron a la reserva al no recibir los servicios
anunciados. La delegación considera que el programa del Gobierno estuvo mal coordinado, hecho
a la carrera, y que no tomó en consideración las mínimas normas internacionales. Al no disponer
de ninguna representación ante el Gobierno, ni estar reconocidos como tales en las leyes, los
basarwa no pueden formular adecuadamente sus quejas y reclamos.

Se considera por la misma fuente que el problema del desplazamiento forzado de los
basarwa es un problema de política de desarrollo más que una cuestión jurídico-legal, y que
requiere de una solución política, fundamentada en los derechos humanos, la cual sólo se puede
dar mediante la consulta entre todos los interesados: el Gobierno, las comunidades indígenas y la
sociedad civil. La delegación recomienda que el Gobierno de Botswana adopte acciones afirmativas
a favor de los basarwa, y que les permita estar representados en las distintas instancias de toma
de decisiones políticas; que establezca zonas comunales de conservación en la reserva para que
los basarwa puedan participar en el cuidado y el manejo del ambiente y de los animales; que
reciban capacitación y educación para participar en su propio desarrollo; y, finalmente, que el
Gobierno ya no niegue legalmente la existencia de los basarwa como pueblo indígena sino que los
reconozca como tales con sus derechos, de acuerdo a la normatividad internacional.

4. Conclusiones y recomendaciones
En las observaciones y análisis que anteceden se han expuesto algunos de los problemas principales
de la plena implementación de las legislaciones y reformas en materia de promoción y protección
de los derechos humanos de los indígenas, poniendo de manifiesto áreas en las que se necesita
una intervención rápida y eficaz para poder asegurar el pleno disfrute de tales derechos. Durante la
última década se han dado numerosas reformas constitucionales y legislativas en muchos países en
las que se reconocen los pueblos indígenas y sus diversos derechos civiles y políticos y, sobre todo,
los derechos económicos, sociales y culturales. Algunas de estas legislaciones son más amplias
que otras; en ciertos casos los derechos reconocidos son limitados y se subordinan a los intereses
de terceros o al interés general de la nación. Se advierten dos tipos de problemas en esta situación:
por una parte, existen numerosos casos en que la legislación en materia indígena es inconsistente
con otras leyes. Por la otra, en la mayoría de las reformas constitucionales documentadas existe
un rezago con respecto a la adopción de leyes reglamentarias y secundarias.

El problema principal, sin embargo, es la “brecha de la implementación”, es decir, el
vacío entre la legislación existente y la práctica administrativa, jurídica y política. Este hueco entre
el nivel formal y el nivel real constituye una violación de los derechos humanos de los indígenas.
Cerrar el hueco, colmar la brecha, constituye un desafío y deberá plantearse como un programa

Rodolfo Stavenhagen

de acción de derechos humanos indígenas en el futuro. Una parte del problema se ubica en los
propios procesos legislativos, en la composición de las legislaturas, en la escasa representación
y participación de los indígenas en el quehacer legislativo, en la falta de consulta con los pueblos
indígenas, en los sesgos y prejuicios contra los derechos indígenas que se encuentran entre
numerosos participantes de la vida política, entre legisladores y partidos políticos de diverso
signo. No se trata solo de legislar sobre cuestiones indígenas, sino de hacerlo con los pueblos
indígenas.

Por lo general no existen mecanismos adecuados para monitorear la efectividad de la
legislación indígena y para evaluar su aplicación en la práctica cotidiana de la Administración
pública y de la sociedad. Las comisiones ad hoc creadas por estas legislaciones son frágiles y
están sujetas a los vaivenes políticos de la coyuntura. Los diversos “ombudsman” que tienen a
su cargo los derechos indígenas son débiles y vulnerables y no cuentan con el apoyo político ni
financiero necesario. Las organizaciones de la sociedad civil que pueden asumir la defensa de los
pueblos indígenas se encuentran generalmente presionadas, cuando no amenazadas y hostigadas,
y con frecuencia tienen que actuar en defensa propia. Parte del mismo problema es la ausencia
de una política coordinada y sistemática, con la participación de los pueblos indígenas, que de
manera transversal involucre a los diferentes ministerios y órganos del Estado relacionados con
cuestiones indígenas, tales como ministerios de agricultura, energía, minas y recursos naturales,
educación y salud, entre otros, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. No es
suficiente la existencia de comisiones de derechos humanos o de ombudsman si los ministerios
que tienen responsabilidades sobre áreas sensibles para los pueblos indígenas no actúan de
manera coordinada.

Una de las manifestaciones más claras de la “brecha de la implementación” es la
Administración pública. Salvo excepciones, por lo general el aparato burocrático del Estado
reacciona lentamente ante la nueva legislación a favor de los derechos indígenas; no está
funcionalmente adaptado para asumir los nuevos retos; vive una cultura administrativa que le
hace difícil acoger y asumir la multiculturalidad y el derecho a la diferencia; expresa una herencia
asimilacionista que rechaza el reconocimiento de los pueblos indígenas; y en su seno se manifiestan
frecuentemente actitudes discriminatorias, cuando no racistas, hacia lo indígena. Esto se ha
documentado ampliamente en las áreas de administración de justicia, educación, salud, política
ambiental, cuestiones agrarias y desarrollo económico.

Otro problema es la ausencia de mecanismos de consulta y participación, establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas de manera que contemplen las necesidades y óptica
de ambas partes, para regular la manera en que se aplicarán tales mecanismos en las diferentes
áreas: legislativa, administrativa, programas de desarrollo y recursos naturales, entre otros. Los
mecanismos elaborados unilateralmente ignoran a una de las partes de la consulta, imponen una
subordinación en cuanto a la metodología y en consecuencia generan frustración, de manera tal
que el proceso de consulta se ve condenado al fracaso desde su inicio.

El sector judicial ha sido llamado de manera creciente a involucrarse en esta problemática.
Los tribunales contribuyen a resolver los conflictos entre las leyes, la no implementación de éstas,
los actos de autoridad que contradicen las reformas y lesionan los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas. En este proceso han jugado un papel importante los tribunales superiores,

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

las supremas cortes y las cortes constitucionales. Pero en el futuro tendrán que hacer mucho más.
Los indígenas están utilizando cada vez más los mecanismos internacionales para la defensa de
sus derechos humanos y para procurar cerrar la “brecha de la implementación”. A nivel regional
ha jugado un papel de creciente importancia el sistema interamericano de derechos humanos, y
está comenzando a tener relevancia el sistema regional africano. A nivel internacional, la OIT y
los mecanismos de los tratados en las Naciones Unidas tienen sin duda una autoridad moral que
se ejerce cada vez más en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, aunque a algunos
Estados les cueste trabajo creerlo.

Finalmente, la brecha sólo podrá cerrarse con la plena participación de las organizaciones
indígenas y de la sociedad civil actuando constructivamente en el marco de las instituciones
nacionales, buscando resolver conflictos y lograr consensos que a final de cuentas serán benéficos
para toda la sociedad nacional. Confío en que los elementos que se señalan en el presente informe
puedan servir de guía para los gobiernos en su compromiso para implementar de una forma más
efectiva las normas existentes en materia de promoción y protección de los derechos de los
pueblos indígenas. En este contexto se presentan las siguientes recomendaciones:

a)
A los gobiernos dar alta prioridad en la búsqueda de medidas y acciones concretas
que ayuden a cerrar la brecha existente entre las legislaciones para la protección de
los derechos humanos de los indígenas y su implementación efectiva.

b)
Desarrollar una política coordinada y sistemática, con la participación de los pueblos
indígenas, que de manera transversal involucre a los diferentes ministerios relacionados
con cuestiones indígenas.

c)
En consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, establecer
mecanismos de consulta y participación sobre toda medida de alcance general o
particular que les afecte, con especial atención a la legislación, recursos naturales y
proyectos de desarrollo.

d)
Consciente que el establecimiento de mecanismos interculturales de consulta y
participación adecuados solo será resultado de un proceso y no de un acto único,
elaborar mecanismos flexibles y la creación de comisiones nacionales que puedan
evaluar el funcionamiento de tales mecanismos y efectuar los ajustes necesarios.

e)
Que junto a las nuevas legislaciones se establezcan mecanismos de observación
y evaluación de los mecanismos y prácticas, y de implementación de las normas
enunciadas con la participación de los pueblos indígenas.

f)
A los parlamentos que establezcan, allí en donde aún no existen, comisiones sobre
asuntos indígenas y sobre derechos humanos; y que aquellas que ya existen sean
responsabilizadas de asegurar que las propuestas legislativas respondan efectivamente
a las necesidades y requerimientos de los pueblos indígenas en consulta con los
pueblos indígenas. Asimismo, que realicen un seguimiento cuidadoso del uso de los
presupuestos asignados a las áreas de protección y promoción de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

g)
Que a la brevedad posible sean adoptadas las leyes reglamentarias y orgánicas
necesarias en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas,
para la efectiva aplicación de las normas establecidas en las legislaciones sobre
derechos humanos de los pueblos indígenas.

h)
Que en los casos de inconsistencia entre las leyes, se dé prioridad y primacía a las
que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que los conflictos que
puedan derivarse de estas inconsistencias sean resueltos de buena fe y de común
acuerdo.

i)
Establecer mecanismos independientes para construir los criterios e indicadores
adecuados para dar seguimiento sistemático al cumplimiento de las legislaciones
en materia de derechos de los pueblos indígenas, así como otras que afectan los
derechos y libertades fundamentales de estos pueblos. Para ello se recomienda la
instalación de observatorios ciudadanos debidamente financiados y con personal
altamente capacitado.

j)
Que los cuerpos legislativos incorporen, si no lo han hecho aún, las normas
internacionales de derechos humanos relevantes para los pueblos indígenas en sus
legislaciones nacionales.

k)
A los partidos y las agrupaciones políticas desarrollar un diálogo con los pueblos
indígenas a fin de incorporar las demandas de los pueblos indígenas en sus agendas
legislativas.

l)
Que los Estados adopten medidas eficaces para asegurar que las autoridades
judiciales relevantes, los legisladores y los funcionarios públicos conozcan las leyes
y las decisiones y compromisos internacionales en materia de derechos indígenas y
actúen en consecuencia.

m)
Que los tribunales apliquen estas normas internacionales en los casos que involucren
situaciones relativas a los derechos humanos de los pueblos y las comunidades
indígenas y que tomen en cuenta la emergente jurisprudencia en esta materia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

n)
Que sean fortalecidas las instancias de “ombudsman” para los derechos indígenas y
proveerles de los recursos presupuestales e institucionales necesarios.

o)
Que las recomendaciones de las instancias de “ombudsman” para los derechos
indígenas sean de cumplimiento obligatorio para las autoridades indicadas en ellas.

p)
A los organismos de la sociedad civil que den prioridad a la capacitación de los
representantes indígenas para hacer llegar sus planteamientos a las instancias
legislativas correspondientes.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

q)
Que las instituciones de la Administración pública que se ocupan de las políticas de
atención a los pueblos y comunidades indígenas establezcan mecanismos adecuados
para llevar adelante estas tareas y capaciten a sus funcionarios para que las cumplan
en el marco del respeto a las diferencias culturales y a las necesidades específicas de
los pueblos indígenas.

r)
Tomando nota del plan estratégico del ACNUDH, así como la política de compromiso
con los países, que se refuerce la cooperación técnica en cuestiones relevantes a los
derechos humanos de los pueblos indígenas.

s)
Teniendo en cuenta el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, que los
Estados aseguren que la cuestión de los derechos humanos de los pueblos indígenas
se mantenga en la agenda de este nuevo organismo y que se asegure un papel
importante para los pueblos indígenas en las discusiones futuras de esta cuestión.

t)
A los equipos de país de las Naciones Unidas, que den prioridad en la elaboración,
implementación y evaluación de sus programas a las cuestiones relevantes para la
promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, apoyando
la idea del programa HURIST para asegurar mayor participación de los pueblos
indígenas en las actividades de las Naciones Unidas.

u)
A la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que continúe
su incipiente e importante labor a favor de los pueblos indígenas del continente y
considere la conveniencia de elaborar los instrumentos regionales adecuados para la
protección de los derechos humanos de estos pueblos.

v)
A la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la conveniencia de elaborar un código
de conducta internacional de protección a los derechos de los pueblos indígenas para
empresas transnacionales que operan en regiones indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

VI. Sexto informe: Tendencias y desafíos (2007)
El Relator Especial se complace ahora en presentar al Consejo su sexto y último informe anual,
el cual dedica a una revisión y evaluación de algunos de los problemas pendientes más urgentes
que inciden en los derechos humanos de los pueblos indígenas, y desea compartir con el Consejo
algunas reflexiones al respecto, con la esperanza de contribuir a la orientación de sus futuras
actividades en torno a este tema (Véase documento de Naciones Unidas A/HCR/4/32).

Si bien ha habido avances en la adopción de normas que reconocen los derechos de los
pueblos indígenas, se sigue manteniendo la brecha de la implementación de estas normas. Para
dar visibilidad a sus necesidades y sus derechos, los indígenas han recurrido a distintas formas
de organización y movilización social que con frecuencia resultan ser la única vía para que sus
demandas sean escuchadas. Sin embargo, son demasiado frecuentes los casos en los que se
criminaliza la protesta social, dando lugar a nuevas y a veces graves violaciones de los derechos
humanos. Sigue la tendencia hacia la disminución de los recursos de los pueblos indígenas, la
reducción de sus tierras y su base territorial, y la pérdida progresiva y acelerada del control sobre
sus recursos naturales, principalmente de sus bosques. Particularmente afectados han sido los
pueblos que se encuentran en aislamiento, sobre todo en la cuenca amazónica. Peligra también la
existencia de los pueblos pastores en las regiones áridas y semiáridas. Se mencionan casos en
diferentes países.

Las crecientes migraciones de personas indígenas son una de las expresiones de la
globalización y de la desigualdad y pobreza generada por ésta. Los indígenas migrantes están
particularmente expuestos a violaciones de sus derechos humanos en los trabajos agrícolas y
mineros, en el ambiente urbano y a nivel internacional. Hacen falta políticas adecuadas de protección
de los derechos humanos de los indígenas, cada vez más numerosos, que se encuentran en estas
circunstancias. Especialmente merecedoras de atención son las mujeres y las jóvenes indígenas
migrantes, que sufren desproporcionadamente la violencia y la explotación sexual.

En el marco de diversos procesos de transformación, los pueblos indígenas han
conseguido ciertos avances y logros en algunos países en los que se aplicaron buenas prácticas.
No obstante, también siguen existiendo obstáculos para el pleno reconocimiento y goce de sus
derechos humanos, y los desafíos que enfrentan son grandes.

Los problemas y retos que enfrentan los pueblos indígenas son producto de largos
procesos históricos y de causas estructurales, y no se resuelven solamente con la adopción de una
ley o la creación de una institución pública. Requieren de un enfoque multidimensional, de voluntad
política y de la activa participación de los propios pueblos indígenas con base en el respeto a la
diferencia y con sensibilidad intercultural. Esta perspectiva exige el concurso de múltiples actores,
comenzando por los propios pueblos indígenas, los gobiernos, la sociedad nacional en todas sus
esferas y las organizaciones internacionales.

En los últimos años se han desarrollado en distintas instancias espacios de diálogo y
negociación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y los pueblos indígenas. Con
ello ha crecido la visibilidad pública de estos pueblos, lo que a su vez ha permitido avances en

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

los mecanismos de protección de sus derechos. Sin embargo, se sigue manteniendo, y a veces
incluso ensanchando, una brecha de implementación entre las buenas intenciones expresadas con
frecuencia en reformas constitucionales y legislaciones diversas, y el goce efectivo de los derechos
humanos a nivel concreto y cotidiano. Así como hay avances, también pueden identificarse
obstáculos que se advierten en distintas tendencias que serán tratadas a continuación.

1. La nueva normatividad y la brecha de implementación
Durante los últimos años han continuado los procesos de reforma constitucional, legislativa e
institucional en relación a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo Burundi, Camboya,
Marruecos, Noruega, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. En otros países se está
considerando este reconocimiento, como es el caso de los procesos de reforma constitucional en
Kenya y en Nepal. Se ha recibido información de distintas partes del mundo acerca de la lentitud
y las dificultades de la implementación de estas reformas, así como de la frecuente inconsistencia
entre la legislación relativa a los derechos de los pueblos indígenas y la legislación sectorial. Esta
contradicción se da sobre todo en materia de derecho de los recursos naturales, generando un alto
nivel de incertidumbre y tensiones que con frecuencia se expresa en la persistencia de conflictos
sociales. En países como Camboya, Chile, Filipinas y México, la práctica demuestra que estos
conflictos a veces se solucionan en contra de los intereses y derechos de los pueblos indígenas.
Con todo, la experiencia también demuestra que la nueva normatividad se ha transformado en un
instrumento fundamental para promover los derechos de estos pueblos, sobre todo a través del
sistema judicial.

Los tribunales nacionales comienzan a desempeñar un papel cada vez más activo en
la defensa de los derechos indígenas. En diciembre de 2006, el Tribunal Supremo de Botswana,
tras uno de los juicios más largos y costosos de aquel país, decidió que los basarwas, que habían
sido desplazados por el Gobierno del Central Kalahari Game Reserve, tenían el derecho a regresar
a su territorio tradicional. En Kenya, la Corte Suprema reconoció el derecho de los ilchamus a
tener representación efectiva en el Parlamento.198 En Sudáfrica, la Corte Suprema concluyó en
2003 que la comunidad de Richtersveld tenía título de propiedad consuetudinario sobre sus tierras
tradicionales, incluyendo derechos a los recursos del subsuelo. En septiembre de 2006 una corte
federal de Australia dictaminó que los pueblos indígenas noonger son los propietarios tradicionales
de una zona que cubre la ciudad de Perth y sus alrededores, concluyendo que la comunidad
había mantenido su cultura y costumbres desde la colonización europea. Esta sentencia implica
que las comunidades aborígenes pueden reivindicar derechos sobre tierras en donde el título
consuetudinario indígena no haya sido extinguido por actos legislativos o ejecutivos que hayan
transformado estas tierras en propiedad privada individual. El Supremo Tribunal Federal de Brasil
decidió, en agosto de 2006, que los 4 responsables del asesinato de 12 indios yanomamis en 1993
eran culpables de un crimen de genocidio, y no sólo de homicidio común, un delito que comporta
una pena menor y que hubiera permitido la puesta en libertad de los culpables. La Suprema Corte
de Canadá aceptó, en diciembre de 2006, el derecho de miembros de las Primeras Naciones de
New Brunswick (mic´mac y maliseet) a la tala no comercial de madera en bosques clasificados
como tierras de la Corona, basándose en el título aborigen y en derechos derivados de tratados
firmados con la Corona Británica. Es uno más de los casos en que los tribunales han reconocido

198 Véase mi informe sobre Kenya, A/HRC/4/32/Add.3, párr. 23.

Rodolfo Stavenhagen

los derechos de los pueblos indígenas sobre la base de las disposiciones constitucionales y de los
tratados históricos en contenciosos con los Gobiernos federal y provinciales.

Después del importante avance que representó la decisión sobre el derecho a la tierra de
la comunidad de awas tingni en Nicaragua en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
se ha pronunciado en algunos otros casos en defensa de los derechos de las comunidades
indígenas del continente americano, incluyendo sus sentencias en los casos de Masacre de Plan
de Sánchez (Guatemala), yatama (Nicaragua), yakie axa y sawhoyamaxa (Paraguay), moiwana
(Surinam), y las medidas provisionales otorgadas a la comunidad de sarayaku, en el Ecuador.199 La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos juega un papel activo en estos casos y ha emitido
informes, entre otros, sobre los casos del pueblo shoshone occidental en los Estados Unidos y las
comunidades mayas en Belice.

Las sentencias y decisiones de los órganos internacionales en relación con los derechos
de los pueblos indígenas se enfrentan también a una brecha de implementación. Los derechos de
la comunidad awas tingni se han debilitado por la falta de implementación de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se sigue deteriorando la situación de los derechos
humanos de los shoshones occidentales en los Estados Unidos. A pesar de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dio la razón a los indígenas que alegaban la violación a sus
derechos a la tierra, el Gobierno de los Estados Unidos de América considera que la propiedad
de los shoshones sobre sus tierras ancestrales fue extinguida por la vía judicial y administrativa,
negando ahora a este pueblo el acceso a estas tierras y a sus recursos naturales. El Gobierno ha
promovido la explotación minera y petrolera, el desecho de materiales tóxicos y nucleares y el uso
militar en sitios sagrados de los shoshones. En noviembre de 2006, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial instó una vez más al Gobierno de los Estados Unidos a que desistiera
de sus acciones en contra de los shoshones, y en julio de 2006 el Comité de Derechos Humanos
urgió a este país a conceder la misma protección judicial a los indígenas que a la población no
indígena.200

La pérdida continuada de los territorios indígenas

Sigue la tendencia hacia la disminución de los recursos naturales de los pueblos indígenas,
principalmente la posesión de sus tierras. A pesar de que numerosos países han adoptado en
el transcurso de los últimos años diversas leyes en las que se reconoce la propiedad colectiva e
inalienable de las tierras de las comunidades indígenas, los procesos de titulación han sido lentos
y complicados, y en muchos casos los títulos otorgados a las comunidades no se respetan en la
práctica. Por el contrario, la tendencia hacia la privatización de estas tierras tradicionales va en
aumento. Se dice que este proceso beneficia a los propietarios indígenas, en la medida en que
proporciona certeza jurídica. Sin embargo, se ha podido observar que, a la larga, las comunidades
indígenas tienden a perder sus tierras y territorios tradicionales a favor de diversos intereses
económicos privados, ya sea de empresas o de invasores y colonos individuales que han logrado
asentarse en sus áreas tradicionales indígenas.

199 Véase mi informe sobre Ecuador, A/HRC/4/32/Add.2, párrs. 19 a 21.

200 CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, párr. 37.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

En Camboya, pese a la ley agraria de 2001, que reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a la posesión colectiva de sus tierras, las comunidades indígenas de las tierras altas
denuncian el decrecimiento progresivo de sus recursos forestales. En la última década unos 6.5
millones de hectáreas de bosque han sido enajenados mediante concesiones a grandes compañías
madereras, y otros 3.3 millones de hectáreas fueron declarados como áreas protegidas, mientras
que a las comunidades indígenas se les impide usar los recursos del bosque necesarios para su
subsistencia.

En Canadá, los acuerdos que negocian los Gobiernos federal y provincial con algunas
Primeras Naciones de la Columbia Británica reconocen como reserva de estas comunidades
sólo una pequeña parte de sus tierras tradicionales, privatizando el resto de estas tierras para
ser vendidas y compradas libremente. Los acuerdos establecen también que, tras nuevas
negociaciones, las comunidades indígenas acepten renunciar definitivamente a la vía judicial a
cambio de una compensación monetaria. Por supuesto, numerosas Primeras Naciones se resisten
a estas maniobras, y los tribunales han comenzado a darles la razón recientemente.

La economía global valora cada vez más los recursos petroleros y mineros que se
encuentran en las regiones indígenas. Son numerosas las denuncias y las quejas que he recibido
de comunidades indígenas cuyos recursos han sido apropiados y son explotados por poderosos
consorcios económicos, sin su previo consentimiento ni participación, y sin que estas comunidades
obtengan algún beneficio de dicha actividad. Esta problemática es actualmente una de las más
controvertidas que involucra a los pueblos indígenas, al Estado y a las empresas privadas, y
muchas veces también a los organismos financieros internacionales.

En los países del sureste asiático persisten los conflictos por la posesión y el control
de los recursos naturales entre los Estados y los indígenas de las tierras altas, que se dan por lo
común en torno a la construcción de infraestructuras, especialmente en el caso de las represas,
y la creación de reservas forestales. En estos países se han efectuado o se proyectan realizar
desplazamientos masivos de pueblos indígenas, como alrededor de las presas chinas sobre el alto
río Mekong y sus afluentes; el proyecto del Río Negro en Vietnam; el Nam Theun en Laos y los
planes en Tailandia de grandes obras de infraestructura en la región de Chiang Mai, que amenazan
el equilibrio ecológico, así como el derecho a la tierra, a la integridad cultural, a la alimentación
y a la salud de las comunidades indígenas afectadas. Se estima que el proyecto de construcción
de 13 represas sobre el río Nu, en China, implicará el desplazamiento de 50,000 miembros de
comunidades indígenas (nu, lissu, tibetanos, yi, pumi) y de otras minorías étnicas. Una parte de esta
zona, Tres Ríos Paralelos, ha sido declarada Patrimonio Común de la Humanidad por la UNESCO. En
2006 el Comité del Patrimonio Mundial expresó su preocupación por el impacto que pudiera tener
la construcción de estas represas sobre las comunidades afectadas. Dichas comunidades alegan
que no han sido consultadas sobre estos proyectos, al igual que otras comunidades indígenas
aledañas en la zona fronteriza de Myanmar y Tailandia.

Los principios y directrices básicos sobre los desalojos y desplazamientos a consecuencia
del desarrollo, propuestos en 2006 por el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda adecuada,
Miloon Kothari, para su posible adopción por el Consejo de Derechos Humanos, define los
desplazamientos forzosos como una violación de derechos humanos que sólo debe llevarse a cabo
en casos excepcionales y con estricto arreglo a los principios del derecho internacional de los

Rodolfo Stavenhagen

derechos humanos.201 Las directrices proponen una serie de garantías relativas a la protección
de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo una serie de estrategias preventivas y de
requisitos de procedimiento tanto para el desalojo como para la reubicación.

En la Federación de Rusia, un nuevo Código de Tierras adoptado en 2001 permite la
apropiación privada de la tierra, pero establece mecanismos tan onerosos para acceder a la
propiedad que la mayoría de las comunidades indígenas han quedado excluidas del proceso. Lo
mismo sucede con los códigos que reglamentan el uso del agua y de los bosques. Siberia central
constituye actualmente una vasta reserva de petróleo, gas, carbón y metales pesados. Compañías
rusas y extranjeras están compitiendo por el acceso a los recursos del subsuelo de esta región, así
como por el derecho a construir caminos y oleoductos para transportar combustible y madera a los
mercados extranjeros. Estos son los problemas que enfrentan, por ejemplo, los pueblos indígenas
de los distritos de Turukhansk, Taimyir y Evenkia en Krasnoyarsk Krai.

El establecimiento de áreas protegidas como parques nacionales y reservas de la fauna
silvestre implica frecuentemente el desplazamiento forzado de grandes extensiones de tierras
indígenas, el colapso de sus formas tradicionales de tenencia de la tierra y su empobrecimiento, lo
que ha conducido a numerosos conflictos sociales. La creación de parques nacionales en Uganda
a principios de los años noventa, con apoyo del Banco Mundial, causó problemas a los indígenas
batwas que ya no tienen acceso a sus recursos forestales y han sido reducidos a la calidad de
jornaleros sin tierras. Como resultado de la nueva política del Banco Mundial respecto a los pueblos
indígenas -y habiendo reconocido el impacto devastador sobre los batwas de la creación de los
parques nacionales- ahora hay recursos para que las familias de este pueblo indígena compren
pequeños lotes agrícolas.

En recientes congresos internacionales sobre los parques y la conservación (celebrados
en Durban, Sudáfrica, en 2003, y Bangkok, Tailandia, en 2004) se planteó la necesidad de nuevos
paradigmas para las áreas protegidas que restauren los derechos indígenas violados y los
respeten en el futuro. La defensa de los derechos humanos debe ser prioritaria en las campañas
ambientalistas, para lo cual se requiere establecer una base internacional de datos.

El Relator Especial recomienda que los Estados realicen esfuerzos por cerrar la brecha
de implementación entre los derechos reconocidos por las leyes y reforzados a veces por los
tribunales, y el ejercicio práctico de estos derechos, sobre todo en la protección de las tierras
y recursos naturales de los pueblos indígenas, de acuerdo al espíritu de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos.

Los pueblos de los bosques

La disminución de la base territorial de los indígenas es solamente una pequeña parte de un
fenómeno más amplio: el de la pérdida progresiva y acelerada del control sobre sus recursos
naturales, entre los cuales es particularmente aguda la situación de los recursos forestales. En
los últimos años se han visto afectados sistemáticamente los bosques de los pueblos indígenas

201 E/CN.4/2006/41, anexo

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

por las actividades de las grandes compañías forestales y de la explotación maderera legal e
ilegal, conduciendo a la progresiva destrucción de sus medios tradicionales de subsistencia. Este
proceso no solamente conduce a la deforestación y desertificación de amplias extensiones del
planeta, sino también acelera la progresiva destrucción de los modos de vida y las culturas de los
pueblos indígenas. Este proceso afecta a las condiciones de vida de un sinnúmero de comunidades
indígenas en los bosques ecuatoriales del centro de África, la cuenca amazónica, la floresta boreal
del norte siberiano y americano, la cordillera andina y el sureste asiático, así como las islas del
Pacífico. El Relator Especial ha visitado varias de estas áreas y ha podido constatar personalmente
los daños aquí comentados.

Alrededor de 60 millones de indígenas en el mundo dependen casi totalmente de los
bosques para su supervivencia. Al amparo de leyes forestales, las autoridades tienden a coartar los
derechos de las comunidades locales a favor de los intereses de las compañías comerciales y la
explotación de los recursos se da con frecuencia en el marco de actividades ilegales protegidas por
funcionarios y empresarios corruptos. En muchos países, las expulsiones de pueblos indígenas de
sus bosques tradicionales como resultado de estos procesos es uno de los factores fundamentales
de su empobrecimiento. En muchos países del sudeste asiático, la forma de vida de los pueblos de
los bosques es considerada como primitiva y ha sido a veces criminalizada, para ser reemplazada
por la agricultura comercial «permanente». La expansión de las plantaciones industriales de aceite
de palma, caucho y árboles para pulpa de madera, ha sido la causa de innumerables conflictos
en países como Indonesia y Malasia, cuando se despoja de sus tierras a las comunidades locales
para entregarlas a las compañías sin el consentimiento de las comunidades. Muchas veces los
conflictos se intensifican y conducen a violaciones de los derechos humanos.

Indonesia posee el 10% de los recursos forestales mundiales, que proporcionan el medio
de vida para aproximadamente 30 millones de indígenas. El Gobierno de Indonesia clasifica a la
mayor parte de los territorios indígenas como tierras boscosas del Estado, que incluyen un total
de 143 millones de hectáreas. De éstas, casi 58 millones de hectáreas ya están en manos de
empresas madereras, y el resto está en proceso de convertirse en plantaciones comerciales, una
transformación que ha sido financiada en buena parte por agencias multilaterales. Mientras tanto,
los bosques son controlados por la explotación en gran escala, y muchos territorios indígenas han
sido objeto de concesiones a diversas compañías sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

Un análisis estadístico del impacto social de las áreas boscosas protegidas en la cuenca
del Congo y en el África oriental concluye que decenas de miles de personas, en su mayoría
pertenecientes a comunidades cazadoras-recolectoras, fueron desplazadas como resultado de la
creación de estas áreas, y que la subsistencia de otras tantas se vio afectada negativamente. Se
ha documentado la falta de tierras, el desempleo, la pérdida de ingresos, la falta de vivienda, la
inseguridad alimentaria, la creciente morbilidad y mortalidad, así como la desarticulación social
de la vida comunal de los indígenas como resultado de estos procesos. La drástica reducción
de la superficie boscosa en Rwanda durante el siglo XX a sólo el 7% del territorio total, con la
consecuente pérdida de recursos bióticos, ha afectado especialmente a los indígenas twas. Sus
derechos consuetudinarios al bosque nunca han sido reconocidos formalmente, y la mayoría de
ellos fueron transformados en ocupantes precarios o desplazados para dar lugar a plantaciones
comerciales de eucalipto generadoras de productos madereros, y a la industria lechera en pastizales
sobre antiguas tierras boscosas. Contrariamente a lo prometido, los twas, que constituyen el grupo

Rodolfo Stavenhagen

más pobre de Rwanda, no recibieron compensación alguna ni tampoco fueron empleados en los
proyectos de desarrollo, y no tienen acceso a la educación formal, la vivienda o los servicios de
salud. Habiendo perdido el 30% de su población en el genocidio de 1994, los twas ahora se han
organizado para luchar por sus derechos. En Camerún se constata que los pigmeos del bosque son
víctimas de la pérdida de los recursos forestales como resultado de su explotación económica. Han
perdido sus tierras ancestrales y sus recursos naturales a favor de los intereses y beneficios de
grandes empresas forestales, compañías agroindustriales y las organizaciones conservacionistas,
y como resultado ven peligrar su cultura y su supervivencia como pueblos.

Pese a que llevan décadas cabildeando a sucesivos gobiernos por el pleno reconocimiento
legal de sus derechos tradicionales a la tierra, los 55,000 a 60,000 indígenas amerindios de
Guyana aún se encuentran en una situación agraria muy precaria. Muchas comunidades carecen
de títulos de propiedad, o cuentan con títulos inseguros. Las áreas no tituladas son consideradas
tierras del Estado y están sujetas a las concesiones mineras y madereras otorgadas sin consultar
previamente a las comunidades amerindias, como en el caso de la extracción de oro y diamantes
en los territorios tradicionales de los indígenas akawaios, macusis, wapichan y waiwais. En años
recientes, la sociedad civil se ha organizado para promover un cambio de política que tome en
cuenta los derechos de los pueblos indígenas del bosque, lograr un sistema gerencial comunitario
del manejo de los recursos y un enfoque integral, más democrático e igualitario.

Numerosos países han adoptado leyes que reglamentan el uso de los recursos forestales.
Si bien algunas veces se reconocen los derechos ancestrales de las comunidades y los usos
tradicionales que hacen de estos recursos, por lo general la legislación tiende a favorecer a las
grandes empresas madereras y las plantaciones comerciales. Un análisis comparativo demuestra
que las leyes forestales contribuyen poco a la protección de la seguridad y los derechos de las
comunidades indígenas. Generalmente las autoridades privilegian otras leyes que de hecho limitan

o incluso niegan estos derechos. Sólo la movilización social y a veces la intervención favorable
de los tribunales, logra proteger los derechos de las comunidades indígenas contra los intereses
poderosos de la industria maderera. En diciembre de 2006, el Parlamento de la India aprobó una
ley que reconoce los derechos forestales de los habitantes de los bosques. Éstos incluyen el
derecho a poseer y ocupar tierras boscosas bajo tenencia individual o común para la producción de
subsistencia, pero excluye la cacería de animales silvestres. Corresponde a la asamblea comunal
manejar el uso de estos derechos.
Los derechos de los pueblos de los bosques han sido ahora incorporados en diversos
documentos internacionales. En 2005, el Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre (Brasil)
suscribió una declaración de los bosques en la que se afirma que los pueblos indígenas de estas
regiones tienen derechos inalienables que deben ser asegurados; que debe asegurarse su plena
participación en las tomas de decisión; y que los gobiernos deben asegurar un ambiente que
posibilite el manejo de los bosques por las comunidades. Un nuevo instrumento útil para la defensa
de los territorios indígenas es el levantamiento cartográfico comunitario, también conocido como
«etnomapeo». Los beneficios que han obtenido con esta técnica pionera los indígenas de Guyana y
la República Bolivariana de Venezuela, entre otros, pueden fortalecer su capacidad de negociación
para una estrategia efectiva de defensa territorial. El Relator Especial recomienda a los Estados y
a las agencias multilaterales que respeten los derechos tradicionales de los pueblos del bosque y
que incorporen a las comunidades indígenas involucradas en todos los proyectos de manejo de los

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

recursos forestales, con su pleno consentimiento y participación en los beneficios eventuales que
se deriven de estos proyectos.

Los pueblos pastores

La situación de los pastores masai en Kenya ilustra bien la problemática a la que se enfrentan
los pueblos pastores de África del Norte y oriental, Asia central y otras partes del mundo. Desde
la colonización, los masai fueron despojados de buena parte de sus vastas tierras de pastoreo
nómada y seminómada, y en años recientes fueron expulsados de las áreas destinadas a la
conservación. Bajo la presión de los organismos financieros internacionales, muchas de sus áreas
comunitarias de pastoreo fueron transformadas en fincas agrícolas privadas. Como consecuencia,
los masai y otros pueblos pastores, como los somalíes y los turkana, han sufrido una reducción de
sus rebaños, un deterioro progresivo de sus niveles de vida, así como el aumento de la pobreza y
la inseguridad asociadas a las sequías periódicas que padecen las zonas áridas en las que intentan
sobrevivir. El Gobierno de Kenya reconoce ahora que aplicó durante años estrategias de desarrollo
equivocadas, y está poniendo en marcha una estrategia alternativa para incorporar a los pastores
nómadas y sus modos de subsistencia a los planes de desarrollo nacional.202

También en Tanzanía, donde 2 millones de personas viven del pastoreo, los pastores
fueron duramente golpeados por la política de sedentarización forzosa, que finalmente fracasó.
Actualmente los pastores nómadas masai, tatota, barabaig y otros, así como los cazadoresrecolectores
hadza y akies, están expuestos a la progresiva disminución de sus recursos de tierra
y agua por la política oficial de crear parques y reservas nacionales para el turismo, de los cuales
los indígenas están excluidos (un caso emblemático es el del parque Ngorongoro); y de fomentar
la propiedad privada de la tierra en manos de agricultores, muchos de ellos empresas comerciales
extranjeras. Entre ellos se ha creado una creciente disparidad social y existen altos índices de
pobreza por la pérdida de sus pasturas, restricciones a su capacidad de manejo del recurso de la
tierra, acceso insuficiente al agua, falta de apoyo a la infraestructura y a la comercialización del
ganado. Pero poco a poco, a través del creciente activismo de las organizaciones de pastores y
cazadores-recolectores, las políticas estatales están comenzando a tomar en cuenta los derechos y
las necesidades de estas comunidades, incluyendo la Política de Ganadería de 2005 y la Estrategia
Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza de 2005-2010.

La mayoría de los 45 grupos que figuran en el Registro Común de los Pueblos Indígenas
de la Federación de Rusia se encuentran en la región ártica o en áreas subárticas de tundra y
taiga de Siberia, donde todavía subsisten del pastoreo. El Ministerio del Trabajo informó en 1995
de que en los distritos autónomos de Khanty-Mansi y Yamal-Nenetz se habían destruido, de
manera permanente, 11 millones de hectáreas de zonas usadas por los rebaños de renos, y se
habían contaminado irremediablemente docenas de ríos y lagos. La privatización de las tierras
y recursos locales introducida en la época postsoviética contribuyó aún más a la pérdida de
los bienes colectivos de los pueblos indígenas, acelerando su destrucción social y cultural y su
empobrecimiento. El Relator Especial recomienda que se desarrollen con participación indígena los
proyectos de desarrollo que permitan a los pueblos pastores, si así lo desean, conservar su modo
de vida y los terrenos tradicionales que para ello se necesiten.

202 Véase mi informe sobre Kenya, (supra nota 1), párrs. 65 a 68

Rodolfo Stavenhagen

Los pueblos en aislamiento

En distintas partes de los bosques ecuatoriales que aún existen en el mundo, se encuentran
pequeñas comunidades indígenas que rehuyen todo contacto con la sociedad moderna y que
prefieren vivir en aislamiento dedicadas a su economía tradicional de subsistencia. Contrariamente
a la imagen difundida por algunos medios de comunicación, estos grupos no son los pobladores
primogénitos «aún no contactados por la civilización», sino poblaciones que huyen desde hace
generaciones de contactos que para ellos han sido extremadamente violentos y mortíferos,
y que les ha llevado a refugiarse en las selvas. Muchas de estas comunidades se encuentran
ahora al borde de lo que algunos califican de genocidio debido a la explotación del petróleo, la
extracción maderera, la introducción de plantaciones comerciales extensivas, la construcción de
obras de infraestructura, la actividad misionera, el narcotráfico y el turismo internacional. Los
pocos contactos que se dan pueden tornarse violentos, y las enfermedades traídas por los nuevos
colonizadores siguen exterminando buena parte de esas poblaciones.

En Ecuador la ley ha reservado una «zona intangible» para los indígenas tagaeritaorenamis.
203 Pero aun así se dan situaciones de conflicto o encuentros violentos entre indígenas
asentados y los aislados, generalmente por los intereses de las empresas madereras y extractivas
en la zona. El Relator Especial mantiene su preocupación con relación a la situación extremadamente
vulnerable de algunas pequeñas comunidades indígenas en la región amazónica colombiana que
pudieran encontrarse en peligro de extinción a consecuencia de la violencia.204

En el Departamento de Madre de Dios, Perú, la organización indígena Federación Nativa
de Madre de Dios y sus Afluentes (FENAMAD), apoyada por otras organizaciones, actúa para
lograr la creación de una reserva para los pueblos en aislamiento, incluyendo los pequeños grupos
sobrevivientes de maslos, matsigenkas y chitonahuas. Pero la constitución legal de reservas
indígenas no garantiza por sí sola que la autonomía territorial de los indígenas sea respetada por
los distintos actores económicos. La falta de medidas concretas para la protección de la integridad
física y cultural de estos pueblos puede llevar a su desaparición total.

Brasil y Perú han adoptado legislación específica para la protección de pueblos indígenas
que se encuentran en aislamiento, y Bolivia recientemente reconoció una zona intangible para
el pueblo toroma. Venezuela ha establecido programas de salud para atender la situación de los
pueblos indígenas en «contacto inicial». En Paraguay se está en proceso de definir una política
en relación con estos pueblos, tales como los ayoreo. Con todo, estas acciones parecen ser
insuficientes dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento.

En noviembre de 2006 tuvo lugar un seminario en Bolivia sobre pueblos en aislamiento,
con el apoyo del Gobierno de Bolivia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), entre otros. El seminario recomendó
a los Estados y las organizaciones internacionales que declarasen la protección de los pueblos
indígenas en aislamiento como un asunto de alta prioridad y que se incluyese esa cuestión en las
agendas nacional e internacional. Se subrayó también la importancia de la participación indígena
en el desarrollo de programas específicos de protección, el combate a la impunidad por violaciones

203 Véase supra nota 2, párrs. 37 a 41.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

al principio de «no contacto» y la definición de territorios intangibles para estos pueblos. Se
estableció un grupo de trabajo indígena sobre la situación de los siete países en América Latina en
que existen pueblos en aislamiento.

Respecto del principio de no contacto, el seminario propuso fortalecer el papel de los
ministerios públicos y de las defensorías del pueblo en cuanto a la prohibición de establecer
contacto involuntario, y aplicar sanciones ejemplares a los que amenazan los modos de vida y
la integridad de estos pueblos, así como establecer instrumentos jurídicos que permitan adoptar
medidas de protección con rapidez. También se recomendó evitar la entrada de misioneros
religiosos a los territorios habitados por estos pueblos indígenas.

Se recomienda que los Estados asuman el compromiso de poner en práctica todos los
mecanismos necesarios para proteger la vida y la integridad de los pueblos en aislamiento para
garantizar su supervivencia con respeto a sus derechos humanos.

El impacto ambiental

Las actividades extractivas, los cultivos comerciales y patrones de consumo no sustentables han
inducido el cambio climático, la amplia contaminación y destrucción ambiental. Estos fenómenos
han tenido un impacto especialmente grave sobre los pueblos indígenas, cuyas formas de vida
están estrechamente vinculadas a su relación tradicional con sus tierras y recursos naturales, y
se ha convertido en una nueva forma de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de sus
territorios ancestrales, al tiempo que generan altos niveles de pobreza y enfermedad.

El pueblo inuit ha sido afectado por el deshielo masivo en sus territorios tradicionales
en el Ártico; la situación fue objeto de una reciente petición del Consejo Circumpolar Inuit (ICC)
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de los Estados Unidos de
América, a quien hace principal responsable del creciente calentamiento global. Algunos pueblos,
particularmente en las islas del Pacífico, se ven directamente confrontados por la amenaza de la
desaparición total o parcial de sus territorios como consecuencia del cambio climático, un asunto
que ha comenzado a ser analizado en el seno del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Los pueblos indígenas también han sido afectados por la disminución de las reservas de
agua en el mundo. Hay numerosos pueblos indígenas cuya subsistencia depende de su estrecha
relación con ríos y lagos y la regularidad de las lluvias, o bien, tratándose de pastores o nómadas,
de los acuíferos en zonas desérticas o semidesérticas. Las frecuentes sequías y hambrunas en
algunas regiones indígenas son el resultado, muchas veces, de la actividad humana, y podrían
evitarse con políticas adecuadas. Mientras tanto, la tendencia a la privatización del agua en
muchos países, particularmente en América Latina y en África, amenaza con privar del acceso
tradicional a este recurso a numerosas comunidades indígenas, conduciendo a «guerras del agua»
en varios países.

La explotación de los recursos naturales del subsuelo ha afectado de manera
discriminatoriamente alta a los pueblos indígenas. La extracción de oro en San Miguel Ixtahuacán
y Sipakapa, en Guatemala; la extracción de níquel en los depósitos de Goro y Prony, en Nueva

Rodolfo Stavenhagen

Caledonia; el oleoducto entre Chad y Camerún; o el gasoducto de Camisea, en la Amazonía peruana,
han dejado una secuela de efectos devastadores en los pueblos indígenas, que han asistido a
la destrucción de sus territorios tradicionales como consecuencia de tecnologías altamente
contaminantes y de la falta de consideración por el derecho al medioambiente de las comunidades
locales. La extendida práctica de depositar desechos tóxicos en territorios indígenas ha causado
numerosos abortos, incidencia de cáncer y otras enfermedades entre las mujeres indígenas.

Conflictos sociales y derechos indígenas

La criminalización de la protesta social y su represión por la fuerza pública (policías, fuerzas
armadas, a veces incluso grupos paramilitares) siguen siendo hechos denunciados con frecuencia
por las organizaciones indígenas y civiles. El Relator Especial ha documentado casos diversos en
sus informes sobre sus visitas a distintos países y en el registro de las comunicaciones a las que
ha dado seguimiento. Se denuncian ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas,
detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos. Muchos de estos incidentes tienen lugar
en el marco de la defensa que hacen las comunidades y organizaciones indígenas de sus tierras,
recursos naturales y territorios ancestrales.

En 2006, por ejemplo, hubo actos civiles de protesta en que participaron indígenas y no
indígenas, que fueron violenta y arbitrariamente reprimidos por el Gobierno mexicano en Atenco
y Oaxaca, produciéndose numerosas violaciones a las garantías individuales. Pese a diversos
intentos de diálogo entre las partes, el conflicto y las protestas continúan. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos recibió más de 1,200 quejas, y registró 20 personas fallecidas, 350 detenidos
y 370 lesionados, concluyendo que las partes en conflicto y la Policía Federal Preventiva han
utilizado la violencia reiterada y excesivamente. La sociedad civil denunció también secuestros,
violaciones a la libertad de expresión, amenazas, hostigamiento, torturas, violaciones sexuales y
agresiones cometidas por distintas policías, agentes del Estado y grupos armados supuestamente
parapoliciales. Aunque algunas de las personas detenidas y transportadas a cárceles lejanas
sin apego a la ley han sido liberadas, el Gobierno no ha investigado los delitos imputados ni ha
procedido contra los responsables de estas violaciones. También en México han sufrido abusos
y violaciones los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen al proyecto de
construcción en su territorio de la represa La Parota, que el Estado insiste en llevar a cabo sin el
libre consentimiento de la población. Un tribunal ha instruido al Gobierno que desista de proseguir
la construcción de obras de infraestructura en esta zona hasta que el conflicto se haya resuelto por
vía de la negociación, pero las autoridades han hecho caso omiso y siguen construyendo caminos
como parte del proyecto de la represa, a lo cual numerosos comuneros se oponen.

En Filipinas se denuncian, y siguen sin aclarar, numerosos casos de asesinatos de
defensores de los derechos humanos, activistas sociales y líderes de las comunidades indígenas.
En Guatemala, la violencia y la inseguridad en las regiones indígenas sigue siendo motivo de
preocupación para la comunidad de los derechos humanos e internacional. En Chile, las
comunidades mapuches siguen siendo objeto de allanamientos y maltrato por las fuerzas policiales.
Noticias semejantes provienen de la región de Chittagong en Bangladesh y de países del sureste
asiático, donde persisten los conflictos por la posesión y el control de los recursos naturales entre
el Estado y los indígenas de las tierras altas. Estos hechos demuestran una vez más la tendencia

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

de algunos gobiernos a criminalizar la protesta social en relación con las demandas legítimas de
los pueblos indígenas, fenómeno ya señalado por el Relator Especial en varios de sus informes. El
Relator recomienda a los Estados que respeten escrupulosamente los derechos y garantías de las
personas indígenas, en el marco de sus compromisos internacionales, y que no se criminalicen las
demandas legítimas de estos pueblos en relación a sus legítimos derechos.

Derechos de propiedad intelectual

Los conocimientos tradicionales, recursos biológicos, innovaciones y prácticas de los pueblos
indígenas nunca han estado bien definidos ni protegidos a nivel nacional e internacional. Es el caso,
por ejemplo, de sus conocimientos herbolarios tradicionales que acaban siendo comercializados
para el desarrollo de medicamentos modernos por las compañías farmacéuticas, o bien la música
indígena no protegida por derechos de autor y que es reproducida en los medios comerciales sin
reconocimiento alguno de los derechos de autor de estos pueblos. Dada la posesión con frecuencia
colectiva y ancestral de los conocimientos tradicionales, el sistema jurídico actual sobre la
propiedad intelectual no otorga protección suficiente a los indígenas.

La Convención sobre la Diversidad Biológica contiene varias disposiciones importantes
para los pueblos indígenas, que se refieren al respeto y la preservación del saber tradicional,
las innovaciones y prácticas de los indígenas para la conservación y el uso sustentable de la
diversidad biológica. También establece que los beneficios que se derivan de la aplicación del
conocimiento tradicional deben ser compartidos con las comunidades indígenas. A sugerencia del
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se quiere elaborar los elementos de un código
ético de conducta para asegurar el respeto del patrimonio cultural de los pueblos indígenas para la
conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica.

Actualmente once organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están conduciendo
trabajos relacionados con el patrimonio cultural y el conocimiento tradicional de los pueblos
indígenas en distintos regímenes jurídicos internacionales. Estos incluyen los grupos de trabajo
sobre el artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sobre acceso y reparto de
beneficios, en el marco de la implementación del Convenio; el Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, constituido en
el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las diversas actividades
desempeñados para la protección del patrimonio cultural intangible por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por su parte, el Grupo de
Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas está elaborando un conjunto de principios y orientaciones
para la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

En noviembre de 2005, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó
su Observación general Nº 17 (2005),205 en la cual se reconoce que las comunidades indígenas,
entre otros grupos, tienen, de acuerdo con el artículo 15 del Pacto, el derecho a la protección de
sus intereses morales y materiales derivados de sus productos científicos, literarios y artísticos,
incluyendo los conocimientos y las prácticas no tangibles.

205 E/2006/22-E/C.12/2005/5, anexo IX.

Rodolfo Stavenhagen

Pobreza indígena, niveles de vida y políticas sociales

Aunque numerosos gobiernos han adoptado políticas sociales con el objeto de «cerrar la brecha»
de las disparidades en los indicadores de desarrollo humano entre indígenas y no indígenas, hasta
la fecha los resultados han sido magros. El 40% de la población indígena en América Latina carece
de acceso a los servicios de salud, y persisten las grandes diferencias en índices de salud entre
la población indígena y no indígena. Los niños indígenas exhiben tasas extraordinariamente altas
de malnutrición. Un estudio comparativo en cinco países latinoamericanos realizado por el Banco
Mundial revela que en la última década la situación de los indígenas no ha cambiado, salvo en el
campo de la educación. En América Latina, 17 países reconocen ya oficialmente el derecho de los
pueblos indígenas a la educación intercultural y bilingüe, pero los resultados efectivos han sido más
bien modestos. La eficiencia terminal de los estudiantes en las escuelas indígenas tiende a estar
por debajo de la educación para otros sectores nacionales. Esto se debe fundamentalmente a que
la educación intercultural bilingüe no ha recibido los apoyos institucionales, técnicos, académicos
y financieros que necesita, y a que aun quedan fuertes rezagos en la capacitación de los maestros,
la disponibilidad de materiales didácticos y la adecuación del currículo escolar a las necesidades y
contextos culturales de los pueblos indígenas.

Los indicadores oficiales en Australia demuestran que los aborígenes constituyen el
sector más pobre y marginado de la población. El ingreso por familia de los aborígenes es el 68% de
los australianos no indígenas, y se estima que un 30% de todos los hogares indígenas son pobres.
Los aborígenes de Australia tienen menos de la mitad de las oportunidades de completar 12 años
de educación que los no indígenas, su tasa de desempleo es 4 veces mayor, la tasa de personas
encarceladas, 16 veces mayor, y la esperanza de vida al nacer es de 20 años menos que la de
los australianos no indígenas. Históricamente, la pobreza indígena está vinculada directamente al
despojo de sus tierras.

Hombres, mujeres y niños indígenas han continuado emigrando a los centros urbanos.
En algunos países, la mayoría de la población indígena nacional se encuentra viviendo actualmente
en las ciudades, como en Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Noruega, Kenya
y Nueva Zelanda. Aun en los países desarrollados económicamente, la población indígena urbana
acusa indicadores de bienestar social y desarrollo humano más bajos que el promedio de la
población: carecen de atención social sistemática y están excluidos de las redes de protección
que otros grupos sociales han logrado construir a lo largo de los años. En los países más pobres, la
situación de los migrantes indígenas en las ciudades es particularmente difícil. Se hacinan en los
tugurios y los arrabales más pobres, desprotegidos de toda atención social sistemática, excluidos
de las redes y de los circuitos de protección que otros grupos sociales han logrado construir a lo
largo de los años.

Las políticas sociales que solamente enfocan a los sectores más vulnerables de la
población sin considerar las particularidades de los pueblos indígenas han sido insuficientes para
resolver los graves problemas de estos pueblos. El Relator Especial recomienda que se redoblen
esfuerzos para aplicar medidas de acción afirmativa dirigidas específicamente a las necesidades de
las poblaciones indígenas, en el marco de las acciones recomendadas por el Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas. Para evitar que las migraciones indígenas resulten un mecanismo más

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

de transferencia de la pobreza rural a la pobreza urbana se requieren políticas sociales específicas
para poblaciones indígenas en las ciudades.

Las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de discriminación y marginación en
muchas partes del mundo. La triple discriminación a la que están sujetas (por ser mujeres,
indígenas y pobres) resulta en su marginación mayor -comparada incluso con los hombres
indígenas- con respecto a oportunidades económicas y políticas en materia de empleo, educación,
servicios sociales, acceso a la justicia, y de manera importante en cuanto al acceso a la tierra
y a otros recursos productivos. La presencia de las mujeres indígenas es cada vez mayor en
los circuitos migratorios de los jornaleros agrícolas, y continúa siendo fuerte su presencia en el
servicio doméstico, así como en otros servicios personales mal remunerados y poco protegidos.
Cada vez más se incorporan también a la migración internacional, en la economía informal, y
entre la creciente población de indigentes urbanos que sobreviven de la mendicidad. Aun más
preocupante es la victimización de las mujeres y las niñas indígenas en el tráfico de drogas, el
turismo sexual y la prostitución en amplias regiones del mundo. Es así que las tasas de VIH/SIDA y
otras enfermedades venéreas se propagan rápidamente entre la población indígena. Los gobiernos
no han prestado suficiente atención a esta cuestión y las políticas sociales y asistenciales han
sido poco eficaces hasta ahora para proteger a esta parte especialmente vulnerable de los pueblos
indígenas.

La mortalidad infantil entre los aborígenes en Australia es más del doble que la de
no indígenas y las mujeres aborígenes experimentan una tasa de encarcelamiento mayor que
cualquier otro colectivo. En Ecuador, las mujeres indígenas reciben menor atención médica
durante el parto que las no indígenas (33 contra 82%). La mortalidad infantil para hijos e hijas de
mujeres indígenas es del 10.5% en comparación con un 5.1% para no indígenas. En su informe de
2003, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación
por la continuada discriminación que sufren las mujeres aborígenes en el Canadá.206 A pesar de
algunas medidas positivas tomadas en aquel país, el informe señala que las mujeres indígenas
canadienses están sobre representadas en las ocupaciones de baja calidad y baja remuneración,
que constituyen un porcentaje alto de las que no han completado la educación secundaria y de
las mujeres encarceladas. El Comité también expresó su preocupación por la violencia sexual
contra las mujeres indígenas practicada por miembros del ejército y los garimpeiros en territorios
indígenas de Brasil.

Durante mis misiones he tenido conversaciones con numerosas organizaciones de
mujeres indígenas que denuncian prácticas discriminatorias hacia las mujeres en sus propias
comunidades, tales como los matrimonios forzados, la práctica de regalar niñas a otras familias,
la frecuente violencia doméstica, la violación de las niñas, el despojo de sus propiedades, el
limitado acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y otras formas de supremacía masculina
y patriarcalismo. Las mujeres tienen pocas oportunidades de denunciar estos abusos ante la ley,
y cuando lo hacen sufren incomprensión y presiones fuertes en su entorno familiar y comunitario.
En muchos países se han organizado para enfrentar esta situación de discriminación y violencia de
género, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos. He recomendado que los Estados,

206 A/58/38, párr. 362.

Rodolfo Stavenhagen

la sociedad civil y los organismos multilaterales pongan en práctica programas especiales, con
recursos suficientes, para la protección, la defensa y el apoyo a las mujeres y las niñas y niños
indígenas que se encuentran en las circunstancias indicadas.

La infancia indígena

En cinco países latinoamericanos el Banco Mundial encontró que los niños indígenas siguen
trabajando en grado mayor que los niños no indígenas, a pesar de que en términos generales ha
aumentado su grado de escolaridad. En Guatemala la proporción de niños no indígenas que trabajan
ha disminuido, mientras que la de los niños indígenas se mantiene estable. En Bolivia la incidencia
del trabajo infantil es cuatro veces mayor entre indígenas que en la población no indígena. En otros
países, como Filipinas y Kenya, los niños indígenas trabajan en actividades mineras, prostitución,
agricultura comercial y servidumbre doméstica, mientras que en otros países se les involucra en
conflictos armados. Generalmente las políticas sociales no enfocan el trabajo infantil entre los
indígenas, y éste permanece invisible y mal entendido.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial informó en 2004 que en
Surinam aumentó la explotación sexual de los niños y la violación de las niñas que pertenecen a
los pueblos indígenas y tribales, en las regiones en donde se han desarrollado actividades mineras
y forestales.207 El Comité de los Derechos del Niño expresa su preocupación por la situación de vida
de los niños batwas en Burundi y la total falta de respeto a sus derechos en todos los niveles.208
Igualmente ha expresado su preocupación por la situación de la infancia indígena en la República
del Congo, aunque reconoce los avances tendientes a la aprobación de una la ley indígena en este
país209. El Relator Especial recomienda a los gobiernos que tomen en cuenta e implementen a la
brevedad las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y del Comité
de los Derechos del Niño sobre la protección de los derechos de los niños y niñas indígenas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situaciones de migraciones, ambientes
urbanos, detención, desplazamientos forzados, conflictos internos e internacionales.

2. El futuro de la protección internacional de los derechos indígenas
Las nuevas tendencias y desafíos analizados en las páginas precedentes no hacen sino reforzar
la necesidad de normas y mecanismos para la protección efectiva de los derechos de los pueblos
indígenas. El debate en torno a una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas en el seno del Consejo de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la
Asamblea General, así como la revisión en curso de los mecanismos y procedimientos del Consejo,
hacen pertinente una revisión y actualización de los mecanismos existentes en las Naciones Unidas
para la protección de los derechos indígenas y el aprovechamiento de las experiencias y sinergias
creadas durante más de dos décadas.

207 A/59/18, párr. 195.

208 CRC/C/100, párr. 162.
209 CRC/C/COG/CO/1, párr. 88.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Las implicaciones del debate sobre la Declaración de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Una de las primeras acciones del Consejo fue la aprobación, el 29 de junio de 2006, del texto de
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendando a la Asamblea General
su aprobación formal. El texto fue respaldado por la mayoría de los miembros del Consejo, con los
únicos votos negativos de Canadá y de la Federación de Rusia. La Declaración ha sido objeto de
un prolongado proceso de gestación que ha involucrado activamente a Estados y a organizaciones
indígenas de todo el mundo, y su adopción fue un resultado largamente esperado por los pueblos
indígenas y por la comunidad universal de los derechos humanos. En noviembre de 2006, la
Tercera Comisión de la Asamblea General, mediante el proyecto de resolución A/C.3/61/L.18/Rev.1
decidió aplazar «el examen y la adopción de medidas» en torno a la Declaración hasta el final del
sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea.

La Declaración constituye un texto fundamental para la protección de los derechos de los
pueblos indígenas en todo el mundo, así como un complemento necesario para el sistema universal
de derechos humanos. Por ello el Relator Especial ha abogado activamente por la adopción de la
Declaración en distintas ocasiones ante la Asamblea General, y considera que corresponde ahora
al Consejo reafirmar su compromiso con la protección de millones de indígenas de todo el mundo.
Al haber sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, la Declaración constituye desde ya
un marco de referencia obligado para la actuación tanto del propio Consejo como de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los organismos de las
Naciones Unidas. La Declaración deberá servir también de guía para la actuación de los órganos
encargados de la supervisión de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La Declaración debe ser asumida en la discusión en torno a futuras normas internacionales en
materia indígena, tanto en el ámbito del sistema internacional de derechos humanos, como en
ámbitos regionales o especializados. Su adopción constituye también un importante impulso para
la cristalización del derecho consuetudinario emergente en relación con los derechos indígenas
en el orden internacional, y en este sentido debe impulsar los procesos de reforma legislativa y la
actuación de los tribunales en el ámbito interno.

Por lo anterior, el Relator Especial insta a la Asamblea General a adoptar la Declaración
durante el actual período de sesiones. También recomienda a la Organización de los Estados
Americanos que adopte a la mayor brevedad posible la Declaración Americana de los Derechos
de los Pueblos Indígenas y refuerce su apoyo a la relatoría sobre pueblos indígenas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; y a la Unión Africana, que apoye y tome en consideración
los aportes que en materia de derechos humanos está haciendo el Grupo de Trabajo sobre las
Poblaciones/Comunidades Indígenas de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los
Pueblos.210

Las cuestiones indígenas en el Consejo de Derechos Humanos

La actual revisión de las actividades, órganos y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos
constituye una valiosa oportunidad para mejorar la eficacia de la protección internacional de los
derechos indígenas y su transversalización en los mecanismos generales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta las disposiciones de la Declaración, el Consejo debería incluir los «asuntos

Rodolfo Stavenhagen

indígenas» como un punto separado en el orden del día de sus sesiones, como era el caso en la
Comisión de Derechos Humanos. Resulta esencial que la situación de los derechos de los pueblos
indígenas se incluya asimismo en el examen periódico universal actualmente en consideración.

Asimismo, el Consejo debería tomar en consideración el importante legado del Grupo
de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas como foro de discusión y asesoramiento técnico en
materia de derechos de los pueblos indígenas, para considerar el establecimiento de un nuevo
órgano de expertos, que tendría por objetivo la realización de informes y estudios especializados en
asuntos relativos a los derechos de los pueblos indígenas, en coordinación con los mecanismos ya
existentes, así como la discusión de normas internacionales en la materia. Tomando como modelo
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el futuro órgano de expertos debe incluir a
expertos indígenas en materia de derechos humanos.

En su revisión de los mecanismos existentes, el Consejo de Derechos Humanos debe
considerar la renovación de la Relatoría sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de los Indígenas dentro de la estructura de procedimientos especiales a cargo del
Consejo. Con independencia del mayor o menor éxito en el desempeño de sus funciones por este
Relator Especial, la definición amplia y flexible del mandato de la Relatoría ha jugado un papel
relevante en los últimos años para visibilizar la situación de los derechos indígenas en la actuación
de los órganos de derechos humanos y agencias internacionales, y ha permitido abrir espacios
para el diálogo con los Estados y los pueblos indígenas. La Relatoría ha contado con el apoyo
activo de gobiernos, sociedad civil y organizaciones indígenas, y se han identificado una serie de
«mejores prácticas» en el seguimiento de las recomendaciones del Relator Especial, como son los
cambios legislativos e institucionales que han permitido avanzar en la protección de los derechos
indígenas en diversos países. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos debe continuar jugando un papel activo en la promoción de los derechos de
los pueblos indígenas, especialmente en relación con la implementación de las recomendaciones
de los órganos derivados de tratados y del Relator Especial. En este contexto ha resultado esencial
la contribución de los órganos universales derivados de tratados, así como de los órganos de
los sistemas regionales de derechos humanos, por lo que el Relator Especial los invita a que
continúen prestando una atención prioritaria a los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus
actividades de supervisión.

Los organismos internacionales

Considerando la importancia pionera que ha tenido el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de
1989, como parte del marco normativo de garantía de los derechos de los pueblos indígenas,
es importante que los Estados que todavía no lo han hecho consideren la pronta ratificación de
este Convenio, y que los Estados Partes del Convenio continúen sus esfuerzos para trasladar a
su derecho e institucionalidad las disposiciones del Convenio, con la participación de los pueblos
indígenas interesados. A pesar de sus limitaciones, ha sido positiva la adopción de la Política
Operacional sobre Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10), del Banco Mundial, ya que numerosos
proyectos de desarrollo en tierras indígenas en distintas partes del mundo han sido apoyados por
este organismo. El Banco Mundial, junto con las demás instituciones financieras internacionales
que han adoptado recientemente políticas o directivas específicas en relación con los pueblos

indígenas, como la Corporación Financiera Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo o el
Banco Interamericano de Desarrollo, debe asegurar que sus políticas y directivas en relación con
los pueblos indígenas sean plenamente respetadas e implementadas en la práctica.

Numerosos organismos de Naciones Unidas han incluido la temática indígena en sus
agendas de trabajo y existen serios esfuerzos de transversalización de los asuntos indígenas
en sus ámbitos respectivos de actuación. La coordinación de este trabajo tiene un espacio
privilegiado en el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, integrado por 27
organizaciones intergubernamentales. El Relator Especial ha observado, sin embargo, que estos
objetivos no siempre se logran de inmediato en las actividades de todos los equipos de país de las
Naciones Unidas que tienen la responsabilidad local para la puesta en práctica de estas políticas.
Por ello recomienda que los organismos de las Naciones Unidas y los equipos de país incorporen
los derechos indígenas en su agenda, con el objetivo de lograr la plena implementación de la
Declaración y de alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio, y que involucren activamente
a los pueblos indígenas en la planificación e implementación de sus políticas a nivel nacional e
internacional.

3. Conclusiones y recomendaciones
En lo que va desde el establecimiento del mandato del Relator Especial, no se puede afirmar
que hayan cambiado substancialmente las condiciones de los derechos humanos de los pueblos
indígenas. Se han logrado avances en algunas áreas, sobre todo en materia legislativa y judicial.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas han adquirido mayor visibilidad en algunos países
y a nivel internacional, gracias en buena medida a la labor de diversos organismos de las Naciones
Unidas que han culminado, por ahora, en la adopción de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas por el Consejo de Derechos Humanos. En algunos países se pueden identificar
buenas prácticas que conducen a la consolidación de los derechos humanos de estos pueblos,
cuyas demandas y propuestas son planteadas con creciente fuerza a través de su alto nivel de
movilización social y, a veces, política.

Sin embargo, estos avances se topan con numerosos escollos, y también se han podido
constatar retrocesos. En diversas esferas hay aún incomprensión con respecto a los derechos
indígenas, ligada a la persistencia de prejuicios y actitudes discriminatorias, cuando no racistas.
Más preocupante resulta la oposición al pleno disfrute de sus derechos que proviene de diversos
intereses económicos privados, nacionales e internacionales. Estos intereses se centran en la
propiedad de la tierra y la explotación de los recursos naturales, sobre todo los bosques, el agua
y los recursos del subsuelo. Con frecuencia están coludidos con las estructuras del poder político
para obstaculizar el avance de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Por ello existe una brecha de implementación entre la legislación, las instituciones
públicas y las prácticas concretas a nivel local, que conduce a que los indicadores de bienestar
social y económico de la gran mayoría de la población indígena, especialmente de las mujeres,
sigan estando muy por debajo de los promedios nacionales. Para enfrentar este esquema de
desigualdad e injusticia que genera permanentes violaciones a sus derechos humanos, los pueblos
indígenas recurren a distintos tipos de movilización social, que a su vez provoca con frecuencia
el uso de la fuerza pública, incurriéndose en nuevas violaciones de sus derechos. Así se han

Rodolfo Stavenhagen

dado esquemas de criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas que dificultan la
solución negociada y democrática de sus legítimas demandas.

En el marco de la globalización y del deterioro ambiental se acelera la incorporación de
los indígenas a los circuitos migratorios, su creciente urbanización y la progresiva modificación
de su identidad cultural y social. Estos procesos plantean nuevos retos para la protección de
los derechos humanos y para la formulación de políticas públicas, que requieren de enfoques
proactivos y afirmativos, especialmente tomando en cuenta los problemas específicos de las
mujeres y los niños indígenas. Si no se atacan las causas estructurales de estas situaciones, los
pueblos indígenas no alcanzarán las promesas de los objetivos de desarrollo del Milenio ni lograrán
gozar plenamente de sus derechos humanos.

El Consejo tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de dar nuevos pasos en la
protección internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los Estados necesitan
mostrar mayor voluntad y capacidad política para construir mecanismos y estructuras eficientes
que logren promover realmente, y no solamente simular, el respeto efectivo de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en sus países. Los tribunales deben asumir activamente la
defensa de estos derechos más allá de los legalismos que durante tanto tiempo se usaron para
despojar de ellos a los indígenas. Las organizaciones civiles, así como los partidos políticos, tienen
que dar el impulso para incluir los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus agendas de
acción social y política. Finalmente, las comunidades y las organizaciones indígenas, que tanto
se han destacado en la defensa y promoción de sus derechos humanos, deben reevaluar sus
objetivos y estrategias, fortalecer y consolidar sus alianzas, e involucrarse en los procesos de
construcción de sociedades nacionales realmente democráticas y plurales.

Rodolfo Stavenhagen

VII. Séptimo informe: Por un desarrollo basado en los derechos
humanos (2007)
En este su séptimo informe al Consejo, el Relator Especial centra su investigación temática
en torno a las implicaciones del desarrollo basado en los derechos humanos, especialmente
en relación a los principios de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este enfoque permite identificar a los pueblos indígenas como titulares de derechos
humanos y coloca la realización de sus derechos como el objetivo principal del desarrollo.
La reciente adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) proporciona un marco normativo preciso para las políticas y
acciones de desarrollo de estos pueblos, sobre la base de los principios básicos de libre
determinación; consentimiento previo, libre e informado; participación efectiva, autonomía
y autogestión, y no discriminación.

El Relator Especial se complace ahora en presentar su séptimo informe ante el Consejo
(véase documento de Naciones Unidas A/HCR/6/15), que analiza las implicaciones del desarrollo
basado en los derechos humanos, cuestión que reviste una especial importancia a raíz de la
adopción por la Asamblea General de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2007. La Declaración constituye ya parte del
marco normativo internacional necesario para evaluar la situación de los derechos humanos de
los pueblos indígenas.211 El propio Consejo, al renovar el mandato del Relator Especial sobre los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas le encarga que “promueva la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos
internacionales relativos a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas” (A/HRC/6/
L.26, párr. 1(g)). La adopción de la Declaración dota a los Estados, las agencias y donantes
internacionales, así como a los organismos de la sociedad civil, de un claro marco de acción para
el diseño y puesta en práctica de políticas de desarrollo de los pueblos indígenas.

1. Pueblos indígenas y políticas de desarrollo: La otra brecha de la implementación
En varios de mis informes anteriores he señalado que la brecha de protección que sufren los
pueblos indígenas cubren toda la gama de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales, tanto individuales como colectivos. Numerosas violaciones de las que son víctimas
estos pueblos pueden ser atendidas mediante los mecanismos tradicionales ya clásicos de la
protección que brindan los sistemas judiciales o las instituciones no jurisdiccionales como la figura
del ombudsman. Esto se refiere particularmente a los derechos civiles y políticos, aunque también
se han documentado muchas deficiencias en este campo y la persistencia de distintas formas de
discriminación y racismo, de las que suelen ser víctimas especialmente las mujeres indígenas
(véase el capítulo 3).

En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), se requiere también
de políticas públicas enfocadas precisamente al logro de estos derechos. He podido observar en
estos años que es principalmente en relación con los DESC que se advierte la existencia de una
gran distancia entre los objetivos declarados por los Gobiernos y la realidad vivida por los pueblos
indígenas, una brecha que en vez de ir desapareciendo se sigue ensanchando. En este sentido,

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

la “brecha de implementación” de los derechos de los pueblos indígenas no consiste solo en una
brecha jurídica, expresada en la distancia entre los avances legislativos y jurisprudenciales en cada
país (véase capítulo 5). También existe una “brecha de implementación” entre el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional y las políticas y programas
estatales hacia los pueblos indígenas, que en numerosas ocasiones no toman en cuenta los
derechos indígenas o entran en contradicción con los mismos.

2. Los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo
Para hacer frente a la marginación y discriminación que han vivido históricamente los pueblos
indígenas, se han puesto en práctica diversas estrategias con el objeto de promover su progreso y
desarrollo. Estas estrategias pueden resumirse bajo las siguientes categorías:

1.
Modernización e integración: Cuando en los Estados predominaba la idea que las
comunidades indígenas eran “atrasadas” o “primitivas”, la estrategia más común
promovida por las autoridades consistía en introducir tecnología y métodos de
producción modernos para inducir un cambio socio-económico que resolvería lo
que se llamó durante mucho tiempo el “problema indígena”, aunque generalmente
el resultado final ha sido la generación de mayores cotos de pobreza. Echando mano
de las escuelas públicas y misioneras, de la conversión religiosa, la imposición
de una lengua nacional y la aplicación de un currículo escolar uniforme, muchos
Estados promovían la asimilación cultural de los niños indígenas, con la expectativa
que después de una o dos generaciones ya no habría población indígena en sus
países. Este modelo ha tenido, por lo general, resultados negativos para los pueblos
indígenas, aunque se sigue practicando en numerosos países.
2.
Crecimiento económico: Durante el último medio siglo hizo fortuna el concepto
del desarrollo económico, con base en la idea que si la economía global crece,
las economías nacionales harán lo mismo, y tarde o temprano las poblaciones
indígenas (como otros segmentos de la población clasificados como “pobres”)
obtendrán los beneficios añorados. Este modelo va acompañado con frecuencia de
megaproyectos de infraestructura, mineros, agroindustriales, turísticos y otros en
territorios indígenas, que han tenido, por lo común y salvo excepciones, resultados
desastrosos para estos pueblos. Si bien puede ofrecer oportunidades de progreso
a cierto número de individuos o empresas (que pueden ser, en su caso, indígenas),
sus efectos han sido más bien regresivos para el bienestar de los pueblos indígenas
afectados y han contribuido a aumentar la pobreza y la desigualdad social. La
estrategia del crecimiento económico va acompañada en fechas recientes de la idea
del desarrollo sustentable, sobre todo con base en preocupaciones ambientales, del
cual estarían excluidos los pueblos indígenas por considerarlos, sin fundamento,
responsables de la destrucción del ambiente en el que viven. El ejemplo más
dramático, del cual el Relator Especial ha informado al Consejo de Derechos
Humanos (A/HRC/4/32, paras. 25-41), son los programas de establecimiento de
parques o reservas naturales, sobre todo en la franja tropical y semitropical del
planeta (en donde se concentra buena parte de la población indígena). La estrategia
general del crecimiento enfoca a veces el desarrollo local integrado, basado en la

Rodolfo Stavenhagen

participación de los pueblos y comunidades indígenas como unidades del desarrollo,
que es donde los cambios tienen sus efectos más claros; y más recientemente se
habla de desarrollo con identidad.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados y de los muchos recursos empeñados
durante décadas en estos programas de desarrollo, los resultados tangibles han sido más bien
modestos. Los pueblos indígenas han tenido poca posibilidad de participar en su propio desarrollo,
ya que son considerados como objeto de políticas diseñadas por otros. Ahora, con fundamento
en la noción del desarrollo basado en los derechos humanos, muchos pueblos indígenas reclaman
la autonomía y la libre determinación como marco indispensable para promover y manejar su
propio desarrollo (entendido este en términos de sus propios valores culturales y no como un
concepto surgido de la economía industrial). Sin autonomía, se dice, no puede haber verdadero
desarrollo humano y social, a diferencia del crecimiento económico medido cuantitativamente. La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce la libre
determinación y la autonomía como un derecho humano de los pueblos indígenas.

3. El enfoque de derechos humanos y los pueblos indígenas
A partir de la Cumbre Mundial de Copenhague de 1996 sobre Desarrollo Social, la Cumbre del
Milenio en 2000, y la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible de 2005,
ha cristalizado el consenso internacional en torno a la interdependencia entre el desarrollo y
los derechos humanos. Desde que fue adoptado como un principio por las Naciones Unidas, el
desarrollo basado en el enfoque de derechos humanos ha comenzado a imponerse como marco
de referencia para las políticas públicas sociales y económicas a nivel internacional, y también
a nivel nacional en algunos países. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, la
cooperación técnica internacional, algunas estrategias nacionales de desarrollo local y regional,
así como numerosas organizaciones civiles están adoptando el modelo de un desarrollo basado en
los derechos humanos.

El principio básico de este enfoque es que la realización de los derechos humanos sea el
objetivo del desarrollo y por tanto que éste debe concebirse como una relación entre los titulares
de estos derechos y los titulares de las obligaciones correspondientes. Todos los programas
diseñados conforme a este enfoque incluyen indicadores de derechos humanos para la supervisión
y la evaluación del impacto de los proyectos y de los programas del desarrollo. La clave de este
enfoque radica en su vínculo expreso con las normas y principios de derechos humanos, que son
utilizadas para identificar la situación de partida, los objetivos y la evaluación del impacto del
desarrollo.

El enfoque de derechos humanos otorga importancia tanto a los resultados como al
propio proceso del desarrollo, que debe tener en cuenta principios básicos como la indivisibilidad
y universalidad de los derechos; la no discriminación, particularmente en relación con grupos
vulnerables o marginalizados; la participación y el empoderamiento; y la rendición de cuentas. Por
ello, un desarrollo basado en los derechos humanos requiere cambios no sólo en las prioridades
y en el discurso del desarrollo, sino también cambios políticos e institucionales, trasladando el
énfasis de los micro-proyectos a las políticas públicas en su conjunto.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos atribuye un papel
esencial a las comunidades en la definición de las prioridades y las estrategias del desarrollo,
especialmente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ejemplo, en
el noroeste de Camerún, la OIT pudo constatar que las estrategias nacionales para la reducción
de la pobreza no representan necesariamente las prioridades del pueblo pastor mbororo, para
quienes las claves de la reducción de la pobreza radican en el reconocimiento y la protección de
sus derechos colectivos sobre la tierra y los recursos naturales; la seguridad de las personas y
de la propiedad; y el mejoramiento del acceso a los pastizales. Para las comunidades mbororo, si
estas tres condiciones se dan, mejoraría la situación de sus derechos a la educación, la salud y la
alimentación.

Hasta la fecha ni los Gobiernos ni la cooperación internacional han aplicado
sistemáticamente un enfoque de derechos humanos en las políticas y programas de desarrollo
dirigidas a pueblos indígenas. En algunos casos, la sola utilización de los derechos indígenas en
el discurso del desarrollo no implica necesariamente un enfoque basado en derechos, y puede de
hecho convivir con viejos modelos de desarrollo que no contribuyen a la promoción efectiva de
éstos.

4. Principios de derechos humanos en el desarrollo indígena
Los pueblos indígenas como sujetos de derechos

El enfoque basado en los derechos humanos parte de una concepción del desarrollo que identifica
a los sujetos de derecho, y no meramente la población que es objeto de políticas públicas.
Así, exige la identificación de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos que
complementa a los derechos de sus miembros individuales. Estos derechos se reconocen en
diversos instrumentos internacionales, y en particular en la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración complementa y enriquece con sus principios
a otros instrumentos internacionales, como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como a los comentarios
de los órganos derivados de tratados de Naciones Unidas.

Dichos principios fundamentan los contenidos y los procedimientos del desarrollo en el
contexto de los pueblos indígenas, que deberá ser:

1. endógeno: surge de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer
frente a necesidades de la colectividad;
2. participativo: tiene que contar con el consentimiento libre e informado de
los pueblos y comunidades indígenas, que deben participar en todas las fases
del desarrollo. Ningún proyecto debe ser impuesto desde afuera;
3. socialmente responsable: debe responder a las necesidades identificadas
por los propios pueblos y comunidades indígenas, y reforzar sus propias
iniciativas de desarrollo; debe promover el empoderamiento de los pueblos
indígenas y especialmente de las mujeres indígenas;

Rodolfo Stavenhagen

4. equitativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin
discriminación, y contribuir a reducir desigualdades y abatir la pobreza;
5. autosostenible: debe sentar las bases para el mejoramiento progresivo a
largo plazo de los niveles de vida de todos los miembros de la comunidad;
6. sustentable y respetuoso del equilibrio ambiental;
7. culturalmente adecuado para permitir el florecimiento humano y cultural
de las personas involucradas;
8. autogestionado: los recursos (económicos, técnicos, institucionales,
políticos) deben ser manejados por los propios interesados a través de formas
propias y probadas de organización y participación;
9. democrático: debe contar con el apoyo de un Estado democrático
comprometido con el bienestar de su población, respetuoso de la
multiculturalidad, y que tenga voluntad política para proteger y promover los
derechos humanos de todos sus ciudadanos, y especialmente de los pueblos
indígenas.
10. exigible: los actores responsables del desarrollo deben ser capaces de
rendir cuentas claras ante la comunidad y la sociedad en su conjunto
Los responsables de las obligaciones: Los Estados, las agencias multilaterales
y otros actores

Un corolario lógico del enfoque de derechos en el desarrollo indígena es que el Estado
tiene como obligación implementar un conjunto mínimo de políticas públicas para respetar,
proteger, garantizar y promover los derechos humanos de los pueblos indígenas, principiando por
el mejoramiento de sus condiciones de vida. Ello implica no sólo un cambio en el discurso del
desarrollo, sino también supone transformar las instituciones públicas y la cooperación internacional.
Junto con los Estados, los donantes bilaterales y multilaterales, las agencias internacionales y en
determinadas circunstancias las empresas privadas son asimismo actores claves en el desarrollo
basado en los derechos humanos, por lo que también son titulares de obligaciones en relación con
las políticas y programas dirigidos a los pueblos indígenas.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha promovido el enfoque de derechos
humanos para el desarrollo de los pueblos indígenas, asumido en las actividades del PNUD, así
como por la Organización Internacional del Trabajo, con base en el Convenio Nº 169, y la UNICEF
al aplicar el artículo 45 de la Convención de los Derechos del Niño.

Un análisis de 27 agencias de cooperación al desarrollo realizado en 2003, concluyó que
sólo ocho agencias tenían alguna política específica de colaboración con los pueblos indígenas.
Desde entonces, algunas de estas políticas han sido actualizadas, incluyendo la revisión de la
estrategia para el apoyo a los pueblos indígenas de DANIDA (cooperación danesa), así como el

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

reciente lanzamiento de la estrategia “La cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas
en América Latina y el Caribe” de la Cooperación Alemana y la aprobación de la Estrategia de la
Cooperación Española con Pueblos Indígenas de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), que ha acompañado la ratificación por España del Convenio Nº 169 de la OIT como marco
para la actividades de cooperación con estos pueblos. Estas políticas incluyen el reconocimiento
de derechos básicos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de Naciones Unidas,
como la autoidentificación, el reconocimiento de la vinculación entre los pueblos indígenas y sus
tierras y territorios, el derecho a establecer e implementar sus propios modelos de autodesarrollo,
y al consentimiento libre, previo e informado, incluido el derecho a no aceptar actividades que van
en contra de estos derechos. El Banco Mundial adoptó la Política Operacional 4.10 revisada sobre
sus actividades que afectan a los pueblos indígenas. Otras agencias, como el Banco Japonés para
la Cooperación Internacional, incluyen disposiciones específicas para los pueblos indígenas en los
que se reconoce el papel central del respeto a sus derechos.

Consentimiento, libre, previo e informado

Uno de los artículos básicos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas establece que los Estados “celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar
y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento
libre, previo e informado” (artículo 19). La aplicación de este principio en relación con los programas
y proyectos de desarrollo dirigidos a las comunidades y a los pueblos indígenas es una precondición
básica para el respeto al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

Como ha sido elaborado por el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas, el principio de consentimiento previo, libre e informado implica los siguientes elementos
(E/C.19/2005/3, párrs. 46-48):

a)
No debe haber coerción, intimidación ni manipulación.

b)
Debe tratar de obtenerse el consentimiento con suficiente antelación a cualquier
autorización o comienzo de actividades y que se hayan respetado las exigencias
cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos indígenas.

c)
Debe proporcionarse información que abarque (por lo menos) los siguientes
aspectos: la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier
proyecto o actividad propuesto; la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto
y/o actividad; duración y zonas que se verán afectados; evaluación preliminar del
probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles
riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete
el principio de precaución, entre otros.

d)
Los pueblos indígenas deben especificar qué instituciones representativas están
autorizadas para expresar el consentimiento en nombre de los pueblos o comunidades
afectados, garantizando un equilibrio de género y tener en cuenta las opiniones de
los niños y los jóvenes, según proceda.

Rodolfo Stavenhagen

e)
La información debe ser precisa y revestir una forma accesible y comprensible,
entre otras cosas en un idioma que los pueblos indígenas comprendan plenamente.

f)
Las consultas deben celebrarse de buena fe. Las partes deben establecer un diálogo
que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto recíproco
con buena fe, y una participación plena y equitativa. Las consultas requieren tiempo
y un sistema eficaz de comunicación entre las partes interesadas.

Entre diversas experiencias positivas puede señalarse la del pueblo calamian tagbanua
de la isla Coron, en Palawan, Filipinas, que consiguió el reconocimiento de sus derechos sobre sus
tierras ancestrales bajo la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA). Esta Ley les
reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado en relación con todo programa o
proyecto de desarrollo dirigido a las comunidades, un proceso que tiene como interlocutor principal
a un Consejo de Ancianos (mame’pet) que representa a todo el territorio. Este proceso ha permitido
a las comunidades indígenas un mejor manejo de su territorio ancestral y ha permitido, entre otros,
contribuir a la generación de ingresos a través del control del turismo local.

En Canadá, los pueblos innu y haida han tenido asimismo experiencias positivas en
relación con el proceso de consulta y consentimiento. Un buen ejemplo es el acuerdo alcanzado
entre la Voisey Bay Nickel Company, la Nación innu y la Asociación Inuit de Labrador, que reconoce
tanto el derecho constitucional de las comunidades indígenas locales sobre su territorio ancestral
como el derecho al consentimiento en creación con las actividades mineras en dicho territorio. Este
acuerdo ha permitido involucrar a las comunidades en el diseño de proyectos, empleo, protección
ambiental, seguridad social y protección cultural.

A pesar de tratarse de un principio bien establecido en la legislación y políticas de
muchos países, las organizaciones indígenas continúan informando al Relator Especial de la falta
de su implementación. En el caso de la Federación de Rusia, por ejemplo, las organizaciones
indígenas respondieron al cuestionario enviado por el Relator Especial llamando la atención a las
disposiciones progresivas incluidas en la Ley Federal de 2000 relativa a los pueblos indígenas del
Norte, Siberia y Extremo Oriente de la Federación Rusa que incorpora los principios de consulta y
consentimiento, pero que la ley no se aplica de manera efectiva en todos los casos de explotación
de los recursos naturales. Una situación similar se da en Colombia, donde las organizaciones
indígenas continúan denunciando las fallas del mecanismo de consulta establecido por el Decreto
Nº 1329 de 1998.

Participación y empoderamiento

La participación y el empoderamiento, principios básicos e interrelacionados del enfoque de
derechos humanos aplicado al desarrollo, revisten especial importancia para los pueblos indígenas,
que han sido sistemáticamente excluidos y marginalizados en los procesos de toma de decisiones
que les afectan. Así, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce el
derecho a participar “en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos,
por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos”
(artículo 18), como parte esencial de su derecho a la libre determinación. Más específicamente, el
artículo 23 de la Declaración establece:

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de
su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la
elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Son muchos los ejemplos positivos donde la participación de los pueblos indígenas ha
contribuido efectivamente al logro de los objetivos del desarrollo, contribuyendo al mismo tiempo
al reforzamiento de las capacidades institucionales de los titulares de derechos. En Argentina, el
Instituto Nacional para los Asuntos Indígenas (INAI) ha establecido el Consejo de Participación
Indígena (CPI), teniendo como objetivo promover el diálogo intercultural. El CPI ha jugado un papel
central en el monitoreo de la situación de las tierras indígenas en el país, especialmente tras la
adopción de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena (No. 26.160). En Bolivia,
la participación de los pueblos indígenas ha sido central en el desarrollo de la nueva legislación.

En África, son cada vez más las leyes y los proyectos que dan cabida a la participación de
las comunidades indígenas, como es el caso de los códigos forestales de Camerún (1994), Gabón
(2001) y la República Democrática del Congo (2002). El Programa para el Sector Forestal y el
Medioambiente de Camerún, desarrollado con el apoyo del Banco Mundial, vincula la participación
de las comunidades indígenas en la gestión local de los recursos forestales con la legalización
de los derechos de propiedad y uso de sus tierras y recursos naturales. Aunque aun no se ha
puesto en práctica, en Kenya el Gobierno prevé la participación de los indígenas en la planificación
(Indigenous Peoples Planning Framework) como parte del Proyecto para la Productividad Agrícola
y Gestión Sustentable de la Tierra (Kenya Agricultural Productivity and Sustainable Development).
Es importante señalar que el principio de participación no se restringe sólo a la planificación, la
implementación y la evaluación de los proyectos, sino que incluye también la participación en
beneficios derivados del desarrollo. Así, en Nigeria, se está negociando un acuerdo que permitirá
la participación de los beneficios derivados de la explotación del petróleo en el Delta del Níger, que
incluye a las comunidades ogoni.

Dentro del sistema de la ONU, destaca el componente indígena del programa HURIST,
implementado conjuntamente con el PNUD y la ACNUDH. Financiado por la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo, el componente indígena ha permitido el establecimiento de mecanismos
enfocados a la participación de los pueblos indígenas en la planificación del trabajo de los equipos
país de la ONU en Ecuador, Bolivia y Kenya. El PNUD estableció el Programa Regional sobre Pueblos
Indígenas, que ha sido apoyado por los gobiernos de Camboya, Indonesia, Filipinas, Tailandia y
Vietnam. Entre otros, en Indonesia, el programa permitió realizar una revisión analítica de leyes en
la que participaron los Gobiernos, la Comisión de Derechos Humanos y los pueblos indígenas con
el fin de alinear las leyes y políticas con las aspiraciones de los pueblos indígenas.

El desarrollo de los pueblos indígenas tiene que ir, necesariamente, acompañado del
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas
para que puedan ejercer los derechos de los que son sujetos. En este sentido, son cada vez
más los programas que vinculan objetivos de participación y de capacitación y fortalecimiento
institucional. Por ejemplo, la cooperación alemana, GTZ, inició en 2006 un programa enfocado en el
“Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas latinoamericanas”, y otras agencias de cooperación,
como la española y la danesa, también consideran prioritario este fortalecimiento.

Rodolfo Stavenhagen

Una experiencia modelo a nivel local es la del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural,
Promoción y Desarrollo Social, en la Sierra Norte de Puebla (México), que vincula los objetivos
de la educación con un aprovechamiento racional y sustentable de los recursos y una inserción
menos desventajosa de la producción comunitaria en el mercado. El proyecto ha generado la
creación de cinco nuevos espacios institucionales: Central de Servicios Agropecuarios, Programa
de Apoyo a la Mujer Campesina, Promotora de Empresas Rurales, Escuelas Rurales de Formación
para el Trabajo y Escuela de Técnicos y Profesionistas Campesinos. Estas escuelas han asumido
un modelo de formación bilingüe y multicultural, y sus títulos son reconocidos oficialmente por la
Secretaría de Educación Pública. El proyecto incorpora ahora una Universidad Campesina Indígena,
inspirado en el modelo desarrollado por el pueblo inuit en Nunavut (Canadá), con base en recursos
económicos y humanos de las propias comunidades y de fondos estatales, federales y de agencias
internacionales.

Las mejores prácticas de la participación y el empoderamiento indígenas como
componentes del enfoque de derechos humanos demuestran la necesidad de superar las
aproximaciones participativas al desarrollo y de vincularse a procesos de autonomía y autogestión
de los pueblos interesados. Un ejemplo innovador es el proyecto Fortalecimiento de la capacidad
de los pueblos indígenas de Antioquia para el ejercicio de sus derechos y su autonomía en el
contexto del conflicto armado colombiano, apoyado por el Instituto Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos, en el que participaron la Organización Indígena de Antioquia y las
ONGs Mugarik Gabe y Almáciga. El proyecto promueve el empoderamiento de las autoridades y
organizaciones indígenas de Antioquia en una triple dirección: el reforzamiento de las autonomías
indígenas, con una especial atención al papel de las organizaciones indígenas en la participación
política al interior de sus propias comunidades; el diálogo con las autoridades del Estado y con
actores no indígenas; y la “diplomacia indígena” con actores internacionales de la cooperación.
Un punto importante del proyecto fue el de adaptar el empoderamiento institucional indígena en el
contexto del conflicto armado que vive el país, incorporando la creación de áreas de refugio para
las comunidades indígenas desplazadas internamente a raíz del conflicto.

Cuanto mayor sea el empoderamiento de los titulares de los derechos y de las
obligaciones, tanto más se refuerzan los espacios de diálogo institucional, con un mayor impacto
en la efectividad de los derechos. Ésta fue la clave de un proyecto del PNUD con la ONG filipina
Centro de Periodismo Comunitario (CCJD) para promover el conocimiento y debate público en
torno a los derechos humanos, que involucró tanto a organizaciones comunitarias como a
instancias públicas, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos (CHR) y la Comisión Nacional
de Pueblos Indígenas (NCIP). El proyecto facilitó, por ejemplo, que las comunidades indígenas de la
provincia de Iloilo, en la región de Visayas Occidental se organizaran en contra de la construcción
de una represa. El periódico local TVE colaboró con las organizaciones locales en la realización de
misiones de reconocimiento y en la difusión de los resultados de dichas misiones, promoviendo
la sensibilización del público general sobre el impacto de esta represa sobre las comunidades
indígenas.

La participación y el empoderamiento de los titulares de derechos y de los responsables
de las obligaciones permite llegar a soluciones culturalmente adecuadas en casos específicos.
Un ejemplo referido a la educación de las comunidades nómadas fue en Karamjoa (Uganda),
donde la ONG Save the Children promovió un entendimiento entre las autoridades locales y la

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

comunidad karimjong, que vive del pastoreo tradicional para su subsistencia, para hacer frente
al analfabetismo que afecta al 90% de la población. El sistema de educación alternativa diseñado
permite combinar la participación de los niños y niñas en las actividades tradicionales de pastoreo
con lecciones al principio y al fin de la jornada, que involucran también a los padres que están
interesados en aprender. El sistema es administrado en conjunto entre las comunidades locales
y las autoridades del distrito, y se reconoce la posibilidad de que los estudiantes se transfieran
al sistema de educación formal. De hecho, el sistema de educación alternativo ha fomentado la
escolarización en la educación formal.

Autonomía y autogestión

Especial importancia para el desarrollo de los pueblos indígenas tiene su derecho “a la autonomía

o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como
a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4 de la Declaración
de Naciones Unidas). Este derecho complementa el principio de participación en relación con
proyectos y programas de desarrollo gestionados por actores ajenos a los pueblos indígenas con
el principio de que los pueblos indígenas deben ser los actores de su propio desarrollo, tanto en
relación con la definición de las prioridades y estrategias del desarrollo como en la gestión del
mismo (artículo 23 de la Declaración).
En América Latina, por ejemplo, el proceso de la reforma del Estado y la descentralización
ha visto la emergencia de agentes políticos indígenas, que han comenzado a participar en las
estructuras de la toma de decisión del Estado, particularmente en el nivel local. En Ecuador, líderes
indígenas resultaron elegidos como alcalde del Cotacachi en 1996 y como Prefecto de la Provincia
de Cotopaxi en 2000, a consecuencia de la movilización de las organizaciones indígenas. Desde
su posición, las autoridades locales lograron modificar las instituciones del gobierno territorial,
creando nuevas posibilidades del acceso, la distribución, el control y el uso de los recursos del
desarrollo entre las comunidades indígenas. Otro caso similar es el de Tirúa, en el Sur de Chile,
donde resultó electo el primer alcalde indígena de la democracia en 1996. Desde entonces, el
acceso a la administración local ha generado beneficios concretos a las comunidades mapuchelafkenche
en un triple nivel: primero, el cambio de dirección de recursos hacia comunidades
indígenas, particularmente con respecto a las infraestructuras y a los servicios básicos; en
segundo lugar, el establecimiento de fórmulas innovadoras para promover la participación en la
planificación del desarrollo comunal; y tercero, la generación de nuevas redes con una variedad de
agentes nacionales e internacionales del desarrollo, en las que el municipio ha desempeñando un
papel de facilitador y consejero.

Otras experiencias importantes de autonomía o autogobierno en el desarrollo
indígena son aquellas en que los pueblos y comunidades indígenas asumen directamente la
responsabilidad de la gestión de las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, formada en 1991,
la Asamblea de Autoridades del Sector Zoogocho de la Sierra Norte de Oaxaca, México, agrupa
a 21 comunidades zapotecas que, a través de una organización intercomunitaria sustentada en
el uso de normas consuetudinarias, realizan actividades de revalorización cultural, promoción de
sus derechos como comunidades y pueblos indígenas, mejoramiento de infraestructura, servicios
educativos y salud, e impulso de la producción agropecuaria. La mayoría de los costos de las
actividades son cubiertos por cada una de las autoridades integrantes del sector y los grandes

Rodolfo Stavenhagen

proyectos se realizan a partir de la gestión de fondos provenientes de instituciones estatales y
federales.

En el campo específico de la educación, una experiencia positiva de autogestión es el
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), iniciativa
conjunta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y del Ministerio
de la Educación de Perú. El programa tiene como objetivo la implementación de la educación
bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas, con el desarrollo de materiales didácticos y
planes de estudios, así como la formación de profesores bilingües indígenas. Desde su creación en
1988, el programa ha entrenado con éxito a más de 800 profesores que pertenecen a 15 grupos
indígenas diversos. Una experiencia similar es la del proyecto educativo Ticuna, en la región del
Alto Solimões (Brasil), establecido en 1998, y que ha servido de modelo para las referencias
nacionales del plan de estudios para las escuelas indígenas (RCNEI), utilizado por el ministerio
brasileño de educación como modelo para la educación indígena en el país. No obstante sus
resultados positivos, estos programas tienen dificultades para insertarse en el sistema educativo
público, y dependen altamente de los recursos de la cooperación internacional.

El Esquema Educacional de Madhya Pradesh (EGS), en India, iniciado en 1997 con el
objetivo de alcanzar el objetivo de la educación primaria universal en las comunidades indígenas
y otros grupos marginalizados de dicho estado, se ha establecido una relación de sociedad a tres
bandas que involucra al Gobierno del Madhya Pradesh, el órgano de administración local (Panchayat)
y la comunidad. El Gobierno del estado proporciona fondos para la formación y los salarios del
personal docente, el Panchayat administra los fondos del programa, y la comunidad concernida
tiene la responsabilidad de implementar y evaluar todo el sistema. Para atender al objetivo de la
educación primaria universal, las comunidades locales tienen el derecho a exigir el establecimiento
de una escuela (25 niños en el caso de comunidades indígenas) Entre las lecciones positivas de
esta experiencia se encuentra el alto nivel de participación de las comunidades involucradas, así
como el reconocimiento del importante papel de la sociedad civil como catalizador del cambio
en las políticas públicas. Ambos factores, en un contexto político favorable, fueron claves para
asegurar la justiciabilidad del derecho a la educación, particularmente de las poblaciones más
vulnerables, así como la autosostenibilidad del proceso, en el que las autoridades del estado no
dependen de fondos de donantes.

En el ámbito de la salud, el FNUAP apoyó el establecimiento de la clínica Jambi Huasi,
que se ha convertido en un punto de referencia para las comunidades quechuas, en Ecuador. Una
clave de este programa fue el énfasis en la transformación de los servicios públicos en servicios
comunitarios más adecuados a las necesidades y prioridades de las comunidades indígenas. Este
proceso ha permitido integrar el conocimiento indígena en la procuración de los servicios de salud,
y junto con la medicina oficial se ofrecen también servicios de medicina tradicional, incluyendo una
farmacia de plantas autóctonas a la disposición de los curanderos tradicionales.

Este tipo de enfoques ha sido utilizado también en relación con los planes nacionales
de reducción de la pobreza. En el caso del Proyecto de Mitigación de la Pobreza en las Tierras
Altas del Occidente (WUPAP) en Nepal ha sido uno de los primeros proyectos donde se aplica
un enfoque de derechos humanos en el contexto de las comunidades indígenas y dalits, que se
encuentran entre los grupos más desfavorecidos del país. El proyecto, una iniciativa conjunta de

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

IFAD y del Gobierno nepalí, promueve la seguridad alimenticia a través, entre otros, de la formación
de organizaciones de base, que son después factores claves en la movilización de recursos y en
la promoción de la responsabilidad de los actores gubernamentales. A pesar de la marginalidad
de los sectores en los que opera, el proyecto ha logrado avances significativos en el desarrollo de
infraestructuras y servicios públicos, así como en el desarrollo de alternativas productivas; en sus
primeros dos años de operación ha llegado a más de 20,000 personas en 4,000 hogares.

Control territorial

Uno de los principios básicos del enfoque de derechos humanos en el desarrollo es la indivisibilidad
e interdependencia de los derechos humanos. Los pueblos indígenas han llamado la atención
de manera constante y consistente, y así se refleja en el texto de la Declaración (DNUDPI), a
la importancia de su “relación espiritual con las tierras, territorios…y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades
que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras” (artículo 25). El respeto a
los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y acceso a sus tierras tradicionales
y recursos naturales representa una condición para el ejercicio de otros derechos, tales como el
derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda adecuada, a la cultura o al ejercicio de la religión.
El fenómeno de la migración creciente de muchos de sus miembros a los centros urbanos o a
otros países no contradice, sino que refuerza la necesidad de asegurar el control territorial de las
comunidades indígenas como parte del desarrollo, al que las migraciones en muchos casos no son
más que una alternativa desesperada.

Un principio bien establecido de los instrumentos y la jurisprudencia internacional es
que el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales encuentra un
corolario en el deber de los Estados de hacer efectivos esos derechos a través de la demarcación
y titulación de dichos territorios, basado en el respeto de las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas (art. 27.3 DDPI). La participación y el
empoderamiento de las comunidades afectadas, así como el reforzamiento de los mecanismos
jurídicos y administrativos del Estado, son componentes esenciales de estas experiencias.

Una iniciativa pionera en este sentido fue el proyecto multilateral “Demarcación de
reservas indígenas en el Amazonas” (PPTAL), en Brasil. De 1996 a 2006, PPTAL brindó apoyó
a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para la demarcación, homologación y registro de
los territorios indígenas de la cuenca amazónica, apoyando asimismo los esfuerzos de estos
pueblos en iniciativas para la salvaguarda y uso sostenible de sus territorios. Designado como
un proyecto abierto, consiguió el objetivo de asegurar el 70% de los territorios indígenas, aunque
hasta la fecha sólo un 50% de los ocupantes ilegales de dichas tierras han sido desalojados. En
2007, la cooperación alemana puso en marcha un proyecto de seguimiento para la protección
y conservación de los territorios demarcados. Iniciativas similares han sido desarrolladas por
la cooperación danesa, como el apoyo a los procesos de titulación de las tierras comunitarias
alrededor de las dos mayores áreas de protección en Nicaragua, las reservas de BOSAWAS y de
Indio Maíz.

A partir de 2006 en Bolivia se intensificó la titulación de tierras indígenas. Al amparo
de la Ley de Reconducción Comunitaria No. 3545 han sido tituladas 3.7 millones de hectáreas,

Rodolfo Stavenhagen

atendiendo con éxito el enfoque de derechos humanos que tiene gran incidencia en el desarrollo de
los pueblos indígenas originarios. Igualmente los decretos supremos sobre consulta y participación
y monitoreo para actividades hidrocarburíferas dentro del territorio de los pueblos indígenas
originarios y comunidades campesinas marcan la vigencia y el ejercicio del derecho de estos
pueblos de ser consultados y a participar de acuerdo a sus usos y costumbres respetando su
territorialidad, su hábitat y convivencia armónica conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT.
En Bolivia se han registrado más de 80 emprendimientos comunitarios turísticos y la política del
Gobierno es articular estos complejos turísticos territoriales con los pueblos indígenas y originarios
para que sean ellos mismos los que permitan administrar el turismo.

Otro importante ejemplo de este tipo de iniciativas es el Proyecto de Desarrollo Tribal
de Orissa (OTDP), India, en el periodo 1987-1998. Concebido como un proyecto de desarrollo
integral, tuvo un componente de catastro y regularización de tierras indígenas en el estado de
Orissa, incluyendo el reconocimiento formal de las tierras agrícolas y forestales tradicionalmente
usadas por las comunidades indígenas. Así se consiguió no sólo el reconocimiento del derecho
de propiedad de las comunidades involucradas, sino también fomentó la restauración de equilibrio
ecológico y la mejora sustancial de la productividad de estas tierras.

Buenas prácticas también se han logrado con respecto a las áreas protegidas, donde
se vincula el objetivo de la protección ambiental con procesos de transformación institucional
y empoderamiento de los pueblos indígenas. Desde 1998, el proyecto ERETO, una iniciativa de
cooperación bilateral entre Tanzania y DANIDA, ha involucrado a las comunidades pastoras locales
en los esfuerzos de conservación en el distrito del Ngorongoro. Un elemento clave de este proyecto
ha sido la combinación del respeto al pastoreo tradicional y a la conservación como objetivos
que se refuerzan mutuamente, y no necesariamente como elementos opuestos, como sucede
en las políticas de otros países. El empoderamiento de las comunidades locales y el apoyo a las
iniciativas de las propias comunidades a través de mecanismos de reposición de ganado han sido
citados como factores claves para explicar el éxito de este proyecto.

En casos más recientes, el modelo del co-manejo ha ido evolucionando hacia nuevas
categorías de áreas protegidas. Es el caso de los denominados Territorios Indígenas de Conservación
en Bolivia, en los que las comunidades indígenas retienen el control y la gestión de las áreas
protegidas en condiciones de reconocimiento pleno de sus derechos territoriales, combinando así
objetivos de conservación, desarrollo y control territorial. El Parque Nacional Isiboro Sécure, en
Bolivia, originalmente establecido en 1965 como área protegida, fue transformado en 1990, a raíz
de la movilización de los pueblos indígenas, en un área con el régimen dual de parque nacional y
territorio indígena. En Neuquén, Argentina, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la
Confederación Mapuche Neuquina llegaron a un acuerdo para establecer un sistema de manejo
que involucra a las comunidades indígenas en la toma de decisiones relativas a asuntos como la
cría de ganado, el turismo, o la explotación de los productos forestales en las áreas protegidas.
Este sistema fue replicado en relación con otras nueve áreas protegidas administradas ahora por
un Consejo Asesor de Pueblos Originarios, integrados por representantes de las comunidades
indígenas que viven al interior o en las proximidades de estas áreas.

Una experiencia similar es el de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador, donde el plan para
el establecimiento de un parque nacional, promovido por organizaciones ambientalistas, generó la

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

oposición de las comunidades indígenas locales, así como un cuestionamiento de la legislación
existente en materia ambiental. Tras las negociaciones que tuvieron lugar entre las comunidades y
el Ministerio del Medio Ambiente, existe ahora un plan para la creación de un “territorio protegido
Shuar”.

En Indonesia, el pueblo toro, que habita ancestralmente en el área ahora conocida como
Parque Nacional de Lore Lindu, en Sulawesi, llevó a cabo un plan especial en el periodo 1993 a
2000, que incluyó la documentación de normas tradicionales, del conocimiento tradicional de las
comunidades concernidas, así como el mapeo participativo de su territorios. Dicho plan sirvió
de base para la negociación de un acuerdo formal con las autoridades responsables del Parque
Nacional de Lore Lindu, que llevó al reconocimiento del Territorio Indígena Toro en coexistencia
con el sistema de zonas del Parque Nacional. Entre los beneficios conseguidos por este proyecto
se encuentra la prevención de la tala ilegal generalizada que estaba produciéndose en el Parque, así
como el fortalecimiento del sistema de autoridades tradicionales desa y del sistema consuetudinario
de utilización y protección de los recursos naturales (adapt).

La Primera Nación Squiala, en la Columbia Británica, ha informado al Relator Especial
que, gracias al acuerdo individual alcanzado con el Departamento de Asuntos Indios de Canadá,
ha conseguido el control sobre sus tierras tradicionales. Sobre la base de este acuerdo, las
comunidades han desarrollado su propio código de tierras, que establece el marco jurídico para
la identificación de tierras que necesitan ser protegidas con fines de conservación o espirituales,
así como aquellas áreas necesarias para el desarrollo económico. Los beneficios derivados de
este desarrollo, que son retenidos en la propia comunidad, se administran a través de manuales
específicos de gobernanza y responsabilidad financiera.

Los ejemplos anteriores muestran una perspectiva en la que los pueblos indígenas
determinan por sí mismos y a iniciativa propia su desarrollo, reconocido por el Estado por medio
de acuerdos formales que conducen a una relación de colaboración en el manejo sustentable de
sus territorios tradicionales. La clave para el éxito de estas experiencias de enfoque de derechos
humanos es el desarrollo de las capacidades de las comunidades indígenas involucradas,
permitiendo la participación en la gestión y en la reforma institucional en el nivel local. Las distintas
estrategias de control territorial utilizadas en estos casos han permitido mayores cotas en el goce
de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

No discriminación

El enfoque de derechos humanos en el desarrollo subraya la importancia de las implicaciones del
principio de igualdad y no discriminación, subrayando la necesidad de dar prioridad a la atención de
los grupos marginalizados y excluidos de la sociedad. La Declaración de Naciones Unidas enfatiza
asimismo la necesidad de que los Estados adopten “medidas eficaces y, cuando proceda, medidas
especiales para asegurar el mejoramiento continuo de [las] condiciones económicas y sociales”
de los pueblos indígenas, prestando una “particular atención” a “los derechos y necesidades
especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades
indígenas” (artículo 21.2).

Rodolfo Stavenhagen

Como ha señalado reiteradamente el Relator Especial, las mujeres indígenas son víctimas
de niveles acumulados de discriminación (A/HRC/4/32, párrs. 67-72). Numerosos estudios han
documentado que las mujeres son muchas veces excluidas de los procesos participativos y de toma
de decisiones en relación con proyectos y programas de desarrollo en las comunidades indígenas.
Aunque las mujeres juegan un papel clave en la vida social y económica de sus comunidades, esto
tiene como resultado frecuentemente que sus prioridades no aparecen reflejadas en las acciones
de desarrollo, lo que a su vez contribuye a reforzar su situación de marginación. Por ello, las
mejores prácticas de desarrollo indígena prestan especial importancia al papel de las mujeres en
el marco de sus propias culturas.

Las actividades del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola en cooperación con las
comunidades maasai en Tanzania, han demostrado la importancia de tener en cuenta el papel y las
responsabilidades que desempeñan las mujeres al interior de sus comunidades. Dichas actividades
mostraron el papel esencial que juegan las mujeres maasai en el cuidado del ganado, con quienes
tienen un contacto diario a través del ordeño y la venta de leche, y se han constituido en actores
claves en los programas de fomento al pastoreo nomádico. Para ello, se reveló especialmente
importante contar con información desagregada en razón de género, que ha servido también para
revalorar el conocimiento tradicional transmitido por las mujeres. Una experiencia similar es la
del Centro para la Investigación Agroforestal (ICRAF) en Filipinas, que prestó apoyo técnico a las
comunidades sunbanen en la documentación y protección jurídica de su conocimiento tradicional
etnobotánico y recursos de la biodiversidad. El proyecto demostró que las mujeres mantienen el
conocimiento de una gran variedad de recursos biogenéticos, incluyendo variedades de arroz,
fundamentales para garantizar la alimentación y la salud de sus comunidades.

El fortalecimiento organizativo y el empoderamiento revisten una crucial importancia para
asegurar la participación de las mujeres indígenas en el proceso del desarrollo, y por ello algunos
proyectos integrados incorporan ahora componentes específicos para fortalecer a las titulares de
derechos. El programa PRODARIEN (Proyecto para el Desarrollo Agrícola Sustentable y la Protección
del Medioambiente del Darién), en Panamá, incorporó un componente de reconocimiento jurídico
de las organizaciones de mujeres indígenas y de formación de mujeres en la gestión de sus propias
iniciativas y proyectos, fomentando además la cooperación entre mujeres provenientes de distintos
pueblos indígenas y comunidades étnicas. De manera similar, el Programa para la Reconstrucción
y el Desarrollo para el Quiché (PRODERQUI) consideró como uno de sus objetivos principales la
participación de las mujeres indígenas en la reconstrucción del tejido comunitario después de
la guerra civil en Guatemala. El proyecto asumió el objetivo de aliviar la carga de trabajo de las
mujeres en actividades cotidianas para hacer efectiva dicha participación en los procesos políticos
de toma de decisiones, así como para el fortalecimiento de las organizaciones y microempresas de
mujeres indígenas.

Los procesos de fortalecimiento institucional han permitido a las organizaciones de
mujeres indígenas involucrase en la gestión de programas. Así, la Asociación de Mujeres Ngobe
(ASMUNG) jugó un papel fundamental en las actividades de promoción de los servicios de salud y
de salud reproductiva en más de 30 comunidades ngobe de Panamá. La credibilidad de la ASMUNG
jugó un papel importante en llegar a las mujeres y niñas de las comunidades involucradas, y
también a los maridos y padres de estas mujeres.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

El fortalecimiento institucional de las organizaciones de mujeres indígenas ha sido
asimismo un factor clave en la promoción del respeto de los derechos humanos frente a fenómenos
que les afectan especialmente, como la violencia de género. En este sentido, UNIFEM ha promovido
la capacitación y la consolidación institucional de organizaciones de mujeres en países como
Guatemala, México, Ecuador, Bolivia o Perú, promoviendo la identificación de la violencia contra
las mujeres y las niñas y de los mecanismos para hacerle frente, tanto en relación con la justicia
estatal como con la justicia tradicional indígena.

5. Conclusiones
Aunque han sido muchos los esfuerzos y los recursos que se han dedicado durante los últimos
cincuenta años para superar la pobreza y marginación que caracterizan la existencia de la mayoría
de pueblos indígenas, ellos siguen mostrando por lo general en todas partes los niveles de desarrollo
económico, social y humano más bajos. Una clave para entender el impacto limitado que han
tenido las políticas de desarrollo radica en que estas no han atacado las causas estructurales de
marginación de los pueblos indígenas, causas que están directamente vinculadas a la falta de
reconocimiento, protección, garantías de cumplimiento de sus derechos humanos, individuales y
colectivos.

Un enfoque de derechos humanos permite identificar a los pueblos indígenas como
titulares de derechos humanos y coloca la realización de estos derechos como el objetivo principal
del desarrollo. Tal y como se ha documentado en numerosas buenas prácticas en distintas partes
del mundo, un desarrollo endógeno y sostenido es posible cuando se basa en el respeto de los
derechos de los pueblos indígenas y aspira a su cumplimiento.

Los procesos de desarrollo basado en derechos, implican transformaciones en las
relaciones de poder entre los pueblos indígenas y el Estado, que incluyen la creación de espacios de
participación, gobernanza y cogestión con los pueblos indígenas, y de autogestión y autogobierno
indígena. En este sentido, el desarrollo basado en los derechos humanos no es algo que solamente
tenga que ver con los pueblos indígenas: tiene que involucrar a la sociedad entera y constituye un
desafío a las estrategias de desarrollo promovidas por la economía globalizada.

Las experiencias existentes de mejores prácticas del desarrollo basado en los derechos
de los pueblos indígenas son procesos sociales y políticos protagonizados por comunidades y
organizaciones indígenas en ejercicio y defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Se trata de procesos de empoderamiento que implica que los pueblos indígenas asumen la
titularidad de sus derechos, y el fortalecimiento de la organización y capacidades de estos pueblos
para exigir el cumplimiento y ejercicio de los derechos, así como de su participación política.

El enfoque de los derechos humanos proporciona un sistema coherente de conceptos,
principios, parámetros y reglas, para la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
acuerdos constructivos entre Estados y pueblos indígenas. La reciente adopción de la Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dota a los actores del desarrollo de
un marco normativo preciso para las políticas y acciones de desarrollo dirigidas a estos pueblos.

Rodolfo Stavenhagen

Los derechos y principios reconocidos en la Declaración interactúan con los principios
generales del enfoque de derechos humanos. En el marco de la Declaración, el enfoque de derechos
implica el respeto a los principios de la libre determinación de los pueblos indígenas en el contexto
del desarrollo: el consentimiento previo, libre e informado; la participación y el empoderamiento; la
autonomía y la autogestión; el reforzamiento del control territorial y la no discriminación.

6. Recomendaciones
En virtud de las consideraciones anteriores, el Relator Especial presenta las siguientes
recomendaciones dirigidas a los Gobiernos, y en especial a las agencias responsables de políticas
sociales y de desarrollo; a las agencias de Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales;
a las instituciones financieras internacionales y a las agencias de cooperación; a las organizaciones
no gubernamentales de ámbito interno e internacional, así como a las organizaciones y pueblos
indígenas:

La elaboración e implementación de las políticas públicas deben guiarse por los derechos
reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
el Convenio Nº 169 de la OIT, así como en otros instrumentos internacionales y en la jurisprudencia
de los órganos de derechos humanos.

Los objetivos de las políticas y programas sociales y de desarrollo dirigidas a los pueblos
indígenas deben promover el respeto, la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos,
individuales y colectivos, de estos pueblos. Por tanto, dichas políticas y programas deben ser
formulados y evaluados en términos de su contribución a dicho fin. Esto exige desarrollar, en
cooperación con los pueblos indígenas, directivas operativas que vinculen las actividades de los
distintos actores involucrados, así como los indicadores necesarios para medir el impacto de su
actividad.

En ningún caso las actividades de desarrollo deberán entrar en contradicción con los
principios generales de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para ello, deberá exigirse
la realización de estudios de impacto social, cultural y ambiental en relación con proyectos que se
realicen en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

Las políticas y programas sociales y de desarrollo en relación con los pueblos indígenas
deberán contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades concernidas.
Deberá asegurarse la participación efectiva de dichas comunidades en la identificación de
prioridades, diseño, implementación y evaluación de las actividades de desarrollo, que deberán
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de dichas comunidades y de sus organizaciones.
Las iniciativas de desarrollo identificadas y definidas por los propios pueblos indígenas deberán ser
prioritarias.

El diseño de políticas y programas sociales y de desarrollo que afecten a los pueblos
indígenas deben partir del conocimiento de la situación de los derechos individuales y colectivos de
las comunidades implicadas, visibilizando las causas subyacentes de la discriminación, exclusión
y marginación. En dicho proceso se deberán identificar a los titulares de estos derechos, prestando

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

especial atención a grupos vulnerables o marginalizados dentro de las comunidades indígenas, así
como a los titulares de las obligaciones correspondientes.

Las políticas y programas sociales y de desarrollo dirigidas a los pueblos indígenas deben
contar con partidas presupuestarias en el presupuesto regular de los Estados. Debe adoptarse
un enfoque de presupuesto público basado en derechos, en que las decisiones se adopten en
todas las fases del proceso presupuestario con arreglo a principios de transparencia, rendición de
cuentas, no discriminación y participación.

Los actores de la cooperación deberán de abstenerse de apoyar proyectos y programas
que, directa o indirectamente, puedan contribuir o contribuyan a la violación de los derechos de los
pueblos indígenas en los países receptores de la ayuda al desarrollo. Los actores de la cooperación
deberán promover el trabajo directo con las comunidades y organizaciones indígenas. Los actores
de la cooperación al desarrollo deberán velar para que sus actividades refuercen las relaciones de
diálogo y colaboración entre los pueblos indígenas y los Gobiernos de los países en los que viven,
identificando las áreas prioritarias y los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos de
los pueblos indígenas.

Los actores de la cooperación al desarrollo deberán prestar una especial atención al
reforzamiento de las capacidades de los actores gubernamentales y de la sociedad civil para hacer
efectivos los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el apoyo a las reformas necesarias
para transversalizar estos derechos en la legislación y en las políticas públicas. Asimismo, deberá
apoyarse el fortalecimiento de mecanismos de participación política y rendición de cuentas que
apoyen a los pueblos indígenas en la identificación de sus prioridades y en la reivindicación de sus
derechos.

En cuanto que actores claves en la promoción del enfoque al desarrollo basado en
derechos humanos, la ACNUDH y el PNUD deberían prestar atención a las implicaciones específicas
de este enfoque en el contexto de los pueblos indígenas. Por ello, el Relator Especial recomienda
a dichas agencias la elaboración de estudios de buenas prácticas, así como de un manual sobre
la aplicación del enfoque de derechos humanos a las actividades de desarrollo con los pueblos
indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

ANEXO

Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

Adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo
al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos
diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la
superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen
nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas,
jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar
libres de toda forma de discriminación,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas
como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y
recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con
sus propias necesidades e intereses,

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de
los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus
culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especialmente
los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de
los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los
Estados,

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo
político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y
opresión dondequiera que ocurran,

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que
los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus
instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y
necesidades,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas

tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada

del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los

pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las

relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir

compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus

hijos, en observancia de los derechos del niño,

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos

constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de

preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las

relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los

pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales1 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1, así
como la Declaración y el Programa de Acción de Viena2 afirman la importancia fundamental del
derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse

para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el

derecho internacional,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la
presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y
los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los
derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones

para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las

relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,

1 Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.

2 A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III.

Rodolfo Stavenhagen

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y
continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia
el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos
indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta
esfera,

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación
a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas
poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo
integral como pueblos,

Reconociendo también que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones
y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y
regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse
en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos3 y la normativa internacional de los
derechos humanos.

Artículo 2

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y
tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté
fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y
cultural.

Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la
autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,

3 Resolución 217 A (III).

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7

1.
Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad
y la seguridad de la persona.
2.
Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro
acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 8

1.
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o
la destrucción de su cultura.
2.
Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento
de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las
personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores
culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras,
territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzadas;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la
discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación
indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se
trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que
sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos,
utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y
literaturas.

Rodolfo Stavenhagen

2.
Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán
incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de
los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados
sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y
costumbres.
Artículo 12

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger
sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
2.
Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de
restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces
establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.
Artículo 13

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y
mantenerlos.
2.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y
también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en
las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando
sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.
Artículo 14

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
2.
Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los
niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3.
Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que
las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y
en su propio idioma.
Artículo 15

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas,
tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación
pública y los medios de información públicos.
2.
Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos
indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover
la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos
los demás sectores de la sociedad.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Artículo 16

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas
sin discriminación alguna.
2.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información
públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio
de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los
medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
Artículo 17

1.
Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los
derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2.
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas
específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra
todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que
pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social
del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación
para el pleno ejercicio de sus derechos.
3.
Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias
de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.
Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones
que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad
con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de
adopción de decisiones.

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones
políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios
de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas
tradicionales y de otro tipo.
2.
Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen
derecho a una reparación justa y equitativa.
Artículo 21

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y
la seguridad social.

Rodolfo Stavenhagen

2.
Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para
asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.
Artículo 22

1.
Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos,
las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la
aplicación de la presente Declaración.
2.
Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las
mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las
formas de violencia y discriminación.
Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para
el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a
participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y
demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales
de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen
derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.
2.
Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de
salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr
progresivamente la plena realización de este derecho.
Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u
ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben
para con las generaciones venideras.

Artículo 26

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2.
Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.
3.
Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones
y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Artículo 27

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un
proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado

o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.
Artículo 28

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa,
por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado
o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o
dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
2.
Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y
condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
Artículo 29

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán
establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación alguna.
2.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su
consentimiento libre, previo e informado.
3.
Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario,
que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento
de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
Artículo 30

1.
No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público
pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o
que éstos lo hayan solicitado.
2.
Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los
procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas,
antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Artículo 31

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las

Rodolfo Stavenhagen

propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños,
los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También
tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de
dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales
tradicionales.

2.
Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
Artículo 32

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2.
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener
su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a
sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3.
Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por
esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias
nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Artículo 33

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia
conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
2.
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición
de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
Artículo 34

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y,
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos.

Artículo 35

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para
con sus comunidades.

Artículo 36

1.
Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales,
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación,
incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con
sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.
2.
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas
eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SUS DERECHOS

Artículo 37

1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos,
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y
otros arreglos constructivos.
2.
Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados,
acuerdos y otros arreglos constructivos.
Artículo 38

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por
conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la
presente Declaración.

Artículo 40

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de
controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias,
así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En
esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las
normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales
de derechos humanos.

Artículo 41

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de
la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera
y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos
indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,
y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán
el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la
eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual
al hombre y a la mujer indígenas.

Rodolfo Stavenhagen

Artículo 45

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba

o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el
futuro.
Artículo 46

1.
Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una
actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá
en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes.
2.
En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los
derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las
limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo
las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los
derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes
necesidades de una sociedad democrática.
3.
Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo
a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la
igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe.

Salvémonos con el Planeta. Una introducción a la Agenda Latinoamericana 2010. Por dom Pedro Cazaldáliga, obispo emérito, Brasil


SALVEMONOS CON EL PLANETA.
UNA INTRODUCCIÓN A LA AGENDA
LATINOAMERICANA 2010
Por dom Pedro Cazaldáliga
Obispo emérito, Brasil
Tomado de Adital http://www.adital.org.br/

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Agenda Latinoamericana: Salvémonos con el planeta

Dom Pedro Casaldáliga *

Adital –

A manera de introducción fraterna

20 años atrás trataban de ecología unas pocas personas, tachadas incluso de bucólicas o de derrotistas. No era un tema serio ni para la política, ni para la educación, ni para la religión. Se podía venerar a Francisco de Asís como el santo de las flores y los pájaros, pero sin mayor compromiso.
Ahora, y quién sabe si ya muy tarde, el mundo entero se está sensibilizando, aturdido por las noticias y las imágenes de cataclismos actuales y de previsiones pesimistas que llenan nuestros telediarios. Y ya son muchos los congresos y los programas que ventilan como un tema vital la ecología, desnudando las causas y urgiendo propuestas concretas acerca del medio ambiente. Hasta los niños saben ahora de ecología…
El tema es nuevo, pues, y desesperadamente urgente. Acabamos de descubrir la Tierra, nuestro Planeta, como la casa común, la única que tenemos, y estamos descubriendo que somos una unidad indisoluble de relaciones y de futuro.
Frente a los gastos astronómicos en los espacios siderales, frente al asesino negocio del armamentismo, frente al consumismo y lujo de una privilegiada parcela de la Humanidad, ahora vamos sabiendo que el desafío es cuidar de este Planeta. La última gran crisis, hija del capitalismo neoliberal, embrutecido en la usura y en el despilfarro, que ha ignorado cínicamente tanto el sufrimiento de los pobres como las limitaciones reales de la Tierra, nos está ayudando a abrir los ojos y esperamos que también el corazón.
Leonardo Boff define ‘El grito de la Tierra’ como ‘el grito de los pobres’ y James Lovelock nos avisa acerca de ‘La venganza de la Tierra, -la teoría de Gaia y el futuro de la Humanidad-‘. “Durante miles de años, dice Lovelock, la Humanidad ha explotado la Tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Ahora que el calentamiento global y el cambio climático son evidentes para cualquier observador imparcial, la Tierra comienza a vengarse”. Estamos tratando la Tierra como un asunto apenas económico y le exigimos a la Tierra muchos deberes e ignoramos los derechos de la Tierra.
Ciertos especialistas y ciertas instituciones internacionales nos han ido mintiendo. La mano invisible del mercado no resolvía el desastre mundial. Cuanto más libre era el comercio más real era el hambre.
Según la FAO, en 2007 había 860 millones de hambrientos; en enero de 2009 ciento nueve millones más. La mitad de la población africana subsahariana, por citar un ejemplo de esa África crucificada, malvive en extrema pobreza. La letanía de violencia y desgracias provocadas es interminable. En el Congo hay 30.000 niños soldados dispuestos a matar y a morir a cambio de comida; 17% de la floresta amazónica fue destruida en cinco años, entre 2000 y 2005; el gasto de Latinoamérica y el Caribe en defensa creció un 91% entre 2003 y 2008; una decena de empresas multinacionales controlan el mercado de semillas en todo el mundo.
Los Objetivos del Milenio se han evaporado en la retórica y en sus reuniones elitistas los países más ricos han dicho cobardemente que no pueden hacer más para revertir el cuadro.
Es tradición de nuestra Agenda abordar cada año un tema mayor, de actualidad caliente. No podíamos, lógicamente, dejar de lado este tema volcánico.
El tema es amplio y complejo. ¿Somos nosotros o es el planeta quién está en crisis mortal? Barajamos tres títulos para esta Agenda 2010 que apuntan posibles enfoques. ‘Salvar el Planeta”, “¿Salvaremos el Planeta?”, “Salvémonos con el Planeta”. Optamos por el último título, porque técnicos y profetas nos vienen recordando que nosotros somos el Planeta también; somos Gaia, estamos despertando para una visión más holística, más integral; estamos descubriendo, finalmente, que el Planeta Tierra es también el Planeta Agua. Un reciente libro infantil se titula precisamente “Ayudo a mi Planeta”. La salvación del Planeta es nuestra salvación, y no faltan especialistas que afirmen que el Planeta se salvará siguiendo el curso del Universo y, mientras tanto, la vida humana y todas las vidas del Planeta serán un sombrío pasado.
La Agenda no quiere ser pesimista, no puede serlo. Quiere ser realista, comprometerse con la realidad y abrazar vitalmente las causas que promueven una ecología esperanzada y esperanzadora.
Esa ecología profunda, integral, debe incluir todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar, social, política, cultural, religiosa… Y todas las instituciones políticas y sociales, a nivel local, nacional e internacional, han de hacer programa suyo fundamental “la salvación del Planeta”. Se impone una globalización de signo positivo, trabajando por la mundialización de la ecología. Rechazando y superando la actual democracia de baja intensidad urge implantar una democracia de intensidad máxima y, más explícitamente, una “biocracia cósmica”. Urge crear, estimular, potenciar en todas las religiones y en todos los humanismos una espiritualidad “profunda y total” de signo positivo, de actitud profética en la liberación de todo tipo de esclavitud; viviendo y militando por una nueva valoración de toda vida, de la materia, del cuerpo, del eros. El ecofeminismo sale al encuentro de un desafío fundamental, Gaia es femenina. Se impone una nueva relación con la naturaleza, naturalizándonos como naturaleza que somos, y humanizando la naturaleza en la que vivimos y de la que dependemos. Yo soy yo, diría el filósofo, y la naturaleza que me circunda.
Lo mejor que tiene la Tierra es la Humanidad, a pesar de todas las locuras que hemos cometido y seguimos cometiendo, verdaderos genocidios y verdaderos suicidios colectivos.
Propiciando ese cambio radical que se postula y proclamando que es posible otra ecología en otra sociedad humana, hacemos nuestros estos dos puntos del Manifiesto de la Ecología Profunda: “El cambio ideológico consiste principalmente en valorizar la calidad de la vida -de vivir en situaciones de valor intrínsecas- más que en tratar sin cesar de conseguir un nivel de vida más elevado. Tendrá que producirse una toma de conciencia profunda de la diferencia que hay entre crecimiento material y el crecimiento personal independiente de la acumulación de bienes tangibles”. Y añade el Manifiesto: “Quienes suscriben los puntos que se enuncian en el Manifiesto, tienen la obligación directa o indirecta de obrar para que se produzcan estos cambios, necesarios para la supervivencia de todas las especies del Planeta”, incluyendo “la santa y pecadora” especie humana.
Militantes e intelectuales comprometidos con las grandes causas están preparando una Declaración Universal del Bien Común Planetario que se expresa a través de cuatro pactos: 1) El Pacto ecológico natural, responsable de proteger la Tierra. 2) El Pacto ecológico social, responsable de unir todas las esperanzas
y voluntades. 3) El Pacto ecológico cultural, que debe estar basado en la promoción del pluralismo, de la tolerancia y del encuentro de la Humanidad con los ecosistemas, los biomas, la vida del Planeta. 4) El Pacto ecológicoético espiritual, fundado en la dimensión del cuidado, la compasión, la corresponsabilidad de todos con todo.
Hemos de escuchar lo que nos dicen simultáneamente las nuevas ciencias y las nuevas teologías. Queremos vivir este kairós ecológico de militancia y de mística con el Dios de todos los nombres y de todas las utopías.
Con Jesús de Nazaret muchos libertarios, profetas y mártires en Nuestra América nos preceden y nos acompañan en esta marcha por el desierto hacia “la Tierra sin Males”.
¿Es una utopía absurda? Sólo utópicamente nos salvaremos. La arrogancia de los poderes, el lucro desenfrenado, la prepotencia, las claudicaciones, vienen a desanimarnos; pero nosotros nos negamos al desánimo, a la corrupción, a la resignación. La Pacha Mama y Gaia están vivas, son vivificadoras. Ninguna estructura de muerte le podrá a la Vida.
Pedro CASALDÁLIGA

* Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia

HIMNO DEL UNIVERSO. P. Teilhard de Chardin


Pierre Teilhard de Chardin

Himno del Universo

INDICE
I – LA MISA SOBRE EL MUNDO
La ofrenda
El fuego por encima del mundo
El fuego en el mundo
Comunión
Oración
II – LA POTENCIA MATERIAL DE LA MATERIA
III – CRISTO EN LA MATERIA
(Tres historias a la manera de Benson)
El Cuadro
El Ostensorio
La Custodia
IV – LA POTENCIA ESPIRITUAL DE LA MATERIA
Presencia de Dios en el mundo
La Humanidad en marcha
Sentido del esfuerzo humano
En el Cristo total
I – LA MISA SOBRE EL MUNDO
LA OFRENDA
Ya que, una vez más, Señor, ahora ya no en los bosques del Aisne, sino en las estepas de Asia, no tengo ni
pan, ni vino, ni altar, me elevaré por encima de los símbolos hasta la pura majestad de lo Real, y te ofreceré, yo,
que soy tu sacerdote, sobre el altar de la Tierra entera, el trabajo y el dolor del Mundo.
El sol acaba de iluminar, allá lejos, la franja extrema del horizonte. Una vez más, la superficie viviente de la
Tierra se despierta, se estremece y vuelve a iniciar su tremenda labor bajo la capa móvil de sus fuegos. Yo
colocaré sobre mi patena, oh, Dios mío, la inesperada cosecha de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mi cáliz la
savia de todos los frutos que serán molidos hoy.
Mi cáliz y mi patena son las profundidades de un alma ampliamente abierta a todas las fuerzas que, en un
instante, van a elevarse desde todos los puntos del Globo y a converger hacia el Espíritu. ¡Qué vengan, pues, a
mí el recuerdo y la mística presencia de aquellos a quienes la luz despierta para un nuevo día!
Señor, voy viendo y los voy amando, uno a uno, a aquellos a quienes tú me has dado como sostén y como
encanto naturales de mi existencia. También uno a uno voy contando los miembros de esa otra tan querida
familia que han ido juntando poco a poco en torno a mí, a partir de los elementos más dispares, las afinidades
del corazón, de la investigación científica y del pensamiento. Más confusamente, pero a todos sin excepción,
evoco a aquellos cuya multitud anónima constituye la masa innumerable de los vivientes; a aquellos que me
rodean y me soportan sin que yo los conozca; a los que viven y los que se van; a aquellos, sobre todo, que, en la
verdad o a través del error, en su despacho, en su laboratorio o en su fábrica creen en el progreso de las Cosas y
persiguen apasionadamente hoy en día la luz.
Quiero que en este momento mi ser resuene acorde con el profundo murmullo de esa multitud agitada,
confusa o diferenciada, cuya inmensidad nos sobrecoge; de ese Océano humano cuyas lentas y monótonas
oscilaciones introducen la turbación en los corazones más creyentes. Todo lo que va a aumentar en el Mundo, en
el transcurso de este día, todo lo que va a disminuir—todo lo que va a morir, también—, he aquí, Señor, lo que
trato de concentrar en mí para ofrecértelo; he aquí la materia de mi sacrificio, el único sacrificio que a Ti te
gusta.
Antiguamente se depositaban en tu templo las primicias de las cosechas y la flor de los rebaños. La ofrenda
que realmente estás esperando, aquella de que tienes misteriosamente necesidad todos los días para saciar tu
hambre, para calmar tu sed, es nada menos que el acrecentamiento del Mundo arrastrado por el universal
devenir.
Recibe, Señor, esta Hostia total que la Creación. atraída por tus gracias, te presenta en esta nueva aurora. Sé
perfectamente que este pan, nuestro esfuerzo, no es en sí mismo más que una desagregación inmensa. Este vino,
nuestro dolor, no es todavía, ¡ay!, más que un brebaje disolvente. Mas Tú has puesto en el fondo de esta masa
informe —estoy seguro de ello, porque lo siento—un irresistible y santificante deseo que nos hace gritar a
todos, desde el impío hasta el fiel: «Señor, ¡haz de nosotros un solo individuo!

Porque a falta del celo espiritual
de la sublime pureza de tus Santos, Tú me has dado, Dios mío, una
y
simpatía irresistible por todo lo que se mueve en la materia oscura—porque, irresistiblemente, reconozco en mí
más que a un hijo del Cielo a un hijo de la Tierra—, subiré esta mañana, con mi pensamiento, a los lugares altos,
cargado con las esperanzas y las miserias de mi madre, y allí—fuerte, con un sacerdocio que sólo Tú has podido
darme, estoy seguro—invocaré al Fuego sobre todo lo que, en la Carne humana, está pronto para nacer o para
perecer bajo el sol caliente.
EL FUEGO POR ENCIMA DEL MUNDO
Estamos dominados por la tenaz ilusión de que el Fuego, ese principio del ser, surge de las profundidades de
la Tierra, y que su llama se enciende progresivamente a lo largo de la brillante estela de la Vida. Me has
concedido la gracia, Señor, de comprender que esta visión era falsa y que, para poder llegar hasta ti, tendría que
destru irla. Al principio existía la po tencia in telectual, amante y activa. Al principio existía el Verbo soberana-
mente capaz de someter y elaborar toda la Materia que pudiera nacer. Al principio no existían el frío y las
tinieblas; existía el Fuego. Esta es la Verdad.
Así, pues, lejos de que de nuestra noche brote gradualmente la luz, es la luz preexistente la que, con paciencia
e infaliblemente, elimina nuestras sombras. Nosotros, criaturas, somos por nosotros mismos la Sombra y el
Vacío. Tú eres, Dios mío, el fondo mismo y la estabilidad del Medio eterno, sin duración ni espacio, en el que,
gradualmente, emerge y se perfecciona nuestro Universo, perdiendo los límites que hacen nos parezca tan
grande. Todo es ser, no hay más que ser por todas partes, fuera de la fragmentación de las criaturas y de la
oposición de sus átomos.
Espíritu abrasador, Fuego fundamental y personal, Término real de una unión mil veces más hermosa y más
deseable que la fusión destructiva imaginada por no importa qué panteísmo, digna-te, una vez más, descender,
para infundirle un alma, sobre la débil película de materia nueva de la que va a envolverse el Mundo hoy.
Lo sé perfectamente. Ninguno de nosotros podría dictar, ni siquiera anticipar, el menor de tus gestos. Tuyas
son todas las iniciativas, comenzando por la de mi oración.
Verbo resplandeciente, Potencia ardiente, Tú que amasas lo Múltiple para infundirle tu vida, abate sobre
nosotros, te lo ruego, tus manos poderosas, tus manos previsoras, tus manos omnipresentes, esas manos que no
tocan ni aquí ni allí (como haría una mano humana), sino que, mezcladas a la profundidad y a la universalidad
presente y pasada de las Cosas, actúan sobre nosotros simultáneamente a través de todo lo que hay de más basto
y de más interior en nosotros y en torno a nosotros.
Prepara con esas manos invencibles, mediante una adaptación suprema, para la gran obra que proyectas, el
esfuerzo terrestre cuya totalidad te presento en este momento concentrada en mi corazón. Reestructura este
esfuerzo, rectifícale, refúndele hasta en sus orígenes, tú que sabes por qué es imposible que la criatura nazca de
otra forma que no sea sostenida sobre el tallo de una interminable evolución.
Y ahora pronuncia, utilizando mi boca, la doble y eficaz palabra sin la cual todo se bambolea, todo queda al
descubierto en nuestra sabiduría y en nuestra experiencia; con la cual todo se concentra y todo se consolida
indefinidamente en nuestras especulaciones y nuestra práctica del Universo. Repite sobre toda vida que va a
germinar, a crecer, a florecer y a madurar en este día: «Este es mi cuerpo.” Y sobre toda muerte que se apresta a
roer, a ajar, a cortar, ordena (¡misterio de fe por excelencia!): “Esta es
sangre”
mi
2
EL FUEGO EN EL MUNDO
Está hecho.
El Fuego ha penetrado una vez más la Tierra.
No ha caldo ruidosamente sobre las cimas, como el rayo en su estallido. ¿El Dueño fuerza las puertas para
entrar en su casa?
La llama lo ha iluminado todo sin sacudidas, sin trueno, desde dentro. Desde el corazón del más pequeño de
los átomos hasta la energía de las leyes más universales ha invadido individualmente y en su conjunto, con
naturalidad, a cada uno de los elementos, a cada uno de los resortes, a cada una de las conexiones de nuestro
Cosmos, de tal forma que podría creerse que el Cosmos se ha inflamado espontáneamente.
En la nueva Humanidad que se está engendrando hoy, el Verbo ha prolongado el acto sin fin de su
nacimiento, y en virtud de su inmersión en el seno del Mundo, las grandes aguas de la Materia se han cambiado
la vida sin un estremecimiento. Nada se ha estremecido, en apariencia en esta inefable transformación. Y, sin
embargo, al contacto de la Palabra sustancial, el Universo, inmensa Hostia, se ha convertido, misteriosa y
realmente, en Carne. Desde ahora, toda la materia se ha encarnado, Dios mío, en tu Encarnación.
Hace ya mucho tiempo que nuestros pensamientos y nuestras experiencias humanas habían reconocido las
extrañas propiedades que hacen al Universo tan semejante a una Carne…
Lo mismo que la Carne, nos atrae por el encanto
que flota en el misterio de sus pliegues y la profundidad de
sus ojos.
Lo mismo que la Carne, se descompone y se nos escurre tras los esfuerzos de nuestros análisis, de nuestros
fracasos y de su propia duración.
Lo mismo que la Carne, no se comprime realmente más que en el esfuerzo sin fin para alcanzarle siempre
más allá de lo que se nos concede.
Todos nosotros, Señor, advertimos esa mezcla turbadora de proximidad y de distancia cuando nace. Y no
hay, en la herencia de dolor y de esperanza que se transmiten las edades, no hay nostalgia más desolada que la
que hace llorar al hombre de irritación y de deseo en el seno de la Presencia que flota, impalpable y anónima, en
todas las cosas, a su alrededor: «Si forte attrectent eum.”
Ahora, Señor, por medio de la Consagración del Mundo, el resplandor y el perfume que flota en el Universo
adquieren para mí cuerpo y rostro en Ti. Eso que entreveía mi pensamiento indeciso, eso que reclamaba mi
corazón en aras de un deseo inverosímil, me lo das Tú magníficamente: que las criaturas sean no sólo de tal
modo solidarias entre sí que ninguna pueda existir sin todas las demás para rodearla, sino que estén de tal forma
suspendidas en un mismo centro real que una verdadera Vida, sufrida en común, les proporcione, en definitiva,
su consistencia y su unión.
¡Haz, Dios mío, que estalle, forzada por la audacia de tu Revelación, la timidez de un pensamiento pueril que
no tiene arrestos para concebir nada más vasto ni más vivo en el mundo que la miserable perfección de nuestro
organismo humano! En el camino hacia una comprensión más atrevida del Universo, los hijos del siglo superan
todos los días a los maestros de Israel. Tú, Señor Jesús, «en quien todas las cosas encuentran su subsistencia”,
revélate al fin a quienes te aman como el Alma superior y el Foco físico de la Creación. Nos va en ello la vida;
¿no lo ves Tú así? Si yo no pudiera creer que tu Presencia real anima, templa, enardece la más insignificante de
las energías que me penetran o me rozan ligeramente, ¿no resultaría que, transido hasta la medula de mi ser, me
moriría de frío?
¡Gracias, Dios mío, por haber dirigido mi mirada de mil maneras hasta hacerla descubrir la inmensa sencillez
de las Cosas! Poco a poco, en virtud del desarrollo irresistible de las aspiraciones que Tú has depositado en mí
cuando era un niño, bajo la influencia de amigos excepcionales que se han cruzado en momentos determinados
en mi camino para ilustrar y fortificar mi espíritu con el despertar de iniciaciones terribles y dulces cuyos
círculos Tú me has hecho franquear sucesivamente, he llegado a no poder ya ver nada ni respirar fuera del
Medio en el que todo no es más que Uno.
En este momento en que tu Vida acaba de pasar, con un aumento de fortaleza, al Sacramento del Mundo,
gustaré, con una conciencia acrecentada, la fuerte y tranquila embriaguez de una visión cuya coherencia y
armonías no logro agotar.
Lo que yo experimento, frente y dentro del Mundo asimilado por tu Carne, convertido en tu Carne, Dios mío,
no es ni la absorción del monista ávido de fundirse en la unidad de las cosas, ni la emoción del pagano
prosternado a los pies de una divinidad tangible, ni el abandono pasivo del quietismo que se mueve a merced de
las energías místicas.
Aprovechando algo de la fuerza de estas diversas corrientes, sin lanzarme contra ningún escollo, la actitud en
que me sitúa tu Presencia universal es una admirable síntesis en que se mezclan, corrigiéndose, tres de las más
formidables pasiones que puedan jamás soplar sobre un corazón humano.
Lo mismo que el monista, me sumerjo en el Universo total; mas la Unidad que me recibe es tan perfecta que
sé encontrar en ella, perdiéndome, el perfeccionamiento último de mi individualidad.
Lo mismo que el pagano, yo adoro a un Dios palpable. Llego incluso a tocar a ese Dios en toda la superficie y
la profundidad del Mundo de la Materia en que me encuentro cogido. Mas para asirlo como yo quisiera (para
seguir sencillamente tocándole) necesito ir más lejos, a través y más allá de toda limitación, sin poder jamás
descansar en nada, empujado en cada momento por las criaturas y superándolas en todo momento, en un
continuo acoger y en continuo desprendimiento.
Lo mismo que el quietista, me dejo mecer deliciosamente por la divina Fantasía. Mas, al mismo tiempo, sé
que la Voluntad divina no me será revelada en cada momento más que dentro de los límites de mi esfuerzo. No
palparé a Dios en la Materia, como Jacob, más que cuando haya sido vencido por él.
Así, por habérseme aparecido el Objeto definitivo, total, en el que se ha insertado mi naturaleza, las potencias
de mi ser comienzan a vibrar espontáneamente al unísono con una Nota Única, increíblemente rica, en la que yo
distingo, asociadas sin esfuerzo, las más opuestas tendencias: la exaltación de obrar y la alegría de padecer; la
voluptuosidad de poseer y la fiebre de superar; el orgullo de crecer y la felicidad de desaparecer en alguien
mayor que uno mismo.
Enriquecido con la savia del Mundo, subo hacia el Espíritu que me sonríe más allá de toda conquista,
envuelto en el esplendor concreto del Universo. Y no sabría decir, perdido en el misterio de la Carne divina,
cuál es la más radiante de estas dos beatitudes: haber encontrado al Verbo para dominar la Materia o poseer la
Materia para llegar hasta la luz de Dios y experimentar sus efectos.
Haz, Señor, que tu descenso bajo las Especies universales no sea para mí estimado y acariciado sólo como el
fruto de una especulación filosófica, sino que se convierta verdaderamente en una Presencia real. En potencia y
de hecho, lo queramos o no, Tú te has encarnado en el Mundo y vivimos pendientes de ti. Mas de hecho es
necesario (¡y cuánto!) que estés igualmente próximo a todos nosotros. Situados, todos juntos, en el seno de un
mismo Mundo, formamos, sin embargo, cada uno de nosotros nuestro pequeño Universo, en el que la
Encarnación se opera independientemente, con una intensidad y unos matices incomunicables. Y he aquí por
qué en nuestra oración en el altar pedimos que la consagración se haga
para nosotros:
«Ut nobis Corpus et
Si creo firmemente que todo en torno a mí es el Cuerpo y la Sangre del Verbo
entonces para mí
Sanguis fiat…

~,
(y en cierto sentido para mí sólo) se produce la maravillosa «Diafanía” que hace transparezca objetivamente en
la profundidad de todo hecho y de todo elemento el calor luminoso dc una misma Vida. Si, por desgracia, mi fe
se debilita, inmediatamente la luz se apaga, todo se hace oscuro, todo se descompone.
Señor, en este día que está comenzando acabas de descender. ¡Ay! ¡Qué infinita diversidad en los grados de
tu Presencia a través de los acontecimientos que se preparan y que todos nosotros experimentaremos! Tú puedes
estar un poco, mucho, cada vez más, o no estar en absoluto en las mismas circunstancias que están a punto de
en— volverme a mí y de envolver a mis hermanos.
Para que ningún veneno me dañe hoy, para que ninguna muerte me mate, para que ningún vino me
embriague, para que te descubra y te sienta en toda criatura, ¡haz, Señor, que crea!
COMUNIÓN
Si el Fuego ha descendido hasta el corazón del Mundo ha sido, en última instancia, para arrebatarme y para
absorberme. Desde ese momento no basta con que le contemple e intensifique continuamente su ardor en torno a
mí mediante una fe sostenida. Es necesario que, tras haber cooperado con todas mis fuerzas a la Consagración
que le hace brotar, yo consienta, al fin, en la Comunión, que le proporcionará, en mi persona, el alimento que, en
fin de cuentas, ha venido a buscar.
Me prosterno, Dios mío, ante tu Presencia en el Universo, que se ha hecho ardiente, y en los rasgos de todo lo
que encuentre, y de todo lo que me suceda, y de todo lo que realice en el día de hoy, te deseo y te espero.
Es algo terrible haber nacido, es decir, encontrarse irrevocablemente arrastrado, sin haberlo querido, por un
torrente de energía formidable que parece querer destruir todo lo que lleva consigo.
Quiero, Dios mío, que en virtud de un trastrueque de fuerzas que sólo Tú puedes efectuar el sobresalto que se
adueña de mí ante las alteraciones sin número que están realizando la renovación de mi ser se cambie en una
alegría desbordante por yerme transformado en Ti.
Comenzaré por alargar mi mano sin titubeos hacia el pan abrasador que Tú me presentas. En ese pan, en el
que Tú has encerrado el germen de todo desarrollo, reconozco el principio y el secreto del porvenir que me
reservas. Aceptarlo significa entregarme, lo sé perfectamente, a las potencias que me arrancarán dolorosamente
a mí mismo para lanzarme hacia el peligro, el trabajo, la continua renovación de las ideas, al desprendimiento
austero en los afectos. Comerlo significa adquirir, respecto a lo que está totalmente por encima de todo, un gusto
y una afinidad que en adelante me harán imposibles las alegrías que daban calor a mi vida. Señor Jesús, acepto
ser poseído por Ti, y conducido por la indefinible potencia de tu Cuerpo, al que me sentirá ligado, hacia las
soledades a las que yo solo jamás me hubiera atrevido a acercarme. Como cualquier otro Hombre, me gustará
levantar aquí abajo mi tienda sobre una montaña elegida. Como todos mis hermanos, tengo también miedo del
porvenir, demasiado misterioso y demasiado nuevo, hacia el que me empuja la duración. Después me pregunto,
¡Ojalá esta Comunión del pan con Cristo revestido con las
tan ansioso como ellos, hacia dónde va la vida.
– –
potencias que dilatan el Mundo me libere de mi timidez y de mi negligencia! Me arrojo, oh, Dios mío, fiado en
tu palabra, en el torbellino de las luchas y de las energías entre las que se desarrollará mi poder de percibir y de
experimentar tu Santa Presencia. A aquel que ame apasionadamente a Jesús oculto en las fuerzas que hacen
crecer la Tierra, la Tierra, maternalmente, la Tierra le tomará en sus brazos gigantes y ella le hará contemplar el
rostro de Dios.
Si tu reino, Dios mío, fuese de este Mundo, me bastaría para poseerte confiarme a las potencias que nos
hacen sufrir y morir engrandeciéndonos palpablemente a nosotros o a aquello que nos es más querido que
nosotros mismos. Mas como el Término hacia el que se mueve la Tierra está del otro lado no sólo de cada cosa
individual sino del conjunto de todas las cosas, como la labor del Mundo consiste no en engendrar en sí mismo
una Realidad suprema, sino en consumarse por unión en un Ser preexistente, resulta que para llegar hasta el
centro resplandeciente del Universo no le basta al Hombre vivir cada vez más para sí
tampoco en convertir su
ni
vida en una causa terrestre, por muy grande que sea. El Mundo no puede llegar hasta ti, Señor, en último
término, más que en virtud de una especie de inversión, de vuelta atrás, de excentración, en donde queda oculto
durante algún tiempo no sólo el éxito de los individuos, sino la apariencia misma de todo logro humano. Para
que mi alma quede decididamente incorporada a la tuya es preciso que muera en mí no sólo la mónada, sino
también el Mundo, es decir, que pase por la fase desgarradora de una disminución que no podrá ser compensada
por ninguna cosa tangible. He ahí por qué, tras haber recogido en él la amargura de todas las separaciones, de
todas las limitaciones, de todos ¡os fracasos estériles, me tiendes tu cáliz. “Bebed todos de él”.
Cómo iba yo a rechazar este cáliz, Señor, ahora que con el pan que me has hecho gustar se ha inoculado en la
medula de mi ser la inextinguible pasión de unirme a Ti, más allá de la vida, a través de la muerte. La
Consagración del Mundo hubiera quedado sin terminar, desde luego, si no hubieses animado con predilección,
en favor de quienes iban a creer, las fuerzas que matan después de las fuerzas que vivifican. Mi comunión ahora
sería incompleta (no sería cristiana, sencillamente) si, juntamente con los aumentos que me trae este nuevo día,
no recibiese, en mi nombre y en nombre del Mundo, como la más directa participación contigo, el trabajo,
oculto o manifiesto, de debilitamiento, de vejez y de muerte que mina continuamente el Universo para su sal-
vación o su condenación. Me abandono irremisiblemente, oh, Dios mío, a las formidables acciones de
disolución mediante las cuales tu Divina Presencia sustituirá hoy, así quiero creerlo ciegamente, mi
insignificante personalidad. A quien haya amado apasionadamente a Jesús oculto en las fuerzas que hacen
madurar la Tierra, la Tierra le estrechará, cuando muera, entre sus brazos gigantes y se despertará con ella en el
seno de Dios.
ORACIÓN
Y ahora, Jesús, que te has convertido verdadera y físicamente, oculto tras las potencias del Mundo, en todo
para mí, en todo a mi alrededor, en todo en mí, aunaré en una misma aspiración la embriaguez de lo que poseo y
la sed de lo que me falta y repetiré con tu servidor las palabras inflamadas en las que se reconocerá cada vez con
más exactitud, estoy firmemente persuadido de ello, el Cristianismo de mañana:
«Señor, introdúceme en lo más profundo de las entrañas de tu Corazón. Y una vez que ya me tengas ahí,
abrásame, purifícame, inflámame, sublímame hasta la más completa satisfacción de tus gustos, hasta la más
completa aniquilación de mí mismo.’
«Tu autem, Domine mi, include me in imis visceribus Cordis tui. Atque ibi me detine, excoque, expurga,
accende, ignifac, sublima, ad purissimum Cordis tui gustum atque placitum, ad puram annihilationem meam.

«Señor.” ¡Sí, al fin he encontrado a alguien a quien pueda dar este nombre, de todo corazón, en virtud del
doble misterio de la Consagración y de la Comunión universales! Mientras no he sabido o no me he atrevido a
ver en ti, Jesús, más que al hombre de hace dos mil años, al Moralista sublime, al Amigo, al Hermano, mi amor
ha permanecido tímido y reprimido. Amigos, hermanos, sabios, ¿es que no los tenemos a nuestros alrededor
muy grandes, muy exquisitos, más cercanos? Y, además, ¿puede el Hombre entregarse plenamente a una
naturaleza únicamente humana? Desde siempre, el Mundo, por encima de todo Elemento del Mundo, se había
apoderado de mi corazón, y jamás me hubiera doblegado sinceramente ante nadie. Por eso, durante mucho
tiempo, a pesar de creer, he andado errante sin saber lo que amaba. Pero ahora que, merced a la manifestación
de los poderes suprahumanos que te ha conferido la Resurrección, transpareces para mí, Señor, a través de todas
las potencias de la Tierra, ahora te reconozco como mi Soberano y me entrego deliciosamente a Ti.
¡Extrañas actividades de tu Espíritu, Dios mío! Cuando hace dos siglos comenzó a dejarse sentir en tu Iglesia
la atracción precisa de tu Corazón, pudo parecer que lo que seducía las almas era el descubrir en Ti un elemento
más determinado, más circunscrito que tu misma Humanidad. Mas he aquí que ahora, ¡por un cambio súbito!,
resulta evidente que, mediante la «revelación” de tu Corazón, has querido, Jesús, proporcionar a nuestro amor el
medio de sustraerse a lo que había de excesivamente limitado en la imagen que nos sabíamos formado de ti. En
el centro de tu pecho no descubro más que un horno, y cuanto más contemplo este foco ardiente más me parece
que los contornos de tu Corazón se funden en su totalidad, que se van agrandando, más allá de toda medida,
hasta el extremo de que ya no distingo en Ti otros rasgos más que la figura de un Mundo inflamado.
Cristo glorioso; Influencia secretamente difundida en el seno de la Materia y Centro deslumbrador en el que
se centran las innumerables fibras de lo Múltiple; Potencia implacable como el Mundo y cálida como la Vida;
Tú, cuya frente es de nieve, cuyos ojos son de fuego, cuyos pies son más centelleantes que el oro en fusión; Tú,
cuyas manos aprisionan las estrellas; Tú que eres el primero y el último, el viv o, el muerto y el resucitado; Tú
que concentras en tu unidad exuberante todos los encantos, todos los gustos, todas las fuerzas, todos los estados;
a Ti era a quien llamaba mi ser con un ansia tan amplia como el Universo: ¡Tú eres realmente mi Señor y mi
Dios!
“Escóndeme en Ti, Señor.” ¡Ah! Creo (y lo creo hasta el punto de que esta fe se ha convertido en uno de los
sostenes de mi vida íntima) que las tinieblas completamente exteriores a Ti serían la pura nada. Nada puede
subsistir fuera de tu Carne, Jesús, hasta el punto de que incluso aquellos que se encuentran rechazados por tu
amor se benefician todavía, para su desgracia, del apoyo de tu presencia. ¡Todos nosotros nos encontramos
irremediablemente en Ti, Medio universal de consistencia y de vida! Pero precisamente porque no somos algo
completamente terminado que pueda ser concebido indiferentemente como cercano o alejado de Ti;
precisamente porque en nosotros el sujeto de la unión crece con la unión misma que nos entrega
progresivamente a Ti; en nombre de lo que hay de más esencial en mi ser, Señor, escucha el deseo de eso que
me atrevo a llamar
mi
alma, aun cuando cada día me doy más cuenta de que es mayor que yo, y para apagar mi
sed de existir, a través de las zonas sucesivas de tu Subsistencia profunda, empújame hacia los pliegues más
íntimos del Centro de tu Corazón!
Cuanto más profundo se te encuentra, Señor, más universal aparece tu influencia. A este respecto podré
apreciar, en cada momento, cuánto me he introducido en Ti. Cuando, y mientras todas las cosas conserven en
torno a ml su sabor y sus contornos, las vea, sin embargo, difundidas, por un alma secreta, en un Elemento
único, infinitamente cercano e infinitamente alejado; cuando, aprisionado en la intimidad celosa de un santuario
divino, me veo, sin embargo, errando libremente a través del cielo de todas las criaturas, entonces sabré que me
acerco al lugar central hacia el que converge el corazón del Mundo en la irradiación descendente del Corazón de
Dios.
En este punto de incendio universal actúa sobre mí, Señor, con el fuego concentrado de todas las acciones
interiores y exteriores que, experimentadas menos cerca de Ti, serían neutras, equivocas u hostiles; pero que,
animadas por una Energía «quae possit sibi omnia subjicere”, se convierten, en las profundidades físicas de tu
Corazón, en los ángeles de tu victoriosa operación. Por una combinación maravillosa, juntamente con tu
atractivo, del encanto de las criaturas y de su insuficiencia, de su dulzura y de su maldad, de su debilidad
decepcionante y de su formidable potencia, exalta gradualmente y hastía mi corazón:
enséñale la verdadera pureza, esa pureza que no es una separación debilitante de las cosas, sino un impulso a
través de todas las bellezas; descúbrele la verdadera caridad, esa caridad que no es el miedo estéril a obrar el
mal, sino la voluntad enérgica de forzar todas las puertas de la vida; dale, finalmente, dale sobre todo, mediante
una visión cada vez mayor de tu omnipresencia, la bienaventurada pasión por descubrir, de hacer y de padecer
cada vez un poco más al Mundo, con el fin de penetrar cada vez más en Ti.
Toda mi alegría y mis éxitos, toda mi razón de ser y mi gusto por la vida, Dios mío, penden de esa visión
fundamental de tu conjunción con el Universo. ¡Que otros anuncien, conforme a su función más elevada, los
esplendores de tu puro Espíritu! Para mí, dominado por una vocación anclada en las últimas fibras de mi
naturaleza, no quiero ni puedo decir otra cosa que las innumerables prolongaciones de tu Ser encarnado a través
de la Materia; ¡nunca sabría predicar más que el Misterio de tu Carne, oh, Alma que transparece en todo lo que
nos rodea!
En tu Cuerpo, con todo lo que comprende, es decir, en el Mundo, convertido, por tu poder y por mi fe, en el
crisol magnífico y vivo en el que todo desaparece para renacer, por todos los recursos que ha hecho surgir en mí
tu atracción creadora, por mi excesivamente limitada ciencia, por mis vinculaciones religiosas, por mi sacerdo-
cio y (lo que para mí tiene más importancia) por el fondo de mi convicción humana, me entrego para vivir y
para morir en tu servicio, Jesús.
Ordos,
1923.
II – CRISTO EN LA MATERIA
Tres historias a la manera de Benson
Mi amigo [el mismo Teilhard] ha muerto, aquel que bebía en toda vida como en una
fuente santa. Su
corazón le abrasaba por dentro. Su cuerpo ha desaparecido en la Tierra, delante de Verdún. Ahora puedo repetir
algunas de sus palabras, aquellas palabras con que una tarde me iniciaba en la visión intensa que iluminaba y
pacificaba su vida.
“¿Quieres saber, me decía, cómo el Universo potente y múltiple ha adquirido para mí la figura de Cristo? Esto
sucede poco a poco, y es difícil analizar con palabras intuiciones tan renovadoras como éstas. Eso no obstante,
puedo contarte algunas de las experiencias que allá arriba han introducido la luz en mi alma, como si se
levantara, por etapas, un telón…”
EL CUADRO
“…En aquel momento, comenzó, tenía mi pensamiento comprometido en un problema medio filosófico,
medio estético. Suponiendo, pensaba yo, que Cristo se dignase aparecer aquí, delante de mí, corporalmente,
¿cuál sería su aspecto? ¿Cuál sería su compostura? ¿Cuál sería, sobre todo, su manera de introducirse
sensiblemente en la Materia, su manera de situarse entre los objetos de alrededor?… Y había algo que me entris-
tecía y me disgustaba, confusamente, frente a la idea de que el cuerpo de Cristo pudiese yuxtaponerse, en el
conjunto del Mundo, a la multitud de los cuerpos inferiores, sin que éstos experimentasen y reconociesen, a
través de alguna alteración perceptible, la Intensidad que les rodeaba.
Sin embargo, mis ojos se habían detenido maquinalmente en un cuadro que representaba a Cristo, con su
corazón ofrecido a los hombres. Este cuadro estaba colgado delante de mí en los muros de la iglesia donde habla
entrado para orar. Y, siguiendo el curso de mi pensamiento, no comprendía cómo podía ser posible a un artista
representar la Humanidad Santa de Jesús, sin atribuirle esa fijeza demasiado precisa de su Cuerpo que parecía
aislarse de todos los demás hombres, sin darle esa expresión demasiado individual de su figura, de esa figura
que, suponiendo que fuese bella, lo era de una manera particular. con exclusión de todas las demás hermosuras…
Así, pues, estaba haciéndome todas estas preguntas curiosas y mirando al cuadro cuando comenzó la visión.
(En realidad, de verdad, no podría precisar cuAndo comenzó; porque ya habla alcanzado cierta intensidad
cuando advertí su existencia…)
Lo que sí es cierto es que, dejando mi mirada vagar por los contornos de la imagen, me di cuenta de repente
de
que se mezclaban.
Se mezclaban, pero de una manera especial, difícil de explicar. Cuando trataba de ver el
trazado de la Persona de Cristo, se me aparecía claramente delimitado. Y después, en cuanto cedía el esfuerzo
visual, toda
zona de Cristo, los pliegues de sus vestidos, la irradiación de su cabellera, la flor de su carne, pasaban, por así
decirlo (aun cuando sin desvanecerse), a todo el resto…
Hubiérase dicho que la superficie de separación entre Cristo y el Mundo ambiente se convertía en una capa
vibrante en la que se confundían todos los limites.
Me parece que la transformación debió afectar primero un punto, en el borde del retrato, y que, desde allí,
prosiguió hasta llegar a todo el contorno. Al menos en este orden fui dándome cuenta. Por lo demás, a partir de
este momento, la metamorfosis se extendió rápidamente
alcanzó a todas las cosas.
y
Primero me di cuenta de que la atmósfera vibrante que aureolaba a Cristo no estaba confinada a una pequeña
zona en torno a él, sino que irradiaba hasta el infinito.
De cuando en cuando surgían algo así como regueros de fosforescencia, causadores de un flujo continuo que
alcanzaba hasta las esferas extremas de la Materia, dibujando una especie de plexus sanguíneo o una red
nerviosa que corría a través de toda Vida.
¡El Universo entero vibraba!,
y, sin embargo, cuando intentaba mirar los objetos uno a uno, los encontraba
cada vez claramente dibujados en su individualidad preservada.
Todo este movimiento parecía emanar de Cristo, de su Corazón sobre todo. Mientras trataba de remontar a la
fuente del efluvio y de percibir su ritmo, fue cuando, al volver a fijar mi atención en el retrato, vi cómo la visión
llegaba rápidamente a su paroxismo.
Ahora me doy cuenta de que he olvidado hablarte de los vestidos de Cristo. Eran luminosos, tal como
leemos en el relato de la Transfiguración. Pero lo que más llamó mi atención fue advertir que no estaban tejidos
artificialmente, a menos que la mano de los ángeles no sea la de la Naturaleza. La trama no estaba compuesta de
fibras burdamente hiladas… Pero la materia, una flor de la materia, se había trenzado espontáneamente a sí
misma hasta lo más intimo de su sustancia, como un lino maravilloso. Y yo creía ir viendo cómo se movían
indefinidamente combinadas en un dibujo natural que les afectaba hasta el fondo de sí mismas.
Pero ya comprenderás que no dediqué a este vestido, maravillosamente tejido con la cooperación continuada
de todas las energías y de todo el orden de la materia, más que una mirada distraída. Lo que atraía y cautivaba
toda mi atención era el Rostro transfigurado del Maestro.
Tú has visto muchas veces, durante la noche, cómo las estrellas cambian de color: unas veces son perlas de
sangre y otras, violáceas chispas de terciopelo. Has visto también cómo corren los colores en una ampolla
transparente…
Así, en una indescriptible floración, brillaban sobre la inmutable fisonomía de Jesús las luces de todas
nuestras hermosuras. No sabría decir si esto sucedía de acuerdo con mis deseos o según la voluntad de Aquel
que regulaba y conocía mis deseos. Lo que sí es cierto es que estos innumerables matices de majestad, de
suavidad, de atractivo irresistible, se sucedían, se transformaban, se fundían unos en otros, de acuerdo con una
armonía que me saciaba plenamente…
Y siempre flotaba tras esta superficie móvil, sustentándola y concentrándola también en una unidad superior,
la incomunicable hermosura de Cristo… Más que percibirla, adivinaba esa Hermosura, porque cada vez que
trataba de perforar la capa de las hermosuras inferiores que me la ocultaban, surgían otras hermosuras
particulares y fragmentarias, que me ocultaban
la Verdadera,
al mismo tiempo que hacían que la presintiera y la
deseara.
Todo el rostro irradiaba, en conformidad con esta ley. Pero el centro de la irradiación y de la floración estaba
oculto en los ojos del retrato transfigurado…
Por la profundidad suntuosa de estos ojos cruzaba, en entonaciones de iris, el reflejo (a menos que no fuese la
forma creadora, la Idea) de todo lo que produce encanto, de todo lo que vive… Y la simplicidad luminosa de su
fuego se resolvía, ante mi esfuerzo por dominarla, en una inexhaustible complejidad, en la que estaban con-
centradas todas las miradas en las que se haya fogueado y mirado jamás un corazón humano. Estos ojos, por
ejemplo, tan dulces y tiernos en un principio, hasta el punto que creía ver ante mí a mi madre, se hacían, un
instante después, apasionados y subyugantes como los de una mujer; tan imperiosamente puros, al mismo
tiempo. que, bajo su dominio, el sentimiento hubiese sido físicamente incapaz de extraviarse. Y después, en un
segundo tiempo, les inundaba una grande y viril majestad, análoga a la que se lee en los ojos de un hombre muy
animoso, muy refinado o muy fuerte, incomparablemente, por otro lado, más altiva y más deliciosamente
experimentada.
Este centelleo de hermosuras era tan total, tan envolvente, tan rápido también, que mi ser, afectado y
penetrado en todas sus potencias a la vez, vibraba hasta su misma médula, en una nota de dilatación y de
felicidad rigurosamente única.
Mas he aquí que mientras que yo sumergía mí mirada en la niña de los ojos de Cristo, convertidos en un
abismo de vida fascinante y abrasada, desde el fondo de esos mismos ojos vi subir como una nube que
difuminaba y anegaba la variedad que acabo de describiros. Una expresión extraordinaria e intensa se iba
extendiendo poco a poco sobre los distintos matices de la mirada divina, primero impregnándolos y después
absorbiéndolos…
Y yo me quedaba confundido.
Porque
yo no podía descifrar
esa expresión final que lo había dominado todo y lo había resumido todo. ¡Me
era imposible decir si era la expresión de una indecible agonía o de un exceso de alegría triunfante! Lo único
que sé, desde entonces, es que me parece haberla entrevisto de nuevo en la mirada de un soldado moribundo.
Instantáneamente, mis ojos se velaron de lágrimas. Mas cuando pude volver a mirar de nuevo, el cuadro de
Cristo, en la iglesia, había recobrado sus contornos demasiado precisos y sus rasgos concretos.”
EL OSTENSORIO
Cuando terminó su relato, mi amigo se quedó durante algún tiempo silencioso y pensativo, las manos juntas
sobre sus rodillas cruzadas, en una actitud que le era familiar. Caía la noche. Pulsé un botón y surgió la luz en la
lámpara, muy hermosa, que iluminaba mi despacho. El pie y la pantalla de esta lámpara estaban hechos de un
cristal diáfano, de color metálico, y las bombillas estaban tan ingeniosamente dispuestas, que toda la mesa de
cristal y los motivos que la decoraban se encontraban interiormente iluminados.
Mi amigo se estremeció. Y observé que su mirada permanecía fija en la lámpara, como si quisiera sorprender
en ella sus recuerdos, mientras reanudaba la serie de sus confidencias de la forma siguiente:
“Otra vez—era también en una iglesia—acababa de arrodillarme delante del Santísimo Sacramento, expuesto
en el altar, en un ostensorio, cuando experimenté una impresión muy curiosa.
Sin duda alguna habéis observado, ¿no es así?, la ilusión óptica que aparentemente hace dilatarse y
agrandarse una mancha clara sobre un fondo oscuro. Mirando a la hostia, cuya forma blanca destacaba, a pesar
de estar el altar iluminado, sobre la oscuridad del coro, experimenté algo semejante (al menos, para comenzar,
porque después, ya lo veréis, el fenómeno adquirió una amplitud de la que no puede darnos idea ninguna
analogía física…).
Al clavar la mirada en la hostia tuve la impresión de que su superficie iba extendiéndose, como una mancha
de aceite, pero mucho más rápida y más luminosamente, por supuesto. Al principio creía ser yo el único en
advertir este cambio, y me parecía que el progreso se realizaba sin despertar ningún deseo y sin encontrar
ningún obstáculo.
Pero poco a poco, a medida que la esfera blanca se agrandaba en el espacio hasta estar ya cerca de mí,
escuché un murmullo, un zumbido imprecisable, como cuando la subida de la marea extiende su lámina de plata
por el mundo de las algas, que se dilata y se estremece ante su cercanía, o como crepita el brezo cuando el fuego
se extiende por el páramo…
Así, en medio de un gran suspiro, que hacía pensar en un despertar y en una queja, el flujo de blancura me
rodeaba, me superaba, inundaba todas las cosas. Y todas las cosas, anegadas en él, conservaban su propia figura,
su movimiento autónomo: porque la blancura no borraba los rasgos de nada, no alteraba ninguna naturaleza,
sino que penetraba los objetos hasta lo más Intimo, más profundo incluso que su vida. Era como si una claridad
lechosa iluminase el Universo por dentro. Todo parecía formado de una misma especie de carne translúcida.
…Escucha: en el mismo momento en que has encendido la lámpara y que su materia oscura se ha hecho
clara y fluorescente, he pensado en el Mundo tal como se me ofreció entonces. Y ha sido también esta
asociación de imágenes la que me ha inspirado la idea de decirte lo que te estoy contando.
En virtud de la expansión misteriosa de la hostia,
el Mundo se ha hecho, pues, incandescente; semejante, en
su totalidad, a una sola gran Hostia. Y se diría que bajo la influencia de la luz interior que le penetraba, sus
fibras se tensaron hasta romperse, pues sus energías estaban en una tensión extrema. Y ya creía yo que el
Cosmos había conseguido su plenitud en medio de este despliegue de sus actividades, cuando advertí que se
estaba desarrollando en él una labor mucho más fundamental.
De cuando en cuando se formaban en la superficie interior de los seres unas gotas centelleantes de metal puro
y caían en el horno de la luz profunda en el que se perdían, y, al mismo tiempo, se volatilizaba un poco de
escoria. En el terreno del amor se estaba realizando una transformación, dilatando, purificando, captando toda la
potencia de amar contenida en el Universo.
Yo podía darme cuenta de ello tanto más que su virtud operaba en mí tanto como en el resto:
¡su luz blanca
era activa!
No se había insinuado, a través de la Materia, hasta la intimidad de los corazones; no los había
dilatado hasta romperlos más que para reabsorber en sí la sustancia de sus afectos y de sus pasiones. Y ahora
que había mordido en ellos, atraía irresistiblemente hacia su centro las capas del corazón cargadas de la más
pura miel de todos los amores.
Efectivamente, después de haberlo vivificado todo, de haberlo depurado todo, la Hostia inmensa, ahora,
se
contraía lentamente,
y los tesoros que encerraba en sí se agolpaban deliciosamente en su viva luz.
Cuando desciende el oleaje, o decae la llama, señalan el área invadida momentáneamente por el mar o el
incendio puntos brillantes y manchas de fuego. A medida igualmente que la Hostia se replegaba sobre sí misma,
como una flor cierra su cáliz, algunos elementos refractarios del Universo permanecían detrás de ella en las
tinieblas exteriores. Habla algo que las iluminaba aún: pero era un alma de luz pervertida, corrosiva y venenosa.
Estos elementos rebeldes ardían como antorchas o brillaban como brasas.
Oí entonces que se cantaba el “Ave Verum”.
…La Hostia blanca estaba encerrada en el ostensorio de oro. En torno a ella se consumían unas velas
horadando la oscuridad, y las lámparas del santuario despedían, aquí y allí, su destello de púrpura.”
LA CUSTODIA
Mientras hablaba mi amigo, mi corazón estaba ardiendo todo él y mi mente se abría a una visión superior de
las cosas. Confusamente distinguía que la multitud de las evoluciones que nos parecen dividir el mundo es, en el
fondo, el cumplimiento de un gran misterio; y ese fulgor entrevisto hacía que se estremeciesen, no sé por qué,
las profundidades de mi alma. Pero, demasiado habituado a separar los planos y las categorías, me perdía en el
espectáculo, todavía nuevo para mi espíritu novicio, de un Cosmos en que lo Divino, el Espíritu y la Materia
mezclaban tan íntimamente sus dimensiones.
Viendo que esperaba ansiosamente, mi amigo continuó:
“… La última historia que quiero referirte es la de una experiencia por la que he pasado recientemente. Esta
vez, y lo vas a ver, no se trata ya, propiamente hablando, de una visión, sino de una impresión más general por
la que todo mi ser se encontró, y sigue encontrándose, afectado.
He aquí.
En aquella época, mi regimiento se encontraba en primera línea en la explanada de Avocourt. Todavía no
había terminado el período de los ataques alemanes contra Verdún y la lucha continuaba siendo dura por este
sector del Meuse. Por eso, como lo suelen hacer muchos sacerdotes en los días de batalla, llevaba conmigo las
Sagradas Especies en una pequeña custodia en forma de reloj.
Una mañana en que la calma era casi completa en las trincheras, me retiraba a mi refugio; y allí, en una
especie de meditación, mi pensamiento se concentró con toda naturalidad sobre el tesoro que llevaba separado
de mi pecho apenas por una finísima cajita de plata sobredorada. Ya anteriormente me había regocijado y
alimentado con esta divina Presencia.
Esta vez se posesioné de mí un sentimiento nuevo, el cual dominó muy pronto toda otra preocupación de
recogimiento y de adoración. Experimenté repentinamente cuánto hay de extraordinario y de engañoso en
tener
tan cerca de sí
la Riqueza del Mundo y la Fuente de Vida,
sin poder poseerlas
interiormente,
sin llegar a
penetrarlas
ni a asimilarlas. ¿Cómo podía ser que Cristo estuviese a la vez tan cerca de mi corazón y tan
distante? ¿Tan unido a mi cuerpo y tan distante de mi alma?
Tenía la impresión de que una inaccesible e infranqueable barrera me separaba de Aquel a quien, sin
embargo, no podía tocar más, puesto que le estrechaba entre mis manos… Me irritaba el tener a mi Felicidad en
una copa sellada. Me veía a mí mismo como una abeja que zumba en torno a un vaso lleno de néctar, pero
cuidadosamente cerrado. Y apretaba nerviosamente la custodia contra mí, como si este esfuerzo instintivo
pudiese hacer pasar a Cristo un poco más a mí.
Finalmente, no pudiendo resistir más, y siendo ya la hora en que, durante el descanso, solía celebrar, abrí la
Custodia y me comulgué a mí mismo.
Mas he aquí que, en lo más profundo de mí, el pan que acababa de consumir, aun cuando se había convertido
en carne de mi carne,
seguía aún fuera de mí…
Entonces llamé en mi ayuda todo mi poder de recogimiento. Concentré sobre la divina partícula el silencio y
el amor crecientes de mis facultades. Me hice humilde sin límites, dócil, dúctil como un niño, para no contrariar
en nada los menores deseos del Huésped celestial y hacer imposible diferenciarme de Él, de tal forma que no
constituyera más que una sola cosa, mediante la obediencia, con los miembros dominados por su alma.
Purificaré sin descanso mi corazón, con el fin de hacer mi interior más transparente sin cesar a la Luz que
albergaba en mi.
¡Vanos y dichosos esfuerzos!
La Hostia estaba siempre por delante de mí, más lejos en la concentración y la eclosión de los deseos, más
lejos en la permeabilidad del ser a las divinas influencias, más lejos en la limpidez de los afectos… Mediante el
repliegue y la continua depuración de mi ser, yo avanzaba indefinidamente, continuamente en Ella, lo mismo
que una piedra que cae en el abismo, sin llegar nunca a tocar el fondo. Por delgada que fuese la Hostia, yo me
perdía en Ella, sin lograr asirla ni coincidir con Ella.
¡Su centro huía, atrayéndome!
En vista de que no podía agotar la profundidad de la Hostia, aspiraba al menos a estrecharla en toda su
superficie. ¿No estaba muy unida y muy pequeña? Trataba, pues, de coincidir con Ella por fuera, de
identificarme con Ella en todo su contorno…
Allí me esperaba un nuevo infinito, el cual frustró mi esperanza.
Cuando intenté envolver a la Santa Partícula en mi amor, tan celosamente que me adhería a Ella sin perder el
calibre de un átomo de su precioso contacto, me sucedió, en efecto, que se diferenció y se complicó
indefinidamente por efecto de mi esfuerzo. A medida que yo creía haberla aferrado, me daba cuenta de que lo
que yo asía no era Ella, sino alguna de las mil criaturas en cuyo seno se halla cogida nuestra vida: un
sufrimiento, una alegría, un trabajo, un hermano necesitado de amor o de consuelo…
Así, pues,
la Hostia se sustraía
en su superficie en
el fondo de mi corazón, mediante una maravillosa
sustitución, y me dejaba enfrentado a todo el Universo, reconstituido a base de Ella misma, surgido de sus
Apariencias…
Silencio la impresión de entusiasmo que me causó esta revelación del Universo situado entre Cristo y yo
como una magnífica presa.
Para volver a la impresión especial de “exterioridad” que había esbozado la visión, te diré únicamente que
entonces comprendí qué invisible barrera se extendía entre la Custodia y yo. Me encontraba separado de la
Hostia que yo tenía entre mis dedos
por todo el espesor y la superficie de los años
que me quedan por vivir y
por divinizar.”
Al llegar aquí, mi amigo dudó un instante. Después prosiguió:
“No sé por qué. Tengo la impresión desde hace algún tiempo, cuando sostengo una Hostia, que ya no existe
entre Ella y yo más que una película apenas formada…”
“Yo habla tenido siempre —prosiguió-— un alma naturalmente ‘panteísta’. Experimentaba sus invencibles
aspiraciones nativas; pero sin atreverme a utilizarlas libremente, porque no sabía cómo conciliarlas con mi fe. A
partir de estas experiencias diversas (y otras más) puedo decir que he encontrado, para mi existencia, un interés
inagotable y una paz inalterable.
Vivo en el seno de un Elemento único, Centro y Detalle de todo, Amor personal y Potencia cósmica.
Para llegar hasta él y fundirme en él tengo al Universo entero delante de mí, con sus nobles luchas, con sus
apasionantes búsquedas, con sus mi-riadas de almas que perfeccionar y curar. Puedo y debo arrojarme hasta
perder el aliento en pleno quehacer humano. Cuanto más participe en ese quehacer, más pesaré en toda la
superficie de lo Real y más también llegaré hasta Cristo y me estrechará contra Él.
Dios, el Ser eterno en Sí, está en todas partes, podría decirse, en formación
para nosotros.
Y Dios es también el Corazón de todo. Tanto, que la vasta decoración del Universo puede apagarse, o
desecarse, o incluso ser arrebatada por la muerte sin que disminuya mi alegría. Disipado el polvo que se
animaba de un halo de energía y de gloria, la Realidad sustancial, en la que está contenida y poseída
incorruptiblemente toda perfección, permanecería intacta. Los destellos se replegarían hacia su Fuente, y allí los
tendría yo aún abrazados todos ellos.
He aquí por qué la Guerra misma no me desconcierta. Dentro de unos días seremos lanzados a la reconquista
de Douaumontgesto, grandioso y casi fantástico, que señalará y simbolizará un avance definitivo del Mundo
hacia la Liberación de las almas. Te lo digo yo. Quiero participar en este negocio religiosamente, con toda mi
alma, empujado por un único y gran impulso, en el que me siento incapaz de distinguir dónde termina la pasión
humana y dónde comienza la adoración.
Y si no he de volver, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento
vivo arrojado por Dios entre las piedras de la Ciudad Nueva.”
Así me habló, en un atardecer de octubre, mi amigo muy amado, aquel cuya alma comunicaba
instintivamente con la Vida única de las cosas y cuyo cuerpo descansa ahora, tal como deseaba, en algún lugar
en los alrededores de Thiaumont,
en tierra salvaje.
Escrito antes de la operación de Douaumont (Nant-le-Grand, 14 de octubre de 1916).
III – LA POTENCIA ESPIRITUAL DE LA MATERIA
Y cuando avanzaban juntos, he aquí que un carro
y unos caballos de fuego les separaron;
y,
arrebatado por un torbellino,
se encontró repentinamente
Elías
transportado a los cielos.
LIBRO DE LOS REYES.
El Hombre, seguido de su compañero, caminaba por el desierto cuando la Cosa se echó encima de él.
Desde lejos se le había aparecido, muy pequeña, deslizándose sobre la arena, no mayor que la palma de un
niño, una sombra amarilla y huidiza, semejante al vuelo indeciso de las codornices, al amanecer sobre el mar
azul, o a una nube de mosquitos danzando al atardecer en el sol, a un torbellino de polvo cabalgando al
mediodía sobre la llanura.
La Cosa no parecía preocuparse de los dos viajeros. Vagabundeaba caprichosamente en la soledad. Pero
repentinamente, regularizando su carrera, se vino derecho a ellos, como una flecha.
Y entonces el Hombre vio que el pequeño vapor amarillo no era más que el centro de una Realidad
infinitamente mayor que avanzaba incircunscrita, sin formas y sin límites. Hasta donde alcanzaba su vista, la
Cosa se desarrollaba con una rapidez prodigiosa a medida que se iba acercando, invadiendo todo el espacio.
Mientras sus pies rozaban la hierba espinosa del torrente, su frente subía el cielo como una bruma dorada, tras la
cual se teñía de tintes rojos el sol. Y en torno, el éter, cobrando vida, vibraba palpablemente bajo la sustancia
burda de las rocas y de las plantas, lo mismo que tiembla en verano el paisaje tras un sol abrasador.
Lo que venía era
el corazón
moviente de una inmensa sutilidad.
El Hombre cayó, con la faz pegada a la tierra, puso las manos sobre su rostro y esperó.
En torno a él se hizo un gran silencio.
Y después, bruscamente, un soplo ardiente rozó su frente, forzó la barrera de sus pupilas cerradas y penetró
hasta su alma.
El Hombre tuvo la impresión de que dejaba de ser únicamente él mismo. Una irresistible embriaguez se
apoderó de él como si toda la savia de toda su vida, afluyendo de golpe a su corazón excesivamente reducido,
recrease enérgicamente las fibras debilitadas de su ser.
Y al mismo tiempo le oprimió la angustia de un peligro sobrehumano —el sentimiento confuso de que la
Fuerza que había caído sobre él era ambigua e imprecisa—, esencia combinada de todo el Mal con todo el Bien.
El huracán se había introducido en él.
Y he aquí que, en el fondo del ser que ella había invadido, la Tempestad de vida, infinitamente dulce y brutal,
murmuraba en el único punto secreto del alma que no había sacudido enteramente:
“Me has llamado; heme aquí. Arrojado por el Espíritu fuera de los caminos seguidos por la caravana humana,
has tenido el valor de la soledad virgen. Cansado de las abstracciones, de las atenuaciones, del verbalismo de la
vida social, has querido medirte con la Realidad entera y salvaje.
Tenías necesidad de mí para crecer, y yo te esperaba para que me santificases.
Desde siempre me deseabas sin saberlo, y yo te atraía.
Ahora estoy sobre ti para la vida o para la muerte. Ya te es imposible volver atrás; volver a las satisfacciones
comunes y a la adoración tranquila. Quien me ha visto una vez no puede olvidarme: se condena conmigo o me
salva consigo.
¿Vienes?”
“Oh, divino y potente, ¿cuál es tu nombre? Habla.”
“Soy el fuego que quema y el agua que derriba; el amor que inicia y la verdad que pasa. Todo lo que se
impone y lo que renueva, todo lo que desencadena y todo lo que une: Fuerza, Experiencia, Progreso. Yo soy la
Materia.
Porque, en mi violencia, me sucede que mato a mis amantes, porque quien me toca no Sabe nunca qué
potencia va a desencadenar, los sabios me temen y me maldicen. Me desprecian con palabras como a una
mendiga, a una bruja o a una prostituta. Pero sus palabras están en contradicción con la vida, y los fariseos que
me condenan languidecen en el espíritu en que se confinan. Mueren de inanición, y sus discípulos les aban-
donan, porque yo soy la esencia de todo lo que se toca, y porque los hombres no pueden pasarse sin mí.
Tú, que has comprendido que el Mundo —el Mundo amado de Dios— tiene un alma que rescatar, más
todavía que los individuos, abre ampliamente tu ser a mi inspiración; recibe el Espíritu de la Tierra que hay que
salvar.
La Palabra suprema del enigma, la palabra deslumbradora inscrita sobre mi frente y que en adelante te
abrasará los ojos, aunque los cierres, helas aquí:
“No hay nada que sea precioso, sino lo que eres tú en los
demás y los demás en ti”.
Arriba todo no es más que una sola cosa. ¡Arriba todo no es más que una sola cosa!”
Vamos, ¿no sientes mi soplo que te desarraiga y te arrebata?… Arriba, Hombre de Dios, y date prisa. De
acuerdo con la forma en que uno se entrega, el torbellino arrastra hasta las profundidades sombrías o eleva hasta
el azul de los cielos. Tu salvación y la mía dependen de este primer instante.”
“Oh, Materia, ya lo ves, mi corazón tiembla. Puesto que eres tú, di, ¿qué quieres que haga?”
“¡Arma tu brazo, Israel, y lucha denodadamente contra mí!”
El Soplo, insinuándose como un filtro, se había hecho provocador y hostil.
En sus pliegues albergaba un acre sabor de batalla…
Olor a fiera de los bosques, febril atmósfera de las ciudades, siniestro y embriagador perfume que
sube de los
pueblos en guerra.
Todo esto giraba en sus capas, humareda concentrada en los cuatro ángulos de la tierra.
El Hombre, todavía postrado, tuvo un sobresalto, como si hubiese sentido un espolonazo. De un salto, se
levantó, enfrentándose a la tempestad.
Toda el alma de su raza acababa de estremecerse, oscuro recuerdo del primer despertar entre las bestias más
fuertes y mejor armadas, eco doloroso de los grandes esfuerzos por cultivar el trigo y apoderarse del fuego,
miedo y rencor frente a la Fuerza malhechora, ansiedad de saber
de poseer…
y
De repente, en la dulzura del primer contacto, hubiese deseado instintivamente perderse en el cálido aliento
que le envolvía.
He aquí que la onda de beatitud casi disolvente se habla cambiado en áspera voluntad de más ser.
El Hombre había olfateado al enemigo y a la presa hereditaria.
Aseguró sus pies en el suelo y comenzó a luchar.
Primero luchó para no ser dominado, y después luchó por la alegría de luchar, para experimentar que era
fuerte. Y cuanto más luchaba más experimentaba que un aumento de fuerza surgía de él para equilibrar la
tempestad, y de ésta, en correspondencia, emanaba un efluvio nuevo que pasaba, abrasador, a sus venas.
Lo mismo que el mar, algunas noches, se ilumina
en tomo al nadador, y destella tanto más cuanto con más
vigor lo bracean los miembros robustos, de ese mismo modo la potencia oscura que combatía al hombre se
irradiaba con mil fuegos en torno a su esfuerzo.
En virtud de un mutuo despertar de sus potencias opuestas, él exaltaba su fuerza para dominarla, y ella
revelaba sus tesoros para entregárselos.
“Empápate de la Materia, Hijo de la Tierra, báñate en sus capas ardientes, porque ella es la fuente y la
juventud de tu vida.
¡Ah! ¡Tú creías poder prescindir de ella porque se ha encendido en ti el pensamiento! Esperabas estar tanto
más próximo al Espíritu cuanto más cuidadosamente rechazases lo que se palpa; más divino si vivieses en la
idea pura; más evangélico, al menos, si huyeses de los cuerpos.
¡Pues bien! ¡Te has visto morir de hambre! Necesitas aceite para tus miembros, sangre para tus venas, agua
para tu alma, de lo Real para tu inteligencia; todo eso lo necesitas en virtud de la misma ley de tu naturaleza, ¿lo
comprendes bien?…
Nunca, nunca, podrás decir a la Materia, si quieres vivir y crecer: “Ya te he visto lo suficiente, he penetrado
todos tus misterios, he extraído de ti con qué alimentar siempre mi pensamiento.. Escucha: cuando, a la manera
del Sabio de los Sabios, lleves en tu memoria la imagen de todo lo que puebla la Tierra o flota sobre las aguas,
esa Ciencia será como nada para tu alma, porque todo Conocimiento abstracto se refiere al ser marchito; porque
no basta saber para comprender el Mundo: hay que ver, tocar, vivir en la presencia, beber la cálida existencia en
el seno mismo de la Realidad.
No digas nunca, como hacen algunos: ‘¡La Materia está gastada, la Materia está muerta!’
Hasta el último
instante de los Siglos, la Materia será joven y exuberante, resplandeciente y nueva para quien quiera.
No repitas tampoco: ‘¡La Materia está condenada, la Materia está muerta!’. Vino alguien que dijo: «Beberéis
veneno y no os causará daño.” Y también: «La vida saldrá de la muerte”, y, finalmente, pronunciando la palabra
definitiva de mi liberación: «Este es mi Cuerpo.”
No, la pureza no consiste en la separación, sino en una penetración más profunda del Universo. Consiste en el
amor de la única Esencia, incircunscrita, que penetra y actúa en todas las cosas por dentro, más allá de la zona
mortal en que se agitan las personas y los números.
Radica en un casto contacto con aquel que es «el mismo en
todos”.
¡Qué hermoso es el Espíritu cuando se eleva adornado con las riquezas de la Tierra!
¡Báñate en la Materia, hijo del Hombre! ¡Sumérgete en ella, allí donde es más impetuosa y más profunda!
¡Lucha en su corriente y bebe sus olas! ¡Ella es quien ha mecido en otro tiempo tu inconsciencia; ella te llevará
hasta Dios!”
En medio del huracán, el Hombre volvió la cabeza por ver si encontraba a su compañero.
Y en ese momento se dio cuenta de que detrás de él, en virtud de una extraña metamorfosis, la Tierra huía y
se agrandaba.
La Tierra huía, porque aquí, precisamente por encima de él, los insignificantes detalles del suelo se
empequeñecían y se esfumaban; ahora bien, eso no obstante, se agrandaba, por allá a lo lejos, el círculo del
horizonte ascendía, ascendía continuamente…
El Hombre se vio en el centro de una copa inmensa, cuyos bordes se cerraban en torno a él.
Entonces la fiebre da la lucha sustituyó en su corazón a una irresistible pasión de
sufrir,
y descubrió, en un
destello, siempre presente en torno a él,
al Único Necesario.
Comprendió, para siempre, que el Hombre, lo mismo que el átomo, no tiene valor más que en la parte de sí
mismo que pasa al Universo.
Vive, con una evidencia absoluta, la vacía fragilidad de las más hermosas teorías comparadas con la plenitud
definitiva del menor
fiat,
tomado en su realidad concreta y total.
Contempló, con una claridad despiadada, la despreciable pretensión de los Humanos por arreglar el Mundo,
por imponerle sus
dogmas, sus medidas y sus convenciones.
Saboreó, hasta la náusea, la banalidad de sus goces y de sus penas, el mezquino egoísmo de sus
preocupaciones, la insipidez de sus pasiones, la disminución de su poder de sentir.
Tuvo compasión de quienes se azaran ante un siglo, o que no saben amar nada fuera de su país.
Tantas cosas que le habían turbado o rebelado en
otras ocasiones, los discursos y los juicios de los doctores,
sus afirmaciones y sus prohibiciones prohibir al Universo que se mueva…
Todo eso le pareció ridículo, inexistente, comparado con la Realidad majestuosa, desbordante de Energía
que se revelaba ante él, universal en su presencia, inmutable en su verdad, implacable en su desarrollo,
inalterable en su serenidad, maternal y segura en su protección.
Había, pues, encontrado, ¡al fin!,
un punto de apoyo
y un recurso
fuera
de la sociedad!
Un pesado manto cayó de sus hombros y resbaló por detrás de él: el peso de lo que hay de falso, de estrecho,
de tiránico, de
artificial,
de
humano
en la Humanidad.
Una oleada de triunfo liberó su alma.
Y sintió que ya nada en el Mundo podría apartar su corazón de la Realidad superior que se le presentaba,
nada; ni los Hombres, en lo que tienen de intrusivo y de individual (porque les despreciaba así), ni el Cielo y la
Tierra, en su altura, su anchura, su profundidad, su potencia (ya que precisamente a ellas se entregaba para
siempre).
Acababa de operarse en él una profunda renovación. de tal forma que ya no le era posible, ahora, ser Hombre
más
que en otro plano.
Si ahora volviese a
bajar
a la Tierra común —aunque fuese cerca del compañero fiel que ha quedado
prosternado, allá abajo, sobre la arena desierta—, sería ya
un extranjero.
Sí, tenía conciencia de ello: incluso para sus hermanos en Dios, mejores que él, hablaría inevitablemente una
lengua incomprensible; él, a quien el Señor había decidido a emprender el camino del Fuego. Incluso para
aquellos a quienes más amaba, su afecto sería una carga, porque le verían buscando inevitablemente
algo detrás
de ellos.
Desde el momento en que la Materia, despojándose de su velo de agitación y de multitud, le descubrió su
gloriosa unidad, entre los demás y él existía ya un caos. Desde el momento en que había para siempre desligado
su corazón de todo lo que es local,
individual,
fragmentario, sólo ella, en su totalidad, sería en adelante su padre,
su madre, su familia, su raza, su única y ardiente pasión.
Y nadie en el mundo podría nada contra él.
Apartando resueltamente los ojos de lo que huía, se abandonó, con una fe desbordante, al soplo que
arrebataba el Universo.
Ahora bien, he aquí que en el seno del torbellino una luz creciente que tenía la dulzura y la movilidad de una
mirada… Se difundía un calor que no era ya la dura irradiación de un hogar, sino la rica emanación de una
carne… La inmensidad ciega y salvaje se hacia expresiva, personal. Sus capas amorfas se plegaban siguiendo los
rasgos de un rostro inefable.
Por todas partes se dibujaba un Ser, seductor como un alma, palpable como un cuerpo, vasto como el cielo,
un Ser entremezclado con las cosas aun cuando distinto de ellas, superior a la sustancia de las cosas, con la que
estaba revestido, y,
sin embargo, adoptando una figura en ellas…
El Oriente nacía en el corazón del Mundo.
Dios irradiaba en la cúspide de la Materia, cuyas oleadas le traían el Espíritu.
El Hombre cayó de rodillas en el carro de fuego que le arrebataba.
Y dijo esto:
HIMNO A LA MATERIA
Bendita seas tú, áspera Materia, gleba estéril, dura roca, tú que no cedes más que a la violencia y nos obligas a
trabajar si queremos comer.
Bendita seas, peligrosa Materia, mar violenta, indomable pasión, tú que nos devoras si no te encadenamos.
Bendita seas, poderosa Materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente, tú que haces estallar en cada
momento nuestros esquemas y nos obligas a buscar cada vez más lejos la verdad.
Bendita seas, universal Materia, duración sin límites, éter sin orillas, triple abismo de las estrellas, de los átomos
y de las generaciones, tú que desbordas y disuelves nuestras estrechas medidas y nos revelas las
dimensiones de Dios.
Bendita seas, Materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás, por fuerza, en el corazón
mismo de lo que es.
Sin ti, Materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes de nosotros
mismo y de Dios. Tú que castigas y que curas, tú que resistes y que cedes, tú que trastruecas y que
construyes, tú que encadenas y que liberas, savia de nuestras almas, mano de Dios, carne de Cristo,
Materia, yo te bendigo.
Yo te bendigo, Materia, y te saludo, no como te describen, reducida o desfigurada, los pontífices de la ciencia y
los predicadores de la virtud, un amasijo, dicen de fuerzas brutales o de bajos apetitos, sino como te me
apareces hoy,
en tu totalidad y tu verdad.
Te saludo, inagotable capacidad de ser y de transformación en donde germina y crece la sustancia elegida.
Te saludo, potencia universal de acercamiento y de unión mediante la cual se entrelaza la muchedumbre de las
mónadas y en la que todas convergen en el camino del Espíritu.
Te saludo, fuente armoniosa de las almas, cristal límpido de donde ha surgido la nueva Jerusalén.
Te saludo, medio divino, cargado de poder creador, océano agitado por el Espíritu, arcilla amasada y animada
por el Verbo encarnado.
Creyendo obedecer a tu irresistible llamada, los hombres se precipitan con frecuencia por amor hacia ti en el
abismo exterior de los goces egoístas.
Les engaña un reflejo o un eco.
Lo veo ahora.
Para llegar hasta ti, Materia, es necesario que, partiendo de un contacto universal con todo lo que se mueve aquí
abajo, sintamos poco a poco cómo se desvanecen entre nuestras manos las formas particulares de todo lo
que cae a nuestro alcance, hasta que nos encontremos frente a
la única esencia
de todas las consistencias y
de todas las uniones.
Si queremos conservarte, hemos de sublimarte en el dolor después de haberte estrechado voluptuosamente entre
nuestros brazos.
Tú, Materia, reinas en las serenas alturas en las que los santos se imaginan haberte dejado a un lado; carne tan
transparente y tan móvil que ya no te distinguimos de un espíritu.
¡Arrebátanos, oh, Materia, allá arriba, mediante el esfuerzo, la separación y la muerte; arrebátame allí en donde
al fin sea posible abrazar castamente al Universo.
Abajo, en el desierto, que ha vuelto a conocer la calma, alguien lloraba: “¡Padre mío, Padre mío! ¡Un viento
alocado se lo ha llevado!”
Y en el suelo yacía un manto.
Jersey, 8 de agosto 1919 (*)
(*) Fuente:
Himno del Universo
, de Pierre Teilhard de Chardin (Ed. Trotta). También recomendamos la
lectura de las otras obras fundamentales de Teilhard de Chardin:
El Fenómeno humano
,
El medio divino
,
Génesis de un pensamiento o el porvenir del hombre
.
IV – PENSAMIENTOS ESCOGIDOS
Por Fernande Tardivel
IV.1 – PRESENCIA DE DIOS EN EL MUNDO
I
Oremos.
¡OH, CRISTO JESÚS!,
en tu benignidad
y en tu Humanidad sustentas verdaderamente toda la implacable
grandeza del Mundo. Y
en virtud de todo eso, en virtud de esa inefable síntesis, realizada en Ti, de todo lo que
nuestra experiencia y nuestro pensamiento no se hubiesen atrevido jamás a reunir para adorarlo: el Elemento y
la Totalidad , la Unidad y la Multitud, el Espíritu y la Materia. lo Infinito y lo Person al, en v irtud de lo s conto r-
nos indefinibles que esa complejidad confiere a tu Figura y a tu Acción, mi corazón, enamorado de las
realidades cósmicas, se entrega apasionadamente a Ti.
Te amo, Jesús, por la Multitud que se refugia en Ti y a la que se oye bullir, orar, llorar juntamente con todos
los demás seres…, cuando uno se aprieta contra Ti.
Te amo por la trascendente e inexorable fijeza de tus designios, en virtud de la cual tu dulce amistad se
matiza de inflexible determinismo y nos envuelve sin remisión entre los pliegues de su voluntad.
Te amo como la Fuente, el Medio activo y vivificante, el Término y la Solución del Mundo, incluso natural, y
de su Porvenir.
Centro en donde todo se concentra y que se extiende a todas las cosas para atraerlas hacia sí, te amo por las
prolongaciones de tu Cuerpo de tu Alma en toda la Creación, por medio de la Gracia, de la Vida, de la Materia.
Jesús, dulce como un Corazón, ardiente cuino una Fuerza, íntimo como una Vida; Jesús, en quien puedo
fundirme, con quien debo dominar y liberarme, te amo como un Mundo, como el Mundo que me ha seducido, y
eres Tú, ahora me doy cuenta de ello, a quien los hombres, mis hermanos, incluso los que no creen, sienten y
persiguen a través de la magia del gran Cosmos.
Jesús, centro hacia el que todo se mueve, dígnate disponernos, a todos, si es posible, un
lugar
entre las
mónadas elegidas y santas que, desprendidas una a una del caos actual con tu gran solicitud, se suman
lentamente a Ti en la unidad de la Tierra nueva.
II
LAS PRODIGIOSAS DURACIONES
que preceden a la primera Navidad no están vacías de Cristo, sino
penetradas de su influjo poderoso. El bullir de su concepción es el que remueve las masas cósmicas y dirige las
primeras corrientes de la biosfera. La preparación de su alumbramiento es la que acelera los progresos del
instinto y la eclosión del pensamiento sobre la Tierra. No nos escandalicemos tontamente de las esperas
interminables que nos ha impuesto el Mesías. Eran necesarios nada menos que los trabajos tremendos y anóni-
mos del Hombre primitivo, y la larga hermosura egipcia, y la espera inquieta de Israel, y el perfume lentamente
destilado de las místicas orientales, y la sabiduría cien veces refinada de los griegos para que sobre el árbol de
José y de la Humanidad pudiese brotar la Flor. Todas estas preparaciones eran cósmicamente, biológicamente,
necesarias para que Cristo hiciera su entrada en la escena humana.
Y
todo este trabajo estaba maduro para el
despertar activo y creador de su alma en cuanto este alma humana había sido elegida para animar al Universo.
Cuando Cristo apareció entre los brazos de María, acababa de revolucionar el Mundo.
III
SEMEJANTE A UN RÍO que se empobrece gradualmente y luego desaparece en un cenegal, cuando llega a
su origen, el ser se atenúa, luego se desvanece, mientras intentamos dividirlo cada vez más minuciosamente en
el espacio o, lo que es lo mismo, hundirlo cada vez más en el tiempo. La magnitud del río se comprende en su
estuario, no en su hontanar. El secreto del hombre, análogamente, no se halla en los estadios ya superados de su
vida embrionaria (ontogénica o filogénica); está en la naturaleza espiritual del alma. Ahora bien, este alma, toda
síntesis en su actividad, escapa a la Ciencia, que tiene por esencia analizar las cosas en sus elementos y en sus
antecedentes materiales. Sólo pueden descubrirla los sentidos íntimos y la reflexión filosófica.
Se engañan por completo quienes imaginan materializar al Hombre al hallarle raíces cada vez más numerosas
y profundas hundidas en la Tierra. Lejos de suprimir el espíritu, lo mezclan al mundo como un fermento. No
hagamos el juego a estas gentes creyendo, como ellos, que para que un ser venga del cielo es necesario que
ignoremos las condiciones temporales de su origen.
IV
CUANDO TU PRESENCIA,
Señor, me hubo inundado de su luz, quise encontrar en Ella la Realidad tan-
gible por excelencia.
Ahora que ya te poseo, Consistencia suprema, y que me siento llevado por Ti, me doy cuenta de que el fondo
secreto de mis deseos no era abrazar, sino ser poseído.
No ha sido como un rayo ni como una sutil materia, sino como Fuego, como yo te deseo, y como te he
adivinado, en la intuición del primer encuentro. No encontraré reposo, me doy perfecta cuenta de ello, más que
si una influencia activa procedente de Ti cae sobre mí para transformarme…
¡He aquí el Universo ardiente!
Que las profundidades astrales se dilaten, pues, en un receptáculo cada vez más prodigioso de soles reunidos.
Que las radiaciones prolonguen sin término, por ambas partes del espectro, la gama de sus matices y de su
penetración.
Que la vida extraiga a mayor profundidad toda-vía la savia que circula por sus innumerables ramas…
Que nuestra percepción se acreciente sin fin con las potencias secretas que duermen, y con las infinitamente
pequeñas que bullen, y con las inmensidades que se nos escapan porque no vemos más que un punto de ellas.
El místico saca una alegría sin mezcla de todos estos descubrimientos, cada uno de los cuales le sumerge un
poco más en el Océano de Energía. Porque jamás se sentirá lo suficientemente dominado por las Potencias de la
Tierra y de los Aires para verse subyugado por Dios en la medida de sus deseos.
Dios, sólo Dios, en efecto, agita con su Espíritu la masa del Universo en fermentación.
V
UN SONIDO PURÍSIMO
se ha elevado a través del silencio; una franja de color límpido se ha dibujado
sobre el cristal; una luz se ha fijado en el fondo de los ojos que yo amo…
Eran tres cosas pequeñas y breves: un cántico, un rayo, una mirada…
He creído también al principio que penetraban en mí para quedarse y para perderse en mí.
Pero en lugar de eso, han sido ellas las que me han poseído y dominado…
Porque el lamento del aire, el matiz del éter, la expresión del alma no eran tan sostenidas y tan rápidas más
que para introducirse cada vez más profundamente en mi ser, allí donde las facultades del hombre están tan
estrechamente agrupadas que no constituyen más que un punto. Mediante la punta afilada de las tres flechas con
que me ha asaeteado, el Mundo mismo ha hecho irrupción en mí y me ha secuestrado…
Nos imaginamos que por medio de la sensación el Exterior viene humildemente hacia nosotros para
constituirnos y servirnos.